"España Crece": cómo se prepara España para el fin de los fondos europeos tras la COVID-19

Gran beneficiario de los fondos europeos post-Covid, el país apuesta por un nuevo fondo soberano, bautizado como "España Crece", para mantener su impulso económico y atraer a los inversores.

¿Sobrevivirá el vigor del crecimiento español al fin de los fondos europeos post-Covid? Mientras Madrid se prepara para cobrar los últimos tramos de financiación llegados de Bruselas, algunos comienzan a preguntarse si el impulso ibérico se está agotando. España ha sido sin duda uno de los grandes beneficiarios, por detrás de Italia, del plan de reactivación europeo, que ha permitido desplegar, desde 2021, los fondos Next Generation EU. La distribución le ha dado acceso a una dotación de 163.000 millones, de los cuales 80.000 millones son ayudas directas y 83.000 millones son créditos.

España ha salido de la pandemia con un entusiasmo que, por el momento, no parece decaer, a pesar de los bloqueos políticos relacionados con la debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez. (Ilustración de Pascal Garnier para "Les Echos").

Tras las dudas relacionadas con la lentitud en la puesta en marcha del plan y los obstáculos administrativos de todo tipo, el resultado está ahí. En cinco meses, el país ha recibido 80 000 millones de ayudas directas y ha obtenido 20 000 millones de créditos. Ha aplicado el 80 % de las reformas prometidas a Bruselas y se están llevando a cabo grandes proyectos de modernización, con la doble transformación verde y digital como ejes rectores. España ha salido de la pandemia con un ímpetu que, por el momento, no parece decaer, a pesar de los bloqueos políticos relacionados con la debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez, que se suman a la incertidumbre de las elecciones europeas y a los riesgos geopolíticos internacionales. El país cerró 2025 con un crecimiento del 2,8%, que debería avanzar un 2,3% este año, según las últimas previsiones del FMI, y se confirma como la más dinámica de las grandes economías de la zona euro. Los inversores internacionales han convertido la península ibérica en uno de sus destinos preferidos, y el fondo estadounidense BlackRock señala a España como uno de sus tres grandes objetivos a escala mundial. 

 

Esto se debe, en particular, al intenso desarrollo de las energías renovables, que permite acceder a una electricidad a buen precio, y al auge de nuevos polos de actividad innovadores, en torno a las gigafábricas de baterías, la producción de hidrógeno verde o las fábricas de semiconductores. 

 

Los inversores internacionales han convertido a España en uno de sus destinos preferidos.

 

Queda por ver qué sucederá cuando la lluvia de subvenciones europeas llegue oficialmente a su fin, el próximo mes de agosto. Manuel Hidalgo, miembro del Centro de Investigación en Política Económica de Esade, relativiza el impacto de los fondos Next Generation, independientemente de lo que se piense. Según él, solo han desempeñado un papel marginal en la recuperación del crecimiento español de los últimos años, ya que en cinco años apenas han representado el 6% del PIB anual del país. 

 

Economía más cualificada 

 

Para él, atribuir la buena salud de la economía española a la ayuda de Bruselas sería una simplificación. "Aún no se han ejecutado todos los fondos y es demasiado pronto para evaluar su impacto en la economía real", insiste. Aunque se observa un avance hacia una economía más cualificada y una mejor valorización de las competencias, por el momento es difícil saber si los fondos tienen algo que ver con ello y en qué medida se traducen en ganancias de productividad. Sin embargo, sobre el papel, el plan era claro desde el principio: las ayudas de Bruselas iban a impulsar la gran modernización de la economía del país, que hasta ahora se había apoyado demasiado en actividades de bajo valor añadido, como el turismo o la construcción. En la práctica, esto es menos evidente. Sin duda, los sectores innovadores han experimentado un auge, pero sin el efecto multiplicador prometido, ya que no se han resuelto los problemas de disparidad territorial y las dificultades de las pequeñas empresas, que constituyen la mayor parte del tejido económico del país, señala Raymond Torres, director de coyuntura económica de la Fundación Funcas. 

 

Renunciar al 75% de los préstamos 

 

“Aunque los fondos han tenido un efecto multiplicador, las reformas no han tenido el impacto disruptivo esperado”, subraya, atribuyendo este fracaso, por un lado, a defectos en el diseño del programa en una fase previa y, por otro, a la pesadez de la burocracia española. La idea de dar prioridad a dos grandes ejes de intervención, la energía y la tecnología, era bienintencionada, pero resultó que había otras inversiones prioritarias, especialmente en el ámbito de la vivienda o las infraestructuras. Sin duda, habría sido preferible disponer de fondos con un despliegue más horizontal. Mientras que Madrid ha logrado desbloquear la totalidad de las subvenciones directas previstas en el programa de reactivación europeo, el Ministerio de Economía ha sorprendido al decidir renunciar al 75% de los préstamos previstos por Bruselas. 

