Miles de personas se manifiestan en Portugal, Italia, España y Albania

En Tirana, la policía utiliza cañones de agua y balas de goma; en Portugal se desmantela un campamento de tiendas de campaña. También hay manifestaciones en Bélgica.

Esta mañana, la policía ha desalojado un campamento de protesta contra la crisis de la vivienda en Lisboa. © Ana Brigida/​AP/​dpa

No solo en Francia la gente sale a la calle. También en otros países europeos hay manifestaciones contra el alto coste de la vida, la corrupción y la guerra en Gaza, así como a favor de una mayor inversión en el sistema educativo. En muchos lugares se han producido enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes. 

Albania

 

En Tirana, la policía albanesa ha intervenido contra los manifestantes utilizando gas lacrimógeno, cañones de agua y balas de goma. Los manifestantes habían lanzado piedras contra los agentes y habían provocado un incendio en la entrada del Ministerio de Agricultura. Las protestas, encabezadas por estudiantes, se dirigen contra la presunta corrupción en el Gobierno, la falta de empleo y los bajos niveles educativos. Exigen la dimisión del primer ministro Edi Rama, que ocupa el cargo desde 2013.

 

Ya en las últimas semanas se habían producido disturbios en los que, entre otras cosas, se incendiaron edificios gubernamentales. Los disturbios actuales se producen tras unas protestas mayoritariamente pacíficas celebradas en verano. Estas se dirigían contra un polémico proyecto de construcción de lujo en la costa, impulsado por Jared Kushner, yerno del presidente de EE. UU., Donald Trump.

 

Italia

 

En Italia se ha detenido a 380 personas durante las manifestaciones, 371 de ellas en prisión preventiva, según informa la agencia de noticias AFP citando a la policía italiana. En 110 casos se trata de menores de edad. No obstante, las manifestaciones a nivel nacional han sido esta vez más tranquilas y de menor envergadura que la semana anterior. En Roma y Milán se manifestaron unas 3.000 personas en cada ciudad. Solo se produjeron enfrentamientos aislados entre los manifestantes y la policía. Por temor a que se repitieran los disturbios del fin de semana anterior, las fuerzas de seguridad de varias ciudades italianas se prepararon con un gran despliegue de efectivos.

 

En Milán, Turín y Bolonia se volvieron a producir tensiones. En Bolonia, la policía llegó a utilizar gas lacrimógeno y cañones de agua para impedir que los manifestantes llegaran a la estación central. En Milán se produjeron nuevos enfrentamientos, en los que la policía detuvo una marcha de manifestantes. Para ello se utilizaron porras. Por temor a los disturbios, muchas tiendas de lujo se habían atrancado y más de 1.400 agentes controlaban el territorio municipal, según informa el periódico italiano Corriere della Sera.

 

La semana anterior, las manifestaciones se habían centrado principalmente en el elevado coste de la vida. En esta ocasión, los temas de las protestas abarcaron un abanico más amplio. Por ejemplo, algunos colectivos se manifestaron en contra del rearme y en apoyo a Palestina.

 

España

 

Según la Prefectura de Madrid, 25 000 personas se manifestaron en la capital para defender el sistema público de pensiones. En Barcelona, según las informaciones, protestaron cientos de adolescentes y jóvenes. La policía detuvo a unos 100 manifestantes tras los disturbios. Aproximadamente una cuarta parte de los detenidos eran menores de edad, según informó el diario español El País.

 

El 29 de noviembre se celebrarán en España elecciones generales anticipadas. La protesta masiva vino precedida de una advertencia del Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez sobre una posible victoria electoral del Partido Popular (PP), de carácter conservador: Los conservadores querían eliminar la indexación de las pensiones a la inflación. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechazó esta acusación. Aseguró que revalorizaría las pensiones de acuerdo con la ley si su partido ganaba las elecciones parlamentarias del 29 de noviembre.

