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sábado, 31 de octubre de 2026

Las rabietas de Donald Trump son una oportunidad para España

¿Podrá mejorar sus relaciones con sus antiguas colonias?


Conseguir que los líderes latinoamericanos se reúnan en una misma sala es toda una hazaña. Lograr que se pongan de acuerdo en algo es aún más difícil. Solo un presidente de la región acudió a la Cumbre Iberoamericana (una reunión bienal de líderes de España, Portugal y Latinoamérica) cuando se celebró en Ecuador hace dos años, y ese fue el anfitrión. Hay esperanzas de que España lo haga mejor cuando organice la reunión de este año, en Madrid, los días 4 y 5 de noviembre. Los organizadores aspiran a que asistan hasta 18 jefes de Estado, o sus representantes.

 

El momento es propicio. Donald Trump trata cada vez más a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Aunque ha tomado posesión una oleada de presidentes aparentemente alineados con Trump, la región sigue deseosa de protegerse frente a su imprevisibilidad mediante la diversificación del comercio. Los vínculos con China son importantes, pero también problemáticos. "Nunca he visto tanto interés por Europa", afirma un veterano diplomático latinoamericano.

 

España mantiene unos vínculos con la región que ninguna de las dos superpotencias mundiales puede igualar. Más de cuatro millones de personas nacidas en América Latina viven actualmente en España, muchas de las cuales han llegado en la última década. Ya en las décadas de los 80 y los 90, la transición de España a la democracia sirvió de modelo para algunas de sus antiguas colonias. Felipe González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, se convirtió en asesor de los gobiernos de la región. En 1991, España y México convocaron la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara, sentando las bases de una comunidad de 22 miembros inspirada vagamente en la Commonwealth de los países que en su día estuvieron bajo dominio británico.

 

Desde entonces, la influencia de España ha disminuido. Las empresas españolas siguen siendo importantes inversoras en la región. Sin embargo, han dado un paso atrás, al tiempo que América Latina ha reforzado sus lazos con China. Algunos diplomáticos se quejan de que los gobiernos españoles se han mostrado cada vez menos interesados. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (que ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre) quiere mejorar la situación.

 

Para ello será necesario un cambio de enfoque. Sánchez se lleva mejor con los gobiernos de izquierda. Las relaciones con los líderes de derecha han sido tensas. En 2024, España retiró temporalmente a su embajador de Buenos Aires después de que Javier Milei, presidente de Argentina, insultara a la esposa de Sánchez en un discurso. España aún no ha aceptado al embajador enviado a Madrid por el nuevo presidente de Colombia. Los parlamentarios se quejan de que el emisario haya hecho comentarios groseros sobre Sánchez en las redes sociales.

 

Sin embargo, ni siquiera una visión del mundo compartida ha garantizado unas buenas relaciones. Sobre el papel, Sánchez y Claudia Sheinbaum, la presidenta de izquierdas de México, deberían llevarse de maravilla. Pero el predecesor y mentor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, se enzarzó en una disputa con España por su pasado colonial y exigió una disculpa del rey por la conquista. El Ministerio de Asuntos Exteriores español reaccionó a la defensiva; la disputa se agravó cuando México no invitó al rey a la toma de posesión de Sheinbaum en 2024.


Sheinbaum se ha mostrado más dispuesta a separar los agravios históricos de los intereses actuales. Tiene buenas razones para hacerlo, señala Rafael Ch, de Signum Global Advisors, una consultora. Estados Unidos es el principal socio comercial de México, pero la errática política de Trump está debilitando los lazos. Con un crecimiento económico lento, Sheinbaum tiene poco que ganar permitiendo que se prolongue una disputa diplomática con España.


Es probable que Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, asista a la reunión en Madrid. Rodríguez gobierna con el respaldo de Trump, por lo que es poco probable que los latinoamericanos pongan pegas a su presencia. Sin embargo, en España sí que sería un tema polémico. Los opositores llevan mucho tiempo acusando a la izquierda española de complacer al sombrío régimen de Venezuela. Sería un soplo de aire fresco (y bueno para la imagen de España) que la cumbre reclamara enérgicamente que se acelere la transición democrática del país.

