La economía de la Eurozona se ralentiza hasta un crecimiento del 0,4% en el tercer trimestre mientras que España crece un 0,6%

La expansión económica en la zona del euro se ralentizó hasta el 0,4% en el tercer trimestre, según informó el viernes la agencia de estadísticas Eurostat.

La zona del euro, compuesta por 21 países, repuntó hasta alcanzar un crecimiento del 0,6% en el segundo trimestre, tras el estancamiento registrado en los tres primeros meses del año.

 

No obstante, la cifra preliminar del tercer trimestre superó el crecimiento del 0,2% previsto en una encuesta a economistas de Reuters.

 

Sin embargo, la economía francesa se contrajo inesperadamente un 0,1% entre julio y septiembre. El país se enfrenta a unos costes de financiación en alza, ya que los inversores se muestran reacios ante la lucha política para reducir su elevado déficit presupuestario y su creciente deuda pública. El mes de octubre también ha traído consigo un creciente malestar a nivel nacional por el coste de la vida y otras cuestiones, que en ocasiones ha degenerado en disturbios violentos y costosos.

Alemania, la mayor economía de la zona del euro, creció solo un 0,2% en el tercer trimestre. El crecimiento de la tercera economía más grande del bloque, Italia, se mantuvo estancado.

España (sacudida recientemente por sus propias protestas masivas contra la subida de los precios y la crisis de la vivienda, lo que ha llevado a la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre) creció un 0,6%. El país sigue superando la media de la Eurozona gracias a la productividad del mercado laboral, un sector turístico sólido, la demanda interna y una situación fiscal relativamente sólida.

Irlanda registró un crecimiento del 5,5%, aunque sus cifras generales del PIB son muy volátiles y están sujetas a revisión debido al gran número de multinacionales con sede en el país pero que operan fuera de él.

La Eurozona muestra una "resiliencia inesperada"

 

El Banco Central Europeo (BCE) decidió el jueves mantener los tipos de interés sin cambios, señalando que el impacto del aumento de los precios de la energía aún no se estaba traduciendo en efectos de segunda ronda en el conjunto de la economía. Sin embargo, los analistas señalaron que el BCE podría optar por una subida más de los tipos en diciembre, dado que los costes energéticos siguen siendo elevados.

El banco central también señaló que habían aumentado los riesgos a la baja para el crecimiento.

La zona del euro está "mostrando una resistencia inesperada en un contexto de considerable incertidumbre económica y geopolítica", afirmó Joe Nellis, director de investigación económica de la firma de contabilidad MHA.

No obstante, advirtió de que esto podría estar enmascarando retos estructurales de larga duración, entre los que se incluyen el débil crecimiento de la productividad y el gasto en inversión, las presiones demográficas y la disminución de la competitividad industrial.

"Las perspectivas para 2027 se ven complicadas por la posibilidad de que aumenten las presiones inflacionistas. A menos que la crisis de Oriente Medio se resuelva en un futuro muy próximo, los costes de la energía y el transporte seguirán aumentando, lo que ejercerá una presión aún mayor sobre el coste de la vida y la economía de los hogares en un momento en el que la confianza de los consumidores es débil".

Traducción del artículo original publicado el 30 de octubre de 2026 en la CNBC.

Alumnos de secundaria y universitarios: el ocaso del macronismo

El actual movimiento de estudiantes de secundaria y universitarios marca el ocaso del macronismo. La juventud pide algo sencillo: recursos para formarse y acceder a una educación de calidad. Al hacerlo, la movilización en curso pone de manifiesto lo que sin duda es el fracaso más evidente del Gobierno actual: una reducción catastrófica y sin precedentes del presupuesto por estudiante, del 20% desde 2017.

En la práctica, esto significa que cientos de miles de jóvenes han trabajado duro para obtener el bachillerato, pero no se ha previsto nada para acogerlos en la educación superior. En concreto, el número de titulados en bachillerato tecnológico y profesional ha aumentado considerablemente, pero las plazas en los IUT y los BTS no han seguido el ritmo, por lo que muchos se ven asignados a carreras universitarias masificadas y menos costosas (y a menudo totalmente inadecuadas para sus necesidades y aspiraciones). El desperdicio humano y económico es gigantesco y pone de manifiesto una ideología profundamente desigualitaria y jerárquica del mundo. Para los macronianos, la prosperidad de las naciones depende de una ultraminoría de innovadores geniales y de los que van a la cabeza: a los demás se les pide que esperen pacientemente a que les llegue la riqueza.

