domingo, 8 de noviembre de 2026

España aumentará el salario mínimo un 5,3% antes de unas elecciones clave

España aumentará su salario mínimo en un 5,3% en 2027, un cambio que afectará a 2,5 millones de personas, según el Ministerio de Trabajo.

El salario mínimo se fijará en 18.004 €  al año, o 1.286 € al mes en 14 pagas (1.500 € al mes en 12 pagas), según la propuesta del ministerio, que ahora debe ser aprobada por el Consejo de Ministros del presidente Pedro Sánchez antes de entrar en vigor.

 

España se encamina hacia unas elecciones generales el 29 de noviembre, y el Gobierno había anunciado que daría a conocer el aumento para 2027 antes de las elecciones. Sánchez ha convertido el aumento del salario mínimo en una de sus políticas estrella desde que asumió el cargo en 2018, cuando este se situaba en 735€ al mes, o 10.302 € al año.

 

El salario mínimo ha aumentado durante el Gobierno de Pedro Sánchez



El Ministerio de Trabajo está dirigido por el socio de coalición del Gobierno, el grupo de izquierda Sumar, cuyo apoyo ha disminuido de cara a las elecciones del 29 de noviembre en medio de disputas internas sobre decisiones estratégicas. El grupo, formado por varios partidos, se ha transformado en una nueva formación denominada Frente Amplio.


La ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que también es una de las vicepresidentas del Gobierno de Sánchez, está centrada en su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo y no se presentará a las elecciones en España.


Ninguna encuesta apunta a que Sánchez consiga otro mandato tras años de enfrentarse a una crisis tras otra. La última fue un accidente ferroviario la semana pasada en el que murieron 69 personas. Se trata de la segunda tragedia ferroviaria de este año y provocó la dimisión del ministro de Transportes el martes.


Sánchez puede hacer hincapié en los sólidos datos económicos: el Banco de España prevé un crecimiento del 2,6% este año, impulsado por la demanda interna, un mercado laboral en expansión gracias a la inmigración y los buenos resultados en sectores como el turismo.


El aumento del salario mínimo no se acordó ni con los sindicatos (que pedían un incremento del 7%) ni con los empresarios, en un contexto de tensas relaciones con el Gobierno. El incremento final es, además, 0,4 puntos porcentuales superior al nivel recomendado por un grupo de expertos consultado por el Gobierno.


El Banco de España prevé una inflación del 3,9% este año y del 3,7% el año que viene.


Traducción del artículo original publicado el 5 de noviembre de 2026 en el diario Bloomberg.

viernes, 6 de noviembre de 2026

La economía de la Eurozona se ralentiza hasta un crecimiento del 0,4% en el tercer trimestre mientras que España crece un 0,6%

La expansión económica en la zona del euro se ralentizó hasta el 0,4% en el tercer trimestre, según informó el viernes la agencia de estadísticas Eurostat.



La zona del euro, compuesta por 21 países, repuntó hasta alcanzar un crecimiento del 0,6% en el segundo trimestre, tras el estancamiento registrado en los tres primeros meses del año.

 

No obstante, la cifra preliminar del tercer trimestre superó el crecimiento del 0,2% previsto en una encuesta a economistas de Reuters.

 

Sin embargo, la economía francesa se contrajo inesperadamente un 0,1% entre julio y septiembre. El país se enfrenta a unos costes de financiación en alza, ya que los inversores se muestran reacios ante la lucha política para reducir su elevado déficit presupuestario y su creciente deuda pública. El mes de octubre también ha traído consigo un creciente malestar a nivel nacional por el coste de la vida y otras cuestiones, que en ocasiones ha degenerado en disturbios violentos y costosos.


Alemania, la mayor economía de la zona del euro, creció solo un 0,2% en el tercer trimestre. El crecimiento de la tercera economía más grande del bloque, Italia, se mantuvo estancado.


España (sacudida recientemente por sus propias protestas masivas contra la subida de los precios y la crisis de la vivienda, lo que ha llevado a la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre) creció un 0,6%. El país sigue superando la media de la Eurozona gracias a la productividad del mercado laboral, un sector turístico sólido, la demanda interna y una situación fiscal relativamente sólida.


Irlanda registró un crecimiento del 5,5%, aunque sus cifras generales del PIB son muy volátiles y están sujetas a revisión debido al gran número de multinacionales con sede en el país pero que operan fuera de él.


La Eurozona muestra una "resiliencia inesperada"

 

El Banco Central Europeo (BCE) decidió el jueves mantener los tipos de interés sin cambios, señalando que el impacto del aumento de los precios de la energía aún no se estaba traduciendo en efectos de segunda ronda en el conjunto de la economía. Sin embargo, los analistas señalaron que el BCE podría optar por una subida más de los tipos en diciembre, dado que los costes energéticos siguen siendo elevados.