 

De este modo, renuncia a los cerca de 60.000 millones de euros disponibles en préstamos, asegurando que la buena salud del país le permite financiarse a tipos más bajos, con la gran ventaja de escapar del laberinto administrativo de Bruselas. Pero el Gobierno español va más allá y prepara el futuro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 15 de enero la creación de un nuevo instrumento de financiación que tomará el relevo del plan de reactivación. Bautizado como "España crece", se trata de un fondo soberano diseñado para mantener y transformar el impulso transformador del plan de reactivación más allá de su periodo de vigencia, según explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Inicialmente, se alimentará con una inyección de capital del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con 10.500 millones de euros procedentes de los préstamos del plan de recuperación europeo, y luego se alimentará con una ampliación de capital de más de 60.000 millones que podría permitir movilizar hasta 120.000 millones en colaboración con el sector privado.

 

A la espera de conocer los detalles del dispositivo, este ha sido acogido favorablemente. "Podría permitir aprovechar la experiencia adquirida durante el despliegue de los fondos Next Generation", estima el economista de ESADE Manuel Hidalgo. Pero esta vez con una mayor flexibilidad de uso que podría permitir irrigar mejor la economía real.

Traducción del artículo original publicado el 4 de febrero de 2026 en el diario francés Les Echos.

Europa, una potencia socialdemócrata

Para afirmarse en la escena mundial, Europa debe primero enorgullecerse de lo que se ha convertido desde 1945: una potencia democrática, social y transnacional. Los países europeos, que durante mucho tiempo fueron rivales acérrimos e imperios coloniales, se unieron tras haber vivido el abismo. Dentro de esta unión, desarrollaron un nuevo modelo social y democrático, y Europa se convirtió en una potencia socialdemócrata. Esto no limita a Europa a un bando político concreto: es simplemente un reconocimiento del amplio consenso que existe en todo el continente en apoyo del modelo social europeo.

Los términos pueden variar: los conservadores alemanes se refieren a una "economía social de mercado", algunos prefieren la noción de "Estado social", otros hablan de "socialdemocracia ecológica" o "ecosocialismo". Estos debates son legítimos, pero lo cierto es que ninguna fuerza política significativa en Europa propone reducir el papel del Estado a lo que era en 1914: menos del 10% del producto interior bruto (PIB), compuesto principalmente por el gasto soberano y militar. Los países nórdicos más prósperos, como Dinamarca, Suecia y Noruega, tienen un gasto público cercano al 45% o 50% del PIB, similar desde una perspectiva histórica a los niveles observados en Alemania y Francia, y nadie va a revertir esta realidad.

El debate sobre el futuro se centra en si hay que detenerse ahí, que es el escenario de la socialdemocracia conservadora y que comparten ampliamente la derecha y, en ocasiones, el centroizquierda, o si hay que seguir avanzando en respuesta a los nuevos retos, que es la tesis de la socialdemocracia ecológica y el ecosocialismo. Esta última es más ambiciosa, pero también más compleja de aplicar. En cualquier caso, Europa es una potencia socialdemócrata y seguirá siéndolo.

 

Si alguien hubiera dicho a las élites europeas y a los economistas liberales de 1914 que la redistribución de la riqueza llegaría a representar la mitad de la renta nacional, habrían condenado unánimemente la idea como una locura colectivista y habrían pronosticado la ruina del continente. En realidad, los países europeos han alcanzado niveles de prosperidad y bienestar social sin precedentes, en gran parte gracias a las inversiones colectivas en salud, educación e infraestructuras públicas.

 

Para ganar la batalla cultural e intelectual, Europa debe ahora reafirmar sus valores y defender su modelo de desarrollo, fundamentalmente opuesto al modelo nacionalista-extractivista defendido por los partidarios de Donald Trump en Estados Unidos y por los aliados de Vladimir Putin en Rusia. Una cuestión crucial en esta lucha es la elección de los indicadores utilizados para medir el progreso humano. No se trata de una mera cuestión técnica, sino política, que afecta a todos los ciudadanos. Con demasiada frecuencia, el debate europeo se empantana en indicadores obsoletos que son totalmente inadecuados para considerar el futuro y el bienestar social en una era de cambio climático.

 

El error más evidente y, lamentablemente, más común es comparar el PIB per capita utilizando los tipos de cambio del mercado. Esto equivale a ignorar el aumento de los precios en Estados Unidos. Es como examinar la evolución de los salarios olvidando la inflación. En 2025, el tipo de cambio medio rondaba los 1,10 dólares por euro (aproximadamente 1,05 dólares a principios de año y 1,15 dólares a finales). Sin embargo, para igualar los niveles de precios, el tipo de cambio tendría que ser de aproximadamente 1,50 dólares por euro. Al no utilizar la paridad del poder adquisitivo, la única forma de comparar los niveles reales de bienes y servicios producidos en cada región, se sobreestima la riqueza de Estados Unidos en casi un 40% en comparación con la riqueza europea. Modelo justo de desarrollo.