 

La guinda del pastel: la escasez de plazas en la enseñanza superior se ha gestionado con la mayor opacidad posible mediante un algoritmo incomprensible (Parcoursup), a pesar de los repetidos llamamientos de los alumnos, las familias, los profesores y los investigadores para que se cambie el sistema. Todo ello en un contexto marcado por el fiasco de la reforma Blanquer del bachillerato, llevada a cabo en 2019 (con opciones de ramas cada vez más complejas e impredecibles para la orientación futura y horarios con huecos), y por las desigualdades estructurales entre territorios.

 

Los estudios realizados por Asma Benhenda a partir de los registros de nóminas del Ministerio de Educación muestran que la proporción de profesores con contrato temporal o noveles es de apenas un 10% en las zonas más favorecidas (París, Hauts-de-Seine) y alcanza el 50% en los departamentos más pobres (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne). En definitiva, el salario medio por profesor de secundaria es aproximadamente un 20% más bajo en las zonas más pobres que en las más ricas, incluso teniendo en cuenta las (escasas) primas que se abonan en el ámbito de la educación prioritaria.

 

Cuando el ministro de Educación recorre los programas de televisión afirmando que Seine-Saint-Denis está mejor dotada que París, basándose únicamente en el tamaño de las clases e ignorando pura y simplemente las diferencias salariales del profesorado, no hace honor a su cargo. La realidad es que las zonas desfavorecidas tienen clases (un poco) menos numerosas y profesores (mucho) menos formados y con menos experiencia. No es en absoluto seguro que salgan ganando con el cambio.

 

Para justificar la insuficiencia de los recursos educativos, y en particular la caída del gasto por estudiante, el Gobierno y sus partidarios alegan que Francia no dispone de los medios para invertir más. Al hacerlo, cometen un doble error de razonamiento. Es cierto que la deuda pública ha pasado del 20% del PIB en 1970 al 120% actual. Pero, al mismo tiempo, el patrimonio privado ha aumentado mucho más: ha pasado del 300% al 600% del PIB, con una concentración extrema en las mayores fortunas financieras. En otras palabras, el patrimonio nacional de Francia (la suma del patrimonio privado y público, tras deducir las deudas privadas y públicas) nunca ha sido tan elevado, no solo en términos absolutos, sino también como porcentaje del PIB (que, a su vez, nunca ha sido tan alto).

 

En resumen, Francia nunca ha sido tan rica: el problema que debemos resolver es únicamente una cuestión de distribución. La situación era mucho más difícil en 1945, cuando la deuda pública era aún mayor que hoy y los patrimonios privados estaban agotados. Eso no impidió la implantación de un impuesto de solidaridad nacional (ISN) con tipos de varias decenas de puntos porcentuales sobre los patrimonios más elevados, lo que hoy podría reportar ingresos mucho mayores. Quienes repiten una y otra vez que no cabe esperar nada sustancial por ese lado están, sin duda, muy en desacuerdo tanto con las matemáticas como con la historia.

 

El segundo error es aún más grave. Todo el mundo sabe que el gasto en educación y sanidad crecerá más rápido que el PIB en las próximas décadas. Pero, curiosamente, algunos parecen creer que sería más eficaz si se financiara con fondos privados. Sin embargo, todos los datos históricos y comparativos de los que disponemos sugieren, por el contrario, que el sector público, asociativo y sin ánimo de lucro obtiene mejores resultados que la lógica capitalista clásica en numerosos sectores, y en particular en la educación y la sanidad. Reinvertir hoy en estos sectores no es simplemente una cuestión de igualdad entre territorios y entre clases sociales. También es un reto fundamental para avanzar hacia la desmercantilización y la desmaterialización gradual de la economía y, más allá de ello, para construir otro modelo de desarrollo. Esperemos que la movilización actual contribuya a situar estas cuestiones en el centro de las próximas citas electorales.

Traducción del artículo original publicado el 20 de octubre de 2026 en el blog de Thomas Piketty.

Una oportunidad que los partidos progresistas de Europa no deben desperdiciar

Tras unas elecciones tremendamente reñidas en Suecia, los votantes han rechazado la posibilidad de que la extrema derecha llegue al Gobierno. Una posible coalición de centroizquierda debe aprovechar el momento.

Votantes en un colegio electoral situado en el interior del Parlamento sueco, en Estocolmo, el 13 de septiembre de 2026. Fotografía: Zuma Press/Shutterstock

A los progresistas europeos que buscan motivos para el optimismo les ha costado encontrarlos este otoño. En Alemania, el espectacular auge del partido "Alternativa para Alemania" (AfD) amenaza los valores liberales que sustentan la identidad del país. En Francia, las encuestas siguen apuntando a una probable victoria de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales, que se celebrarán dentro de unos meses. En toda Europa continental, los partidos de centroizquierda no logran dar una respuesta adecuada a los movimientos nativistas que se han adueñado de amplios sectores del apoyo de la clase trabajadora en los que antes confiaban.