 

Los participantes en la reunión de Madrid debatirán sobre la inteligencia artificial, la preparación ante catástrofes y el reconocimiento mutuo de títulos académicos, como las titulaciones universitarias. Este tipo de temas pueden parecer de poca importancia. Sin embargo, otras organizaciones regionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Organización de los Estados Americanos, atraviesan un momento de declive. Así que quizá lo más importante sea el mero hecho de reunirse.


Traducción del artículo original publicado el 29 de octubre de 2026 en el semanario británico The Economist.

domingo, 18 de octubre de 2026

España se presenta como candidata para albergar la Copa del Mundo de Rugby en 2035

El Camp Nou de Barcelona, el Bernabéu del Real Madrid y el campo de Mestalla del Valencia figuran en la lista de posibles estadios en el marco de la candidatura de España para albergar la Copa del Mundo de Rugby de 2035.

Las obras para ampliar el aforo del estadio del Camp Nou comenzaron en junio de 2023 y se prevé que finalicen a principios de 2028.


La Federación Española de Rugby afirma que su objetivo es organizar la "mejor Copa del Mundo de la historia", acercando el torneo a los 700 millones de hispanohablantes de todo el mundo.

Si la candidatura de España sale adelante, el renovado Camp Nou podría acoger la final, lo que supondría la primera vez que la final de la Copa del Mundo se celebra ante más de 100.000 aficionados.


Argentina y Japón también se han presentado como candidatos para acoger el torneo, y se espera que World Rugby anuncie al candidato elegido en la primavera o el verano de 2027.


Las autoridades del rugby español afirman que el torneo de 2035 aprovecharía el impulso de la Copa del Mundo de la FIFA de 2030, que España acogerá conjuntamente con Marruecos y Portugal.


La candidatura para la Copa del Mundo de Rugby cuenta con el apoyo del Gobierno español y de La Liga, y entre las sedes potenciales figuran algunos de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.


"Tenemos plena confianza en nuestra capacidad organizativa, nuestra infraestructura deportiva está a la vanguardia de la innovación y estamos convencidos de que acoger la Copa del Mundo de Rugby de 2035 aportará nuevas y únicas dimensiones de hospitalidad, colaboración, unidad y amistad a la familia mundial del rugby", afirmó Juan Carlos Martín "Hansen", presidente ejecutivo de la federación española.


España se ha clasificado para el torneo de 2027 en Australia, lo que supondrá su primera participación en un Mundial masculino desde 1999.


La Federación Española tiene la ambición de triplicar el número de personas que practican este deporte en el país para 2035 y, en última instancia, consolidar a España como una nación de rugby de primer nivel.


"El rugby se está convirtiendo en parte de la identidad de nuestro país", añadió Martín.


"En colaboración con World Rugby, podemos hacer de la Copa del Mundo de Rugby de 2035 un punto de inflexión en el crecimiento mundial de este deporte, en beneficio de las generaciones venideras".


España, que ha participado en siete ediciones de la Copa del Mundo de Rugby Femenino, ha acogido dos fines de semana de finales europeas (en San Mamés, en Bilbao, en 2018 y 2026), mientras que la final del Top 14 de 2016 se celebró en el Camp Nou ante 99.124 aficionados.


San Mamés figura en una lista de 14 estadios presentada a World Rugby, que se reducirá a 9 o 10 si la candidatura española sale adelante.


España también ha acogido eventos de World Rugby Sevens, y ya se han confirmado nuevas ediciones en Castilla y León para 2027 y 2028, respectivamente.


¿España, Argentina o Japón?


Las visitas a las sedes y los estudios de viabilidad están previstos a partir de diciembre, y World Rugby tiene previsto seleccionar a su candidato preferido a finales de la primavera o en verano de 2027.


Se espera un anuncio oficial durante el torneo de 2027 en Australia.


Japón y un grupo de países sudamericanos liderado por Argentina han anunciado sus candidaturas.


Un torneo en Argentina incluiría también a Brasil, Chile y Uruguay, y supondría una primicia al ser la primera Copa del Mundo de Rugby celebrada en Sudamérica.