El banco central también señaló que habían aumentado los riesgos a la baja para el crecimiento.


La zona del euro está "mostrando una resistencia inesperada en un contexto de considerable incertidumbre económica y geopolítica", afirmó Joe Nellis, director de investigación económica de la firma de contabilidad MHA.


No obstante, advirtió de que esto podría estar enmascarando retos estructurales de larga duración, entre los que se incluyen el débil crecimiento de la productividad y el gasto en inversión, las presiones demográficas y la disminución de la competitividad industrial.


"Las perspectivas para 2027 se ven complicadas por la posibilidad de que aumenten las presiones inflacionistas. A menos que la crisis de Oriente Medio se resuelva en un futuro muy próximo, los costes de la energía y el transporte seguirán aumentando, lo que ejercerá una presión aún mayor sobre el coste de la vida y la economía de los hogares en un momento en el que la confianza de los consumidores es débil".


Traducción del artículo original publicado el 30 de octubre de 2026 en la CNBC.

sábado, 31 de octubre de 2026

Las rabietas de Donald Trump son una oportunidad para España

¿Podrá mejorar sus relaciones con sus antiguas colonias?


Conseguir que los líderes latinoamericanos se reúnan en una misma sala es toda una hazaña. Lograr que se pongan de acuerdo en algo es aún más difícil. Solo un presidente de la región acudió a la Cumbre Iberoamericana (una reunión bienal de líderes de España, Portugal y Latinoamérica) cuando se celebró en Ecuador hace dos años, y ese fue el anfitrión. Hay esperanzas de que España lo haga mejor cuando organice la reunión de este año, en Madrid, los días 4 y 5 de noviembre. Los organizadores aspiran a que asistan hasta 18 jefes de Estado, o sus representantes.

 

El momento es propicio. Donald Trump trata cada vez más a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Aunque ha tomado posesión una oleada de presidentes aparentemente alineados con Trump, la región sigue deseosa de protegerse frente a su imprevisibilidad mediante la diversificación del comercio. Los vínculos con China son importantes, pero también problemáticos. "Nunca he visto tanto interés por Europa", afirma un veterano diplomático latinoamericano.

 

España mantiene unos vínculos con la región que ninguna de las dos superpotencias mundiales puede igualar. Más de cuatro millones de personas nacidas en América Latina viven actualmente en España, muchas de las cuales han llegado en la última década. Ya en las décadas de los 80 y los 90, la transición de España a la democracia sirvió de modelo para algunas de sus antiguas colonias. Felipe González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, se convirtió en asesor de los gobiernos de la región. En 1991, España y México convocaron la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara, sentando las bases de una comunidad de 22 miembros inspirada vagamente en la Commonwealth de los países que en su día estuvieron bajo dominio británico.

 

Desde entonces, la influencia de España ha disminuido. Las empresas españolas siguen siendo importantes inversoras en la región. Sin embargo, han dado un paso atrás, al tiempo que América Latina ha reforzado sus lazos con China. Algunos diplomáticos se quejan de que los gobiernos españoles se han mostrado cada vez menos interesados. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (que ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre) quiere mejorar la situación.

 

Para ello será necesario un cambio de enfoque. Sánchez se lleva mejor con los gobiernos de izquierda. Las relaciones con los líderes de derecha han sido tensas. En 2024, España retiró temporalmente a su embajador de Buenos Aires después de que Javier Milei, presidente de Argentina, insultara a la esposa de Sánchez en un discurso. España aún no ha aceptado al embajador enviado a Madrid por el nuevo presidente de Colombia. Los parlamentarios se quejan de que el emisario haya hecho comentarios groseros sobre Sánchez en las redes sociales.

 

Sin embargo, ni siquiera una visión del mundo compartida ha garantizado unas buenas relaciones. Sobre el papel, Sánchez y Claudia Sheinbaum, la presidenta de izquierdas de México, deberían llevarse de maravilla. Pero el predecesor y mentor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, se enzarzó en una disputa con España por su pasado colonial y exigió una disculpa del rey por la conquista. El Ministerio de Asuntos Exteriores español reaccionó a la defensiva; la disputa se agravó cuando México no invitó al rey a la toma de posesión de Sheinbaum en 2024.


Sheinbaum se ha mostrado más dispuesta a separar los agravios históricos de los intereses actuales. Tiene buenas razones para hacerlo, señala Rafael Ch, de Signum Global Advisors, una consultora. Estados Unidos es el principal socio comercial de México, pero la errática política de Trump está debilitando los lazos. Con un crecimiento económico lento, Sheinbaum tiene poco que ganar permitiendo que se prolongue una disputa diplomática con España.