 

En un panorama político tan ominoso, el resultado de unas reñidas elecciones suecas supone una fuente de optimismo muy necesaria, aunque con importantes salvedades. Antes de las elecciones del domingo pasado, el primer ministro saliente, Ulf Kristersson, dejó claro que, si su alianza de derecha obtenía el mayor número de escaños, invitaría a miembros del partido de extrema derecha Demócratas de Suecia (SD) a formar parte del próximo Gobierno como ministros.

 

Eso habría supuesto el fin oficial de la condición de paria del SD en la política sueca, tras cuatro años en los que sus votos parlamentarios han sostenido al Gobierno en minoría del Sr. Kristersson. En una Europa en la que las barreras y los cordones sanitarios contra la extrema derecha nunca han parecido menos seguros, se habría superado otro umbral significativo.

 

En cambio, los votantes parecen haber otorgado una victoria por un estrecho margen a la líder socialdemócrata, Magdalena Andersson, y al bloque progresista de partidos. La cuota de votos del SD cayó por primera vez desde que inició su andadura política como partido abiertamente neonazi a finales de la década de 1980, y pasó del segundo al tercer puesto, por detrás de los conservadores Moderados.

 

Hasta aquí las buenas noticias. Al igual que en Alemania y Francia, la extrema derecha sueca no ha necesitado llegar al poder para que su agenda se normalizara y se aplicara parcialmente. La dependencia del Sr. Kristersson respecto al SD dio lugar a un Gobierno que se comportó con una crueldad ostentosa hacia los migrantes y que puso en práctica gran parte de su draconiano programa en materia de deportaciones y restricciones a la ciudadanía. La Sra. Andersson ha respondido ofreciendo una versión más moderada del mismo enfoque en materia de inmigración y asilo. Como esto le hizo perder apoyo en la izquierda, su partido registró su porcentaje de votos más bajo en más de un siglo.

 

A menos que los partidos tradicionales más influyentes de la socialdemocracia europea sean más valientes a la hora de intentar cambiar el rumbo del debate político, la extrema derecha seguirá marcando las reglas del juego. El eslogan elegido por el SD para su campaña fue "Hagamos de Suecia Suecia de nuevo" (una variación del habitual lema "Make America Great Again" para subrayar el mensaje etnocéntrico fundamental). Desde la periferia, su retórica se volverá aún más extrema, y la derrota del bloque de derecha ya se está atribuyendo de forma injusta a los votantes nacidos en el extranjero.

 

Si la Sra. Andersson lograra finalmente formar un gobierno de coalición de centroizquierda, debería contrarrestar las fuerzas de la división recurriendo a lo mejor de las tradiciones de su propio partido. El Partido Socialdemócrata dominó históricamente la política sueca a través de la idea del “Folkhemmet”, o “Hogar del Pueblo”, que encarnaba el espíritu inclusivo de una sociedad del bienestar admirada en todo el mundo. Encontrar los recursos y la ambición necesarios para desarrollar una política del bien común igualmente atractiva para el siglo XXI es la tarea urgente de los progresistas, tanto en Suecia como fuera de ella.

Traducción del artículo original publicado el 16 de septiembre de 2026 en el diario británico The Guardian.

Repensar la prosperidad dentro de los límites planetarios

¿Es posible que todos los países alcancen algún día una renta nacional del orden de 5.000 euros mensuales por habitante, un nivel cercano al que se observa actualmente en los países más ricos, al tiempo que se preserva un planeta habitable? Desde la publicación del Informe sobre Justicia Global por parte del Laboratorio sobre Desigualdades Globales, se han celebrado múltiples debates que han permitido precisar los términos de la discusión. En resumen, la acogida ha sido muy positiva en los países del Sur, por ejemplo en la India, pero en ocasiones más crítica en el Norte, sobre todo en los medios de comunicación cercanos a los círculos empresariales. No es de extrañar: el nuevo modelo de desarrollo permite una prosperidad sostenible para todos, pero inevitablemente habrá perdedores entre los más ricos y los que más contaminan del mundo actual.

La nigeriana Lagos, la urbe más poblada de África con alrededor de 24’5 millones de habitantes

Para avanzar, habrá que convencer a las clases populares y medias del Norte y del Sur de que el statu quo es insostenible y conduce a un infierno climático, social y migratorio. Tras un verano marcado por fenómenos extremos y destrucción, quizá las conciencias empiecen a evolucionar, pero la batalla intelectual y política será dura. Para salir de las contradicciones actuales, hay que replantearse la prosperidad respetando los límites planetarios, al tiempo que se pone en marcha un verdadero programa de acción a escala local, nacional y mundial.

Primer punto: hay que tomar conciencia de la inmensidad de las necesidades de inversión en energías renovables a escala mundial. Si los países del Sur se enriquecen consumiendo tanta energía fósil como se ha hecho en el Norte, el planeta se quemará.

