Comienzan las obras de la mayor planta de hidrógeno verde del sur de Europa

En Andalucía se inician las obras de una planta que suministrará 50.000 toneladas anuales de hidrógeno verde, utilizando electricidad procedente de la energía eólica y solar, y agua procedente de aguas residuales tratadas.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (centro), el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (izquierda), y el director general de la empresa energética Moeve, el neerlandés Maarten Wetselaar, han colocado simbólicamente la primera piedra de la que actualmente es la mayor planta del sur de Europa para la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovables, situada en la provincia de Huelva. Foto: Rocío Ruz/EUROPA PRESS/dpa

Palos de Frontera. La empresa energética española Moeve ha iniciado en Palos de Frontera, en Andalucía, la construcción de la mayor planta de producción de lo que se conoce como "hidrógeno verde" a partir de fuentes de energía renovables del sur de Europa. El proyecto "Onuba", situado en la provincia de Huelva, prevé en una primera fase una inversión de mil millones de euros y una potencia de 300 megavatios, con la que se pretende producir 50.000 toneladas de hidrógeno al año mediante la electrólisis del agua. Según datos del Gobierno, esto supone un ahorro de 250.000 toneladas de dióxido de carbono.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el proyecto como una importante contribución a la lucha contra el cambio climático, así como a la autonomía energética y al futuro industrial del país y de Europa. La planta, que recibe una subvención de 304 millones de euros del programa de recuperación "Next Generation EU", podría comenzar a producir, según lo previsto, a partir de finales de 2027 o principios de 2028. En Emden (Alemania) se está construyendo una planta ligeramente más grande.

 

Se prevé que la electricidad en España proceda exclusivamente de fuentes renovables, como la eólica y la solar, y que la enorme demanda de agua se cubra mediante el tratamiento de las aguas residuales domésticas y de la industria. En una segunda fase de ampliación del proyecto global, denominada "El Valle del Hidrógeno Verde de Andalucía", según datos de la empresa, está prevista una ampliación de la planta de Palos de Frontera y una segunda planta de producción en San Roque, en la provincia de Cádiz, también en Andalucía.

 

La potencia total ascenderá entonces a 2.000 megavatios y permitirá una producción anual de 300.000 toneladas de hidrógeno verde. A largo plazo, España pretende suministrar este hidrógeno a través de gasoductos también a industrias con un alto consumo energético, entre otras, en Alemania.

Traducción del artículo original publicado el 17 de septiembre de 2026 en el diario alemán Handelsblatt.

España impulsa un impuesto de la UE sobre el petróleo y el gas para financiar la respuesta al cambio climático

El aumento de los costes derivados de los fenómenos meteorológicos extremos impulsa la campaña de cara a la nueva estrategia de resiliencia

España declaró el estado de emergencia en la Comunidad de Madrid mientras los incendios forestales se propagaban sin control durante el verano más caluroso jamás registrado en Europa occidental. © César Manso/AFP/Getty Images

España quiere que la UE grave los beneficios de las empresas petroleras y gasísticas para financiar medidas de adaptación al cambio climático, después de que la sequía y los incendios forestales asolaran Europa occidental durante el verano más caluroso jamás registrado en la región.

La ministra española de Transición Ecológica (y tercera vicepresidenta), Sara Aagesen Muñoz, instó a la UE a crear un fondo de adaptación climática, financiado mediante medidas como un impuesto permanente sobre los beneficios del petróleo y el gas y la emisión de más deuda común, para ayudar a financiar las medidas de protección frente a los fenómenos extremos provocados por el cambio climático.

 

El Gobierno español formuló estas recomendaciones en una carta y un documento de políticas, a los que ha tenido acceso el FT, dirigidos al comisario de Acción por el Clima de la UE, Wopke Hoekstra, quien presentará este otoño una nueva estrategia sobre adaptación climática y resiliencia.

"Muchos Estados miembros están muy expuestos, como han demostrado claramente los acontecimientos recientes", afirmó Aagesen Muñoz. La estrategia debería hacer que Europa sea "capaz de anticiparse y responder de forma colectiva a los riesgos climáticos" y de "movilizar los recursos necesarios para realizar las inversiones requeridas".