 

El segundo error es pasar por alto las diferencias en las horas de trabajo. Europa optó por semanas laborales más cortas y vacaciones más largas, lo que aumentó el bienestar social y redujo su huella material. Teniendo en cuenta ambos factores, la productividad por hora, o el PIB por hora trabajada, medida en paridad de poder adquisitivo, es mayor en el norte de Europa que en Estados Unidos, cuyo liderazgo en algunos sectores y regiones se ve más que compensado por el retraso en otros ámbitos.

 

Alemania y Francia, que también estaban por delante de Estados Unidos hace 20 años, se han quedado ligeramente rezagadas como consecuencia de las políticas de austeridad aplicadas en Europa desde la crisis de 2008. El gasto real por estudiante en Francia ha disminuido más de un 20% en los últimos 15 años, lo que constituye la peor forma de prepararse para el futuro. Dadas las enormes sumas invertidas en educación superior en Estados Unidos, es sorprendente que Europa siga manteniendo el ritmo.

 

El tercer error, y el más grave, es centrarse en el PIB del mercado e ignorar los indicadores sociales, como la esperanza de vida, o los medioambientales. Si se tienen en cuenta las externalidades negativas asociadas a las emisiones de carbono, el PIB ajustado por estos efectos cae significativamente en Estados Unidos en comparación con Europa. Cubrir el planeta con centros de datos —una nueva obsesión en Washington y, en ocasiones, en Bruselas— no resolverá los problemas del mundo.

 

Tarde o temprano, Europa tendrá que dejar atrás la ambigüedad y defender unas normas económicas y comerciales coherentes con un modelo de desarrollo verdaderamente justo y sostenible. Por ejemplo, la oposición al acuerdo con Mercosur, que solo exacerba la deforestación en curso en América Latina, está justificada. Aún mejor sería apoyar la propuesta brasileña de un impuesto global a los multimillonarios y las multinacionales, cuyos ingresos se destinarían a los países que restringen voluntariamente los métodos de producción nocivos. Ese es el precio que Europa debe pagar para convertirse en una potencia socialdemócrata a escala mundial.

Traducción del artículo original publicado el 3 de febrero de 2026 en el blog de Thomas Piketty.

¿Por qué los españoles no notan los beneficios del crecimiento?

Con un crecimiento del 2,8% en 2025, España confirma su papel de locomotora económica de Europa. Sin embargo, los españoles tienen dificultades para notar los beneficios, especialmente ante la subida vertiginosa de los precios de la vivienda.

El turismo y la restauración  son los grandes motores del crecimiento español. Aquí vemos un restaurante en San Sebastián, en el País Vasco. 

La economía española creció un 2,8% en 2025. Así lo indican las primeras estimaciones provisionales publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España se confirma como la economía más dinámica de los grandes países europeos, mientras que Francia publicó cifras muy inferiores el mismo día.

Su crecimiento se desmarca del ritmo de la zona euro (1,5% de media), gracias, en particular, al impulso del consumo y al auge del turismo, pero también al aumento de las exportaciones de servicios no turísticos, especialmente en los sectores de las finanzas y la consultoría, el transporte, la ingeniería y la tecnología.

 

Locomotora de la zona euro

 

Se prevé que la buena marcha de la economía española continúe, con un crecimiento del 2,3% en 2026 según las previsiones del FMI. Los analistas de CaixaBank se muestran más cautelosos y apuestan por un avance del 2,1%, debido en parte a las incertidumbres geopolíticas y a la incógnita que pesa sobre los aranceles aduaneros.

 

Consideran que, en cualquier caso, España debería seguir siendo el motor de la zona euro, con "un crecimiento moderado, pero sólido". Este debería verse impulsado por las inversiones relacionadas con el plan de recuperación europeo NextGenerationEU, que debería inyectar 17.500 millones de euros en la economía española este año. Al mismo tiempo, seguirá apoyándose en un aumento del consumo relacionado tanto con el buen comportamiento del mercado laboral como con el crecimiento de la población.

 

A pesar de estos resultados halagüeños, los españoles no tienen la sensación de estar cosechando los frutos del crecimiento. Según el think tank Funcas, el 55% de ellos considera que la situación económica es peor que antes de la pandemia, y solo el 22% cree que su situación ha mejorado en los últimos cinco años.

 

La caída del desempleo, que acaba de descender por debajo del 10% por primera vez desde 2008, no ha servido de nada, al igual que el aumento del salario mínimo, con un incremento del 3,1% este año, lo que supone un salto del 66% desde la llegada al poder del socialista Pedro Sánchez en 2018. El malestar social se ve alimentado en gran medida por las dificultades para acceder a la vivienda, percibidas como el principal problema, especialmente entre los jóvenes.