Japón acogió una Copa del Mundo igualmente innovadora en 2019 (la primera que tuvo lugar en Asia), que batió récords comerciales y de audiencia.


Las Copas del Mundo de 2027 y 2029 se celebrarán en Australia, mientras que Estados Unidos será el anfitrión en 2031 y 2033.


España, un gigante dormido


España es un gigante dormido del rugby europeo, con la cultura deportiva y las infraestructuras necesarias para convertirse en una nación de élite en este deporte.


Una Copa del Mundo en 2035 impulsaría enormemente esta ambición, y la perspectiva de que algunos de los estadios de fútbol más emblemáticos del mundo acojan partidos resulta muy tentadora.


Dado que las Copas del Mundo de 2027 y 2031 se celebrarán en Australia y Estados Unidos, también es muy posible que World Rugby quiera devolver el torneo a Europa en 2035.


Sin embargo, la candidatura de Argentina conmueve el corazón, dado el magnífico papel que los Pumas han desempeñado en tantas Copas del Mundo a lo largo de las décadas.


No obstante, aunque un torneo en Sudamérica podría ser maravilloso, Argentina y los coanfitriones tendrían que demostrar a World Rugby que cuentan con la infraestructura y el poderío financiero de España y Japón.


Al igual que ocurrió con Irlanda y Sudáfrica en 2023, las candidaturas "románticas" suelen quedar relegadas a un segundo plano frente a los imperativos comerciales. Aquí es donde entra en escena Japón como otro serio aspirante, dado el enorme éxito que cosechó tanto dentro como fuera del campo en 2019.


Traducción del artículo original publicado el 15 de octubre de 2026 en la web de la BBC.

jueves, 24 de septiembre de 2026

Mamdani y Sánchez forjan alianzas con la izquierda internacional para hacer frente al auge de la extrema derecha

Algunos demócratas estadounidenses están buscando aliados con ideas afines en el extranjero en su lucha por contrarrestar el populismo de derechas.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, estrecha la mano del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en Gracie Mansion, en Nueva York. (Herbert Villarraga/Reuters)

Dos de las figuras clave de la izquierda en cargos electos, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunieron el miércoles en un acto económico celebrado en Manhattan, mientras los líderes mundiales se dan cita en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU.

Su reunión es la última de una serie de encuentros entre políticos estadounidenses de izquierdas y figuras afines del extranjero, en un intento por forjar alianzas para contrarrestar el auge del populismo de derechas.


Los organizadores de estas reuniones, tanto formales como informales, afirman que los esfuerzos por reunir a los demócratas estadounidenses de izquierdas que ocupan cargos públicos y a sus homólogos ideológicos tienen como objetivo hacer frente al movimiento internacional de populistas, bien organizado y en auge, que va de la mano de la administración del presidente Donald Trump, en un momento en el que el partido antiinmigrante y nacionalista Alternativa para Alemania gana terreno, y Marine Le Pen y su partido, Agrupación Nacional, lideran las encuestas de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.


El acto del miércoles en Gracie Mansion, la residencia de Mamdani, se presentó como centrado en "construir una economía para la mayoría". Sánchez destacó el éxito de las subidas del salario mínimo en España como "prueba de que otro modelo económico es posible".


"Por eso nos temen los poderosos. Porque día tras día demostramos que es posible seguir un camino diferente, y que funciona", afirmó Sánchez en el acto, al que también asistieron la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, antiguo primer ministro socialista de Portugal.


Mamdani se mostró de acuerdo con los esfuerzos por colaborar con líderes afines y dijo a los asistentes: "Es un verdadero privilegio poder aprender unos de otros, emular los éxitos de los demás y desarrollar estrategias que imiten los grandes avances que han logrado los presentes en esta sala".


De cara a la Asamblea General de la ONU, Mamdani acogió este fin de semana a alcaldes de izquierdas de París, Barcelona, Roma, Ámsterdam, Ciudad de México y otras ciudades para celebrar una cumbre sobre vivienda, migración y cambio climático. Además, se reunió esta semana con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, un socialdemócrata que sigue la misma línea general que Sánchez.