Los incendios forestales y la sequía ya han perjudicado a la economía europea; España, por ejemplo, se remite a las estimaciones del banco Triodos, según las cuales el calor extremo podría reducir el PIB de toda la UE en torno a un 1% en 2026 y aproximadamente un 2,3% para 2050.

El sur de Europa, que incluye a España, Francia y Portugal, ha sufrido algunos de los efectos más dramáticos de las olas de calor de este año, entre ellos la escasez de agua y los incendios forestales.

Los economistas estiman que el coste de la sequía en Europa este verano ascendió al menos a 50.000 millones de euros, aunque un banco sitúa el coste total en hasta 180.000 millones de euros.

La perspectiva de veranos cada vez más calurosos ha supuesto un mayor impulso para que Europa invierta en prepararse mejor ante el cambio climático. "Los enfoques reactivos para abordar la vulnerabilidad climática han demostrado ser insostenibles", afirmó Aagesen Muñoz.

Esta iniciativa se produce tras los llamamientos independientes a favor de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras y gasísticas a escala europea, realizados por los ministros de Hacienda de Alemania, Austria, Italia, Portugal, Polonia y España en una carta enviada el mes pasado. La medida se debatirá en una reunión informal de ministros de Hacienda que tendrá lugar en Dublín los días 18 y 19 de septiembre.

Sin embargo, la Comisión Europea ha rechazado hasta ahora las presiones para imponer impuestos sobre los beneficios extraordinarios a las empresas petroleras y gasísticas que se benefician de la actual crisis energética, a pesar de haberlo hecho tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Las autoridades han señalado que los Estados miembros podrían introducir sus propios regímenes nacionales si así lo desean, y Portugal ha establecido un impuesto del 33% sobre los beneficios extraordinarios obtenidos en 2026.

Sara Aagesen Muñoz: "Muchos Estados miembros están muy expuestos, como han demostrado claramente los acontecimientos recientes" © Omar Havana/FT

Los directivos del sector del petróleo y el gas han pasado este año intentando rechazar las peticiones de nuevos impuestos sobre los beneficios extraordinarios, a pesar de haber anunciado beneficios récord tras el aumento vertiginoso de los precios provocado por la guerra de Irán.

Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, explicó a los analistas a finales de julio que la desindustrialización del sector del petróleo y el gas en Europa había dejado a la región con un déficit de refinerías, lo que provoca un aumento de los precios cuando surgen situaciones de escasez.

"Existe una enorme tentación [ . . .] de convertir al sector en chivo expiatorio. Penalizar a las empresas que han apoyado a esos países y han seguido suministrando ese producto es una medida muy miope", afirmó. "Cancelamos las inversiones que teníamos previstas para Europa, basándonos en la última vez que aprobaron un impuesto sobre los beneficios extraordinarios. De hecho, hemos presentado una demanda porque no creemos que se trate de una expropiación legal para el sector".

Meg O’Neill, directora ejecutiva de BP, también ha señalado que nuevos impuestos sobre los beneficios extraordinarios serían una "respuesta muy errónea a la situación", mientras que Patrick Pouyanné, director ejecutivo de TotalEnergies, advirtió en mayo de que, si Francia introducía nuevos impuestos, la empresa dejaría de limitar el precio de la gasolina a 1,99€ por litro. "Creo que los franceses preferirían beneficiarse directamente del límite de precios", afirmó.

Aagesen Muñoz también ha pedido que se tengan en cuenta los riesgos climáticos en el diseño de las infraestructuras, de modo que los nuevos proyectos sean resistentes al cambio climático, además de apoyar los planes actuales de la UE para mejorar los recursos compartidos destinados a hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos mediante el aumento de la flota de aviones de extinción de incendios de la UE y otras reservas.

Traducción del artículo original publicado el 4 de septiembre de 2026 en el diario británico Financial Times.