 

De hecho, el PIB per cápita apenas ha crecido desde la crisis financiera de 2008. "En los últimos años, el crecimiento ha sido más acumulativo que cualitativo", explica Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas. "La actividad se ha visto estimulada por una fuerte llegada de mano de obra en los últimos años. Si el crecimiento ha sido fuerte es porque hay más gente trabajando y consumiendo, no porque vivan mejor".

 

Las estadísticas muestran que los inmigrantes son los más activos en el mercado laboral: de los más de 600.000 puestos de trabajo creados en 2025, más del 40% están ocupados por personas nacidas en el extranjero, en su mayoría en actividades de bajo valor añadido.

 

Tendencias migratorias recientes

 

Pero los parámetros están cambiando. Un estudio del Banco de España revela el impacto de las tendencias migratorias recientes. Los recién llegados de los últimos años, procedentes principalmente de América Latina, cuentan con un mejor nivel de formación.

 

Esto les abre las puertas a otros sectores y a puestos vacantes más cualificados, con mejores salarios. Esta nueva configuración hace que los trabajadores nacidos en el extranjero contribuyan con una cuarta parte al crecimiento del PIB per cápita de España, según el Banco de España.

 

El último informe del Observatorio de Productividad y Competitividad de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas confirma la tendencia. Indica que la productividad española ha crecido a un ritmo anual del 1,4% desde 2020, la tasa más alta desde... 1995, mientras que en el conjunto de la zona euro se mantiene estancada. Con un PIB per cápita que ha ganado un 3,8% anual desde la pandemia... aunque estos avances se ven contrarrestados por la imparable subida de los precios de la vivienda.

Traducción del artículo original publicado el 30 de enero de 2026 en el diario francés Les Echos.

Berlín no es España

El Senado aumenta las sanciones por destruir viviendas. Sin embargo, a diferencia de España, no se ven medidas contra los apartamentos turísticos.

En Berlín, donde la falta de viviendas y su elevado precio serán probablemente el tema más importante de las elecciones al Parlamento regional del 20 de septiembre, se calcula que hay 10.000 apartamentos turísticos ilegales. Esta cifra la dio a conocer el senador de Urbanismo, Christian Gaebler (SPD), el martes tras la reunión del Gobierno regional de coalición entre conservadores y socialdemócratas. En ella se aumentaron en torno a un 12% las multas por apartamentos demolidos o utilizados para otros fines —con permiso— sin crear viviendas de sustitución adecuadas.

Según el senador, las estimaciones anteriores de más de 30.000 apartamentos vacacionales ilegales se basaban en cálculos erróneos, ya que no se habían sumado los apartamentos, sino las camas. Pero incluso 10.000 apartamentos siguen representando la mitad del objetivo anual de nuevas construcciones que se ha fijado el Senado para crear más espacio habitable.

Gaebler considera que, debido a la falta de datos, es muy difícil responsabilizar a los propietarios de viviendas presuntamente ilegales y evitar en el futuro un uso indebido. Hasta ahora, las plataformas de intermediación como Airbnb no proporcionan suficiente información, por ejemplo, sobre la duración del alquiler. Sin embargo, sin ella, Gaebler considera que es difícil tomar medidas. Y es que el alquiler temporal está totalmente permitido y resulta difícil demostrar cuándo se supera el plazo permitido.

En España, las autoridades parecen estar logrando combatir de manera más eficaz el uso indebido de viviendas. El año pasado, el Gobierno acordó con Airbnb identificar y eliminar de la plataforma las viviendas que no tuvieran un número de registro válido. De este modo, el país se convierte en el primero en aplicar las nuevas normas de la UE sobre alquileres a corto plazo, aprobadas en marzo de 2024.

En él se regula el intercambio de datos entre las plataformas de alquiler y los Estados miembros, con el fin de que las autoridades locales puedan realizar un seguimiento de las actividades de alquiler. Según la UE, el reglamento entrará en vigor en marzo de 2026.

Cuestión de voluntad política

Para Niklas Schenker, diputado del partido Die Linke y portavoz de su grupo parlamentario en materia de alquileres y vivienda, actuar con la misma coherencia es también una cuestión de voluntad política. "Simplemente tienen leyes más estrictas", declara. La ley berlinesa que prohíbe el uso indebido de viviendas facilita el incumplimiento de las normas. "Nadie puede controlar realmente cuánto tiempo alquila alguien su vivienda", opina Schenker.

En España, Airbnb se había comprometido a enviar mensualmente a las autoridades información sobre los apartamentos y habitaciones anunciados. Los alojamientos a los que se les denegara el registro estatal debían eliminarse en un plazo de 48 horas. Poco después de la entrada en vigor del acuerdo, se anunció que se eliminarían de la plataforma más de 50.000 apartamentos vacacionales ilegales. Sin embargo, al parecer, esto no está funcionando tan bien como se esperaba. En diciembre, España impuso a Airbnb una multa de 64 millones de euros por 65.000 apartamentos sin la licencia necesaria.

