España se está posicionando como la nueva locomotora de Europa. Según los datos de Eurostat y las previsiones de la Comisión Europea, la economía, el empleo y la inversión crecen de forma ya estructural, y Madrid está resistiendo la crisis energética mejor que el resto de países miembros. Varios economistas (desde Carlo Cottarelli hasta Francesco Saraceno) señalan a España como modelo para Italia, ya que ambas economías son similares en cuanto a vocación turística, producción agrícola, industria manufacturera y tejido productivo compuesto por pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cómo se explica que Madrid avance e Italia se quede atrás? Veamos las diferencias sustanciales entre ambos sistemas.
Estabilidad política
En los últimos 15 años, España ha estado gobernada por dos presidentes del Gobierno, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, quienes, a pesar de pertenecer a bandos opuestos, han garantizado la continuidad de la acción gubernamental incluso en los momentos más críticos. En el mismo periodo, nuestro país ha tenido siete presidentes del Consejo y ocho gobiernos, dos de ellos tecnócratas; un escenario en el que resulta prácticamente imposible mantener una línea política coherente. Sin embargo, desde octubre de 2022 la situación ha cambiado: el Gobierno de Meloni cuenta con una amplia mayoría, mientras que el presidente socialista Sánchez lidera un ejecutivo en minoría que le obliga a continuas mediaciones y que, desde 2023, no logra aprobar una nueva ley de presupuestos (Aquí). No obstante, la evolución general no se ve afectada.
El mercado laboral
En 2012, con España en plena crisis financiera, Rajoy puso en marcha una reforma laboral que introducía una mayor flexibilidad y reducía las restricciones a los despidos. En 2018 llega Sánchez, que no deroga las medidas de su predecesor, pero aumenta el salario mínimo (que ha subido progresivamente de los 736 euros de hace ocho años a 1.221 euros por 14 pagas en 2026, mientras que para el personal doméstico el salario mínimo se fija en 9,55 euros por hora) y en 2021 refuerza los contratos indefinidos limitando el recurso a los temporales. La progresiva estabilización de los ocupados y unos 6.800 millones de euros en incentivos destinados a medidas activas, como los programas de formación, han contribuido a la reducción del desempleo: en el primer trimestre de 2026 se redujo en 10 puntos porcentuales con respecto a 2016. En diez años, el consumo de las familias ha aumentado un 12,5% y el PIB ha crecido una media del 2,1%. Hoy en día, España cuenta con un mercado laboral dinámico y es el país, de entre las cuatro principales economías de la UE, donde los salarios han recuperado más poder adquisitivo con respecto a los niveles previos a la COVID-19 (+1,2%).
En Italia, en 2015, el Gobierno de Renzi, con la Ley de Empleo, dio luz verde a los despidos con indemnización e introdujo el contrato de protección creciente. En 2017, el Gobierno de Gentiloni suprime el uso de los vales de empleo. En 2018, el primer Gobierno de Conte, con el "Decreto Dignidad", reduce la duración de los contratos de duración determinada de 3 a 1 año, con la posibilidad de prorrogarlo a 2 años solo en presencia de motivos estrictos y obligatorios. En 2023, el Gobierno de Meloni, con el "Decreto Trabajo", interviene en los contratos de duración determinada flexibilizando las condiciones para las prórrogas y reintroduce los vales para el trabajo ocasional.
En los últimos diez años, el desempleo ha descendido en Italia en 6 puntos porcentuales, pero la tasa de inactividad (es decir, la de personas en edad de trabajar que no tienen empleo y no lo buscan) sigue siendo una de las más elevadas de la Unión Europea (34,1%) y la proporción de mujeres con empleo sigue siendo muy baja (54%). Además, el nuevo empleo se ha concentrado principalmente en sectores de baja productividad como la restauración, la asistencia y la construcción. Las consecuencias se reflejan en un consumo casi estancado (+2,9% en 10 años), con un PIB que desde 2016 registra un incremento medio del 1%, mientras que el poder adquisitivo de los salarios ha perdido alrededor del 1,8% con respecto a los niveles previos a la COVID (Aquí). En este contexto, en 2024 el salario medio italiano (33.523 euros) fue superado por el español (33.700 euros) (Fuentes: Teha Group/Eurostat, OCDE).