 

En la campaña electoral, el aumento del coste de la vida, incluidos los alquileres, en algunos casos elevados, es un tema central. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no consiguiera una mayoría suficiente en el Parlamento para su paquete de medidas contra la crisis de la vivienda en el país, disolvió el Parlamento y provocó así la convocatoria de nuevas elecciones. Esto vino precedido por protestas en todo el país a finales de septiembre y principios de octubre, que se desencadenaron a raíz del desahucio de la vivienda de Maricarmen Abascal, de 87 años. Se ha convocado una huelga general en todo el país para el 11 de noviembre, dos semanas antes de las elecciones parlamentarias, en defensa de una vivienda asequible.

 

Portugal

 

La policía portuguesa ha desalojado, en las primeras horas de la mañana, un campamento de protesta contra la crisis de la vivienda en el centro de Lisboa. Según la agencia de noticias Reuters, se han producido varias detenciones. Al parecer, ha habido heridos leves, aunque de momento no se disponía de cifras exactas. Los agentes de policía acudieron al lugar acompañados, entre otras cosas, de perros.

 

El trasfondo es la crisis de la vivienda en Portugal, una de las más graves de Europa. Los precios inmobiliarios se han más que duplicado desde 2017, y los alquileres de los nuevos contratos han subido casi en la misma proporción. Los jóvenes son los más afectados. Los manifestantes habían montado más de 100 tiendas de campaña tras una marcha de protesta en la que participaron miles de personas el sábado. El martes, la policía ya había desalojado un campamento similar en el mismo lugar.

 

"Tenemos el deber de luchar por aquello en lo que creemos", afirmó Vitor Gomes, un manifestante de 21 años. La especulación inmobiliaria, la concentración de la riqueza y la creciente desigualdad le hacían ver el futuro con pesimismo. Los manifestantes exigen al Gobierno que rechace un proyecto de ley destinado a facilitar los desahucios y que limite los alquileres en los nuevos contratos.

 

Bélgica

 

Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, han salido a las calles de Bruselas para manifestarse a favor de mejores condiciones y más fondos para el sistema educativo. La policía belga utilizó gas lacrimógeno y spray de pimienta en los enfrentamientos con los manifestantes, quienes acusaron a los agentes de emplear una violencia desproporcionada. Testigos presenciales declararon a la agencia de noticias Reuters que los manifestantes huyeron ante la llegada de las fuerzas de seguridad. Algunos cayeron al suelo y los agentes golpearon a uno de los manifestantes.

 

Según la información disponible, las protestas fueron considerablemente más reducidas y menos violentas que manifestaciones similares celebradas la semana pasada en Bélgica y en la vecina Francia.

Traducción del artículo original publicado el 24 de octubre de 2026 en el diario alemán Die Zeit.

Alumnos de secundaria y universitarios: el ocaso del macronismo

El actual movimiento de estudiantes de secundaria y universitarios marca el ocaso del macronismo. La juventud pide algo sencillo: recursos para formarse y acceder a una educación de calidad. Al hacerlo, la movilización en curso pone de manifiesto lo que sin duda es el fracaso más evidente del Gobierno actual: una reducción catastrófica y sin precedentes del presupuesto por estudiante, del 20% desde 2017.

En la práctica, esto significa que cientos de miles de jóvenes han trabajado duro para obtener el bachillerato, pero no se ha previsto nada para acogerlos en la educación superior. En concreto, el número de titulados en bachillerato tecnológico y profesional ha aumentado considerablemente, pero las plazas en los IUT y los BTS no han seguido el ritmo, por lo que muchos se ven asignados a carreras universitarias masificadas y menos costosas (y a menudo totalmente inadecuadas para sus necesidades y aspiraciones). El desperdicio humano y económico es gigantesco y pone de manifiesto una ideología profundamente desigualitaria y jerárquica del mundo. Para los macronianos, la prosperidad de las naciones depende de una ultraminoría de innovadores geniales y de los que van a la cabeza: a los demás se les pide que esperen pacientemente a que les llegue la riqueza.

 

La guinda del pastel: la escasez de plazas en la enseñanza superior se ha gestionado con la mayor opacidad posible mediante un algoritmo incomprensible (Parcoursup), a pesar de los repetidos llamamientos de los alumnos, las familias, los profesores y los investigadores para que se cambie el sistema. Todo ello en un contexto marcado por el fiasco de la reforma Blanquer del bachillerato, llevada a cabo en 2019 (con opciones de ramas cada vez más complejas e impredecibles para la orientación futura y horarios con huecos), y por las desigualdades estructurales entre territorios.