Repensar la prosperidad dentro de los límites planetarios

¿Es posible que todos los países alcancen algún día una renta nacional del orden de 5.000 euros mensuales por habitante, un nivel cercano al que se observa actualmente en los países más ricos, al tiempo que se preserva un planeta habitable? Desde la publicación del Informe sobre Justicia Global por parte del Laboratorio sobre Desigualdades Globales, se han celebrado múltiples debates que han permitido precisar los términos de la discusión. En resumen, la acogida ha sido muy positiva en los países del Sur, por ejemplo en la India, pero en ocasiones más crítica en el Norte, sobre todo en los medios de comunicación cercanos a los círculos empresariales. No es de extrañar: el nuevo modelo de desarrollo permite una prosperidad sostenible para todos, pero inevitablemente habrá perdedores entre los más ricos y los que más contaminan del mundo actual.

La nigeriana Lagos, la urbe más poblada de África con alrededor de 24’5 millones de habitantes

Para avanzar, habrá que convencer a las clases populares y medias del Norte y del Sur de que el statu quo es insostenible y conduce a un infierno climático, social y migratorio. Tras un verano marcado por fenómenos extremos y destrucción, quizá las conciencias empiecen a evolucionar, pero la batalla intelectual y política será dura. Para salir de las contradicciones actuales, hay que replantearse la prosperidad respetando los límites planetarios, al tiempo que se pone en marcha un verdadero programa de acción a escala local, nacional y mundial.

Primer punto: hay que tomar conciencia de la inmensidad de las necesidades de inversión en energías renovables a escala mundial. Si los países del Sur se enriquecen consumiendo tanta energía fósil como se ha hecho en el Norte, el planeta se quemará.

Segundo punto: aunque se lleve a cabo a muy gran escala, la transformación de los sistemas energéticos no será suficiente. Limitar el calentamiento a menos de 2 grados exige sobriedad, definida como una transformación estructural de la economía destinada a reducir su huella material.

Esto pasa por continuar con la reducción histórica de la jornada laboral, un cambio en los hábitos alimenticios que permita una reforestación a gran escala y una fuerte disminución del peso de los sectores materiales en la economía. Nadie necesita, para ser feliz, pasar el tiempo renovando su ropa desechable o su smartphone de última generación.

La educación, la salud y la cultura aportan un bienestar a la vez más real y más sostenible: tres veces menos insumos materiales y emisiones de carbono por euro de PIB que la industria, la construcción o la agricultura intensiva. Y, contrariamente a una creencia muy extendida, la desmaterialización de la economía no se producirá por sí sola: expresada en volumen, la cuota de los sectores materiales en el PIB mundial se ha mantenido estable en el 53% entre 1970 y 2025. Al igual que las energías, los volúmenes de bienes materiales se amontonan y se acumulan, sin sustituirse unos a otros.

Para cambiar de rumbo y llevar a cabo las transformaciones necesarias (energía, educación, salud), los recursos que hay que movilizar son considerables: alrededor del 10% del PIB mundial al año hasta 2050. Será necesario que los más ricos contribuyan y reducir drásticamente las desigualdades, con una escala de ingresos que podría oscilar entre 1 y 5 dentro de cada país (por ejemplo, de 2.000 a 10.000 euros mensuales, con una renta media de 5.000 euros al mes por habitante), y una escala de patrimonio que vaya del 1 al 10 (de 100.000 euros a 1 millón, con una media de 200.000 euros por habitante). La experiencia histórica demuestra que estas diferencias podrían reducirse aún más gracias a la movilización sindical y ciudadana, lo que permitiría aumentar la participación de todas y todos.

 

Lo esencial es que dicha transformación debe ir de la mano de la democracia económica, la autogestión, la igualdad política y territorial y la desmercantilización. En particular, los 5.000 euros mensuales por habitante no deben considerarse como una renta puramente monetaria. También incluyen el valor de los servicios no comerciales accesibles para todos, de forma gratuita o a bajo coste: educación, sanidad, cultura, transporte y, quizás en el futuro, la alimentación procedente de la producción local y sostenible, tal y como proponen numerosas asociaciones y colectividades reunidas en torno a la idea de la seguridad alimentaria social.

