Los decretos sobre vivienda de su coalición de izquierdas han fracasado, por lo que el jefe del Gobierno español convoca ahora elecciones anticipadas. Hay grandes dudas sobre si esto le servirá.
Cuando el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, se presenta el lunes por la mañana ante la sede del Gobierno en Madrid, ya se encuentra en modo de campaña electoral. Le bastan nueve minutos para presentar los últimos ocho años como una historia de éxito universal de su Gobierno. En un clima político extremadamente polarizado y en la lucha contra "tiranos, tecnoligarcas y genocidas", su Gobierno ha logrado convertir a España en un modelo mundial en materia de paz, feminismo y prosperidad, con los mejores resultados económicos y medioambientales que jamás haya obtenido un Gobierno democrático en España. El 29 de noviembre, en unas elecciones anticipadas, los españoles y españolas tendrían ahora la oportunidad de decidir si querían sumarse a la "ola de extrema derecha" o seguir siendo un baluarte de la apertura social y la justicia social. En resumen: si querían estar en el lado correcto de la historia.
Para un jefe de Gobierno que recientemente ha sido objeto de duras críticas, incluso a nivel internacional, por su errática gestión de la crisis en Ceuta y cuya actuación, según una encuesta, solo cuenta con el respaldo de apenas un 27 por ciento de la población, se trata de unas palabras que denotan mucha seguridad en sí mismo. ¿Se trata de arrogancia o de la hábil estrategia de un superviviente político que siempre ha sabido sacar partido de las crisis?
Desde hacía días se especulaba en España sobre la posibilidad de convocar elecciones anticipadas. El viernes, el Parlamento rechazó los decretos del Gobierno sobre vivienda. Para la coalición de izquierdas, esto supuso un duro revés: la falta de vivienda es, desde hace meses, una de las mayores preocupaciones de los españoles y las españolas.
Las imágenes de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad grave, a la que sacaban en camilla del piso en el que había vivido durante más de siete décadas, habían desatado una ola de indignación. Tras el cambio de propietario del edificio, el alquiler superó el importe de su pensión: Maricarmen se convirtió en un símbolo de la gentrificación en las grandes ciudades. Decenas de miles de personas salieron a la calle en todo el país en su nombre. En Madrid, Barcelona y Sevilla surgieron campamentos de protesta. Las escenas recordaban al movimiento de los Indignados de hace 15 años.
El Gobierno reaccionó y negoció con sus aliados en el Parlamento un paquete de medidas de compromiso: mediante decreto, se suspenderían los desahucios en casos de emergencia social hasta 2030, se prorrogarían dos años los contratos de alquiler que vencieran a finales de 2028 y se prohibiría a los fondos inmobiliarios la compra de edificios por menos del 70% de su valor. Los propietarios que redujeran el alquiler serían recompensados con desgravaciones fiscales. Sin embargo, las medidas fracasaron no solo por la oposición del Partido Popular (PP), de tendencia conservadora, y de Vox, de extrema derecha, sino también por el sorprendente "no" del partido burgués y separatista Junts, del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. El acuerdo, que se daba por seguro, se vino abajo. Y, de nuevo, decenas de miles de personas salieron a la calle durante el fin de semana.
Las encuestas sitúan al bloque de derechas a la cabeza
No es de extrañar que Sánchez intente ahora aprovechar este descontento en su beneficio. Tras unos últimos meses marcados por la crisis migratoria y las acusaciones de corrupción, la política de vivienda es el único tema en el que la coalición de izquierdas ha podido dar un impulso positivo (y en el que puede contar con un amplio apoyo). La protección de los inquilinos no es un tema exclusivamente de izquierdas: según una encuesta del instituto 40dB, más de la mitad de los votantes del PP y de Vox también están a favor de limitar los precios de los alquileres, aunque ello reduzca la rentabilidad. También en lo que respecta al aplazamiento de los desahucios en situaciones de emergencia, predomina el apoyo en ambos bandos. El malestar por el fracaso de los decretos supone una oportunidad para Sánchez.
Sin embargo, eso no garantiza el éxito. Y es que Pedro Sánchez tiene un problema de credibilidad, ya que, al fin y al cabo, lleva ocho años gobernando el país. Su Gobierno ha declarado en repetidas ocasiones que la crisis de la vivienda es su máxima prioridad. Ya en 2023, la coalición de izquierdas reformó la ley de alquileres y permitió la aplicación de un freno a los alquileres en zonas con un mercado inmobiliario especialmente tenso. Estas medidas se aplican sobre todo en el País Vasco y en Cataluña. Grandes ciudades como Madrid, Sevilla y Málaga quedan al margen. En abril de 2026, el Gobierno aprobó un plan de vivienda de siete mil millones de euros para aumentar la oferta de viviendas públicas. Sin embargo, el programa de construcción avanza con lentitud.
El hecho de que medidas como el freno al alquiler no surtan efecto en muchos lugares, porque son boicoteadas por las comunidades autónomas (responsables de la política de vivienda y gobernadas en su mayoría por partidos conservadores), no tiene importancia para muchos votantes. Quien, cada vez que vence su contrato de alquiler, tiene que vivir con el temor de no poder hacer frente económicamente a la próxima subida, se preocupa poco por el reparto de competencias entre el Estado central y las regiones. A esto se suman el malestar por los escándalos de corrupción en el partido de Sánchez y la crisis de Ceuta, que sigue latente. Miles de migrantes siguen aguantando en el enclave español. El margen de maniobra del jefe de Gobierno es escaso: todas las encuestas sitúan a la cabeza al bloque de la derecha, formado por conservadores y extremistas de derecha.
"La lucha por la vivienda se decide en la calle"
Pero Pedro Sánchez es un experto en la economía de la atención. Con giros inesperados, siempre ha logrado desviar el interés público a su favor. Cuando en 2024 se iniciaron las investigaciones preliminares contra su esposa, Begoña Gómez, escribió una carta muy emotiva a la ciudadanía y se retiró para tomarse cinco días de reflexión. El país debatía sobre el estado de la justicia y el futuro de su jefe de Gobierno. Cuando, al año siguiente, se investigó por corrupción a personas de su más estrecha confianza dentro de la dirección del partido, Sánchez se erigió en antitrumpista y rechazó el objetivo del 5% de la OTAN. La política internacional acaparó los titulares españoles.
Si por Sánchez fuera, la política de vivienda desplazaría ahora a la crisis de Ceuta de la campaña electoral. El hecho de que el bloque de derecha apenas tenga propuestas propias, salvo más suelo para la construcción y menos regulación, le ha resultado ventajoso. Ya ha encontrado el instrumento adecuado: uno de los decretos sobre vivienda que fracasó el viernes entrará finalmente en vigor, gracias a una artimaña. Es cierto que, tras el anuncio de las elecciones, el Parlamento ha quedado disuelto, pero la Diputación Permanente, una especie de comisión permanente, sigue siendo capaz de funcionar y votar. Allí, los partidos que votaron a favor el pasado viernes cuentan con mayoría.
Se trata de un regalo anticipado de campaña electoral y de un intento de ganarse el apoyo de los jóvenes (en su mayoría) que han montado sus tiendas de campaña en los campamentos de protesta. Sin embargo, el movimiento liderado por la asociación "Sindicato de Inquilinas" no se deja llevar por esa lógica electoral y convoca una huelga general. "La lucha por la vivienda se decide en la calle", afirmó la portavoz de la asociación, Alicia del Río, en el campamento de protesta de la Puerta del Sol de Madrid.
Traducción del artículo original publicado el 5 de octubre de 2026 en el diario alemán Die Zeit.
