España se presenta como candidata para albergar la Copa del Mundo de Rugby en 2035

El Camp Nou de Barcelona, el Bernabéu del Real Madrid y el campo de Mestalla del Valencia figuran en la lista de posibles estadios en el marco de la candidatura de España para albergar la Copa del Mundo de Rugby de 2035.

Las obras para ampliar el aforo del estadio del Camp Nou comenzaron en junio de 2023 y se prevé que finalicen a principios de 2028.

La Federación Española de Rugby afirma que su objetivo es organizar la "mejor Copa del Mundo de la historia", acercando el torneo a los 700 millones de hispanohablantes de todo el mundo.

Si la candidatura de España sale adelante, el renovado Camp Nou podría acoger la final, lo que supondría la primera vez que la final de la Copa del Mundo se celebra ante más de 100.000 aficionados.

Argentina y Japón también se han presentado como candidatos para acoger el torneo, y se espera que World Rugby anuncie al candidato elegido en la primavera o el verano de 2027.

Las autoridades del rugby español afirman que el torneo de 2035 aprovecharía el impulso de la Copa del Mundo de la FIFA de 2030, que España acogerá conjuntamente con Marruecos y Portugal.

La candidatura para la Copa del Mundo de Rugby cuenta con el apoyo del Gobierno español y de La Liga, y entre las sedes potenciales figuran algunos de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

"Tenemos plena confianza en nuestra capacidad organizativa, nuestra infraestructura deportiva está a la vanguardia de la innovación y estamos convencidos de que acoger la Copa del Mundo de Rugby de 2035 aportará nuevas y únicas dimensiones de hospitalidad, colaboración, unidad y amistad a la familia mundial del rugby", afirmó Juan Carlos Martín "Hansen", presidente ejecutivo de la federación española.

España se ha clasificado para el torneo de 2027 en Australia, lo que supondrá su primera participación en un Mundial masculino desde 1999.

La Federación Española tiene la ambición de triplicar el número de personas que practican este deporte en el país para 2035 y, en última instancia, consolidar a España como una nación de rugby de primer nivel.

"El rugby se está convirtiendo en parte de la identidad de nuestro país", añadió Martín.

"En colaboración con World Rugby, podemos hacer de la Copa del Mundo de Rugby de 2035 un punto de inflexión en el crecimiento mundial de este deporte, en beneficio de las generaciones venideras".

España, que ha participado en siete ediciones de la Copa del Mundo de Rugby Femenino, ha acogido dos fines de semana de finales europeas (en San Mamés, en Bilbao, en 2018 y 2026), mientras que la final del Top 14 de 2016 se celebró en el Camp Nou ante 99.124 aficionados.

San Mamés figura en una lista de 14 estadios presentada a World Rugby, que se reducirá a 9 o 10 si la candidatura española sale adelante.

España también ha acogido eventos de World Rugby Sevens, y ya se han confirmado nuevas ediciones en Castilla y León para 2027 y 2028, respectivamente.

¿España, Argentina o Japón?

Las visitas a las sedes y los estudios de viabilidad están previstos a partir de diciembre, y World Rugby tiene previsto seleccionar a su candidato preferido a finales de la primavera o en verano de 2027.

Se espera un anuncio oficial durante el torneo de 2027 en Australia.

Japón y un grupo de países sudamericanos liderado por Argentina han anunciado sus candidaturas.

Un torneo en Argentina incluiría también a Brasil, Chile y Uruguay, y supondría una primicia al ser la primera Copa del Mundo de Rugby celebrada en Sudamérica.

Japón acogió una Copa del Mundo igualmente innovadora en 2019 (la primera que tuvo lugar en Asia), que batió récords comerciales y de audiencia.

Las Copas del Mundo de 2027 y 2029 se celebrarán en Australia, mientras que Estados Unidos será el anfitrión en 2031 y 2033.

España, un gigante dormido

España es un gigante dormido del rugby europeo, con la cultura deportiva y las infraestructuras necesarias para convertirse en una nación de élite en este deporte.

Una Copa del Mundo en 2035 impulsaría enormemente esta ambición, y la perspectiva de que algunos de los estadios de fútbol más emblemáticos del mundo acojan partidos resulta muy tentadora.