 

Los estudios realizados por Asma Benhenda a partir de los registros de nóminas del Ministerio de Educación muestran que la proporción de profesores con contrato temporal o noveles es de apenas un 10% en las zonas más favorecidas (París, Hauts-de-Seine) y alcanza el 50% en los departamentos más pobres (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne). En definitiva, el salario medio por profesor de secundaria es aproximadamente un 20% más bajo en las zonas más pobres que en las más ricas, incluso teniendo en cuenta las (escasas) primas que se abonan en el ámbito de la educación prioritaria.

 

Cuando el ministro de Educación recorre los programas de televisión afirmando que Seine-Saint-Denis está mejor dotada que París, basándose únicamente en el tamaño de las clases e ignorando pura y simplemente las diferencias salariales del profesorado, no hace honor a su cargo. La realidad es que las zonas desfavorecidas tienen clases (un poco) menos numerosas y profesores (mucho) menos formados y con menos experiencia. No es en absoluto seguro que salgan ganando con el cambio.

 

Para justificar la insuficiencia de los recursos educativos, y en particular la caída del gasto por estudiante, el Gobierno y sus partidarios alegan que Francia no dispone de los medios para invertir más. Al hacerlo, cometen un doble error de razonamiento. Es cierto que la deuda pública ha pasado del 20% del PIB en 1970 al 120% actual. Pero, al mismo tiempo, el patrimonio privado ha aumentado mucho más: ha pasado del 300% al 600% del PIB, con una concentración extrema en las mayores fortunas financieras. En otras palabras, el patrimonio nacional de Francia (la suma del patrimonio privado y público, tras deducir las deudas privadas y públicas) nunca ha sido tan elevado, no solo en términos absolutos, sino también como porcentaje del PIB (que, a su vez, nunca ha sido tan alto).

 

En resumen, Francia nunca ha sido tan rica: el problema que debemos resolver es únicamente una cuestión de distribución. La situación era mucho más difícil en 1945, cuando la deuda pública era aún mayor que hoy y los patrimonios privados estaban agotados. Eso no impidió la implantación de un impuesto de solidaridad nacional (ISN) con tipos de varias decenas de puntos porcentuales sobre los patrimonios más elevados, lo que hoy podría reportar ingresos mucho mayores. Quienes repiten una y otra vez que no cabe esperar nada sustancial por ese lado están, sin duda, muy en desacuerdo tanto con las matemáticas como con la historia.

 

El segundo error es aún más grave. Todo el mundo sabe que el gasto en educación y sanidad crecerá más rápido que el PIB en las próximas décadas. Pero, curiosamente, algunos parecen creer que sería más eficaz si se financiara con fondos privados. Sin embargo, todos los datos históricos y comparativos de los que disponemos sugieren, por el contrario, que el sector público, asociativo y sin ánimo de lucro obtiene mejores resultados que la lógica capitalista clásica en numerosos sectores, y en particular en la educación y la sanidad. Reinvertir hoy en estos sectores no es simplemente una cuestión de igualdad entre territorios y entre clases sociales. También es un reto fundamental para avanzar hacia la desmercantilización y la desmaterialización gradual de la economía y, más allá de ello, para construir otro modelo de desarrollo. Esperemos que la movilización actual contribuya a situar estas cuestiones en el centro de las próximas citas electorales.

Traducción del artículo original publicado el 20 de octubre de 2026 en el blog de Thomas Piketty.

En cuanto al derecho a la vivienda, que la izquierda elija de qué lado está

España, Berlín, Roma, Nueva York: la crisis de la vivienda ya no puede dejarse en manos de un mercado sin reglas.

"¿Debo dejarme intimidar por estas denuncias penales que carecen de fundamento jurídico (y mucho menos moral) o debo seguir, y de hecho con mayor energía, defendiendo como pueda a la gente pobre sin hogar y sin trabajo? (…) Un alcalde que, por miedo a los ricos y a los poderosos, abandona a los pobres (desahuciados, despedidos, desempleados, etc.) es como un pastor que, por miedo al lobo, abandona a su rebaño".