En abril, políticos y líderes mundiales se reunieron en Barcelona con motivo de la primera conferencia de la Movilización Progresista Global, que los organizadores presentaron como una "alternativa a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha".


El acto incluyó intervenciones pregrabadas de los socialistas democráticos Mamdani y el senador Bernie Sanders (independiente por Vermont), quien revitalizó esa tradición en la política estadounidense. Pero también amplió el abanico para incluir discursos del gobernador de Minnesota, Tim Walz (el candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024 que ejerció como demócrata moderado del grupo "Blue Dog" en el Congreso) y del senador Chris Murphy (demócrata por Connecticut), quien ha abrazado el populismo económico y ha instado a su partido a conectar con los votantes que perdió en 2024.


Giacomo Filibeck, que formó parte del comité organizador de la conferencia celebrada en abril, declaró a "The Washington Post" que la participación de los demócratas estadounidenses fue "fundamental" para demostrar cómo el movimiento progresista mundial puede trabajar en conjunto.


"En pocas palabras, hemos vuelto a descubrir nuestro internacionalismo, que quizá en los últimos años había quedado un poco relegado a un segundo plano", añadió.


Los demócratas llevan mucho tiempo buscando aliados en el extranjero. Como presidente de Estados Unidos, especialmente durante su primer mandato, Barack Obama se ganó una amplia simpatía internacional. Sin embargo, forjó un vínculo especial con Angela Merkel, de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, un partido de centro-derecha, al menos en términos europeos (un segmento del espectro político occidental distinto al que Mamdani está tratando de atraer).


Los socialistas y otros activistas de izquierda también llevan mucho tiempo organizándose a nivel internacional. La campaña presidencial de Sanders estableció vínculos con movimientos equivalentes en Europa. La sección de Nueva York de los Socialistas Democráticos de América, de la que surgió Mamdani, acogió el año pasado a Jean-Luc Mélenchon, el eterno candidato presidencial francés y fundador del partido de extrema izquierda La France Insoumise.


Pero a medida que se consolida el impulso en el ala izquierda del Partido Demócrata (con el éxito electoral de algunos candidatos alineados con la DSA o respaldados por ella, entre los que destaca Mamdani), la construcción de puentes a nivel mundial ha adquirido una nueva urgencia.


Johan Hassel, investigador principal y director de Global Progress Action (GPA) en el Center for American Progress, un centro de estudios de tendencia izquierdista con sede en Washington, afirmó que la reelección de Trump en 2024 supuso "un punto de inflexión" que contribuyó a unificar a los progresistas de todo el mundo.


GPA ha organizado reuniones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y líderes de centroizquierda del extranjero. Su encuentro público más reciente, celebrado en Toronto el pasado mes de mayo, contó con la participación de la senadora Elissa Slotkin (demócrata por Míchigan), el exsecretario de Transporte de EE. UU. y posible candidato en 2028 Pete Buttigieg, y el primer ministro canadiense Mark Carney.


"Tradicionalmente, la izquierda ha visto más sus diferencias… que sus similitudes. Creo que esto está cambiando", afirmó Hassel. "Se está empezando a ver un bloque democrático más amplio formado por liberales de centroizquierda y verdes. Una izquierda que entiende que hay algo… más importante en juego".


Según él, estos políticos y movimientos, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, "se inspiran mutuamente" gracias a sus alianzas. Entre los ejemplos, citó el apoyo de Mamdani a la inversión social en el cuidado infantil y la vivienda, similar a las políticas adoptadas desde hace tiempo por los socialdemócratas europeos.


Por su parte, miembros de partidos de izquierda europeos viajaron a Nueva York para hacer campaña a favor de Mamdani en las últimas semanas de su campaña.


Miembros del partido anticapitalista alemán Die Linke (La Izquierda) viajaron a Nueva York para conocer mejor la iniciativa de Mamdani y se reunieron con sus asesores.


Die Linke, cuya plataforma se centra en reducir el coste de la vida y en recurrir a intervenciones estatales para abordar la escasez de viviendas en la capital alemana, logró el domingo una victoria histórica en las elecciones regionales de Berlín.