 

Sin duda, este es el punto más importante: cada país puede avanzar desde ya en esta dirección, tanto a escala local como nacional, sin esperar a que haya unanimidad entre los países. Por ejemplo, Francia podría decidir, a partir de 2027, la creación de un fondo soberano que permita reorientar la inversión y poner en marcha un amplio plan de desarrollo de los servicios públicos, todo ello financiado mediante un impuesto de solidaridad nacional que grave a los más ricos (a semejanza del impuesto de solidaridad nacional de 1945).

 

Al forjar coaliciones más amplias con países del Norte y del Sur, los recursos movilizados podrían ser aún mayores y permitir financiar la descarbonización y el desarrollo a escala mundial, al tiempo que se incrementan los recursos disponibles a escala local y nacional. En los últimos años se han formulado numerosas propuestas concretas en favor de la justicia social y climática, en particular procedentes de Brasil y Sudáfrica. La iniciativa de Bridgetown, respaldada entre otros por la Comunidad del Caribe y la Unión Africana, se basa también en propuestas de reforma del sistema monetario internacional para financiar el desarrollo.

 

Los países ricos deben comprender que estas propuestas no se oponen a sus propias iniciativas, sino que, por el contrario, pueden servir para complementarlas y avanzar juntos más allá. Una cosa es segura: nada se podrá lograr si no se sitúa por fin la cuestión de las desigualdades y las clases sociales en el centro de las políticas climáticas y del nuevo modelo de desarrollo.

Traducción del artículo original publicado el 15 de septiembre de 2026 en el blog oficial de Thomas Piketty.

Los hogares españoles ahorran 10€ al mes gracias a la expansión de las energías renovables

Un centro de estudios afirma que la desvinculación de los precios de la electricidad y del gas también ha ayudado a proteger a España de las subidas provocadas por la guerra en Irán.

Según un informe, los hogares españoles ahorran 10€ al mes en la factura de la luz gracias a los aerogeneradores y los paneles solares instalados en los últimos cinco años.

Un parque solar y aerogeneradores en Ávila, España. La energía eólica y solar generaron el 33% de la electricidad del país en 2021. En 2025, esa proporción había aumentado hasta el 42%. Fotografía: Bloomberg/Getty Images

Las facturas energéticas habituales serían un 19% más caras si los costes de la electricidad siguieran estando tan estrechamente vinculados a los precios del gas como en 2021, según Ember, un centro de estudios sobre el clima. El informe señala que la expansión "estratégica" de las energías renovables en España desde que Rusia invadió Ucrania en 2022 ha protegido a los hogares españoles de las últimas subidas de los precios de los combustibles fósiles provocadas por la guerra de Irán.

 

"Acabamos de sufrir un aumento del 60% en los precios del gas y las facturas de electricidad en España prácticamente no han reaccionado; de hecho, incluso bajaron un poco en abril", afirmó Chris Rosslowe, analista de Ember y autor principal del informe. "Esto supone un contraste claro y evidente con la anterior crisis del gas, cuando las facturas de electricidad se dispararon de inmediato".

 

La quema de gas fósil es una de las formas más caras de generar electricidad en Europa, incluso sin tener en cuenta los costes sanitarios derivados de las emisiones de carbono. Según el análisis, la influencia del gas en los precios de la electricidad en España se redujo del 52% de las horas en 2021 al 9% de las horas en los primeros cinco meses de 2026. En Italia, que tiene los precios mayoristas de la electricidad más altos de Europa, el gas influye en el precio el 75% del tiempo.

 

El informe reveló que los precios de la electricidad en España subieron alrededor de un 50% en el primer semestre de 2021 (en línea con los precios europeos del gas), pero se mantuvieron "prácticamente inalterados" ante el aumento de los precios del gas en 2026. Los efectos de la volatilidad en los mercados mayoristas del gas solo se manifestaron en forma de picos de precios más elevados durante los períodos de escasez, en los que hubo que quemar grandes volúmenes de gas.