El aumento de las indemnizaciones aprobado por el Senado el martes tiene como objetivo garantizar que, efectivamente, se construyan nuevas viviendas para sustituir a las que se han demolido o se han destinado a otros usos autorizados. "No debe ser más barato pagar una multa que crear viviendas", afirmó Gaebler. La indemnización asciende ahora a 4.600 euros por metro cuadrado, 500 euros más que hasta ahora. Este aumento tiene por objeto compensar el incremento de los costes de construcción.

Como medida adicional para mantener la vivienda asequible, el senador anunció la prohibición de las viviendas temporales en las aproximadamente 80 zonas protegidas de la ciudad. En estas zonas se aplican normas especiales para proteger a los inquilinos contra el desalojo.

Traducción del artículo original publicado el 20 de enero de 2026 en el diario alemán TAZ

La tasa de desempleo en España cae al nivel más bajo desde 2008

El país lidera las economías del sur de la UE, antes débiles, que ahora están superando a Francia y Alemania.

España fue la economía avanzada con mayor crecimiento del mundo por segundo año consecutivo en 2025 © Susana Vera/Reuters

 

La tasa de desempleo en España ha caído por debajo del 10% por primera vez desde la crisis inmobiliaria de 2008, lo que refuerza su posición como una de las economías con mejor rendimiento de Europa.
 
El desempleo español cayó al 9,9% en los últimos tres meses de 2025, según datos publicados el martes, lo que lo sitúa muy por debajo del máximo del 27% alcanzado en 2013, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria dio paso a la crisis de la deuda soberana de la zona euro.
 
Desde entonces, la dinámica de la era de la crisis se ha invertido, ya que España lidera las economías del sur de la UE, antes débiles, que ahora están superando a los antiguos motores de crecimiento del norte, en particular Alemania y Francia.
 
Sin embargo, su tasa de desempleo sigue siendo elevada en comparación con la de otros países similares. Según los últimos datos de la UE correspondientes al mes de noviembre, la tasa de desempleo de España, que entonces era del 10,4%, era la segunda más alta del bloque de 27 miembros, después de Finlandia.
 
Los economistas atribuyen la tasa relativamente alta de España, en parte, al desajuste entre las necesidades de las empresas y las competencias disponibles en la población activa. La prevalencia de los empleos de la "economía sumergida", que no se declaran oficialmente, es otro factor.
 

La tasa de desempleo en España cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía del Gobierno socialista español, afirmó que los datos del martes muestran "un mercado laboral más fuerte y estable, con empleos de mayor calidad, lo que sienta una base sólida para una mejora continua del bienestar de todos los ciudadanos".
 
Cuerpo señaló que la economía española había creado 600.000 nuevos puestos de trabajo en 2025, el 92% de ellos en el sector privado. Esto elevó el número de personas empleadas a un récord de 22,4 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
 
Sin embargo, el Partido Popular, en la oposición, afirmó que el mercado laboral español seguía siendo "disfuncional". Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP, señaló que el desempleo juvenil seguía siendo muy elevado, con un 23%, y afirmó que la dependencia de España de la inmigración demostraba que el mercado laboral "no funcionaba como debería".
 
España fue la gran economía avanzada con mayor crecimiento del mundo por segundo año consecutivo en 2025, según estimaciones del FMI, impulsada en parte por el turismo, los servicios financieros y profesionales, la energía renovable barata y los fondos de la UE.
 
Su crecimiento interanual del 2,8% en los tres meses hasta septiembre se compara con una expansión del 0,3% en Alemania, un crecimiento del 0,6% en Italia y del 0,9% en Francia, según los últimos datos oficiales de Eurostat.
 

La tasa de desempleo de Finlandia superó a la de España en noviembre (%), países seleccionados de la UE

La llegada de nuevos inmigrantes también ha sido un factor clave del crecimiento español, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue siendo uno de los pocos líderes de la UE que mantiene un régimen de inmigración acogedor.
 
Pero después de varios años en los que los inmigrantes ocuparon la mayoría de los nuevos puestos de trabajo, el año pasado se produjo un cambio, ya que el 57% de los nuevos puestos fueron a parar a ciudadanos españoles, según Ignacio de la Torre, economista jefe del banco de inversión Arcano.
 
Un componente persistente del desempleo en España era "estructural", añade De la Torre, dado que muchas personas con habilidades esenciales no vivían donde más se las necesitaba y no podían trasladarse fácilmente debido al alto coste de la vivienda.
 
"Hay personas que pueden tener experiencia en la construcción en Galicia, pero no pueden trasladarse a Madrid, donde hay tantas ofertas de trabajo, porque no tienen una solución de vivienda", declara.
 