Es probable que Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, asista a la reunión en Madrid. Rodríguez gobierna con el respaldo de Trump, por lo que es poco probable que los latinoamericanos pongan pegas a su presencia. Sin embargo, en España sí que sería un tema polémico. Los opositores llevan mucho tiempo acusando a la izquierda española de complacer al sombrío régimen de Venezuela. Sería un soplo de aire fresco (y bueno para la imagen de España) que la cumbre reclamara enérgicamente que se acelere la transición democrática del país.

 

Los participantes en la reunión de Madrid debatirán sobre la inteligencia artificial, la preparación ante catástrofes y el reconocimiento mutuo de títulos académicos, como las titulaciones universitarias. Este tipo de temas pueden parecer de poca importancia. Sin embargo, otras organizaciones regionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Organización de los Estados Americanos, atraviesan un momento de declive. Así que quizá lo más importante sea el mero hecho de reunirse.


Traducción del artículo original publicado el 29 de octubre de 2026 en el semanario británico The Economist.

miércoles, 28 de octubre de 2026

Miles de personas se manifiestan en Portugal, Italia, España y Albania

En Tirana, la policía utiliza cañones de agua y balas de goma; en Portugal se desmantela un campamento de tiendas de campaña. También hay manifestaciones en Bélgica.

Esta mañana, la policía ha desalojado un campamento de protesta contra la crisis de la vivienda en Lisboa. © Ana Brigida/​AP/​dpa

No solo en Francia la gente sale a la calle. También en otros países europeos hay manifestaciones contra el alto coste de la vida, la corrupción y la guerra en Gaza, así como a favor de una mayor inversión en el sistema educativo. En muchos lugares se han producido enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes. 

Albania

 

En Tirana, la policía albanesa ha intervenido contra los manifestantes utilizando gas lacrimógeno, cañones de agua y balas de goma. Los manifestantes habían lanzado piedras contra los agentes y habían provocado un incendio en la entrada del Ministerio de Agricultura. Las protestas, encabezadas por estudiantes, se dirigen contra la presunta corrupción en el Gobierno, la falta de empleo y los bajos niveles educativos. Exigen la dimisión del primer ministro Edi Rama, que ocupa el cargo desde 2013.

 

Ya en las últimas semanas se habían producido disturbios en los que, entre otras cosas, se incendiaron edificios gubernamentales. Los disturbios actuales se producen tras unas protestas mayoritariamente pacíficas celebradas en verano. Estas se dirigían contra un polémico proyecto de construcción de lujo en la costa, impulsado por Jared Kushner, yerno del presidente de EE. UU., Donald Trump.

 

Italia

 

En Italia se ha detenido a 380 personas durante las manifestaciones, 371 de ellas en prisión preventiva, según informa la agencia de noticias AFP citando a la policía italiana. En 110 casos se trata de menores de edad. No obstante, las manifestaciones a nivel nacional han sido esta vez más tranquilas y de menor envergadura que la semana anterior. En Roma y Milán se manifestaron unas 3.000 personas en cada ciudad. Solo se produjeron enfrentamientos aislados entre los manifestantes y la policía. Por temor a que se repitieran los disturbios del fin de semana anterior, las fuerzas de seguridad de varias ciudades italianas se prepararon con un gran despliegue de efectivos.

 

En Milán, Turín y Bolonia se volvieron a producir tensiones. En Bolonia, la policía llegó a utilizar gas lacrimógeno y cañones de agua para impedir que los manifestantes llegaran a la estación central. En Milán se produjeron nuevos enfrentamientos, en los que la policía detuvo una marcha de manifestantes. Para ello se utilizaron porras. Por temor a los disturbios, muchas tiendas de lujo se habían atrancado y más de 1.400 agentes controlaban el territorio municipal, según informa el periódico italiano Corriere della Sera.

 

La semana anterior, las manifestaciones se habían centrado principalmente en el elevado coste de la vida. En esta ocasión, los temas de las protestas abarcaron un abanico más amplio. Por ejemplo, algunos colectivos se manifestaron en contra del rearme y en apoyo a Palestina.

 

España

 

Según la Prefectura de Madrid, 25 000 personas se manifestaron en la capital para defender el sistema público de pensiones. En Barcelona, según las informaciones, protestaron cientos de adolescentes y jóvenes. La policía detuvo a unos 100 manifestantes tras los disturbios. Aproximadamente una cuarta parte de los detenidos eran menores de edad, según informó el diario español El País.