 

Mar Reguant, economista especializada en energía de la Universidad Northwestern, que no participó en el informe pero cuyos resultados de investigación pintaban "el mismo panorama", afirmó que una política ambiciosa ayudó a España a sacar el máximo partido de las condiciones favorables. En comparación con el resto de Europa, estas incluyen un potencial eólico considerable, una "energía solar inmejorable" y el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo ya existente.

 

"No hay duda de que España y Portugal se están beneficiando enormemente de su temprana transición", afirmó. "La Península Ibérica goza de una posición privilegiada y ha actuado con inteligencia".

 

La energía eólica y solar generaron el 33% de la electricidad de España en 2021. En 2025, esa cuota había aumentado hasta el 42%.

 

En otros países europeos que también han ampliado las energías renovables a gran velocidad (como Alemania, que ha aumentado su cuota de energía eólica y solar en la generación eléctrica del 28% al 45% en los últimos cinco años), los beneficios para los consumidores han sido más moderados, ya que han desplazado a otras formas de energía, como el carbón y la energía nuclear.

 

El análisis, que utilizó datos de marzo y abril de 2026, tomó como referencia una tarifa eléctrica regulada que pagan aproximadamente un tercio de los hogares españoles y calculó el importe de la factura en un escenario en el que no se hubieran instalado las energías renovables incorporadas en los últimos cinco años.

 

Tenía en cuenta los costes de equilibrio pagados durante los periodos en los que las energías renovables generan demasiado o demasiado poco, pero no consideraba los costes ocultos que la sociedad paga por las diferentes formas de generación de energía, como el aumento de los costes sanitarios que conlleva la contaminación provocada por los combustibles fósiles.

 

El Dr. Diego García Gusano, investigador sénior en planificación energética de Tecnalia, un centro tecnológico vasco, que no participó en el análisis, afirma que las centrales eléctricas de gas de España siguen marcando el precio durante las horas clave y que los frecuentes periodos de precios muy bajos están debilitando la señal de inversión para seguir apostando por las energías renovables.

 

El lento despliegue de los sistemas de almacenamiento y la limitada flexibilidad de la demanda eléctrica han "agravado" la situación, añadió, impidiendo que el sistema absorba de manera eficiente el exceso de generación renovable.

 

"España está menos expuesta a las crisis del gas que otros países, pero no es inmune", señaló Gusano. "La apuesta por las energías renovables es muy acertada, pero se necesita mucho más para que esa apuesta sea estructural y no circunstancial".

Traducción del artículo original publicado el 16 de junio de 2026 en el diario británico The Guardian.

¿Por qué España supera a Italia en salarios, facturas e impuestos?

España se está posicionando como la nueva locomotora de Europa. Según los datos de Eurostat y las previsiones de la Comisión Europea, la economía, el empleo y la inversión crecen de forma ya estructural, y Madrid está resistiendo la crisis energética mejor que el resto de países miembros. Varios economistas (desde Carlo Cottarelli hasta Francesco Saraceno) señalan a España como modelo para Italia, ya que ambas economías son similares en cuanto a vocación turística, producción agrícola, industria manufacturera y tejido productivo compuesto por pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cómo se explica que Madrid avance e Italia se quede atrás? Veamos las diferencias sustanciales entre ambos sistemas.

Estabilidad política
 
En los últimos 15 años, España ha estado gobernada por dos presidentes del Gobierno, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, quienes, a pesar de pertenecer a bandos opuestos, han garantizado la continuidad de la acción gubernamental incluso en los momentos más críticos. En el mismo periodo, nuestro país ha tenido siete presidentes del Consejo y ocho gobiernos, dos de ellos tecnócratas; un escenario en el que resulta prácticamente imposible mantener una línea política coherente. Sin embargo, desde octubre de 2022 la situación ha cambiado: el Gobierno de Meloni cuenta con una amplia mayoría, mientras que el presidente socialista Sánchez lidera un ejecutivo en minoría que le obliga a continuas mediaciones y que, desde 2023, no logra aprobar una nueva ley de presupuestos (Aquí). No obstante, la evolución general no se ve afectada.