 

Giorgio La Pira, alcalde de Florencia, escribía así en 1953 en el "Giornale del Mattino" de Florencia, dirigido por Ettore Bernabei. Había expropiado inmuebles desocupados, amparándose en una norma de 1865, ante el aumento de los desahucios, y había sido denunciado. Era un católico ferviente, un democristiano de izquierdas que se preocupaba por "la gente". El derecho a la vivienda había sido reconocido explícitamente en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El artículo 2 de nuestra Constitución, relativo a los derechos inviolables del hombre, y el artículo 3, relativo a la eliminación de los obstáculos que limitan la libertad y la igualdad, tal y como ha aclarado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, consagran este derecho. Por otra parte, entre los años 50 y 70 del siglo pasado se llevó a cabo, gracias a la convergencia de las grandes fuerzas populares, un gran programa de vivienda pública. Amintore Fanfani, con el Plan INA-Casa, no era comunista. Era, al igual que La Pira, un democristiano que se preocupaba por los problemas sociales.

 

¿Y luego? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a un año 2026 en el que una habitación para un estudiante en Milán cuesta nada menos que 700 u 800 euros, y cincuenta metros cuadrados para una pareja joven en Roma cuestan 1.000 euros? Lo que ha pasado es que la ideología liberalista ha convertido este derecho (como otros) en una mercancía, dejándolo en manos de un mercado sin reglas que se ha tragado las ciudades. Lo peor es que las fuerzas que debían representar el trabajo y los derechos sociales (los herederos de La Pira y Fanfani, o de Pietro Nenni, o de Enrico Berlinguer) se han sumado a esta ideología. Durante décadas (como ha reconocido el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, que ha puesto en marcha políticas innovadoras en materia de vivienda) se ha renunciado a cualquier programa de construcción pública, dejando que el antiguo parque de viviendas sociales y municipales se degradara, y abandonando a la gran mayoría de la gente a su suerte en la jungla de los alquileres.

 

El problema, como se ve, afecta a toda Europa, y no solo a ella. El levantamiento juvenil y popular en España, tras el desahucio y posteriormente la muerte de Maricarmen Abascal, contra esta ideología y las políticas que ha generado, ha llegado incluso a provocar la caída del Gobierno y a llevar al país a unas elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre. La vivienda será el campo de batalla (junto con la inmigración) de esta contienda. Así ocurrió en Berlín, donde ganó las elecciones municipales Elif Eralp, de Die Linke, proponiendo una política radical en materia de vivienda (similar a la que aplicaba La Pira en Florencia en los años 50). Y así ocurrió en Nueva York, donde Zohran Mamdani construyó su coalición ganadora en torno a algunas grandes cuestiones sociales, y ante todo la vivienda.

 

La extraordinaria movilización del pasado verano en Roma, tras el desalojo de Spin Time llevado a cabo por el Gobierno mediante engaños, precedió a la movilización española. Se trata de movimientos sociales, de base, en los que debería fundamentarse una nueva política, no ideológica, sino concreta. Olvídate de las primarias. Hoy en día, el conflicto social se libra en las ciudades, entre el derecho a la vivienda y las grandes propiedades inmobiliarias. Una izquierda popular debe elegir de qué lado estar, para alcanzar un nuevo pacto social que, por fin, ponga freno al poder desmesurado de los promotores inmobiliarios.

Traducción del artículo original publicado el 19 de octubre de 2026 en el diario italiano L'Espresso.

La ola de protestas une ahora a la educación, la sanidad y la vivienda en España

El país está alborotado también ante las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre. Los estudiantes siguen en la calle y habrá una huelga general unitaria el día 11. La dimisión de Sánchez influye en las encuestas: los socialistas recortan distancias con la derecha. Pero la candidata Colau amenaza: “Estoy dispuesta a retirarme si no estamos unidos”. Algo se está moviendo: Podemos está cerrando acuerdos territoriales con el Frente Amplio en casi todas las comunidades autónomas.