 

El 29 de noviembre se celebrarán en España elecciones generales anticipadas. La protesta masiva vino precedida de una advertencia del Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez sobre una posible victoria electoral del Partido Popular (PP), de carácter conservador: Los conservadores querían eliminar la indexación de las pensiones a la inflación. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechazó esta acusación. Aseguró que revalorizaría las pensiones de acuerdo con la ley si su partido ganaba las elecciones parlamentarias del 29 de noviembre.

 

En la campaña electoral, el aumento del coste de la vida, incluidos los alquileres, en algunos casos elevados, es un tema central. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no consiguiera una mayoría suficiente en el Parlamento para su paquete de medidas contra la crisis de la vivienda en el país, disolvió el Parlamento y provocó así la convocatoria de nuevas elecciones. Esto vino precedido por protestas en todo el país a finales de septiembre y principios de octubre, que se desencadenaron a raíz del desahucio de la vivienda de Maricarmen Abascal, de 87 años. Se ha convocado una huelga general en todo el país para el 11 de noviembre, dos semanas antes de las elecciones parlamentarias, en defensa de una vivienda asequible.

 

Portugal

 

La policía portuguesa ha desalojado, en las primeras horas de la mañana, un campamento de protesta contra la crisis de la vivienda en el centro de Lisboa. Según la agencia de noticias Reuters, se han producido varias detenciones. Al parecer, ha habido heridos leves, aunque de momento no se disponía de cifras exactas. Los agentes de policía acudieron al lugar acompañados, entre otras cosas, de perros.

 

El trasfondo es la crisis de la vivienda en Portugal, una de las más graves de Europa. Los precios inmobiliarios se han más que duplicado desde 2017, y los alquileres de los nuevos contratos han subido casi en la misma proporción. Los jóvenes son los más afectados. Los manifestantes habían montado más de 100 tiendas de campaña tras una marcha de protesta en la que participaron miles de personas el sábado. El martes, la policía ya había desalojado un campamento similar en el mismo lugar.

 

"Tenemos el deber de luchar por aquello en lo que creemos", afirmó Vitor Gomes, un manifestante de 21 años. La especulación inmobiliaria, la concentración de la riqueza y la creciente desigualdad le hacían ver el futuro con pesimismo. Los manifestantes exigen al Gobierno que rechace un proyecto de ley destinado a facilitar los desahucios y que limite los alquileres en los nuevos contratos.

 

Bélgica

 

Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, han salido a las calles de Bruselas para manifestarse a favor de mejores condiciones y más fondos para el sistema educativo. La policía belga utilizó gas lacrimógeno y spray de pimienta en los enfrentamientos con los manifestantes, quienes acusaron a los agentes de emplear una violencia desproporcionada. Testigos presenciales declararon a la agencia de noticias Reuters que los manifestantes huyeron ante la llegada de las fuerzas de seguridad. Algunos cayeron al suelo y los agentes golpearon a uno de los manifestantes.

 

Según la información disponible, las protestas fueron considerablemente más reducidas y menos violentas que manifestaciones similares celebradas la semana pasada en Bélgica y en la vecina Francia.


Traducción del artículo original publicado el 24 de octubre de 2026 en el diario alemán Die Zeit.

domingo, 25 de octubre de 2026

Alumnos de secundaria y universitarios: el ocaso del macronismo

El actual movimiento de estudiantes de secundaria y universitarios marca el ocaso del macronismo. La juventud pide algo sencillo: recursos para formarse y acceder a una educación de calidad. Al hacerlo, la movilización en curso pone de manifiesto lo que sin duda es el fracaso más evidente del Gobierno actual: una reducción catastrófica y sin precedentes del presupuesto por estudiante, del 20% desde 2017.



En la práctica, esto significa que cientos de miles de jóvenes han trabajado duro para obtener el bachillerato, pero no se ha previsto nada para acogerlos en la educación superior. En concreto, el número de titulados en bachillerato tecnológico y profesional ha aumentado considerablemente, pero las plazas en los IUT y los BTS no han seguido el ritmo, por lo que muchos se ven asignados a carreras universitarias masificadas y menos costosas (y a menudo totalmente inadecuadas para sus necesidades y aspiraciones). El desperdicio humano y económico es gigantesco y pone de manifiesto una ideología profundamente desigualitaria y jerárquica del mundo. Para los macronianos, la prosperidad de las naciones depende de una ultraminoría de innovadores geniales y de los que van a la cabeza: a los demás se les pide que esperen pacientemente a que les llegue la riqueza.