Dado que las Copas del Mundo de 2027 y 2031 se celebrarán en Australia y Estados Unidos, también es muy posible que World Rugby quiera devolver el torneo a Europa en 2035.

Sin embargo, la candidatura de Argentina conmueve el corazón, dado el magnífico papel que los Pumas han desempeñado en tantas Copas del Mundo a lo largo de las décadas.

No obstante, aunque un torneo en Sudamérica podría ser maravilloso, Argentina y los coanfitriones tendrían que demostrar a World Rugby que cuentan con la infraestructura y el poderío financiero de España y Japón.

Al igual que ocurrió con Irlanda y Sudáfrica en 2023, las candidaturas "románticas" suelen quedar relegadas a un segundo plano frente a los imperativos comerciales. Aquí es donde entra en escena Japón como otro serio aspirante, dado el enorme éxito que cosechó tanto dentro como fuera del campo en 2019.

Traducción del artículo original publicado el 15 de octubre de 2026 en la web de la BBC.

Miriam González Durántez funda un nuevo partido de centro en España

La esposa del exviceprimer ministro británico Nick Clegg promete una alternativa liberal al PP y a los socialistas antes de las elecciones anticipadas

Miriam González Durántez en la presentación de Democracia21. El nuevo partido promete una «limpieza política radical», que incluye una mayor transparencia política. Fotografía: Alejandro Martínez Vélez/Reuters

La abogada española Miriam González Durántez ha fundado un nuevo partido liberal y de centro, con el compromiso de sanear la política y ofrecer a los votantes una alternativa a los partidos socialistas y conservadores dominantes, mientras el país se prepara para las elecciones generales anticipadas del próximo mes.

 

González Durántez, exasesora de la UE y esposa del exviceprimer ministro británico Nick Clegg, afirma que su nuevo partido, Democracia21, ofrecerá un tipo de política moderna y transparente que "no se alimenta del miedo, los insultos ni la nostalgia".

 

El programa electoral de Democracia21 acusa tanto al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), actualmente en el poder, como al Partido Popular (PP), de derecha, de malgastar décadas de gobierno en aras de fines políticos a corto plazo.

 

"Mientras tanto: la vivienda se volvió inasequible, los jóvenes se marcharon, la burocracia creció como una religión y las disputas sustituyeron al gobierno", afirma. "La política de la vieja escuela convirtió cada problema en una narrativa, y cada solución en una amenaza electoral".

 

Teniendo en cuenta los escándalos de corrupción que acabaron por derrocar al último Gobierno del PP (y las acusaciones de corrupción que salpican al Gobierno y al círculo más cercano del presidente socialista, Pedro Sánchez), el nuevo partido promete "una limpieza política radical", que incluye una transparencia mucho mayor por parte de los partidos.

Nick Clegg (en el centro) y González Durántez en un acto de campaña celebrado en Sheffield en 2015. Fotografía: Jon Super/AP

González Durántez, que ha anunciado que Democracia21 se presentará en Madrid y Barcelona en las elecciones del 29 de noviembre, también se ha pronunciado sobre dos de los principales temas que preocupan a los votantes: la crisis de la vivienda y la inmigración.

El desahucio el mes pasado de una mujer de 87 años en Madrid desencadenó una oleada de manifestaciones por toda España, provocó la instalación de un campamento de protesta en el centro de la capital y llevó al Gobierno en minoría de Sánchez a proponer medidas de emergencia para intentar que el mercado del alquiler fuera más equitativo. Cuando dichas medidas fueron rechazadas por los partidos de derecha y de extrema derecha a principios de octubre, el presidente del Gobierno convocó elecciones generales anticipadas.

En su intervención durante la presentación de su partido el fin de semana, González Durántez acusó tanto al PSOE como al PP de ignorar la crisis de la vivienda.

"Unos llevan ocho años en el Gobierno y los otros controlan el 80% de los gobiernos autonómicos de España", afirmó. "Lo que ocurre aquí es que solo se acuerdan de la vivienda cuando se acercan las elecciones y toda la gente sale a la calle".

González Durántez propuso eliminar los impuestos sobre la vivienda para los menores de 35 años y argumentó que un joven que gane 1.300 € al mes no debería pagar más de 350€ al mes de alquiler.