"Una profesora también enseña manifestándose y luchando". Desde Maricarmen, la anciana desahuciada que falleció en el hospital y que se ha convertido en símbolo de las protestas por la vivienda, las manifestaciones en España ya no se detienen. Con una participación del 70%, según el sindicato, ayer comenzó en las calles de Madrid la primera jornada de protesta de la "marea verde" de docentes y estudiantes, que en pocas horas llegó al corazón de las protestas: el campamento por la vivienda que se encuentra en la plaza de la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre. Mientras tanto, otros cientos de estudiantes ocupaban la Universidad Complutense de Madrid, donde, en los enfrentamientos con la policía, resultaron heridos ocho manifestantes y cinco fueron detenidos. La "marea verde", que hoy ha vuelto a salir a la calle con una participación superior al 60%, continuará con la huelga indefinida convocada por los principales sindicatos españoles para exigir, entre otras medidas, la reducción de las horas lectivas presenciales, del número de alumnos por profesor, el aumento del personal especializado y de apoyo, el incremento de los salarios, así como la mejora de las instalaciones educativas.

Las reivindicaciones, más que al Gobierno central, van dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), quien ha deslegitimado la protesta acusando a los manifestantes de estar manipulados: "La izquierda (ha dicho Ayuso ante el Parlamento regional) cuando pierde las elecciones se vuelve violenta porque no acepta las reglas democráticas".

 

Pero la cuestión no afecta solo a Madrid, ni solo a los profesores, ni únicamente a los sindicatos de inquilinos. A finales de este mes, también se sumarán a las protestas los médicos y el personal sanitario, que inicialmente, tras el anuncio del dimitido Pedro Sánchez de convocar elecciones anticipadas, habían suspendido temporalmente la huelga. Pero que, de hecho, acompañarán la movilización en la gran huelga general unitaria prevista para el 11 de noviembre. A menos de 20 días de la fecha prevista para las elecciones del 29.

 

Según las encuestas, quien se beneficiaría de esta movilización sería la izquierda, cuyos votantes se estarían movilizando para acudir a las urnas, sobre todo después de que Sánchez (que ya había presentado su dimisión) lograra que la Comisión Permanente, que sustituye a las Cámaras, aprobara los dos decretos sobre la Vivienda que la derecha y los catalanes de Junts per Catalunya habían rechazado, lo que le llevó a convocar elecciones anticipadas.

 

La encuesta del CIS (Centro de Investigación Sociológica), que ayer situaba al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en alza respecto a las encuestas previas a la dimisión, con un 34% frente al 22% del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, es la que ofrece las primeras cifras (de las que Sánchez se beneficiaría tras esta enésima jugada de póquer). De hecho, esto da la vuelta a lo que se perfilaba como una derrota de los socialistas frente a la derecha, convirtiéndola en una victoria.

 

En realidad, los datos del CIS, según han declarado comentaristas y expertos a los medios de comunicación españoles, no se consideran fiables, ya que sobrerrepresentarían a los votantes del PSOE. A medio camino entre la conquista de España por parte de la extrema derecha y la remontada de Sánchez, se sitúan los datos de "Ateneo de Dato", que, según un cálculo alternativo basado en los datos del CIS, sitúan al PP y al PSOE en un empate técnico, pero con una ventaja del 0,3% para Sánchez (28,6 %) sobre Feijóo (28,3%).

 

Sin embargo, otra cuestión sería la gobernabilidad. Porque, mientras los socialistas estarían recuperando votos y la extrema derecha de Vox se situaría en torno al 17% (un punto menos que en las últimas encuestas, que situaban a la formación neofranquista de Santiago Abascal por encima del 18%), los que no logran despegar son los partidos a la izquierda de Sánchez, que se mantienen estancados en un 9% en un margen estimado de hasta el 12%. Se trata de un Frente Amplio que podría abarcar desde Podemos (fundado por Pablo Iglesias al final de la época de los indignados) hasta Sumar, de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pasando por Izquierda Unida y llegando hasta la Esquerra Republicana de Cataluña de Gabriel Rufián. Una paradoja, dado que el movimiento por la vivienda que, con la historia de Maricarmen, abrió las fisuras del terremoto político en España procedía precisamente de la época de los indignados.