Segundo punto: aunque se lleve a cabo a muy gran escala, la transformación de los sistemas energéticos no será suficiente. Limitar el calentamiento a menos de 2 grados exige sobriedad, definida como una transformación estructural de la economía destinada a reducir su huella material.

Esto pasa por continuar con la reducción histórica de la jornada laboral, un cambio en los hábitos alimenticios que permita una reforestación a gran escala y una fuerte disminución del peso de los sectores materiales en la economía. Nadie necesita, para ser feliz, pasar el tiempo renovando su ropa desechable o su smartphone de última generación.

La educación, la salud y la cultura aportan un bienestar a la vez más real y más sostenible: tres veces menos insumos materiales y emisiones de carbono por euro de PIB que la industria, la construcción o la agricultura intensiva. Y, contrariamente a una creencia muy extendida, la desmaterialización de la economía no se producirá por sí sola: expresada en volumen, la cuota de los sectores materiales en el PIB mundial se ha mantenido estable en el 53% entre 1970 y 2025. Al igual que las energías, los volúmenes de bienes materiales se amontonan y se acumulan, sin sustituirse unos a otros.

Para cambiar de rumbo y llevar a cabo las transformaciones necesarias (energía, educación, salud), los recursos que hay que movilizar son considerables: alrededor del 10% del PIB mundial al año hasta 2050. Será necesario que los más ricos contribuyan y reducir drásticamente las desigualdades, con una escala de ingresos que podría oscilar entre 1 y 5 dentro de cada país (por ejemplo, de 2.000 a 10.000 euros mensuales, con una renta media de 5.000 euros al mes por habitante), y una escala de patrimonio que vaya del 1 al 10 (de 100.000 euros a 1 millón, con una media de 200.000 euros por habitante). La experiencia histórica demuestra que estas diferencias podrían reducirse aún más gracias a la movilización sindical y ciudadana, lo que permitiría aumentar la participación de todas y todos.

 

Lo esencial es que dicha transformación debe ir de la mano de la democracia económica, la autogestión, la igualdad política y territorial y la desmercantilización. En particular, los 5.000 euros mensuales por habitante no deben considerarse como una renta puramente monetaria. También incluyen el valor de los servicios no comerciales accesibles para todos, de forma gratuita o a bajo coste: educación, sanidad, cultura, transporte y, quizás en el futuro, la alimentación procedente de la producción local y sostenible, tal y como proponen numerosas asociaciones y colectividades reunidas en torno a la idea de la seguridad alimentaria social.

 

Sin duda, este es el punto más importante: cada país puede avanzar desde ya en esta dirección, tanto a escala local como nacional, sin esperar a que haya unanimidad entre los países. Por ejemplo, Francia podría decidir, a partir de 2027, la creación de un fondo soberano que permita reorientar la inversión y poner en marcha un amplio plan de desarrollo de los servicios públicos, todo ello financiado mediante un impuesto de solidaridad nacional que grave a los más ricos (a semejanza del impuesto de solidaridad nacional de 1945).

 

Al forjar coaliciones más amplias con países del Norte y del Sur, los recursos movilizados podrían ser aún mayores y permitir financiar la descarbonización y el desarrollo a escala mundial, al tiempo que se incrementan los recursos disponibles a escala local y nacional. En los últimos años se han formulado numerosas propuestas concretas en favor de la justicia social y climática, en particular procedentes de Brasil y Sudáfrica. La iniciativa de Bridgetown, respaldada entre otros por la Comunidad del Caribe y la Unión Africana, se basa también en propuestas de reforma del sistema monetario internacional para financiar el desarrollo.

 

Los países ricos deben comprender que estas propuestas no se oponen a sus propias iniciativas, sino que, por el contrario, pueden servir para complementarlas y avanzar juntos más allá. Una cosa es segura: nada se podrá lograr si no se sitúa por fin la cuestión de las desigualdades y las clases sociales en el centro de las políticas climáticas y del nuevo modelo de desarrollo.

Traducción del artículo original publicado el 15 de septiembre de 2026 en el blog oficial de Thomas Piketty.

"Cerraremos el año con un crecimiento del PIB cinco veces superior al de Italia" ¿Qué dijo Sánchez en la reunión del PSOE?

Tras un verano de enfrentamientos diplomáticos con Roma por la crisis de Ceuta (que llegó incluso a la suspensión del acuerdo de Schengen) y, en general, por la gestión de los flujos migratorios, el presidente del Gobierno español se toma la revancha frente a Giorgia Meloni.