También defendió las ventajas de una inmigración controlada y del lugar que ocupa España en el proyecto europeo, que calificó de "absolutamente existencial" para el país.

"La inmigración es un activo y una ventaja competitiva esencial para España en este momento", afirmó. "Tenemos que acabar con todo el discurso xenófobo, pero el Estado debe controlar la inmigración. Tenemos que decidir quién entra, cómo entra, cuándo entra y, si tiene que marcharse, también decidiremos cuándo se marcha. Nada de esto es contradictorio. Tenemos que hacer todo eso al tiempo que nos aseguramos de que Europa no caiga en las trampas de aquellas fuerzas políticas que no han venido a reformar Europa, sino a destruirla".

Democracia21 no es el primer partido de centro que ha intentado romper el tradicional duopolio entre socialistas y conservadores. El partido liberal Ciudadanos, fundado en 2006, pareció por un momento que iba a superar tanto al PSOE como al PP, pero su decisión de dar un giro hacia la derecha y su negativa a respaldar la moción de censura que expulsó a los conservadores del Gobierno en 2018 resultaron fatales. El apoyo a Ciudadanos se había mermado tanto para las últimas elecciones generales de julio de 2023 que decidió no participar en los comicios.

La decisión de Sánchez de convocar elecciones anticipadas es otra apuesta arriesgada del pragmático e impredecible presidente del Gobierno español. Las encuestas sugieren que el PP superará holgadamente al PSOE y se alzará con el primer puesto, pero es poco probable que consiga la mayoría absoluta, lo que le obligaría a contar con el apoyo de Vox para gobernar.

Sánchez, por su parte, esperará que la decisión del PP de aliarse con Vox y con el partido independentista catalán de derecha Junts para torpedear las propuestas en materia de vivienda movilice a los votantes de izquierda y moderados.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ya se enfrenta a un revés electoral después de que el Tribunal Supremo de España decidiera mantener la suspensión del derecho al voto de decenas de miles de electores residentes en el extranjero que se beneficiaron de una ley aprobada por su Gobierno en 2022, que ofrecía la ciudadanía española a los descendientes de los exiliados durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de Franco.

La medida ha enfurecido al PP y a Vox, que han acusado a Sánchez de intentar crear más votantes socialistas más allá de las fronteras de España. Aunque parece que la suspensión se mantendrá vigente para las elecciones, el tribunal ha señalado que su fallo no afectará a quienes puedan demostrar que sus padres o abuelos "sufrieron el exilio por razones políticas o ideológicas, o por motivos de creencia u orientación sexual".

El PSOE ha denunciado la presión política que subyace a la decisión como una afrenta a la democracia.

"Los nietos del régimen franquista podrán votar, pero no los de los exiliados, tal y como querían el PP y Vox", publicó en X la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró. "Su agenda fascista ha golpeado la piedra angular de la democracia: el derecho al voto. No dejaremos de denunciar esta atrocidad".

Traducción del artículo original publicado el 13 de octubre de 2026 en el diario británico The Guardian.

Una oportunidad que los partidos progresistas de Europa no deben desperdiciar

Tras unas elecciones tremendamente reñidas en Suecia, los votantes han rechazado la posibilidad de que la extrema derecha llegue al Gobierno. Una posible coalición de centroizquierda debe aprovechar el momento.

Votantes en un colegio electoral situado en el interior del Parlamento sueco, en Estocolmo, el 13 de septiembre de 2026. Fotografía: Zuma Press/Shutterstock

A los progresistas europeos que buscan motivos para el optimismo les ha costado encontrarlos este otoño. En Alemania, el espectacular auge del partido "Alternativa para Alemania" (AfD) amenaza los valores liberales que sustentan la identidad del país. En Francia, las encuestas siguen apuntando a una probable victoria de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales, que se celebrarán dentro de unos meses. En toda Europa continental, los partidos de centroizquierda no logran dar una respuesta adecuada a los movimientos nativistas que se han adueñado de amplios sectores del apoyo de la clase trabajadora en los que antes confiaban.

 

En un panorama político tan ominoso, el resultado de unas reñidas elecciones suecas supone una fuente de optimismo muy necesaria, aunque con importantes salvedades. Antes de las elecciones del domingo pasado, el primer ministro saliente, Ulf Kristersson, dejó claro que, si su alianza de derecha obtenía el mayor número de escaños, invitaría a miembros del partido de extrema derecha Demócratas de Suecia (SD) a formar parte del próximo Gobierno como ministros.