 

Lo que perjudica a la izquierda son las divisiones internas y la incapacidad para cohesionar el Frente Amplio, al frente del cual se ha designado a Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y una de las políticas más activas en materia de vivienda en España. Sin embargo, en estas últimas horas parece que algo se está moviendo, en parte debido al ultimátum de Colau, dispuesta a retirar su candidatura en caso de que no haya unidad. De hecho, Podemos está ultimando acuerdos territoriales con el Frente Amplio en casi todas las comunidades autónomas, excepto en Madrid y Barcelona. "Parece difícil, pero es fácil unirse en torno a un proyecto común", reza el llamamiento de Colau. En sus palabras parece resonar el dilema de la izquierda italiana.

Traducción del artículo original publicado el 15 de octubre de 2026 en el diario italiano Il Fatto Quotidiano.

España se presenta como candidata para albergar la Copa del Mundo de Rugby en 2035

El Camp Nou de Barcelona, el Bernabéu del Real Madrid y el campo de Mestalla del Valencia figuran en la lista de posibles estadios en el marco de la candidatura de España para albergar la Copa del Mundo de Rugby de 2035.

Las obras para ampliar el aforo del estadio del Camp Nou comenzaron en junio de 2023 y se prevé que finalicen a principios de 2028.

La Federación Española de Rugby afirma que su objetivo es organizar la "mejor Copa del Mundo de la historia", acercando el torneo a los 700 millones de hispanohablantes de todo el mundo.

Si la candidatura de España sale adelante, el renovado Camp Nou podría acoger la final, lo que supondría la primera vez que la final de la Copa del Mundo se celebra ante más de 100.000 aficionados.

Argentina y Japón también se han presentado como candidatos para acoger el torneo, y se espera que World Rugby anuncie al candidato elegido en la primavera o el verano de 2027.

Las autoridades del rugby español afirman que el torneo de 2035 aprovecharía el impulso de la Copa del Mundo de la FIFA de 2030, que España acogerá conjuntamente con Marruecos y Portugal.

La candidatura para la Copa del Mundo de Rugby cuenta con el apoyo del Gobierno español y de La Liga, y entre las sedes potenciales figuran algunos de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

"Tenemos plena confianza en nuestra capacidad organizativa, nuestra infraestructura deportiva está a la vanguardia de la innovación y estamos convencidos de que acoger la Copa del Mundo de Rugby de 2035 aportará nuevas y únicas dimensiones de hospitalidad, colaboración, unidad y amistad a la familia mundial del rugby", afirmó Juan Carlos Martín "Hansen", presidente ejecutivo de la federación española.

España se ha clasificado para el torneo de 2027 en Australia, lo que supondrá su primera participación en un Mundial masculino desde 1999.

La Federación Española tiene la ambición de triplicar el número de personas que practican este deporte en el país para 2035 y, en última instancia, consolidar a España como una nación de rugby de primer nivel.

"El rugby se está convirtiendo en parte de la identidad de nuestro país", añadió Martín.

"En colaboración con World Rugby, podemos hacer de la Copa del Mundo de Rugby de 2035 un punto de inflexión en el crecimiento mundial de este deporte, en beneficio de las generaciones venideras".

España, que ha participado en siete ediciones de la Copa del Mundo de Rugby Femenino, ha acogido dos fines de semana de finales europeas (en San Mamés, en Bilbao, en 2018 y 2026), mientras que la final del Top 14 de 2016 se celebró en el Camp Nou ante 99.124 aficionados.

San Mamés figura en una lista de 14 estadios presentada a World Rugby, que se reducirá a 9 o 10 si la candidatura española sale adelante.

España también ha acogido eventos de World Rugby Sevens, y ya se han confirmado nuevas ediciones en Castilla y León para 2027 y 2028, respectivamente.

¿España, Argentina o Japón?

Las visitas a las sedes y los estudios de viabilidad están previstos a partir de diciembre, y World Rugby tiene previsto seleccionar a su candidato preferido a finales de la primavera o en verano de 2027.