El mercado laboral
 
En 2012, con España en plena crisis financiera, Rajoy puso en marcha una reforma laboral que introducía una mayor flexibilidad y reducía las restricciones a los despidos. En 2018 llega Sánchez, que no deroga las medidas de su predecesor, pero aumenta el salario mínimo (que ha subido progresivamente de los 736 euros de hace ocho años a 1.221 euros por 14 pagas en 2026, mientras que para el personal doméstico el salario mínimo se fija en 9,55 euros por hora) y en 2021 refuerza los contratos indefinidos limitando el recurso a los temporales. La progresiva estabilización de los ocupados y unos 6.800 millones de euros en incentivos destinados a medidas activas, como los programas de formación, han contribuido a la reducción del desempleo: en el primer trimestre de 2026 se redujo en 10 puntos porcentuales con respecto a 2016. En diez años, el consumo de las familias ha aumentado un 12,5% y el PIB ha crecido una media del 2,1%. Hoy en día, España cuenta con un mercado laboral dinámico y es el país, de entre las cuatro principales economías de la UE, donde los salarios han recuperado más poder adquisitivo con respecto a los niveles previos a la COVID-19 (+1,2%).
 
En Italia, en 2015, el Gobierno de Renzi, con la Ley de Empleo, dio luz verde a los despidos con indemnización e introdujo el contrato de protección creciente. En 2017, el Gobierno de Gentiloni suprime el uso de los vales de empleo. En 2018, el primer Gobierno de Conte, con el "Decreto Dignidad", reduce la duración de los contratos de duración determinada de 3 a 1 año, con la posibilidad de prorrogarlo a 2 años solo en presencia de motivos estrictos y obligatorios. En 2023, el Gobierno de Meloni, con el "Decreto Trabajo", interviene en los contratos de duración determinada flexibilizando las condiciones para las prórrogas y reintroduce los vales para el trabajo ocasional.

En los últimos diez años, el desempleo ha descendido en Italia en 6 puntos porcentuales, pero la tasa de inactividad (es decir, la de personas en edad de trabajar que no tienen empleo y no lo buscan) sigue siendo una de las más elevadas de la Unión Europea (34,1%) y la proporción de mujeres con empleo sigue siendo muy baja (54%). Además, el nuevo empleo se ha concentrado principalmente en sectores de baja productividad como la restauración, la asistencia y la construcción. Las consecuencias se reflejan en un consumo casi estancado (+2,9% en 10 años), con un PIB que desde 2016 registra un incremento medio del 1%, mientras que el poder adquisitivo de los salarios ha perdido alrededor del 1,8% con respecto a los niveles previos a la COVID (Aquí). En este contexto, en 2024 el salario medio italiano (33.523 euros) fue superado por el español (33.700 euros) (Fuentes: Teha Group/Eurostat, OCDE).

 
Gestión de la inmigración
 
Los inmigrantes sudamericanos disfrutan de una relación especial con España: al compartir idioma y tradiciones, obtienen la nacionalidad tras solo dos años de residencia legal, frente a los diez años previstos para el resto de extranjeros. Las empresas pueden solicitar la contratación de ciudadanos extracomunitarios en cualquier momento mediante un procedimiento simplificado (aquí) para profesiones con escasez de mano de obra, o para trabajadores de cualquier tipo procedentes de países con los que existen acuerdos bilaterales, como Chile y Perú. Según los datos publicados por el Observatorio de las Cuentas Públicas Italianas (OCPI), el número de extranjeros ha aumentado tanto con los gobiernos de Rajoy como con los de Sánchez, pasando de los 136.000 concedidos en 2014 a los 248.000 de 2024. A estas cifras se suma la gran regularización de alrededor de medio millón de inmigrantes irregulares aprobada el pasado mes de abril. Además, en 2024 se aprobó un Plan Estratégico que prevé una inversión de 100 millones de euros en programas de formación profesional e integración.
 