 

Eso habría supuesto el fin oficial de la condición de paria del SD en la política sueca, tras cuatro años en los que sus votos parlamentarios han sostenido al Gobierno en minoría del Sr. Kristersson. En una Europa en la que las barreras y los cordones sanitarios contra la extrema derecha nunca han parecido menos seguros, se habría superado otro umbral significativo.

 

En cambio, los votantes parecen haber otorgado una victoria por un estrecho margen a la líder socialdemócrata, Magdalena Andersson, y al bloque progresista de partidos. La cuota de votos del SD cayó por primera vez desde que inició su andadura política como partido abiertamente neonazi a finales de la década de 1980, y pasó del segundo al tercer puesto, por detrás de los conservadores Moderados.

 

Hasta aquí las buenas noticias. Al igual que en Alemania y Francia, la extrema derecha sueca no ha necesitado llegar al poder para que su agenda se normalizara y se aplicara parcialmente. La dependencia del Sr. Kristersson respecto al SD dio lugar a un Gobierno que se comportó con una crueldad ostentosa hacia los migrantes y que puso en práctica gran parte de su draconiano programa en materia de deportaciones y restricciones a la ciudadanía. La Sra. Andersson ha respondido ofreciendo una versión más moderada del mismo enfoque en materia de inmigración y asilo. Como esto le hizo perder apoyo en la izquierda, su partido registró su porcentaje de votos más bajo en más de un siglo.

 

A menos que los partidos tradicionales más influyentes de la socialdemocracia europea sean más valientes a la hora de intentar cambiar el rumbo del debate político, la extrema derecha seguirá marcando las reglas del juego. El eslogan elegido por el SD para su campaña fue "Hagamos de Suecia Suecia de nuevo" (una variación del habitual lema "Make America Great Again" para subrayar el mensaje etnocéntrico fundamental). Desde la periferia, su retórica se volverá aún más extrema, y la derrota del bloque de derecha ya se está atribuyendo de forma injusta a los votantes nacidos en el extranjero.

 

Si la Sra. Andersson lograra finalmente formar un gobierno de coalición de centroizquierda, debería contrarrestar las fuerzas de la división recurriendo a lo mejor de las tradiciones de su propio partido. El Partido Socialdemócrata dominó históricamente la política sueca a través de la idea del “Folkhemmet”, o “Hogar del Pueblo”, que encarnaba el espíritu inclusivo de una sociedad del bienestar admirada en todo el mundo. Encontrar los recursos y la ambición necesarios para desarrollar una política del bien común igualmente atractiva para el siglo XXI es la tarea urgente de los progresistas, tanto en Suecia como fuera de ella.

Traducción del artículo original publicado el 16 de septiembre de 2026 en el diario británico The Guardian.

Un político experto en sobrevivir se arriesga a dar un paso al frente

Los decretos sobre vivienda de su coalición de izquierdas han fracasado, por lo que el jefe del Gobierno español convoca ahora elecciones anticipadas. Hay grandes dudas sobre si esto le servirá.

Cuando el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, se presenta el lunes por la mañana ante la sede del Gobierno en Madrid, ya se encuentra en modo de campaña electoral. Le bastan nueve minutos para presentar los últimos ocho años como una historia de éxito universal de su Gobierno. En un clima político extremadamente polarizado y en la lucha contra "tiranos, tecnoligarcas y genocidas", su Gobierno ha logrado convertir a España en un modelo mundial en materia de paz, feminismo y prosperidad, con los mejores resultados económicos y medioambientales que jamás haya obtenido un Gobierno democrático en España. El 29 de noviembre, en unas elecciones anticipadas, los españoles y españolas tendrían ahora la oportunidad de decidir si querían sumarse a la "ola de extrema derecha" o seguir siendo un baluarte de la apertura social y la justicia social. En resumen: si querían estar en el lado correcto de la historia.