Se espera un anuncio oficial durante el torneo de 2027 en Australia.

Japón y un grupo de países sudamericanos liderado por Argentina han anunciado sus candidaturas.

Un torneo en Argentina incluiría también a Brasil, Chile y Uruguay, y supondría una primicia al ser la primera Copa del Mundo de Rugby celebrada en Sudamérica.

Japón acogió una Copa del Mundo igualmente innovadora en 2019 (la primera que tuvo lugar en Asia), que batió récords comerciales y de audiencia.

Las Copas del Mundo de 2027 y 2029 se celebrarán en Australia, mientras que Estados Unidos será el anfitrión en 2031 y 2033.

España, un gigante dormido

España es un gigante dormido del rugby europeo, con la cultura deportiva y las infraestructuras necesarias para convertirse en una nación de élite en este deporte.

Una Copa del Mundo en 2035 impulsaría enormemente esta ambición, y la perspectiva de que algunos de los estadios de fútbol más emblemáticos del mundo acojan partidos resulta muy tentadora.

Dado que las Copas del Mundo de 2027 y 2031 se celebrarán en Australia y Estados Unidos, también es muy posible que World Rugby quiera devolver el torneo a Europa en 2035.

Sin embargo, la candidatura de Argentina conmueve el corazón, dado el magnífico papel que los Pumas han desempeñado en tantas Copas del Mundo a lo largo de las décadas.

No obstante, aunque un torneo en Sudamérica podría ser maravilloso, Argentina y los coanfitriones tendrían que demostrar a World Rugby que cuentan con la infraestructura y el poderío financiero de España y Japón.

Al igual que ocurrió con Irlanda y Sudáfrica en 2023, las candidaturas "románticas" suelen quedar relegadas a un segundo plano frente a los imperativos comerciales. Aquí es donde entra en escena Japón como otro serio aspirante, dado el enorme éxito que cosechó tanto dentro como fuera del campo en 2019.

Traducción del artículo original publicado el 15 de octubre de 2026 en la web de la BBC.

Miriam González Durántez funda un nuevo partido de centro en España

La esposa del exviceprimer ministro británico Nick Clegg promete una alternativa liberal al PP y a los socialistas antes de las elecciones anticipadas

Miriam González Durántez en la presentación de Democracia21. El nuevo partido promete una «limpieza política radical», que incluye una mayor transparencia política. Fotografía: Alejandro Martínez Vélez/Reuters

La abogada española Miriam González Durántez ha fundado un nuevo partido liberal y de centro, con el compromiso de sanear la política y ofrecer a los votantes una alternativa a los partidos socialistas y conservadores dominantes, mientras el país se prepara para las elecciones generales anticipadas del próximo mes.

 

González Durántez, exasesora de la UE y esposa del exviceprimer ministro británico Nick Clegg, afirma que su nuevo partido, Democracia21, ofrecerá un tipo de política moderna y transparente que "no se alimenta del miedo, los insultos ni la nostalgia".

 

El programa electoral de Democracia21 acusa tanto al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), actualmente en el poder, como al Partido Popular (PP), de derecha, de malgastar décadas de gobierno en aras de fines políticos a corto plazo.

 

"Mientras tanto: la vivienda se volvió inasequible, los jóvenes se marcharon, la burocracia creció como una religión y las disputas sustituyeron al gobierno", afirma. "La política de la vieja escuela convirtió cada problema en una narrativa, y cada solución en una amenaza electoral".

 

Teniendo en cuenta los escándalos de corrupción que acabaron por derrocar al último Gobierno del PP (y las acusaciones de corrupción que salpican al Gobierno y al círculo más cercano del presidente socialista, Pedro Sánchez), el nuevo partido promete "una limpieza política radical", que incluye una transparencia mucho mayor por parte de los partidos.

Nick Clegg (en el centro) y González Durántez en un acto de campaña celebrado en Sheffield en 2015. Fotografía: Jon Super/AP

González Durántez, que ha anunciado que Democracia21 se presentará en Madrid y Barcelona en las elecciones del 29 de noviembre, también se ha pronunciado sobre dos de los principales temas que preocupan a los votantes: la crisis de la vivienda y la inmigración.

