Los conservadores españoles reactivan los pactos regionales con el partido de extrema derecha Vox

El Partido Popular adopta una línea dura en materia de inmigración, mientras la derecha busca derrocar al Gobierno socialista en 2027

Alejandro Nolasco, de Vox (a la izquierda), y Jorge Azcón, del Partido Popular, tras una reunión celebrada el miércoles en Aragón © Ramón Comet/Europa Press/Getty Images

Los conservadores de la oposición española están reavivando sus pactos regionales con el partido de extrema derecha Vox al adoptar la línea dura de este último en materia de inmigración. Esto ocurre menos de dos años después de que las discrepancias sobre este tema provocaran la caída de los gobiernos de coalición en cinco de las comunidades autónomas del país.

La renovación de los acuerdos regionales entre el Partido Popular (PP) y Vox se produce antes de las elecciones generales del próximo año y en un momento en que el Gobierno socialista español busca ensalzar los beneficios de la inmigración mediante la regularización de la situación de al menos 500.000 migrantes indocumentados.

 

El PP, que hace seis años tachó a su rival de extrema derecha de ser un partido que practicaba una política basada en "el miedo, la ira, el resentimiento y la venganza", formó posteriormente coaliciones regionales con Vox en Valencia, Aragón, Murcia, Extremadura y Castilla y León. Esas alianzas terminaron en julio de 2024, cuando Vox abandonó las cinco coaliciones después de que el PP optara por apoyar los planes del Gobierno central de traer a unos 400 menores extranjeros no acompañados desde las Islas Canarias y encontrarles hogares en la península.

 

Sin embargo, la semana pasada, el PP y Vox llegaron a un acuerdo para gobernar conjuntamente la región suroccidental de Extremadura, tras meses de negociaciones que se iniciaron tras las elecciones del pasado diciembre. A esto le siguió el miércoles el anuncio de un pacto para gobernar la región nororiental de Aragón.

 

Vox aceptó facilitar el regreso de María Guardiola como presidenta del PP en Extremadura a cambio del control de tres consejerías y la introducción de una serie de medidas que incluyen dar preferencia a los españoles frente a los extranjeros a la hora de acceder a prestaciones y subsidios. Según el acuerdo, ahora habrá una "asignación prioritaria de recursos públicos a quienes mantengan un vínculo real, duradero y verificable con el territorio".

 

Guardiola, que prometió convertir Extremadura en un lugar "más justo, más libre y más próspero" al ser reelegida en las elecciones del miércoles, se había negado inicialmente incluso a plantearse gobernar con Vox. Tras las anteriores elecciones autonómicas de mayo de 2023, dejó claro su desprecio por el partido, afirmando: "No puedo permitir que quienes niegan la violencia de género… quienes deshumanizan a los inmigrantes… formen parte del Gobierno". Unas semanas más tarde, el PP se lo pensó mejor y formó una coalición con Vox.

 

El acuerdo para gobernar Aragón, donde se celebraron elecciones regionales en febrero, es similar al alcanzado en Extremadura. El partido de extrema derecha dirigirá tres consejerías y ha alardeado de su éxito al obligar al PP a aceptar más políticas de Vox, incluida la "prioridad nacional" (o dar preferencia a los españoles frente a otros).

 

Vox afirmó: "Garantizaremos que el español sea siempre lo primero. Estableceremos la prioridad nacional para acceder a viviendas protegidas, alquileres sociales, ayudas y prestaciones".

 

Las negociaciones para formar una coalición entre el PP y Vox siguen en marcha tras las elecciones celebradas el mes pasado en la región norteña de Castilla y León.

 

La renovación de la alianza regional entre ambos partidos apunta a una posible coalición a nivel nacional en caso de que el PP quede en primer lugar en las elecciones generales del año que viene, pero no consiga la mayoría.

 

Ambos partidos han criticado el programa de regularización del Gobierno central. El PP ha afirmado que desbordará los servicios públicos españoles, mientras que Vox ha vuelto a sugerir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está tratando de sustituir a la población española y "acelerar la invasión".