"La renta real de las familias ha aumentado 9 puntos desde el inicio de la pandemia; ha crecido el doble que en Francia y el triple que en Alemania. Y terminaremos el año con un crecimiento cinco veces superior al de Italia, cuatro veces superior al de Alemania y tres veces superior al de Francia". Tras un verano de enfrentamientos diplomáticos con Roma por la crisis de Ceuta (que llegó incluso a la suspensión del acuerdo de Schengen) y, en general, por la gestión de los flujos migratorios, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la reunión interparlamentaria del PSOE, se toma la revancha frente a Giorgia Meloni haciendo "publicidad comparativa" de su Gobierno ante los diputados y senadores socialistas y anuncia las prioridades de su Ejecutivo para el nuevo año de la legislatura.

Tras las cifras récord sobre el empleo femenino y la "creación de 1,5 millones de puestos de trabajo" desde el inicio de la legislatura en 2018, afirma: "Lo que ahora hace falta es, sin duda, consolidar este crecimiento económico con más derechos y una distribución equitativa, porque la desigualdad sigue siendo el principal talón de Aquiles de nuestra economía". Entre las reformas ya iniciadas y que se están debatiendo en el Congreso y que deben llevarse a buen término se encuentran la introducción del derecho al aborto en la Constitución, la reducción del número de alumnos por clase en los colegios, la tipificación como delito de las terapias de conversión para personas homosexuales y la ley sobre la protección de los menores en los entornos digitales. Al referirse a la situación en Ceuta, donde aún permanecen unos 5.000 migrantes, según los datos difundidos por el Gobierno español, el presidente Pedro Sánchez ha afirmado que "quien tenga derecho al asilo lo obtendrá y quien no lo tenga será repatriado". El líder socialista está interviniendo en la reunión de diputados y senadores de su partido, el PSOE, con motivo del inicio del nuevo año legislativo.

En el ámbito económico, el objetivo es conseguir aprobar la ley de presupuestos de 2027, a pesar de que durante tres años no lo haya logrado y haya tenido que prorrogar la de 2023. La prioridad absoluta será "la vivienda", asegura el primer ministro. "Será, una vez más, un presupuesto con la mayor asignación de inversiones sociales de la historia y con el rigor fiscal que caracteriza a nuestra administración", anunciando que también incluirá fondos para la cooperación al desarrollo.

Traducción del artículo original publicado el 7 de septiembre de 2026 en el diario italiano Il Fatto Quotidiano.

Francia está a punto de perder el título de país más visitado del mundo en favor de España

Con la Torre Eiffel, los viñedos y una impresionante oferta de museos, no es de extrañar que Francia atraiga a millones de turistas.

En 2025, el país batió récords turísticos y se convirtió en el país más visitado del mundo, con 102 millones de visitantes internacionales.

Pero, según un nuevo estudio de Deloitte y Google, Francia está a punto de perder su título y ser sustituida por un destino que es uno de los favoritos de los británicos para las vacaciones de verano.

Se prevé que, para 2040, España ocupe el primer puesto con 110 millones de visitantes extranjeros, relegando a Francia al segundo lugar con una previsión de 105 millones.

Se prevé que España, un destino muy apreciado por los británicos que acuden en masa a pasar sus vacaciones en lugares como Benidorm (en la imagen), se convierta en el país más visitado del mundo para 2040.

Esto supondría un gran salto para España, ya que el país recibió 97 millones de visitantes el año pasado, lo que supuso un récord histórico según el Instituto Nacional de Estadística.

Se prevé que Estados Unidos sea el tercer país más visitado en 2040, seguido de China y México.

El estudio reveló que los países europeos atraerán la mayor parte de los turistas entre 2019 y 2040, lo que supondrá un incremento de más de 362 millones de visitantes.

Se prevé que, en el futuro, el número de viajes siga aumentando hasta alcanzar los 2.400 millones en 2040.

La noticia de la afluencia prevista de visitantes a España puede que no sorprenda a algunos, ya que este destino europeo lleva mucho tiempo siendo muy popular entre los británicos.

Según informa Travel Gossip, nada menos que 19,1 millones de residentes del Reino Unido visitaron el país en 2025, con un gasto de casi 24.000 millones de euros. Multitudes acuden en masa a lugares como Benidorm y Barcelona.

Sin embargo, el destino ha estado luchando contra el exceso de turismo en los últimos años. A principios de este mes, miles de manifestantes salieron a las calles de Mallorca para protestar contra este problema.

Los vecinos se quejaron del aumento de los costes de la vivienda debido a los alquileres vacacionales o a las segundas residencias de ciudadanos extranjeros, así como de la congestión en pueblos y localidades que antes eran tranquilos.

Uno de los manifestantes sostenía una pancarta en la que se leía en inglés: "No más segundas residencias mientras los locales no puedan permitírselas".