 

La guinda del pastel: la escasez de plazas en la enseñanza superior se ha gestionado con la mayor opacidad posible mediante un algoritmo incomprensible (Parcoursup), a pesar de los repetidos llamamientos de los alumnos, las familias, los profesores y los investigadores para que se cambie el sistema. Todo ello en un contexto marcado por el fiasco de la reforma Blanquer del bachillerato, llevada a cabo en 2019 (con opciones de ramas cada vez más complejas e impredecibles para la orientación futura y horarios con huecos), y por las desigualdades estructurales entre territorios.

 

Los estudios realizados por Asma Benhenda a partir de los registros de nóminas del Ministerio de Educación muestran que la proporción de profesores con contrato temporal o noveles es de apenas un 10% en las zonas más favorecidas (París, Hauts-de-Seine) y alcanza el 50% en los departamentos más pobres (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne). En definitiva, el salario medio por profesor de secundaria es aproximadamente un 20% más bajo en las zonas más pobres que en las más ricas, incluso teniendo en cuenta las (escasas) primas que se abonan en el ámbito de la educación prioritaria.

 

Cuando el ministro de Educación recorre los programas de televisión afirmando que Seine-Saint-Denis está mejor dotada que París, basándose únicamente en el tamaño de las clases e ignorando pura y simplemente las diferencias salariales del profesorado, no hace honor a su cargo. La realidad es que las zonas desfavorecidas tienen clases (un poco) menos numerosas y profesores (mucho) menos formados y con menos experiencia. No es en absoluto seguro que salgan ganando con el cambio.

 

Para justificar la insuficiencia de los recursos educativos, y en particular la caída del gasto por estudiante, el Gobierno y sus partidarios alegan que Francia no dispone de los medios para invertir más. Al hacerlo, cometen un doble error de razonamiento. Es cierto que la deuda pública ha pasado del 20% del PIB en 1970 al 120% actual. Pero, al mismo tiempo, el patrimonio privado ha aumentado mucho más: ha pasado del 300% al 600% del PIB, con una concentración extrema en las mayores fortunas financieras. En otras palabras, el patrimonio nacional de Francia (la suma del patrimonio privado y público, tras deducir las deudas privadas y públicas) nunca ha sido tan elevado, no solo en términos absolutos, sino también como porcentaje del PIB (que, a su vez, nunca ha sido tan alto).

 

En resumen, Francia nunca ha sido tan rica: el problema que debemos resolver es únicamente una cuestión de distribución. La situación era mucho más difícil en 1945, cuando la deuda pública era aún mayor que hoy y los patrimonios privados estaban agotados. Eso no impidió la implantación de un impuesto de solidaridad nacional (ISN) con tipos de varias decenas de puntos porcentuales sobre los patrimonios más elevados, lo que hoy podría reportar ingresos mucho mayores. Quienes repiten una y otra vez que no cabe esperar nada sustancial por ese lado están, sin duda, muy en desacuerdo tanto con las matemáticas como con la historia.

 

El segundo error es aún más grave. Todo el mundo sabe que el gasto en educación y sanidad crecerá más rápido que el PIB en las próximas décadas. Pero, curiosamente, algunos parecen creer que sería más eficaz si se financiara con fondos privados. Sin embargo, todos los datos históricos y comparativos de los que disponemos sugieren, por el contrario, que el sector público, asociativo y sin ánimo de lucro obtiene mejores resultados que la lógica capitalista clásica en numerosos sectores, y en particular en la educación y la sanidad. Reinvertir hoy en estos sectores no es simplemente una cuestión de igualdad entre territorios y entre clases sociales. También es un reto fundamental para avanzar hacia la desmercantilización y la desmaterialización gradual de la economía y, más allá de ello, para construir otro modelo de desarrollo. Esperemos que la movilización actual contribuya a situar estas cuestiones en el centro de las próximas citas electorales.


Traducción del artículo original publicado el 20 de octubre de 2026 en el blog de Thomas Piketty.

viernes, 23 de octubre de 2026

En cuanto al derecho a la vivienda, que la izquierda elija de qué lado está

España, Berlín, Roma, Nueva York: la crisis de la vivienda ya no puede dejarse en manos de un mercado sin reglas.


"¿Debo dejarme intimidar por estas denuncias penales que carecen de fundamento jurídico (y mucho menos moral) o debo seguir, y de hecho con mayor energía, defendiendo como pueda a la gente pobre sin hogar y sin trabajo? (…) Un alcalde que, por miedo a los ricos y a los poderosos, abandona a los pobres (desahuciados, despedidos, desempleados, etc.) es como un pastor que, por miedo al lobo, abandona a su rebaño".
 