Gestión de la inmigración
Los inmigrantes sudamericanos disfrutan de una relación especial con España: al compartir idioma y tradiciones, obtienen la nacionalidad tras solo dos años de residencia legal, frente a los diez años previstos para el resto de extranjeros. Las empresas pueden solicitar la contratación de ciudadanos extracomunitarios en cualquier momento mediante un procedimiento simplificado (aquí) para profesiones con escasez de mano de obra, o para trabajadores de cualquier tipo procedentes de países con los que existen acuerdos bilaterales, como Chile y Perú. Según los datos publicados por el Observatorio de las Cuentas Públicas Italianas (OCPI), el número de extranjeros ha aumentado tanto con los gobiernos de Rajoy como con los de Sánchez, pasando de los 136.000 concedidos en 2014 a los 248.000 de 2024. A estas cifras se suma la gran regularización de alrededor de medio millón de inmigrantes irregulares aprobada el pasado mes de abril. Además, en 2024 se aprobó un Plan Estratégico que prevé una inversión de 100 millones de euros en programas de formación profesional e integración.
En lo que respecta a la migración, cabe señalar que Italia está geográficamente más expuesta, y a nuestras costas no llegan ciudadanos con los que compartamos idioma y tradiciones (como ocurre, en cambio, en España). Sin embargo, el punto decisivo es la feroz confrontación entre los partidos que desde hace diez años divide la política italiana y sigue impidiendo una gestión que se sitúe fuera del perímetro ideológico. La contratación de ciudadanos extracomunitarios está regulada por el "Decreto Flussi", y los empresarios deben pasar por cuatro "click days" al año, divididos por tipología: temporeros, asalariados, cuidadores y turismo. Además, los trámites burocráticos son ineficaces y no responden a las necesidades de las empresas (Dataroom, octubre de 2025). Entre 2014 y 2024 se concedieron una media de 160.000 permisos de residencia a extranjeros al año, pero solo una minoría de ellos correspondió a entradas por motivos laborales. El hecho es que España atrae a extranjeros con un nivel de estudios más elevado (el 29% tiene título universitario frente al 12% en Italia) y, a pesar de la baja natalidad, su población residente ha crecido en 3 millones en la última década, mientras que la italiana ha disminuido en 1,7 millones (Fuentes: Teha, Istat, OCPI, Instituto Nacional de Estadística español).
Hasta hace ocho años, a pesar de su fuerte dependencia del gas y de la ausencia de energía nuclear, Italia lograba mantener unos precios finales de la electricidad más competitivos que los de España. Desde 2018, Madrid ha transformado su sistema energético: gracias a la expansión de las energías renovables, ha reducido en un 75% el peso del gas y el carbón en la formación del precio de la electricidad, añadiendo más de 40 gigavatios de nueva capacidad entre energía fotovoltaica y eólica. Hoy en día, solo una cuarta parte de la energía eléctrica procede de combustibles fósiles, mientras que la gran mayoría proviene de fuentes con bajas emisiones de carbono, entre ellas las renovables (el 55,2%) y la energía nuclear. Este cambio ha convertido a España en uno de los mercados eléctricos más competitivos de Europa. En 2025, el precio medio de la electricidad al por mayor fue de 65 euros por MWh en España, frente a los 116 euros por MWh en Italia (aquí). La brecha está destinada a ampliarse debido a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio: un estudio de Ember demuestra que, desde principios de 2026, en España el gas ha influido en el precio de la electricidad solo en el 15% de las horas, frente al 89% en Italia (Teha, Confindustria, Ember).
El estudio de Teha también compara las inversiones extranjeras: en la última década, España ha atraído 304.000 millones de euros procedentes de terceros países, lo que ha generado 72.000 puestos de trabajo gracias a nuevas actividades productivas, frente a los 191.000 millones de Italia, con 40.000 puestos de trabajo.
1) Las reformas que han simplificado los trámites de la administración pública, ampliado la banda ancha e introducido plataformas digitales integradas para la gestión de trámites entre ciudadanos, empresas y administraciones. Según el Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI), España se encuentra entre los países europeos con avances más significativos en materia de digitalización de la administración pública (aquí) y muestra una ventaja respecto a Italia en casi todos los indicadores. En cuanto a los servicios públicos digitales para las empresas, obtiene una puntuación de 91 sobre 100 frente a los 76,3 de Italia, mientras que la diferencia es aún más clara en los servicios transfronterizos: 82,5 frente a 57,9.
2) Una fiscalidad en general más baja (por ejemplo, la cuña fiscal es del 41,4% frente al 45,8% de Italia) y la continuidad de las normas fiscales, que se han mantenido prácticamente sin cambios desde 2015. En Italia, por el contrario, solo entre 2018 y 2023 se aprobaron más de 50 modificaciones fiscales (Aquí, pág. 13).
3) Eficiencia judicial: los tribunales españoles logran resolver, de media, los litigios civiles y mercantiles en tres años y medio (aquí). En Italia se llega hasta los seis.
Traducción del artículo original publicado el 11 de mayo de 2026 en el diario italiano Corriere della Sera.
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