Y el mes pasado, los grupos antiturísticos de Mallorca se enfrentaron a una fuerte reacción tras publicar unas directrices en las que animaban a los manifestantes a actuar contra las empresas del sector turístico.

Los colectivos Menys Turisme, Més Vida (cuyo nombre se traduce como "Menos turismo, más vida") y Arran Mallorca han publicado un "Manual de acción contra la turistificación".

La guía detalla cómo los simpatizantes pueden identificar posibles objetivos de "acción directa no violenta" contra lo que, según afirman, es "un sistema que nos está asfixiando". Se señalaban las señales turísticas, las agencias inmobiliarias y los hoteles como posibles lugares contra los que actuar, con consejos que incluían sugerencias para bloquear las cajas de llaves de los alquileres vacacionales.

Se recomendaba a los manifestantes que planificaran rutas de huida, exploraran la zona antes de acercarse y evitaran las cámaras de seguridad, según informa el Majorca Daily Bulletin.

También se mencionaban consejos sobre la vestimenta, instando a los miembros del movimiento antiturístico a cubrirse el rostro y llevar ropa holgada de colores oscuros.

Traducción del artículo original publicado el 24 de agosto de 2026 en el diario británico Daily Mail.

Francia prohibirá las llamadas de telemarketing no solicitadas a partir del 11 de agosto

Tras un llamamiento conjunto de 11 asociaciones de consumidores, el Parlamento francés ha aprobado una ley para imponer multas a las personas o empresas que realicen llamadas de marketing no solicitadas, que podrán denunciarse a través de una página web pública.

Francia prohibirá las llamadas de telemarketing no solicitadas a partir de la próxima semana, en virtud de una nueva ley destinada a proteger a los consumidores de las técnicas de venta intrusivas y a salvaguardar a las personas vulnerables frente a las prácticas comerciales fraudulentas. La ley, respaldada por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron, entrará en vigor el martes 11 de agosto.

 

El Gobierno afirma que la ley es una respuesta a años de quejas de los consumidores. Las autoridades estiman que alrededor de tres cuartas partes de la población francesa recibe al menos una llamada comercial no solicitada cada semana, y muchos reciben más. En 2024, once organizaciones de consumidores hicieron un llamamiento conjunto a favor de la prohibición, denunciando "el acoso implacable a los consumidores a través de innumerables llamadas de telemarketing no deseadas, tanto a teléfonos fijos como a móviles, una intromisión que se ha convertido en algo habitual en su vida cotidiana".

 

Ahora "se prohíbe a las empresas ponerse en contacto con los consumidores sin su consentimiento previo", afirmó Alice Vilcot, jefa de gabinete de la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude. "Ese consentimiento puede retirarse en cualquier momento".

 

Los ciudadanos pueden denunciar las llamadas no solicitadas a través de Internet

 

El Parlamento aprobó la ley el año pasado. Las llamadas no solicitadas pueden acarrear multas de hasta 375.000 €. Las personas que realicen llamadas ilegales pueden ser multadas con hasta 75.000 € por llamada. Las empresas pueden enfrentarse a multas de hasta 375.000 € por llamada. Los ciudadanos pueden denunciar las llamadas no solicitadas a través de una página web del Gobierno.

 

Hay excepciones. Los consumidores pueden dar su consentimiento para recibir llamadas comerciales, por ejemplo, marcando una casilla de consentimiento en un formulario. Las empresas pueden ponerse en contacto con los clientes para ofrecerles nuevas ofertas comerciales si ya mantienen una relación contractual con ellos.

 

Anteriormente, en Francia, las personas que deseaban evitar las llamadas comerciales tenían que registrar su número en un servicio gestionado por el Gobierno, pero las asociaciones de consumidores señalaron que algunos centros de llamadas ignoraban dicha lista. Vilcot señaló que el año pasado se multó a una empresa con sede en Irlanda con 6 millones de euros por infringir la normativa francesa anterior sobre telemarketing al llamar a personas que figuraban en la lista de exclusión.

 

La ley suscita inquietud en Marruecos

 

Otros países han intentado limitar las llamadas. La vecina Alemania cuenta con una prohibición similar desde 2009.

 

Muchos otros países recurren a sistemas de exclusión voluntaria. En Estados Unidos, los ciudadanos pueden inscribirse en el registro nacional "Do Not Call", que reduce las llamadas comerciales no deseadas; Canadá cuenta con su propia lista "Do Not Call", mientras que el Reino Unido dispone del "Telephone Preference Service". En Gran Bretaña, las empresas que llaman a personas que se han dado de baja pueden ser multadas con casi 600.000 euros por llamada.

 

Por otra parte, la nueva ley francesa ha suscitado preocupación en Marruecos, donde el ministro de Empleo, Younes Sekkouri, afirmó en marzo que entre 40.000 y 50.000 puestos de trabajo estaban en peligro en los centros de atención telefónica del país. Sekkouri señaló que el mercado francés representa más del 80% de los ingresos del sector.