A principios de este mes, el FMI predijo que la economía española crecería un 2,3% en 2026, tras una expansión del 2,9% el año pasado.
 
En términos per cápita, que tiene en cuenta el crecimiento de la población y es importante para el nivel de vida, el crecimiento del PIB de España fue del 1,6% el año pasado, pero aun así duplicó el crecimiento del PIB per cápita de la zona euro, que fue del 0,8%.

Traducción del artículo original publicado el 27 de enero de 2026 en el diario británico Financial Times.

El dinero manda

La cruda realidad es que casi toda la clase política se alinea con los ultra ricos en contra del resto.

Mark Zuckerberg, Lauren Sánchez Bezos, Jeff Bezos, Sundar Pichai y Elon Musk asisten a la toma de posesión de Donald Trump, Washington, 20 de enero de 2025. Fotografía: Getty Images

Hay un problema político del que se derivan todos los demás. Es la causa principal de Donald Trump, de Nigel Farage, de la impactante debilidad de sus oponentes, de la polarización que divide a las sociedades, de la devastación del mundo viviente. Se resume de forma sencilla: la riqueza extrema de un pequeño número de personas.

También se puede cuantificar. El Informe sobre la Desigualdad Mundial (WIR) 2026 muestra que unas 56.000 personas, el 0,001% de la población mundial, acumulan tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Afectan a casi todos los países. En el Reino Unido, por ejemplo, 50 familias poseen más riqueza que el 50% de la población en su conjunto.

 

Se puede ver cómo crecen sus fortunas. En 2024, según las cifras de Oxfam, la riqueza de los 2.769 multimillonarios del mundo creció en 2 billones de dólares, es decir, 2.000.000 millones de dólares. El gasto mundial total en ayuda internacional el año pasado se estimó, como máximo, en 186.000 millones de dólares, menos de una décima parte del incremento de su riqueza. Los gobiernos nos dicen que "no pueden permitirse" más. En el Reino Unido, los multimillonarios, en promedio, se han enriquecido más de un 1.000% desde 1990. La mayor parte de su riqueza proviene de propiedades, herencias y finanzas. En otras palabras, se han enriquecido a nuestra costa.

 

La cuestión afecta a todos los aspectos de la política. Trump no está apropiándose de la riqueza petrolera de Venezuela por el bien de los pobres de Estados Unidos. No le importan lo más mínimo, como reveló su "gran y hermosa ley", que consiste en robar a los pobres para dar a los ricos. Codicia Groenlandia en nombre de los mismos intereses de la élite, de la que él es el avatar.

 

Cuando el hombre más rico del mundo, Elon Musk, contribuyó a destruir las vidas de los más pobres del mundo al desmantelar USAID, lo hizo en nombre de su clase. Lo mismo ocurre con los ataques de Trump a la democracia y su guerra contra el mundo viviente. Son los ultra ricos los que más se benefician de la destrucción, al ganar dinero y gastarlo. El WIR muestra que el 1% más rico de la población mundial es responsable del 41% de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la propiedad privada del capital: casi el doble que el 90% más pobre. Y, según otro estudio, a través de su consumo, el 1% produce tantos gases de efecto invernadero como los dos tercios más pobres.

 

La desigualdad perjudica todos los aspectos de nuestras vidas. Décadas de investigación de Kate Pickett y Richard Wilkinson muestran que una mayor desigualdad, independientemente de los niveles absolutos de riqueza, se asocia con un aumento de la delincuencia, un empeoramiento de la salud pública, un aumento de las adicciones, un menor nivel educativo, una mayor ansiedad por el estatus social (que conduce a un mayor consumo de bienes posicionales), un aumento de la contaminación y la destrucción, y una serie de otros males.

 

La desigualdad extrema crea una "clase Epstein" de depredadores globales que explotan al resto económicamente y de otras formas. Crea una ética que ya no reconoce nuestra humanidad común, que ve a otras personas, como dice Musk, como "personajes no jugadores", y cree que "la debilidad fundamental de la civilización occidental es la empatía".

 

Esta es la métrica con la que se puede saber quiénes son tus aliados y quiénes tus enemigos en la política: si apoyan o se oponen a la concentración extrema de la riqueza. De hecho, la cuestión debería ser definitoria. Los que la apoyan (llamémosles Grupo 1) son la derecha. Los que se oponen (Grupo 2) son la izquierda.

 

En cuanto se entiende la política desde esta perspectiva, se observa algo extraordinario. Casi toda la población pertenece al Grupo 2. Una encuesta realizada en 36 países por el Pew Research Center reveló que el 84% considera que la desigualdad económica es un gran problema, y el 86% considera que la influencia política de los ricos es una de las principales causas de la misma. En 33 de estos países, la mayoría cree que el sistema económico de su país necesita "cambios importantes" o "una reforma completa". En el Reino Unido, una encuesta de YouGov reveló que el 75% apoya un impuesto sobre el patrimonio para las fortunas superiores a 10 millones de libras, mientras que solo el 13% se opone a él. Pero —y aquí está lo sorprendente— casi toda la clase política pertenece al grupo 1. Se pueden buscar los programas electorales de los principales partidos que en su día pertenecieron a la izquierda y no se encuentra ninguna propuesta para acabar con los multimillonarios.