Traducción del artículo original publicado el 24 de septiembre de 2026 en el diario estadounidense The Washington Post.

domingo, 13 de septiembre de 2026

España consigue una mejora de su calificación crediticia gracias a la solidez de su economía

Scope Ratings ha mejorado la calificación de España, lo que supone el último reconocimiento al destacado rendimiento económico del país.

La agencia elevó el viernes su calificación crediticia un escalón, de A a A+, la quinta calificación más alta dentro del grado de inversión.

La mejora refleja "un rendimiento económico sostenido, respaldado por una fuerte demanda interna y una disminución de las vulnerabilidades externas", señaló Scope en un comunicado, añadiendo que "los indicadores fiscales de España han seguido mejorando, lo que contribuye a reducir la carga de la deuda pública".


La cuarta economía más grande de la zona del euro ha superado continuamente a las demás economías de la región. La producción creció un 0,7% en el segundo trimestre, muy por delante de Alemania, Italia y Francia, y el Gobierno prevé un crecimiento del 2,6% para este año, casi el triple del ritmo que el Banco Central Europeo espera para el conjunto de la zona del euro.

La solidez de la economía ha dado lugar a mejoras en las calificaciones por parte de las cinco agencias de calificación que utiliza el BCE para evaluar las garantías.

"Las agencias de calificación internacionales, los mercados y los inversores han reconocido la fortaleza y la modernización de la economía española», afirmó el Ministerio de Economía en un comunicado a Bloomberg.

España puede ahora financiarse a un coste menor que Francia (una situación históricamente inusual) y también que Italia.

Las últimas emisiones de deuda sindicada del Tesoro han suscitado una fuerte demanda. Las solicitudes para un bono a 10 años emitido en mayo alcanzaron los 138.000 millones de euros, más de diez veces el importe vendido, según el ministerio.

Problemas políticos

El continuo buen comportamiento económico de España ofrece poco consuelo al presidente Pedro Sánchez, cuyo mandato se ha visto empañado por la falta de mayoría parlamentaria, las repetidas acusaciones de corrupción y una sucesión de crisis.

El país no ha aprobado un presupuesto desde 2023, y es poco probable que lo haga antes de las elecciones del año que viene.

"La elevada fragmentación parlamentaria de España y la debilidad del Gobierno en minoría provocan una gran incertidumbre política, lo que lastra el impulso reformista y la capacidad del Gobierno para responder con rapidez a las crisis", señaló Scope.

El verano político del país ha estado marcado por la crisis migratoria en Ceuta, una de las dos ciudades españolas situadas en el norte de África. El Gobierno sigue lidiando con las consecuencias del cruce ilegal de la frontera desde Marruecos por parte de unas 80.000 personas durante la última semana de julio. Aunque la mayoría de los migrantes regresaron en los primeros días, miles de ellos permanecen en la ciudad.

Scope destacó que la crisis de Ceuta "está debilitando aún más la posición del Gobierno".

Traducción del artículo original publicado el 11 de septiembre de 2026 en el diario estadounidense Bloomberg.

viernes, 14 de agosto de 2026

Francia prohibirá las llamadas de telemarketing no solicitadas a partir del 11 de agosto

Tras un llamamiento conjunto de 11 asociaciones de consumidores, el Parlamento francés ha aprobado una ley para imponer multas a las personas o empresas que realicen llamadas de marketing no solicitadas, que podrán denunciarse a través de una página web pública.


Francia prohibirá las llamadas de telemarketing no solicitadas a partir de la próxima semana, en virtud de una nueva ley destinada a proteger a los consumidores de las técnicas de venta intrusivas y a salvaguardar a las personas vulnerables frente a las prácticas comerciales fraudulentas. La ley, respaldada por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron, entrará en vigor el martes 11 de agosto.