Giorgio La Pira, alcalde de Florencia, escribía así en 1953 en el "Giornale del Mattino" de Florencia, dirigido por Ettore Bernabei. Había expropiado inmuebles desocupados, amparándose en una norma de 1865, ante el aumento de los desahucios, y había sido denunciado. Era un católico ferviente, un democristiano de izquierdas que se preocupaba por "la gente". El derecho a la vivienda había sido reconocido explícitamente en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El artículo 2 de nuestra Constitución, relativo a los derechos inviolables del hombre, y el artículo 3, relativo a la eliminación de los obstáculos que limitan la libertad y la igualdad, tal y como ha aclarado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, consagran este derecho. Por otra parte, entre los años 50 y 70 del siglo pasado se llevó a cabo, gracias a la convergencia de las grandes fuerzas populares, un gran programa de vivienda pública. Amintore Fanfani, con el Plan INA-Casa, no era comunista. Era, al igual que La Pira, un democristiano que se preocupaba por los problemas sociales.

 

¿Y luego? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a un año 2026 en el que una habitación para un estudiante en Milán cuesta nada menos que 700 u 800 euros, y cincuenta metros cuadrados para una pareja joven en Roma cuestan 1.000 euros? Lo que ha pasado es que la ideología liberalista ha convertido este derecho (como otros) en una mercancía, dejándolo en manos de un mercado sin reglas que se ha tragado las ciudades. Lo peor es que las fuerzas que debían representar el trabajo y los derechos sociales (los herederos de La Pira y Fanfani, o de Pietro Nenni, o de Enrico Berlinguer) se han sumado a esta ideología. Durante décadas (como ha reconocido el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, que ha puesto en marcha políticas innovadoras en materia de vivienda) se ha renunciado a cualquier programa de construcción pública, dejando que el antiguo parque de viviendas sociales y municipales se degradara, y abandonando a la gran mayoría de la gente a su suerte en la jungla de los alquileres.

 

El problema, como se ve, afecta a toda Europa, y no solo a ella. El levantamiento juvenil y popular en España, tras el desahucio y posteriormente la muerte de Maricarmen Abascal, contra esta ideología y las políticas que ha generado, ha llegado incluso a provocar la caída del Gobierno y a llevar al país a unas elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre. La vivienda será el campo de batalla (junto con la inmigración) de esta contienda. Así ocurrió en Berlín, donde ganó las elecciones municipales Elif Eralp, de Die Linke, proponiendo una política radical en materia de vivienda (similar a la que aplicaba La Pira en Florencia en los años 50). Y así ocurrió en Nueva York, donde Zohran Mamdani construyó su coalición ganadora en torno a algunas grandes cuestiones sociales, y ante todo la vivienda.

 

La extraordinaria movilización del pasado verano en Roma, tras el desalojo de Spin Time llevado a cabo por el Gobierno mediante engaños, precedió a la movilización española. Se trata de movimientos sociales, de base, en los que debería fundamentarse una nueva política, no ideológica, sino concreta. Olvídate de las primarias. Hoy en día, el conflicto social se libra en las ciudades, entre el derecho a la vivienda y las grandes propiedades inmobiliarias. Una izquierda popular debe elegir de qué lado estar, para alcanzar un nuevo pacto social que, por fin, ponga freno al poder desmesurado de los promotores inmobiliarios.


Traducción del artículo original publicado el 19 de octubre de 2026 en el diario italiano L'Espresso.

martes, 20 de octubre de 2026

La ola de protestas une ahora a la educación, la sanidad y la vivienda en España

El país está alborotado también ante las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre. Los estudiantes siguen en la calle y habrá una huelga general unitaria el día 11. La dimisión de Sánchez influye en las encuestas: los socialistas recortan distancias con la derecha. Pero la candidata Colau amenaza: “Estoy dispuesta a retirarme si no estamos unidos”. Algo se está moviendo: Podemos está cerrando acuerdos territoriales con el Frente Amplio en casi todas las comunidades autónomas.

"Una profesora también enseña manifestándose y luchando". Desde Maricarmen, la anciana desahuciada que falleció en el hospital y que se ha convertido en símbolo de las protestas por la vivienda, las manifestaciones en España ya no se detienen. Con una participación del 70%, según el sindicato, ayer comenzó en las calles de Madrid la primera jornada de protesta de la "marea verde" de docentes y estudiantes, que en pocas horas llegó al corazón de las protestas: el campamento por la vivienda que se encuentra en la plaza de la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre. Mientras tanto, otros cientos de estudiantes ocupaban la Universidad Complutense de Madrid, donde, en los enfrentamientos con la policía, resultaron heridos ocho manifestantes y cinco fueron detenidos. La "marea verde", que hoy ha vuelto a salir a la calle con una participación superior al 60%, continuará con la huelga indefinida convocada por los principales sindicatos españoles para exigir, entre otras medidas, la reducción de las horas lectivas presenciales, del número de alumnos por profesor, el aumento del personal especializado y de apoyo, el incremento de los salarios, así como la mejora de las instalaciones educativas.