 

Para un jefe de Gobierno que recientemente ha sido objeto de duras críticas, incluso a nivel internacional, por su errática gestión de la crisis en Ceuta y cuya actuación, según una encuesta, solo cuenta con el respaldo de apenas un 27 por ciento de la población, se trata de unas palabras que denotan mucha seguridad en sí mismo. ¿Se trata de arrogancia o de la hábil estrategia de un superviviente político que siempre ha sabido sacar partido de las crisis?

 

Desde hacía días se especulaba en España sobre la posibilidad de convocar elecciones anticipadas. El viernes, el Parlamento rechazó los decretos del Gobierno sobre vivienda. Para la coalición de izquierdas, esto supuso un duro revés: la falta de vivienda es, desde hace meses, una de las mayores preocupaciones de los españoles y las españolas.

 

Las imágenes de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad grave, a la que sacaban en camilla del piso en el que había vivido durante más de siete décadas, habían desatado una ola de indignación. Tras el cambio de propietario del edificio, el alquiler superó el importe de su pensión: Maricarmen se convirtió en un símbolo de la gentrificación en las grandes ciudades. Decenas de miles de personas salieron a la calle en todo el país en su nombre. En Madrid, Barcelona y Sevilla surgieron campamentos de protesta. Las escenas recordaban al movimiento de los Indignados de hace 15 años.

 

El Gobierno reaccionó y negoció con sus aliados en el Parlamento un paquete de medidas de compromiso: mediante decreto, se suspenderían los desahucios en casos de emergencia social hasta 2030, se prorrogarían dos años los contratos de alquiler que vencieran a finales de 2028 y se prohibiría a los fondos inmobiliarios la compra de edificios por menos del 70% de su valor. Los propietarios que redujeran el alquiler serían recompensados con desgravaciones fiscales. Sin embargo, las medidas fracasaron no solo por la oposición del Partido Popular (PP), de tendencia conservadora, y de Vox, de extrema derecha, sino también por el sorprendente "no" del partido burgués y separatista Junts, del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. El acuerdo, que se daba por seguro, se vino abajo. Y, de nuevo, decenas de miles de personas salieron a la calle durante el fin de semana.

 

Las encuestas sitúan al bloque de derechas a la cabeza

 

No es de extrañar que Sánchez intente ahora aprovechar este descontento en su beneficio. Tras unos últimos meses marcados por la crisis migratoria y las acusaciones de corrupción, la política de vivienda es el único tema en el que la coalición de izquierdas ha podido dar un impulso positivo (y en el que puede contar con un amplio apoyo). La protección de los inquilinos no es un tema exclusivamente de izquierdas: según una encuesta del instituto 40dB, más de la mitad de los votantes del PP y de Vox también están a favor de limitar los precios de los alquileres, aunque ello reduzca la rentabilidad. También en lo que respecta al aplazamiento de los desahucios en situaciones de emergencia, predomina el apoyo en ambos bandos. El malestar por el fracaso de los decretos supone una oportunidad para Sánchez.

 

Sin embargo, eso no garantiza el éxito. Y es que Pedro Sánchez tiene un problema de credibilidad, ya que, al fin y al cabo, lleva ocho años gobernando el país. Su Gobierno ha declarado en repetidas ocasiones que la crisis de la vivienda es su máxima prioridad. Ya en 2023, la coalición de izquierdas reformó la ley de alquileres y permitió la aplicación de un freno a los alquileres en zonas con un mercado inmobiliario especialmente tenso. Estas medidas se aplican sobre todo en el País Vasco y en Cataluña. Grandes ciudades como Madrid, Sevilla y Málaga quedan al margen. En abril de 2026, el Gobierno aprobó un plan de vivienda de siete mil millones de euros para aumentar la oferta de viviendas públicas. Sin embargo, el programa de construcción avanza con lentitud.

 

El hecho de que medidas como el freno al alquiler no surtan efecto en muchos lugares, porque son boicoteadas por las comunidades autónomas (responsables de la política de vivienda y gobernadas en su mayoría por partidos conservadores), no tiene importancia para muchos votantes. Quien, cada vez que vence su contrato de alquiler, tiene que vivir con el temor de no poder hacer frente económicamente a la próxima subida, se preocupa poco por el reparto de competencias entre el Estado central y las regiones. A esto se suman el malestar por los escándalos de corrupción en el partido de Sánchez y la crisis de Ceuta, que sigue latente. Miles de migrantes siguen aguantando en el enclave español. El margen de maniobra del jefe de Gobierno es escaso: todas las encuestas sitúan a la cabeza al bloque de la derecha, formado por conservadores y extremistas de derecha.