 

De hecho, es todo lo contrario. Incluso cuando los políticos se ven obligados a responder a las peticiones de un impuesto sobre el patrimonio, lo descartan, como han hecho los ministros del Reino Unido, con dos excusas. La primera es que no generará muchos ingresos. Quizás sí, quizás no: hay una amplia gama de pruebas al respecto. Pero la recaudación de ingresos es la menor de sus ventajas. Hay otras dos cuestiones mucho más importantes. Una es la equidad. Como informa el WIR, "los tipos impositivos efectivos sobre la renta aumentan de forma constante para la mayoría de la población, pero disminuyen drásticamente para los multimillonarios y los centimillonarios". Esto socava la confianza en el sistema fiscal y en la política en general. La otra es reducir el poder de los ultra ricos sobre nuestras vidas. Para restaurar la democracia y crear un mundo más justo, seguro y ecológico, debemos someter a los ultra ricos, recortando sus fortunas hasta que ya no puedan intimidarnos.

 

La segunda excusa es que los súper ricos huirán del país. Hay tres posibles respuestas a esta afirmación. La primera es que no hay pruebas que la respalden. La segunda es que, si fuera cierta, ¡mejor así!: nos hacen más daño que bien. La tercera es decir: entonces la solución obvia es una medida global contra la evasión fiscal. ¿Y adivinen qué? Mientras que 125 naciones apoyaron este enfoque, el gobierno de Keir Starmer fue uno de los nueve que se opusieron. Nuestro gobierno no grava lo suficiente a los ultra ricos, no porque no pueda, sino porque no quiere.

 

No se trata solo de los políticos. Casi todos los medios de comunicación pertenecen al Grupo 1. A medida que la riqueza y el poder de la clase propietaria se hacen cada vez mayores y más difíciles de justificar, las opiniones expresadas en sus medios se vuelven cada vez más descabelladas. Inmigrantes, solicitantes de asilo, musulmanes, mujeres, personas transgénero, personas con discapacidad, estudiantes, manifestantes: todos y cada uno deben ser culpados de nuestras disfunciones, excepto aquellos que las causan. Hay que librar "guerras culturales" cada vez más extremas (un eufemismo para dividir y gobernar).

 

Por eso también hay que inventar constantemente amenazas imaginarias (Venezuela, "marxistas culturales", "terroristas nacionales"). No se puede tener un mercado libre en la propiedad de los medios de comunicación y un mercado libre en la información y las ideas. Los oligarcas que dominan el sector reprimen los pensamientos inconvenientes y promueven las políticas que protegen sus fortunas.

 

Nadie diría que enfrentarse a la riqueza extrema es fácil. Pero la batalla comienza cuando los partidos políticos expresan este objetivo de forma clara e inequívoca. O representan a la gran mayoría o representan a la pequeña minoría: no pueden hacer ambas cosas. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿dónde están nuestros representantes?

Traducción del artículo de opinión original publicado en The Guardian por George Monbiot el 16 de enero de 2026.

El poder judicial español se ve envuelto en una encarnizada guerra política

El Gobierno tacha las acusaciones de corrupción de ”lawfare”

Hay tantos casos judiciales pendientes contra los aliados de Pedro Sánchez, el presidente socialista de España, que un artículo periodístico publicado en Nochevieja pronosticaba que 2026 sería su “calvario judicial”. Entre ellos se incluyen media docena de investigaciones sobre acusaciones de corrupción contra sus aliados políticos más cercanos. Además, es probable que el Tribunal Constitucional del país examine un recurso contra la condena y destitución por parte del Tribunal Supremo de Álvaro García Ortiz, el antiguo fiscal general, por filtrar los problemas fiscales de la pareja sentimental del presidente de la Comunidad de Madrid. Y los jueces han acusado a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y a su hermano de conflicto de intereses (ambos se declaran inocentes).

 

El presidente del Gobierno y sus aliados consideran que se trata de una campaña de acoso judicial destinada a derrocar al Gobierno. En septiembre, Sánchez se quejó de que "hay jueces que hacen política. Son una minoría, pero causan un daño inmenso a la justicia". Varios ministros también han criticado las decisiones judiciales. La oposición sostiene que los tribunales están aplicando el estado de derecho y exigiendo responsabilidades al primer ministro de una manera que ni su partido ni sus aliados parlamentarios están haciendo. Pero como sabe que carece de los votos necesarios en el Parlamento para censurar a Sánchez, el Partido Popular (PP), de tendencia conservadora, parece confiar a menudo en que el poder judicial haga su trabajo.