 

El Gobierno afirma que la ley es una respuesta a años de quejas de los consumidores. Las autoridades estiman que alrededor de tres cuartas partes de la población francesa recibe al menos una llamada comercial no solicitada cada semana, y muchos reciben más. En 2024, once organizaciones de consumidores hicieron un llamamiento conjunto a favor de la prohibición, denunciando "el acoso implacable a los consumidores a través de innumerables llamadas de telemarketing no deseadas, tanto a teléfonos fijos como a móviles, una intromisión que se ha convertido en algo habitual en su vida cotidiana".

 

Ahora "se prohíbe a las empresas ponerse en contacto con los consumidores sin su consentimiento previo", afirmó Alice Vilcot, jefa de gabinete de la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude. "Ese consentimiento puede retirarse en cualquier momento".

 

Los ciudadanos pueden denunciar las llamadas no solicitadas a través de Internet

 

El Parlamento aprobó la ley el año pasado. Las llamadas no solicitadas pueden acarrear multas de hasta 375.000 €. Las personas que realicen llamadas ilegales pueden ser multadas con hasta 75.000 € por llamada. Las empresas pueden enfrentarse a multas de hasta 375.000 € por llamada. Los ciudadanos pueden denunciar las llamadas no solicitadas a través de una página web del Gobierno.

 

Hay excepciones. Los consumidores pueden dar su consentimiento para recibir llamadas comerciales, por ejemplo, marcando una casilla de consentimiento en un formulario. Las empresas pueden ponerse en contacto con los clientes para ofrecerles nuevas ofertas comerciales si ya mantienen una relación contractual con ellos.

 

Anteriormente, en Francia, las personas que deseaban evitar las llamadas comerciales tenían que registrar su número en un servicio gestionado por el Gobierno, pero las asociaciones de consumidores señalaron que algunos centros de llamadas ignoraban dicha lista. Vilcot señaló que el año pasado se multó a una empresa con sede en Irlanda con 6 millones de euros por infringir la normativa francesa anterior sobre telemarketing al llamar a personas que figuraban en la lista de exclusión.

 

La ley suscita inquietud en Marruecos

 

Otros países han intentado limitar las llamadas. La vecina Alemania cuenta con una prohibición similar desde 2009.

 

Muchos otros países recurren a sistemas de exclusión voluntaria. En Estados Unidos, los ciudadanos pueden inscribirse en el registro nacional "Do Not Call", que reduce las llamadas comerciales no deseadas; Canadá cuenta con su propia lista "Do Not Call", mientras que el Reino Unido dispone del "Telephone Preference Service". En Gran Bretaña, las empresas que llaman a personas que se han dado de baja pueden ser multadas con casi 600.000 euros por llamada.

 

Por otra parte, la nueva ley francesa ha suscitado preocupación en Marruecos, donde el ministro de Empleo, Younes Sekkouri, afirmó en marzo que entre 40.000 y 50.000 puestos de trabajo estaban en peligro en los centros de atención telefónica del país. Sekkouri señaló que el mercado francés representa más del 80% de los ingresos del sector.


Traducción del artículo original publicado el 6 de agosto de 2026 en el diario francés Le Monde.

domingo, 9 de agosto de 2026

¿Por qué las nacionalizaciones de empresas están volviendo con fuerza en todo el mundo?

El recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en torno al abastecimiento de materias primas y la competencia china están llevando a numerosos Estados a intentar recuperar el control de empresas consideradas esenciales para su soberanía.


Todo un símbolo. En el Reino Unido, la empresa siderúrgica British Steel, privatizada en 1988 por la muy liberal Margaret Thatcher, fue renacionalizada el 16 de julio de 2026. Una decisión tomada para "garantizar el futuro de la producción de acero en el Reino Unido, proteger los puestos de trabajo cualificados y preservar una capacidad nacional vital", según justificó el primer ministro Keir Starmer, unos días antes de que el exalcalde laborista de Mánchester, Andy Burnham, le sucediera en el cargo. Sectores estratégicos clave como el automovilístico, la fabricación de tuberías, la industria ferroviaria o la de defensa dependen, en efecto, del acero.