 

En julio del año pasado, Vox planteó la idea de deportar hasta 8 millones de personas de origen extranjero (ncluidos los hijos de inmigrantes) argumentando que "les resulta muy difícil acostumbrarse a nuestras costumbres". Posteriormente, el partido dio marcha atrás en el plan de "remigración".

Traducción del artículo original publicado el 23 de abril de 2026 en el diario británico The Guardian.

Europa y el invierno demográfico: España superará a Italia en número de habitantes en 2060

Según Eurostat, Italia sufre el fenómeno de las cunas vacías y el envejecimiento de la población, mientras que las estimaciones indican que España seguirá creciendo hasta alcanzar un máximo en 2050.

Europa envejece y se reduce, siendo España uno de los pocos países que logra frenar el descenso. Para finales de siglo, la Unión Europea contará con 53 millones de habitantes menos que en la actualidad: de los 451,8 millones actuales se pasará a 398,8 millones, lo que supone una caída del 11,7%. El dato se desprende de las últimas proyecciones demográficas de Eurostat, que lanzan una señal de alarma sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, sanitarios y del mercado laboral del Viejo Continente.

Italia y España en comparación

Si la media europea es preocupante, el caso italiano es uno de los más dramáticos. La población italiana pasará de 58,9 millones en 2025 a 44,7 millones en 2100, con una contracción global del 24%, dato que sitúa a Italia entre los países europeos más expuestos a los efectos de la baja natalidad y el envejecimiento.

Las razones son estructurales y ya conocidas. La tasa de natalidad italiana es una de las más bajas de la UE, con apenas 6,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes, mientras que la edad media sigue aumentando. El resultado es una pirámide demográfica invertida que se acentuará en las próximas décadas.

Comparación entre Italia (arriba) y España, Eurostat

La comparación con España es clara. Madrid también tiene una tasa de natalidad muy baja —solo 6,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes, apenas por encima de la cifra italiana— y, sin embargo, las previsiones de Eurostat la sitúan entre los pocos países europeos que están frenando el descenso. A finales de 2100, la población española se situará en torno a los 49,7 millones, superando a Italia en 2060 con más de 53 millones de habitantes.

El modelo español: la integración como elección estratégica

¿Cómo es posible? La respuesta radica casi por completo en la inmigración. Las estimaciones indican que España seguirá creciendo hasta alcanzar un máximo en 2050, gracias sobre todo a los flujos migratorios que, históricamente, han compensado una tasa de natalidad que también se sitúa por debajo del nivel de reemplazo. Detrás de los datos demográficos españoles hay una elección política concreta. Un estudio del Financial Times reveló que el factor determinante del crecimiento económico de España es la gestión más liberal de la inmigración impulsada por el Gobierno de Sánchez desde 2022. Desde 2022, la población ha aumentado en 1,6 millones precisamente gracias al flujo de trabajadores que llegan al país. El 44% procede de América Latina, lo que facilita notablemente su integración social gracias al idioma común. El resultado es que en España las entradas por motivos laborales, en porcentaje sobre la población total, son casi el triple que en Italia (datos del Observatorio de las Cuentas Públicas Italianas). En mayo de 2025 entró en vigor una reforma estructural que tiene como objetivo regularizar a 300.000 personas al año hasta 2027.

Traducción del artículo original publicado el 18 de abril de 2026 en el diario italiano Il Corriere Della Sera.

Por qué debemos proteger a nuestros hijos de las redes sociales

Proteger a los niños de los oligarcas tecnológicos es un deber legal y moral, y otros gobiernos deberían seguir el ejemplo de España

Fotografía tomada por Lewis Hine en 1910 de Addie Card, una niña de 12 años que trabajaba en una fábrica textil. Hoy en día, los derechos de los niños se consideran un pilar fundamental de nuestras democracias © Alamy

En 1910, el fotógrafo Lewis Hine se infiltró en una fábrica de algodón de Vermont y fotografió a una niña frente a una máquina de hilar. Como pie de foto, escribió las palabras “pequeña hilandera anémica”. La niña tenía 12 años y trabajaba jornadas de 12 horas por un salario tan bajo que apenas le alcanzaba para comer. 