 

"La lucha por la vivienda se decide en la calle"

 

Pero Pedro Sánchez es un experto en la economía de la atención. Con giros inesperados, siempre ha logrado desviar el interés público a su favor. Cuando en 2024 se iniciaron las investigaciones preliminares contra su esposa, Begoña Gómez, escribió una carta muy emotiva a la ciudadanía y se retiró para tomarse cinco días de reflexión. El país debatía sobre el estado de la justicia y el futuro de su jefe de Gobierno. Cuando, al año siguiente, se investigó por corrupción a personas de su más estrecha confianza dentro de la dirección del partido, Sánchez se erigió en antitrumpista y rechazó el objetivo del 5% de la OTAN. La política internacional acaparó los titulares españoles.

 

Si por Sánchez fuera, la política de vivienda desplazaría ahora a la crisis de Ceuta de la campaña electoral. El hecho de que el bloque de derecha apenas tenga propuestas propias, salvo más suelo para la construcción y menos regulación, le ha resultado ventajoso. Ya ha encontrado el instrumento adecuado: uno de los decretos sobre vivienda que fracasó el viernes entrará finalmente en vigor, gracias a una artimaña. Es cierto que, tras el anuncio de las elecciones, el Parlamento ha quedado disuelto, pero la Diputación Permanente, una especie de comisión permanente, sigue siendo capaz de funcionar y votar. Allí, los partidos que votaron a favor el pasado viernes cuentan con mayoría.

 

Se trata de un regalo anticipado de campaña electoral y de un intento de ganarse el apoyo de los jóvenes (en su mayoría) que han montado sus tiendas de campaña en los campamentos de protesta. Sin embargo, el movimiento liderado por la asociación "Sindicato de Inquilinas" no se deja llevar por esa lógica electoral y convoca una huelga general. "La lucha por la vivienda se decide en la calle", afirmó la portavoz de la asociación, Alicia del Río, en el campamento de protesta de la Puerta del Sol de Madrid.

Traducción del artículo original publicado el 5 de octubre de 2026 en el diario alemán Die Zeit.

Fallece a los 87 años María del Carmen Abascal, símbolo de las protestas por la vivienda en España

El desahucio de Maricarmen de su piso en Madrid, tras más de siete décadas viviendo en él, desencadenó una ola de protestas contra la crisis de la vivienda.

Maricarmen en Madrid, en octubre de 2025. Fotografía: Europa Press News/Europa Press/Getty Images

María del Carmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio desencadenó una ola de protestas a nivel nacional contra la crisis de la vivienda en España, ha fallecido.

 

La noticia de su fallecimiento se conoció dos semanas después de que Maricarmen, como se la conocía en toda España, fuera desahuciada del piso de Madrid en el que había vivido durante más de siete décadas.

 

Esta jubilada, cuyo piso había sido adquirido por una empresa de inversiones que pretendía aumentar su alquiler en un 230%, se convirtió rápidamente en un símbolo de las muchas personas que se han quedado atrás ante el auge del mercado inmobiliario español.

 

Las imágenes del desahucio, en el que la policía utilizó varias ráfagas de gas lacrimógeno mientras ejecutaba la orden, acapararon los titulares en toda España. Las impactantes imágenes (en las que se veía a Abascal siendo sacada a la fuerza de su casa en una camilla, flanqueada por manifestantes y policías) se tradujeron rápidamente en indignación.

 

Unas 10.000 personas salieron a las calles de Madrid horas más tarde, enarbolando pancartas con lemas como "¡Qué vergüenza!" y "Todos somos Maricarmen". Desde el norte hasta el sur de España, la gente se congregó en las plazas para protestar contra el sufrimiento provocado por unos alquileres que se habían disparado un 80% en el espacio de una década, mientras que los precios de la vivienda habían subido un 63%.