Las reivindicaciones, más que al Gobierno central, van dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), quien ha deslegitimado la protesta acusando a los manifestantes de estar manipulados: "La izquierda (ha dicho Ayuso ante el Parlamento regional) cuando pierde las elecciones se vuelve violenta porque no acepta las reglas democráticas".

 

Pero la cuestión no afecta solo a Madrid, ni solo a los profesores, ni únicamente a los sindicatos de inquilinos. A finales de este mes, también se sumarán a las protestas los médicos y el personal sanitario, que inicialmente, tras el anuncio del dimitido Pedro Sánchez de convocar elecciones anticipadas, habían suspendido temporalmente la huelga. Pero que, de hecho, acompañarán la movilización en la gran huelga general unitaria prevista para el 11 de noviembre. A menos de 20 días de la fecha prevista para las elecciones del 29.

 

Según las encuestas, quien se beneficiaría de esta movilización sería la izquierda, cuyos votantes se estarían movilizando para acudir a las urnas, sobre todo después de que Sánchez (que ya había presentado su dimisión) lograra que la Comisión Permanente, que sustituye a las Cámaras, aprobara los dos decretos sobre la Vivienda que la derecha y los catalanes de Junts per Catalunya habían rechazado, lo que le llevó a convocar elecciones anticipadas.

 

La encuesta del CIS (Centro de Investigación Sociológica), que ayer situaba al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en alza respecto a las encuestas previas a la dimisión, con un 34% frente al 22% del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, es la que ofrece las primeras cifras (de las que Sánchez se beneficiaría tras esta enésima jugada de póquer). De hecho, esto da la vuelta a lo que se perfilaba como una derrota de los socialistas frente a la derecha, convirtiéndola en una victoria.

 

En realidad, los datos del CIS, según han declarado comentaristas y expertos a los medios de comunicación españoles, no se consideran fiables, ya que sobrerrepresentarían a los votantes del PSOE. A medio camino entre la conquista de España por parte de la extrema derecha y la remontada de Sánchez, se sitúan los datos de "Ateneo de Dato", que, según un cálculo alternativo basado en los datos del CIS, sitúan al PP y al PSOE en un empate técnico, pero con una ventaja del 0,3% para Sánchez (28,6 %) sobre Feijóo (28,3%).

 

Sin embargo, otra cuestión sería la gobernabilidad. Porque, mientras los socialistas estarían recuperando votos y la extrema derecha de Vox se situaría en torno al 17% (un punto menos que en las últimas encuestas, que situaban a la formación neofranquista de Santiago Abascal por encima del 18%), los que no logran despegar son los partidos a la izquierda de Sánchez, que se mantienen estancados en un 9% en un margen estimado de hasta el 12%. Se trata de un Frente Amplio que podría abarcar desde Podemos (fundado por Pablo Iglesias al final de la época de los indignados) hasta Sumar, de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pasando por Izquierda Unida y llegando hasta la Esquerra Republicana de Cataluña de Gabriel Rufián. Una paradoja, dado que el movimiento por la vivienda que, con la historia de Maricarmen, abrió las fisuras del terremoto político en España procedía precisamente de la época de los indignados.

 

Lo que perjudica a la izquierda son las divisiones internas y la incapacidad para cohesionar el Frente Amplio, al frente del cual se ha designado a Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y una de las políticas más activas en materia de vivienda en España. Sin embargo, en estas últimas horas parece que algo se está moviendo, en parte debido al ultimátum de Colau, dispuesta a retirar su candidatura en caso de que no haya unidad. De hecho, Podemos está ultimando acuerdos territoriales con el Frente Amplio en casi todas las comunidades autónomas, excepto en Madrid y Barcelona. "Parece difícil, pero es fácil unirse en torno a un proyecto común", reza el llamamiento de Colau. En sus palabras parece resonar el dilema de la izquierda italiana.


Traducción del artículo original publicado el 15 de octubre de 2026 en el diario italiano Il Fatto Quotidiano.

domingo, 18 de octubre de 2026

España se presenta como candidata para albergar la Copa del Mundo de Rugby en 2035

El Camp Nou de Barcelona, el Bernabéu del Real Madrid y el campo de Mestalla del Valencia figuran en la lista de posibles estadios en el marco de la candidatura de España para albergar la Copa del Mundo de Rugby de 2035.

Las obras para ampliar el aforo del estadio del Camp Nou comenzaron en junio de 2023 y se prevé que finalicen a principios de 2028.


