Con antiguos ministros y figuras destacadas de los partidos llevados ante los tribunales, el país se enfrenta una vez más al legado sin resolver de la corrupción política y los acuerdos turbios a puerta cerrada
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| El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz llega al juzgado para su juicio. Fotografía: Javier Lizón/EPA |
La Semana Santa no habrá sido precisamente un momento de celebración para los dos principales partidos políticos de España. En una ironía del destino judicial, tanto el PSOE, actualmente en el poder, como el PP, de tendencia conservadora, se preparan para afrontar dos juicios de gran repercusión mediática en los que están implicados antiguos dirigentes de ambos partidos y que han dado comienzo esta semana en Madrid.
Aunque muy diferentes entre sí, ambos casos pueden socavar gravemente las afirmaciones de ambos partidos de tener tolerancia cero con la corrupción, justo cuando los votantes de Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, se preparan para las elecciones autonómicas del mes que viene. A estas les seguirán las elecciones generales del año que viene.
¿De qué se tratan estos casos? ¿Y por qué son importantes? La cúpula del PSOE, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguirá muy de cerca los acontecimientos en el Tribunal Supremo, donde ayer por la mañana comenzó el llamado "caso Koldo" (apodado así por uno de los acusados, pero también conocido como el "caso mascarillas").
El antiguo mano derecha de Sánchez, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, está acusado (junto con su antiguo colaborador Koldo García y el empresario Víctor de Aldama) de recibir comisiones ilegales en contratos públicos de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19. Ábalos y García, que niegan todos los cargos, se enfrentan a penas de 24 y 19 años respectivamente, mientras que Aldama, que ya ha admitido su participación en la presunta trama, se enfrenta a una pena de siete años.
El juicio es uno de los varios escándalos que han salpicado al Gobierno de Sánchez y a su círculo más cercano en los últimos meses. Aunque el propio presidente no ha sido acusado de ningún delito, tanto su esposa, Begoña Gómez, como su hermano, David Sánchez, han sido investigados a raíz de denuncias presentadas por el grupo de presión Manos Limpias, un autodenominado sindicato con vínculos de extrema derecha que tiene un largo historial de utilizar los tribunales para perseguir objetivos políticos.
Gómez está a la espera de juicio por acusaciones de que utilizó su influencia como esposa del presidente del Gobierno para conseguir patrocinadores para un máster universitario que dirigía y de que utilizó fondos públicos para pagar a su asistente por ayudarla en asuntos personales. David Sánchez se enfrentará a juicio el próximo mes por las acusaciones de que el ayuntamiento de Badajoz, de gobierno socialista, le concedió un puesto a medida en julio de 2017, cuando su hermano era el líder nacional del PSOE pero aún no era presidente del Gobierno. Gómez y David Sánchez han negado cualquier irregularidad. El presidente del Gobierno (quien ha afirmado que su familia ha sido víctima de una "operación de acoso e intimidación") ha insistido en que ninguno de los dos ha cometido delito alguno.
Sin embargo, cualquier insinuación de corrupción y amiguismo resulta perjudicial para un presidente del Gobierno que asumió el cargo prometiendo "acabar con este thriller de corrupción en el que el Partido Popular ha sumido a nuestra política".
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| El exministro José Luis Ábalos se enfrenta a un juicio por presunta corrupción. Fotografía: JJ Guillen/EPA |
Fue precisamente el tema de la corrupción lo que aupó a Sánchez al poder hace casi ocho años. Consciente de la magnitud de la indignación pública tras descubrirse que el PP se había beneficiado de un sistema ilegal de sobornos a cambio de contratos en el llamado caso Gürtel, Sánchez apostó por una moción de censura para derrocar al Gobierno del PP de Mariano Rajoy. La apuesta dio sus frutos y Sánchez ha desafiado las expectativas al permanecer en la Moncloa desde entonces.
La oposición en el punto de mira
Aunque el PP ha intentado sacar partido de la sucesión de escándalos y recordar a los españoles la antigua cercanía de Sánchez con Ábalos, su regodeo se ha visto frenado por el hecho de que es probable que también tenga que pasar por un momento embarazoso ante los tribunales en los próximos días.
El lunes, Jorge Fernández Díaz, que fue ministro del Interior de Rajoy entre 2011 y 2016, compareció ante la Audiencia Nacional, el máximo tribunal penal de España, acusado de espiar presuntamente a Luis Bárcenas, un antiguo tesorero del PP que había amenazado con sacar a la luz la corrupción dentro del partido.
Fernández Díaz, que niega tener conocimiento alguno de un complot para espiar a Bárcenas, está acusado de delitos que incluyen malversación, ocultación y violación de la intimidad, y se enfrenta a una pena de 15 años de prisión si es declarado culpable.
Fernández Díaz y otros antiguos altos cargos del Ministerio del Interior están acusados de llevar a cabo una operación extrajudicial para espiar a Bárcenas con el fin de garantizar que los detalles de la financiación ilegal del PP no salieran a la luz después de que este fuera puesto en prisión preventiva en 2013 acusado de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Bárcenas, un estrecho colaborador de Rajoy que ocupó el cargo de tesorero del PP hasta 2009, fue finalmente condenado en 2018 a 33 años de cárcel por fraude y blanqueo de capitales. Ha afirmado en repetidas ocasiones que altos cargos del partido tenían conocimiento de las aportaciones ilegales al PP. En una entrevista concedida a El Mundo este fin de semana, Bárcenas afirmó que, en su opinión, una operación de espionaje "de esta naturaleza no podría haberse llevado a cabo sin el conocimiento de las más altas instancias del partido".
En julio de 2017, Rajoy se convirtió en el primer presidente del Gobierno en ejercicio en testificar en un proceso penal, cuando fue llamado a declarar en el juicio de Gürtel sobre su etapa como vicesecretario general del PP. Rajoy negó rotundamente tener conocimiento alguno de una trama de financiación ilegal dentro del PP y afirmó que sus funciones durante el periodo en cuestión eran exclusivamente políticas y no financieras. Está previsto que declare en el juicio contra Fernández Díaz, al igual que María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP.
Como era de esperar, el PP espera mantener la atención centrada en Ábalos y compañía, mientras que el Gobierno busca hacer alarde de sus logros.
"Esta va a ser una semana muy larga para [el Gobierno]", declaró el lunes un portavoz del PP. "Este es un juicio que demostrará quién es el culpable de un caso de corrupción que los españoles vivimos en tiempo real".
Mientras tanto, el presidente del Gobierno (cuya firme oposición a la guerra de Donald Trump en Irán le ha valido elogios en todo el mundo) ha aprovechado la ocasión para destacar que España acaba de superar los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social por primera vez en su historia.
"Sois vosotros quienes impulsáis, conducís y construís este país", afirmó. "Sois un equipo que está haciendo historia".
Sin embargo, los mensajes políticos tienen un alcance limitado, y hay mucho en juego en los veredictos que finalmente dicten el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Como demostraron los acontecimientos de 2018, tanto el PP como el PSOE saben muy bien lo mucho que puede influir el resultado de un solo proceso judicial.
Traducción del artículo original publicado el 8 de abril de 2026 en el diario británico The Guardian.