En una vigilia celebrada en Madrid el 7 de octubre se ve un folleto con una imagen de María del Carmen Abascal. Fotografía: Thomas Coex/AFP/Getty Images

Desde el hospital donde estaba siendo tratada por agotamiento grave, la mujer animó al movimiento incipiente. "Me gustaría estar allí con todos vosotros", dijo en un vídeo grabado desde su cama del hospital. "Pero no tengo tanta suerte. Así que, desde aquí, os pido a todos que tengáis valor y que luchéis y defendáis lo que es vuestro".

 

A medida que empezaban a surgir campamentos por todo el país, la empresa de inversiones que había comprado la vivienda de Abascal le comunicó que podía volver. El acuerdo no sirvió de mucho para apaciguar la ira que se había desatado tras el desahucio.

 

Esta semana, la ola de indignación llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales anticipadas después de que los partidos de derecha y de extrema derecha rechazaran dos decretos de emergencia que su Gobierno había propuesto para hacer frente a la crisis de la vivienda.

 

El sindicato de inquilinos de Madrid afirmó que la solución había llegado demasiado tarde para la octogenaria. "Se trataba de una situación totalmente evitable tras una agonizante odisea", señaló en un comunicado en el que anunciaba que Maricarmen había fallecido en el hospital, al parecer horas antes de que tuviera previsto firmar un nuevo contrato de alquiler con la empresa de inversiones que la había desahuciado.

"Los acontecimientos desencadenados por la injusticia de su desahucio marcan, sin duda, un punto de inflexión en la historia de este país: manifestaciones masivas, acampadas en las plazas, unas elecciones anticipadas y la convocatoria de una huelga general", añadió. "El debate sobre la vivienda está en el centro de todo ello, pero el coste de llegar hasta aquí ha sido demasiado alto".

 

Sánchez expresó sus condolencias a la familia y los amigos de Abascal. "Un abrazo también a todos los que hoy sienten esta pérdida como propia", escribió en las redes sociales. "Que descanse en paz".

La ministra de Sanidad española, Mónica García, afirmó que la situación de la anciana había "servido para despertar la conciencia en toda España, encendiendo una mecha que ya no se va a apagar", y añadió que su "dignidad y coraje" habían marcado el camino.

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, fue más contundente. "Esto no es una muerte; es un asesinato", escribió en las redes sociales. "Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Maricarmen".

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, que votó en contra de las medidas de emergencia en materia de vivienda aprobadas la semana pasada, también expresó sus condolencias.

 

"Ni campaña, ni partidos políticos, ni fines partidistas, no más piedras en el muro", escribió en las redes sociales. "Cuando muere una persona, no debería haber nada más que respeto".

Su muerte se produjo un día después de que el Gobierno de Sánchez aprobara dos nuevos decretos de vivienda destinados a "mantener el espíritu" de los dos decretos anteriores que fueron rechazados en el Parlamento la semana pasada por el PP, el partido de extrema derecha Vox y el partido independentista catalán de derecha Junts.

 

Las 21 medidas incluyen facilitar el alquiler o la compra de una nueva vivienda; ampliar las protecciones contra los desahucios para los residentes vulnerables; regular el alquiler de habitaciones; imponer un nuevo impuesto sobre los alquileres de temporada; prohibir las compras inmobiliarias especulativas; y conceder desgravaciones fiscales a los propietarios y a los inquilinos que paguen puntualmente.

 

Tras la disolución de las Cámaras Baja y Alta del Parlamento a raíz de la convocatoria de elecciones anticipadas, los decretos serán sometidos a votación por el Consejo Permanente del Congreso, un órgano especial que actúa cuando el Parlamento no está reunido.

 

Los 69 miembros de este órgano se distribuyen proporcionalmente entre los distintos grupos parlamentarios para reflejar la composición de la Cámara Baja, lo que significa que Sánchez probablemente contará con el apoyo suficiente para que se apruebe al menos uno de los decretos.

María del Carmen Abascal en Madrid, el 2 de junio. Fotografía: Francesco Militello Mirto/NurPhoto/Getty Images

En el centro de Madrid, donde los activistas han montado un gigantesco campamento de protesta, la noticia de la muerte de Maricarmen fue recibida con un minuto de silencio. Poco después, cientos de personas marcharon desde el campamento hasta el Parlamento coreando: "Maricarmen sigue viva, la lucha continúa".

Traducción del artículo original publicado el 7 de octubre de 2026 en el diario británico The Guardian.