Traducción del artículo original publicado el 6 de agosto de 2026 en el diario francés Le Monde.

¿Por qué las nacionalizaciones de empresas están volviendo con fuerza en todo el mundo?

El recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en torno al abastecimiento de materias primas y la competencia china están llevando a numerosos Estados a intentar recuperar el control de empresas consideradas esenciales para su soberanía.

Todo un símbolo. En el Reino Unido, la empresa siderúrgica British Steel, privatizada en 1988 por la muy liberal Margaret Thatcher, fue renacionalizada el 16 de julio de 2026. Una decisión tomada para "garantizar el futuro de la producción de acero en el Reino Unido, proteger los puestos de trabajo cualificados y preservar una capacidad nacional vital", según justificó el primer ministro Keir Starmer, unos días antes de que el exalcalde laborista de Mánchester, Andy Burnham, le sucediera en el cargo. Sectores estratégicos clave como el automovilístico, la fabricación de tuberías, la industria ferroviaria o la de defensa dependen, en efecto, del acero.

Desde hace algunos años, se observan intervenciones de los Estados para acudir en ayuda de sectores en dificultades, en particular aquellos que, en Europa, sufren de lleno la competencia china. En febrero de 2024, Italia puso bajo tutela la planta siderúrgica de Tarento del grupo ArcelorMittal, amenazada de cierre, en nombre del "interés estratégico nacional". En Francia, los diputados de La Francia insumisa defienden un proyecto de ley para transferir al sector público la filial francesa de ArcelorMittal, aprobado en junio en la Asamblea Nacional tras haber sido rechazado en el Senado en febrero, con el objetivo de proteger la "soberanía industrial de Francia", salvar puestos de trabajo e invertir en la descarbonización.

 

Esta tendencia no se limita al sector siderúrgico. En el Reino Unido, Andy Burnham abogó, en un discurso pronunciado el 29 de junio, por que el Estado "recupere el control de servicios esenciales como el agua, la vivienda, la energía y el transporte", y defiende la nacionalización de Thames Water, el mayor distribuidor de agua del país, que atraviesa dificultades financieras. En Bélgica, el Gobierno reveló en abril su intención de volver a incorporar a su ámbito de control las centrales nucleares de Engie, mientras que en Francia, EDF fue renacionalizada en 2023.

 

En la revista F & D del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nicholas Mulder, autor de "The Age of Confiscation" ("La era de la confiscación", Allen Lane, 2026, sin traducir), constata que "los Estados están tomando el control de empresas privadas y recursos a un ritmo que no se había registrado en los últimos cincuenta años". Este profesor de Historia de la Universidad de Cornell (Estados Unidos) cuantifica estas adquisiciones de control entre 207.000 y 472.000 millones de euros durante la última década.

 

Hasta en la India

 

Incluso en Estados Unidos, el Partido Republicano ha dado la espalda al liberalismo de la época de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989. Donald Trump explicó, a principios de junio, que no descartaba que el Gobierno estadounidense adquiriera participaciones en el capital de empresas de inteligencia artificial (IA). "Sería, en cierto modo, una asociación con el pueblo estadounidense", declaró, y añadió que este, "al beneficiarse del éxito de la IA, la apreciaría más".

 

OpenAI estaría dispuesta a ceder un 5% de su capital al Gobierno estadounidense, según el diario británico Financial Times, que ofrece la siguiente explicación: "Vender una participación al Estado permitiría mantener buenas relaciones con él, y compartir la riqueza generada por la inteligencia artificial con la población permitiría calmar ciertas críticas". En Estados Unidos, se acusa a los gigantes de la IA de destruir puestos de trabajo y de construir centros de datos que consumen enormes cantidades de agua y electricidad.

 

Estas nacionalizaciones tienen eco incluso en la India, que había iniciado un proceso de liberalización en 1991 tras décadas de una economía gestionada en gran medida por el Estado. En el diario económico Mint, el columnista Rajrishi Singhal señala que "la gestión de los servicios públicos por parte del sector privado parece haber fracasado, y la opinión pública se muestra ahora ampliamente a favor de que los Estados recuperen el control de los mismos".

 

De hecho, si bien la gestión de sectores enteros de la economía por parte de la administración ha sido durante mucho tiempo sinónimo de sobornos y trabas burocráticas, la India ha descubierto, cuatro décadas más tarde, que el sector privado, por sí solo, no garantiza la transparencia ni la eficacia, con casos de manipulación de las cotizaciones bursátiles que sacuden regularmente sus mercados financieros. Y aunque el Estado indio ya no controla la economía, favorece a determinadas empresas, como lo demuestra el ascenso de Gautam Adani, cuyo imperio no ha dejado de expandirse gracias a las concesiones otorgadas por el Gobierno desde la llegada al poder de Narendra Modi en 2014.