Desde hace algunos años, se observan intervenciones de los Estados para acudir en ayuda de sectores en dificultades, en particular aquellos que, en Europa, sufren de lleno la competencia china. En febrero de 2024, Italia puso bajo tutela la planta siderúrgica de Tarento del grupo ArcelorMittal, amenazada de cierre, en nombre del "interés estratégico nacional". En Francia, los diputados de La Francia insumisa defienden un proyecto de ley para transferir al sector público la filial francesa de ArcelorMittal, aprobado en junio en la Asamblea Nacional tras haber sido rechazado en el Senado en febrero, con el objetivo de proteger la "soberanía industrial de Francia", salvar puestos de trabajo e invertir en la descarbonización.

 

Esta tendencia no se limita al sector siderúrgico. En el Reino Unido, Andy Burnham abogó, en un discurso pronunciado el 29 de junio, por que el Estado "recupere el control de servicios esenciales como el agua, la vivienda, la energía y el transporte", y defiende la nacionalización de Thames Water, el mayor distribuidor de agua del país, que atraviesa dificultades financieras. En Bélgica, el Gobierno reveló en abril su intención de volver a incorporar a su ámbito de control las centrales nucleares de Engie, mientras que en Francia, EDF fue renacionalizada en 2023.

 

En la revista F & D del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nicholas Mulder, autor de "The Age of Confiscation" ("La era de la confiscación", Allen Lane, 2026, sin traducir), constata que "los Estados están tomando el control de empresas privadas y recursos a un ritmo que no se había registrado en los últimos cincuenta años". Este profesor de Historia de la Universidad de Cornell (Estados Unidos) cuantifica estas adquisiciones de control entre 207.000 y 472.000 millones de euros durante la última década.

 

Hasta en la India

 

Incluso en Estados Unidos, el Partido Republicano ha dado la espalda al liberalismo de la época de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989. Donald Trump explicó, a principios de junio, que no descartaba que el Gobierno estadounidense adquiriera participaciones en el capital de empresas de inteligencia artificial (IA). "Sería, en cierto modo, una asociación con el pueblo estadounidense", declaró, y añadió que este, "al beneficiarse del éxito de la IA, la apreciaría más".

 

OpenAI estaría dispuesta a ceder un 5% de su capital al Gobierno estadounidense, según el diario británico Financial Times, que ofrece la siguiente explicación: "Vender una participación al Estado permitiría mantener buenas relaciones con él, y compartir la riqueza generada por la inteligencia artificial con la población permitiría calmar ciertas críticas". En Estados Unidos, se acusa a los gigantes de la IA de destruir puestos de trabajo y de construir centros de datos que consumen enormes cantidades de agua y electricidad.

 

Estas nacionalizaciones tienen eco incluso en la India, que había iniciado un proceso de liberalización en 1991 tras décadas de una economía gestionada en gran medida por el Estado. En el diario económico Mint, el columnista Rajrishi Singhal señala que "la gestión de los servicios públicos por parte del sector privado parece haber fracasado, y la opinión pública se muestra ahora ampliamente a favor de que los Estados recuperen el control de los mismos".

 

De hecho, si bien la gestión de sectores enteros de la economía por parte de la administración ha sido durante mucho tiempo sinónimo de sobornos y trabas burocráticas, la India ha descubierto, cuatro décadas más tarde, que el sector privado, por sí solo, no garantiza la transparencia ni la eficacia, con casos de manipulación de las cotizaciones bursátiles que sacuden regularmente sus mercados financieros. Y aunque el Estado indio ya no controla la economía, favorece a determinadas empresas, como lo demuestra el ascenso de Gautam Adani, cuyo imperio no ha dejado de expandirse gracias a las concesiones otorgadas por el Gobierno desde la llegada al poder de Narendra Modi en 2014.

 

Cuarta ola

 

El mundo atraviesa, por tanto, su cuarta ola de nacionalizaciones en un siglo, según analiza Nicholas Mulder. La primera se remonta a la Gran Depresión, en la década de 1930, con la toma de conciencia de que el libre mercado no puede autorregularse y que requiere la intervención del Estado. Contribuyó entonces a una "reducción de las inversiones y del comercio en el mundo" y es, según el historiador, el "síntoma de una desintegración económica y financiera a nivel mundial".