En lo que respecta a la migración, cabe señalar que Italia está geográficamente más expuesta, y a nuestras costas no llegan ciudadanos con los que compartamos idioma y tradiciones (como ocurre, en cambio, en España). Sin embargo, el punto decisivo es la feroz confrontación entre los partidos que desde hace diez años divide la política italiana y sigue impidiendo una gestión que se sitúe fuera del perímetro ideológico. La contratación de ciudadanos extracomunitarios está regulada por el "Decreto Flussi", y los empresarios deben pasar por cuatro "click days" al año, divididos por tipología: temporeros, asalariados, cuidadores y turismo. Además, los trámites burocráticos son ineficaces y no responden a las necesidades de las empresas (Dataroom, octubre de 2025). Entre 2014 y 2024 se concedieron una media de 160.000 permisos de residencia a extranjeros al año, pero solo una minoría de ellos correspondió a entradas por motivos laborales. El hecho es que España atrae a extranjeros con un nivel de estudios más elevado (el 29% tiene título universitario frente al 12% en Italia) y, a pesar de la baja natalidad, su población residente ha crecido en 3 millones en la última década, mientras que la italiana ha disminuido en 1,7 millones (Fuentes: Teha, Istat, OCPI, Instituto Nacional de Estadística español).

 

 

El mix energético 

Hasta hace ocho años, a pesar de su fuerte dependencia del gas y de la ausencia de energía nuclear, Italia lograba mantener unos precios finales de la electricidad más competitivos que los de España. Desde 2018, Madrid ha transformado su sistema energético: gracias a la expansión de las energías renovables, ha reducido en un 75% el peso del gas y el carbón en la formación del precio de la electricidad, añadiendo más de 40 gigavatios de nueva capacidad entre energía fotovoltaica y eólica. Hoy en día, solo una cuarta parte de la energía eléctrica procede de combustibles fósiles, mientras que la gran mayoría proviene de fuentes con bajas emisiones de carbono, entre ellas las renovables (el 55,2%) y la energía nuclear. Este cambio ha convertido a España en uno de los mercados eléctricos más competitivos de Europa. En 2025, el precio medio de la electricidad al por mayor fue de 65 euros por MWh en España, frente a los 116 euros por MWh en Italia (aquí). La brecha está destinada a ampliarse debido a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio: un estudio de Ember demuestra que, desde principios de 2026, en España el gas ha influido en el precio de la electricidad solo en el 15% de las horas, frente al 89% en Italia (Teha, Confindustria, Ember).

 

 

Inversiones extranjeras

El estudio de Teha también compara las inversiones extranjeras: en la última década, España ha atraído 304.000 millones de euros procedentes de terceros países, lo que ha generado 72.000 puestos de trabajo gracias a nuevas actividades productivas, frente a los 191.000 millones de Italia, con 40.000 puestos de trabajo.

La ventaja española se debe al menos a tres factores:

1) Las reformas que han simplificado los trámites de la administración pública, ampliado la banda ancha e introducido plataformas digitales integradas para la gestión de trámites entre ciudadanos, empresas y administraciones. Según el Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI), España se encuentra entre los países europeos con avances más significativos en materia de digitalización de la administración pública (aquí) y muestra una ventaja respecto a Italia en casi todos los indicadores. En cuanto a los servicios públicos digitales para las empresas, obtiene una puntuación de 91 sobre 100 frente a los 76,3 de Italia, mientras que la diferencia es aún más clara en los servicios transfronterizos: 82,5 frente a 57,9.

2) Una fiscalidad en general más baja (por ejemplo, la cuña fiscal es del 41,4% frente al 45,8% de Italia) y la continuidad de las normas fiscales, que se han mantenido prácticamente sin cambios desde 2015. En Italia, por el contrario, solo entre 2018 y 2023 se aprobaron más de 50 modificaciones fiscales (Aquí, pág. 13).

3) Eficiencia judicial: los tribunales españoles logran resolver, de media, los litigios civiles y mercantiles en tres años y medio (aquí). En Italia se llega hasta los seis.