El desahucio el mes pasado de una mujer de 87 años en Madrid desencadenó una oleada de manifestaciones por toda España, provocó la instalación de un campamento de protesta en el centro de la capital y llevó al Gobierno en minoría de Sánchez a proponer medidas de emergencia para intentar que el mercado del alquiler fuera más equitativo. Cuando dichas medidas fueron rechazadas por los partidos de derecha y de extrema derecha a principios de octubre, el presidente del Gobierno convocó elecciones generales anticipadas.

En su intervención durante la presentación de su partido el fin de semana, González Durántez acusó tanto al PSOE como al PP de ignorar la crisis de la vivienda.

"Unos llevan ocho años en el Gobierno y los otros controlan el 80% de los gobiernos autonómicos de España", afirmó. "Lo que ocurre aquí es que solo se acuerdan de la vivienda cuando se acercan las elecciones y toda la gente sale a la calle".

González Durántez propuso eliminar los impuestos sobre la vivienda para los menores de 35 años y argumentó que un joven que gane 1.300 € al mes no debería pagar más de 350€ al mes de alquiler.

También defendió las ventajas de una inmigración controlada y del lugar que ocupa España en el proyecto europeo, que calificó de "absolutamente existencial" para el país.

"La inmigración es un activo y una ventaja competitiva esencial para España en este momento", afirmó. "Tenemos que acabar con todo el discurso xenófobo, pero el Estado debe controlar la inmigración. Tenemos que decidir quién entra, cómo entra, cuándo entra y, si tiene que marcharse, también decidiremos cuándo se marcha. Nada de esto es contradictorio. Tenemos que hacer todo eso al tiempo que nos aseguramos de que Europa no caiga en las trampas de aquellas fuerzas políticas que no han venido a reformar Europa, sino a destruirla".

Democracia21 no es el primer partido de centro que ha intentado romper el tradicional duopolio entre socialistas y conservadores. El partido liberal Ciudadanos, fundado en 2006, pareció por un momento que iba a superar tanto al PSOE como al PP, pero su decisión de dar un giro hacia la derecha y su negativa a respaldar la moción de censura que expulsó a los conservadores del Gobierno en 2018 resultaron fatales. El apoyo a Ciudadanos se había mermado tanto para las últimas elecciones generales de julio de 2023 que decidió no participar en los comicios.

La decisión de Sánchez de convocar elecciones anticipadas es otra apuesta arriesgada del pragmático e impredecible presidente del Gobierno español. Las encuestas sugieren que el PP superará holgadamente al PSOE y se alzará con el primer puesto, pero es poco probable que consiga la mayoría absoluta, lo que le obligaría a contar con el apoyo de Vox para gobernar.

Sánchez, por su parte, esperará que la decisión del PP de aliarse con Vox y con el partido independentista catalán de derecha Junts para torpedear las propuestas en materia de vivienda movilice a los votantes de izquierda y moderados.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ya se enfrenta a un revés electoral después de que el Tribunal Supremo de España decidiera mantener la suspensión del derecho al voto de decenas de miles de electores residentes en el extranjero que se beneficiaron de una ley aprobada por su Gobierno en 2022, que ofrecía la ciudadanía española a los descendientes de los exiliados durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de Franco.

La medida ha enfurecido al PP y a Vox, que han acusado a Sánchez de intentar crear más votantes socialistas más allá de las fronteras de España. Aunque parece que la suspensión se mantendrá vigente para las elecciones, el tribunal ha señalado que su fallo no afectará a quienes puedan demostrar que sus padres o abuelos "sufrieron el exilio por razones políticas o ideológicas, o por motivos de creencia u orientación sexual".

El PSOE ha denunciado la presión política que subyace a la decisión como una afrenta a la democracia.

"Los nietos del régimen franquista podrán votar, pero no los de los exiliados, tal y como querían el PP y Vox", publicó en X la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró. "Su agenda fascista ha golpeado la piedra angular de la democracia: el derecho al voto. No dejaremos de denunciar esta atrocidad".

Traducción del artículo original publicado el 13 de octubre de 2026 en el diario británico The Guardian.