 

La segunda oleada tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial: las nacionalizaciones se pusieron al servicio de la planificación económica, primero para organizar el esfuerzo bélico y, después, para reconstruir Europa. La tercera oleada fue desencadenada por la subida de los precios de las materias primas y la crisis del petróleo de 1973. Para aprovechar esta bonanza, los países productores de hidrocarburos pusieron en marcha una oleada de expropiaciones y nacionalizaciones. Entre 1971 y 1980, se nacionalizaron en los países en desarrollo 26.000 millones de dólares en activos propiedad de empresas extranjeras, lo que representaba el 11% de su stock de inversión extranjera directa.

 

A finales de la década de 1980, las recomendaciones conocidas como "el consenso de Washington", acordadas entre Estados Unidos y las grandes instituciones internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, reactivaron las privatizaciones con el objetivo de reducir la deuda pública y promover la liberalización.

 

Siguiendo esta tendencia, Francia privatizó el BNP en 1993, así como la aseguradora UAP y el gigante petrolero Elf Aquitaine en 1994. "Este credo liberal se puso en tela de juicio por primera vez durante la crisis financiera de 2008-2009, cuando se rescató a las empresas de la quiebra gracias al dinero público", afirma Ha-Joon Chang, economista de la Universidad SOAS de Londres (especializada en el estudio de África, Asia y Oriente Medio). Empresas emblemáticas estadounidenses como General Motors o Bank of America fueron entonces nacionalizadas temporalmente. "Este credo se vio posteriormente sacudido durante la pandemia de la COVID-19, cuando los países tomaron conciencia de que dependían de cadenas de suministro globalizadas demasiado frágiles".

 

Instrumentos de soberanía

 

La actual ola de nacionalizaciones es fruto de "la inestabilidad geopolítica, las perturbaciones en los mercados de materias primas y el desarrollo de las energías renovables", añade el historiador Nicholas Mulder. En un mundo en el que las economías se ven atrapadas por las rivalidades (como demuestra el uso que hace Pekín de las restricciones a las exportaciones de tierras raras para presionar a sus rivales), los Estados intentan recuperar el control de activos indispensables para su "seguridad nacional".

 

"Si el argumento geopolítico se utiliza cada vez más en Occidente para justificar las nacionalizaciones, es porque este se siente amenazado por el auge de China", señala Ha-Joon Chang. Este auge de China está estrechamente relacionado con el uso masivo de subvenciones públicas, en forma de préstamos bancarios a tipos de interés preferenciales, desgravaciones fiscales o cesión de terrenos.

 

Tras décadas de liberalización, las empresas vuelven a convertirse en instrumentos de soberanía y palancas de poder al servicio de los Estados. En el verano de 2025, el Gobierno estadounidense anunció que había adquirido una participación del 10% en Intel, un fabricante de chips electrónicos, y del 15% del capital de MP Materials, el gigante de las tierras raras. El acuerdo prevé inversiones de varios miles de millones de dólares en la empresa minera, la compra de su producción a un precio mínimo garantizado y la construcción de una fábrica de imanes en Estados Unidos, utilizados en misiles, radares, aerogeneradores o incluso coches eléctricos.

 

En las fases iniciales de las cadenas de valor, algunos países productores de minerales estratégicos también intentan recuperar el control de sus recursos, con la esperanza de reforzar su soberanía (especialmente frente a China, que ha ampliado su influencia sobre numerosas explotaciones para garantizar su abastecimiento). Pero también para convertirlos en palancas de desarrollo e influencia.

 

Así, en 2025, Mali recuperó el control de dos minas de oro, Yatela y Morila, y en 2026, Mozambique aprobó una ley que establece una participación mínima del 15% del Estado en todos los proyectos mineros, lo que también debe limitar la exportación de minerales en bruto o semitransformados. "A juzgar por las anteriores oleadas de nacionalizaciones del siglo XX, este movimiento va a transformar el panorama económico mundial", predice Nicholas Mulder.


Traducción del artículo original publicado el 8 de agosto de 2026 en el diario francés Le Monde.