 

Cuarta ola

 

El mundo atraviesa, por tanto, su cuarta ola de nacionalizaciones en un siglo, según analiza Nicholas Mulder. La primera se remonta a la Gran Depresión, en la década de 1930, con la toma de conciencia de que el libre mercado no puede autorregularse y que requiere la intervención del Estado. Contribuyó entonces a una "reducción de las inversiones y del comercio en el mundo" y es, según el historiador, el "síntoma de una desintegración económica y financiera a nivel mundial".

 

La segunda oleada tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial: las nacionalizaciones se pusieron al servicio de la planificación económica, primero para organizar el esfuerzo bélico y, después, para reconstruir Europa. La tercera oleada fue desencadenada por la subida de los precios de las materias primas y la crisis del petróleo de 1973. Para aprovechar esta bonanza, los países productores de hidrocarburos pusieron en marcha una oleada de expropiaciones y nacionalizaciones. Entre 1971 y 1980, se nacionalizaron en los países en desarrollo 26.000 millones de dólares en activos propiedad de empresas extranjeras, lo que representaba el 11% de su stock de inversión extranjera directa.

 

A finales de la década de 1980, las recomendaciones conocidas como "el consenso de Washington", acordadas entre Estados Unidos y las grandes instituciones internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, reactivaron las privatizaciones con el objetivo de reducir la deuda pública y promover la liberalización.

 

Siguiendo esta tendencia, Francia privatizó el BNP en 1993, así como la aseguradora UAP y el gigante petrolero Elf Aquitaine en 1994. "Este credo liberal se puso en tela de juicio por primera vez durante la crisis financiera de 2008-2009, cuando se rescató a las empresas de la quiebra gracias al dinero público", afirma Ha-Joon Chang, economista de la Universidad SOAS de Londres (especializada en el estudio de África, Asia y Oriente Medio). Empresas emblemáticas estadounidenses como General Motors o Bank of America fueron entonces nacionalizadas temporalmente. "Este credo se vio posteriormente sacudido durante la pandemia de la COVID-19, cuando los países tomaron conciencia de que dependían de cadenas de suministro globalizadas demasiado frágiles".

 

Instrumentos de soberanía

 

La actual ola de nacionalizaciones es fruto de "la inestabilidad geopolítica, las perturbaciones en los mercados de materias primas y el desarrollo de las energías renovables", añade el historiador Nicholas Mulder. En un mundo en el que las economías se ven atrapadas por las rivalidades (como demuestra el uso que hace Pekín de las restricciones a las exportaciones de tierras raras para presionar a sus rivales), los Estados intentan recuperar el control de activos indispensables para su "seguridad nacional".

 

"Si el argumento geopolítico se utiliza cada vez más en Occidente para justificar las nacionalizaciones, es porque este se siente amenazado por el auge de China", señala Ha-Joon Chang. Este auge de China está estrechamente relacionado con el uso masivo de subvenciones públicas, en forma de préstamos bancarios a tipos de interés preferenciales, desgravaciones fiscales o cesión de terrenos.

 

Tras décadas de liberalización, las empresas vuelven a convertirse en instrumentos de soberanía y palancas de poder al servicio de los Estados. En el verano de 2025, el Gobierno estadounidense anunció que había adquirido una participación del 10% en Intel, un fabricante de chips electrónicos, y del 15% del capital de MP Materials, el gigante de las tierras raras. El acuerdo prevé inversiones de varios miles de millones de dólares en la empresa minera, la compra de su producción a un precio mínimo garantizado y la construcción de una fábrica de imanes en Estados Unidos, utilizados en misiles, radares, aerogeneradores o incluso coches eléctricos.

 

En las fases iniciales de las cadenas de valor, algunos países productores de minerales estratégicos también intentan recuperar el control de sus recursos, con la esperanza de reforzar su soberanía (especialmente frente a China, que ha ampliado su influencia sobre numerosas explotaciones para garantizar su abastecimiento). Pero también para convertirlos en palancas de desarrollo e influencia.

 

Así, en 2025, Mali recuperó el control de dos minas de oro, Yatela y Morila, y en 2026, Mozambique aprobó una ley que establece una participación mínima del 15% del Estado en todos los proyectos mineros, lo que también debe limitar la exportación de minerales en bruto o semitransformados. "A juzgar por las anteriores oleadas de nacionalizaciones del siglo XX, este movimiento va a transformar el panorama económico mundial", predice Nicholas Mulder.

Traducción del artículo original publicado el 8 de agosto de 2026 en el diario francés Le Monde.