La Federación Española de Rugby afirma que su objetivo es organizar la "mejor Copa del Mundo de la historia", acercando el torneo a los 700 millones de hispanohablantes de todo el mundo.

Si la candidatura de España sale adelante, el renovado Camp Nou podría acoger la final, lo que supondría la primera vez que la final de la Copa del Mundo se celebra ante más de 100.000 aficionados.


Argentina y Japón también se han presentado como candidatos para acoger el torneo, y se espera que World Rugby anuncie al candidato elegido en la primavera o el verano de 2027.


Las autoridades del rugby español afirman que el torneo de 2035 aprovecharía el impulso de la Copa del Mundo de la FIFA de 2030, que España acogerá conjuntamente con Marruecos y Portugal.


La candidatura para la Copa del Mundo de Rugby cuenta con el apoyo del Gobierno español y de La Liga, y entre las sedes potenciales figuran algunos de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.


"Tenemos plena confianza en nuestra capacidad organizativa, nuestra infraestructura deportiva está a la vanguardia de la innovación y estamos convencidos de que acoger la Copa del Mundo de Rugby de 2035 aportará nuevas y únicas dimensiones de hospitalidad, colaboración, unidad y amistad a la familia mundial del rugby", afirmó Juan Carlos Martín "Hansen", presidente ejecutivo de la federación española.


España se ha clasificado para el torneo de 2027 en Australia, lo que supondrá su primera participación en un Mundial masculino desde 1999.


La Federación Española tiene la ambición de triplicar el número de personas que practican este deporte en el país para 2035 y, en última instancia, consolidar a España como una nación de rugby de primer nivel.


"El rugby se está convirtiendo en parte de la identidad de nuestro país", añadió Martín.


"En colaboración con World Rugby, podemos hacer de la Copa del Mundo de Rugby de 2035 un punto de inflexión en el crecimiento mundial de este deporte, en beneficio de las generaciones venideras".


España, que ha participado en siete ediciones de la Copa del Mundo de Rugby Femenino, ha acogido dos fines de semana de finales europeas (en San Mamés, en Bilbao, en 2018 y 2026), mientras que la final del Top 14 de 2016 se celebró en el Camp Nou ante 99.124 aficionados.


San Mamés figura en una lista de 14 estadios presentada a World Rugby, que se reducirá a 9 o 10 si la candidatura española sale adelante.


España también ha acogido eventos de World Rugby Sevens, y ya se han confirmado nuevas ediciones en Castilla y León para 2027 y 2028, respectivamente.


¿España, Argentina o Japón?


Las visitas a las sedes y los estudios de viabilidad están previstos a partir de diciembre, y World Rugby tiene previsto seleccionar a su candidato preferido a finales de la primavera o en verano de 2027.


Se espera un anuncio oficial durante el torneo de 2027 en Australia.


Japón y un grupo de países sudamericanos liderado por Argentina han anunciado sus candidaturas.


Un torneo en Argentina incluiría también a Brasil, Chile y Uruguay, y supondría una primicia al ser la primera Copa del Mundo de Rugby celebrada en Sudamérica.


Japón acogió una Copa del Mundo igualmente innovadora en 2019 (la primera que tuvo lugar en Asia), que batió récords comerciales y de audiencia.


Las Copas del Mundo de 2027 y 2029 se celebrarán en Australia, mientras que Estados Unidos será el anfitrión en 2031 y 2033.


España, un gigante dormido


España es un gigante dormido del rugby europeo, con la cultura deportiva y las infraestructuras necesarias para convertirse en una nación de élite en este deporte.


Una Copa del Mundo en 2035 impulsaría enormemente esta ambición, y la perspectiva de que algunos de los estadios de fútbol más emblemáticos del mundo acojan partidos resulta muy tentadora.


Dado que las Copas del Mundo de 2027 y 2031 se celebrarán en Australia y Estados Unidos, también es muy posible que World Rugby quiera devolver el torneo a Europa en 2035.


Sin embargo, la candidatura de Argentina conmueve el corazón, dado el magnífico papel que los Pumas han desempeñado en tantas Copas del Mundo a lo largo de las décadas.


No obstante, aunque un torneo en Sudamérica podría ser maravilloso, Argentina y los coanfitriones tendrían que demostrar a World Rugby que cuentan con la infraestructura y el poderío financiero de España y Japón.


Al igual que ocurrió con Irlanda y Sudáfrica en 2023, las candidaturas "románticas" suelen quedar relegadas a un segundo plano frente a los imperativos comerciales. Aquí es donde entra en escena Japón como otro serio aspirante, dado el enorme éxito que cosechó tanto dentro como fuera del campo en 2019.


Traducción del artículo original publicado el 15 de octubre de 2026 en la web de la BBC.