Traducción del artículo original publicado el 11 de mayo de 2026 en el diario italiano Corriere della Sera.

España es un ejemplo a seguir a la hora de hacer frente a las crisis del petróleo iraní

La rápida implantación de las energías renovables en el país ha frenado el aumento de las facturas de electricidad.

Aerogeneradores y líneas eléctricas al atardecer en Zaragoza ©Bloomberg

Los líderes políticos del Reino Unido y de España están tratando de mantener las distancias con respecto a la compleja guerra en Irán. Pero el impacto del conflicto en ambos países (concretamente en lo que respecta a su efecto sobre los precios de la energía) no es el mismo. España, por suerte y por diseño, está menos expuesta. Eso le da una razón menos para involucrarse.

La mayor parte de Europa se ve afectada por los altos precios del petróleo, el gas y los productos refinados, consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz. Donde las cosas difieren es en el precio de la electricidad. Tanto Francia como España tienen la ventaja de generar una gran parte de su electricidad a partir de fuentes distintas del gas natural, cuyos precios se han duplicado desde principios de año.

En Francia, la energía no fósil preferida es la nuclear. España se decanta más por las energías renovables. En ambos casos, lo que importa no es solo la proporción de la electricidad total que proviene de esas fuentes, sino cuándo se genera. En cualquier momento dado, si la fuente de energía preferida no puede satisfacer toda la demanda, las centrales eléctricas de gas deben cubrir el déficit, y son estas las que, en la práctica, fijan el precio para el resto de generadores de energía.

Esto resulta más fácil si, como en el caso de Francia, el país se abastece en gran medida de energía nuclear, y mucho más difícil si se intenta sustituir por completo el gas por fuentes intermitentes como la energía solar y la eólica.

Previsión de los precios (€/MWh) de la electricidad para el segundo trimestre del año

De hecho, es muy posible que un país invierta mucho en energías renovables sin que se produzca una bajada significativa del precio de la electricidad. Reino Unido generó más de la mitad de su energía el año pasado a partir de energías renovables y nucleares, pero las centrales de gas siguen marcando el precio de la electricidad aproximadamente dos tercios del tiempo, según la consultora Aurora Energy. El país tiene uno de los precios de la electricidad más altos de Europa.

España ha logrado toda una hazaña. Desde principios de año hasta la semana pasada, los precios de la electricidad en el país solo alcanzaron o superaron el coste medio de la electricidad generada con gas en el 15% de los casos, según un análisis de Ember. En Italia, el gas determinó el precio de la electricidad en el 89% de los casos.

Dado que el clima es un factor importante, parte del éxito de España se debe a la casualidad. El país ha tenido un invierno especialmente ventoso y lluvioso, lo que ha generado mucha energía eólica e hidroeléctrica. Sus centrales de gas entran en funcionamiento con más frecuencia de lo que sugieren las estadísticas, y se les paga por prestar servicios a la red de forma independiente. Aun así, se prevé que el precio medio de la electricidad en España para lo que queda de año sea de unos 66€ por megavatio hora, es decir, la mitad del nivel de Italia.

Porcentaje de horas en las que el precio de la electricidad se fijó en función del gas en 2026

La energía nuclear, al igual que en Francia, proporciona una base fiable. Aunque España no tenga tanta energía nuclear como su vecina, sigue teniendo mucha. Su parque generó el 20% de la electricidad el año pasado, aproximadamente el doble de la cuota del Reino Unido. Italia no tiene ninguna. Mientras tanto, la combinación de energía solar, eólica e hidráulica proporciona cobertura en diferentes momentos y estaciones.

El resultado es que España se encuentra en una buena posición en dos aspectos. Su rápida implantación de las energías renovables ha frenado el aumento de las facturas de electricidad, pero eso también debería contribuir a reforzar su independencia política. Una buena razón para que la "brigada verde" de Europa siga avanzando con determinación.

Traducción del artículo original publicado el 19 de marzo de 2026 en el diario británico Financial Times.