 

El problema más amplio para la democracia española es que el poder judicial se ha convertido en un arma arrojadiza política. Algunos españoles piensan que los jueces siempre han estado influenciados por la política y que ahora simplemente se ha hecho más explícito. Pero parece que las cosas han empeorado. Los medios de comunicación suelen identificar a los jueces como conservadores o progresistas, algo poco habitual en Europa occidental (aunque bastante común en América). En este marco, el Tribunal Supremo tiene una mayoría conservadora, mientras que el Tribunal Constitucional es predominantemente progresista. A menudo están en desacuerdo.

 

También es inusual el sistema español de múltiples asociaciones judiciales. Hay cuatro para los jueces y tres para los fiscales, divididas según criterios políticos. El pasado mes de julio, cinco de las asociaciones se declararon en huelga durante tres días, una medida sin precedentes, en protesta por unos proyectos de ley que, según ellas, amenazan la independencia judicial. Una de las medidas reduciría el carácter memorístico de la formación de los jueces (menos exhaustiva, según las asociaciones). Otra alinearía a España con la mayoría de las prácticas europeas, trasladando las investigaciones de los jueces a los fiscales.

 

Un tercer proyecto de ley del Gobierno restringiría las "denuncias populares", otra peculiaridad española por la que los ciudadanos y los grupos políticos pueden presentar denuncias que los jueces están obligados a investigar. Esto ha dado lugar a juicios mediáticos en casos que finalmente se archivan. Pero dado que el Gobierno elige al fiscal general, muchos consideran que el sistema de denuncias populares es necesario para garantizar que no se ignoren los casos políticamente delicados.

 

La ruptura de la confianza entre políticos y jueces tiene varias causas. La primera fue una batalla política por el Consejo General del Poder Judicial, que se encarga de los nombramientos judiciales. Sus miembros son nombrados por los jueces, pero deben ser aprobados por el Parlamento (un legado de la reforma de los años 80, cuando los políticos democráticos arrebataron los tribunales a los jueces que quedaban de la dictadura de Franco). En el pasado, el consejo se renovaba periódicamente por acuerdo entre los socialistas y el PP. Pero ese acuerdo se ha roto. Un intento en 2018 fracasó cuando un senador del PP se jactó de que su partido controlaría la sala principal del Tribunal Supremo "por la puerta trasera". Finalmente, en 2024 se eligió un nuevo consejo tras la mediación de la Comisión Europea.

 

Un segundo hito fue el acuerdo entre el Partido Socialista y los separatistas catalanes para permitir que Sánchez siguiera gobernando tras perder las últimas elecciones generales, a cambio de una amnistía general para los implicados en la votación inconstitucional sobre la secesión de 2017. El Tribunal Supremo consideró la amnistía, a la que Sánchez y su partido se habían opuesto anteriormente, como una bofetada: había impuesto duras penas de cárcel a nueve líderes separatistas. Para echar más leña al fuego, el antiguo asesor político del presidente del Gobierno, Santos Cerdán (que se enfrenta a cargos de corrupción no relacionados con este asunto, que él niega), prometió investigaciones parlamentarias sobre casos de "lawfare", un término que hace referencia a la judicialización partidista de la política. El tribunal respondió excluyendo al líder separatista Carles Puigdemont de la amnistía por motivos cuestionables.

 

Un tercer tema polémico han sido los casos contra la familia del Sr. Sánchez. Su esposa ha sido perseguida por un juez auxiliar de edad avanzada, que actuó a instancias de grupos de extrema derecha. Este juez ha encontrado algunos comportamientos aparentemente poco éticos: la Sra. Gómez obtuvo un puesto en la universidad para el que no estaba claramente cualificada y recomendó que un colaborador obtuviera contratos gubernamentales. Pero pocos consideran que esto constituya un delito. El juez ha prolongado su investigación durante casi dos años y parece disfrutar de la atención mediática.

 

Los observadores jurídicos afirman que estos jueces son una pequeña minoría. "Los jueces no están haciendo lo que dicen los partidos", argumenta Tomás de la Quadra-Salcedo, exministro de Justicia socialista. Pero le preocupa que, en el clima actual, los propios prejuicios de los jueces puedan desviarlos de su camino.

 

Nadie cuestiona seriamente las demás investigaciones judiciales sobre corrupción. "No es cierto que el poder judicial sea [parcial] contra el Gobierno", afirma Elisa de la Nuez, activista por el Estado de derecho. Pero la reacción es preocupante, añade. "Por primera vez, los jueces se sienten amenazados por el poder político". A largo plazo, eso no beneficia a nadie. Corresponde a los políticos dar el primer paso, dejando de intentar judicializar la política. Pero, dada la polarización que se ha producido en España, quizá eso sea pedir demasiado.

Traducción del artículo original publicado el 14 de enero de 2026 en The Economist.