 

Ser niño en aquella época era duro. Las enfermedades y la desnutrición se veían agravadas por las terribles condiciones de trabajo en los campos, las minas y las fábricas. En el siglo XIX, algunos líderes progresistas intentaron regular esta situación, pero los industriales presionaron en contra, argumentando que las pruebas de los daños no eran concluyentes, que la aplicación de la ley sería imperfecta y que las familias necesitaban los ingresos. Algunos incluso afirmaron que prohibir el trabajo infantil infringía los derechos fundamentales de los niños, ya que el Estado no podía negarles la libertad de trabajar.

 

La historia no ha sido benévola con esos argumentos. Hoy en día, los derechos de los niños se aceptan como un pilar fundamental de nuestras democracias. Protegerse no es opcional. Es un deber legal y moral. Y, sin embargo, cuando mi Gobierno anunció nuestra intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y de procesar a los multimillonarios del sector tecnológico que no cumplieran con la normativa, resurgieron esos mismos argumentos erróneos.

 

Hay quien podría argumentar que el daño que sufrían los niños en las fábricas no tiene nada que ver con el daño que sufren en el espacio digital. Pero se equivocan. Cada vez hay más estudios que demuestran que casi dos de cada cinco adolescentes pasan demasiado tiempo en las redes sociales y que cada hora aumenta en un 13% el riesgo de que padezcan depresión. Las investigaciones también sugieren que la mayoría de los niños han visto contenido sexual no solicitado en Internet; solo en X se publicaron más de 3 millones de desnudos falsos en los primeros 11 días tras el lanzamiento de Grok. 

 

Las empresas de redes sociales eran conscientes de estos daños. Innumerables informes internos, sacados a la luz a través de diversos procedimientos legales, muestran no solo el conocimiento del daño, sino también un grado de complicidad.

 

Hasta ahora, los gobiernos han tenido dificultades para regular el espacio de las redes sociales, lo que ha permitido que se convierta en un "salvaje oeste" donde las leyes apenas se aplican y los delitos rara vez se persiguen. Pero ya no podemos permitirnos fracasar porque están en juego la salud, la seguridad y la dignidad de nuestros hijos. Todas nuestras regulaciones nacionales e internacionales funcionan bajo el mismo principio: ningún producto puede salir al mercado sin haber sido sometido a pruebas exhaustivas. Ningún medicamento llega a los pacientes sin ensayos clínicos. Ningún coche sale de fábrica sin las características de seguridad obligatorias. En la industria del juguete, basta con que se demuestre un solo riesgo de asfixia para retirar toda una línea de productos de las estanterías. En cambio, en lo que respecta a las redes sociales, hemos normalizado algo que nunca toleraríamos en ningún otro ámbito: Niños que crecen en un entorno en el que los daños no son meras especulaciones, sino hechos documentados. 

 

Esto debe acabar ya. Debemos prohibir las redes sociales para los niños, una medida que cuenta con el apoyo de más del 70% de los adultos del Reino Unido y de los cinco países más grandes de la UE. España no está sola en esto. Esta semana, junto con Francia y otros 12 países, estamos impulsando una iniciativa coordinada a nivel de la UE. En España, hemos dado el paso definitivo para someter a votación una ley de protección de la infancia que incluirá esta prohibición, junto con medidas más amplias. Debemos obligar a empresas como X, Instagram y TikTok a eliminar de sus algoritmos todos los elementos que fomentan la adicción, la ansiedad y el odio. Y debemos garantizar que quienes no cumplan con la ley rindan cuentas ante la justicia. 

 

Mi Gobierno es plenamente consciente de las complejidades que conlleva una prohibición de este tipo. No será fácil hacerla cumplir y habrá intentos de eludirla. Pero ninguno de estos retos supera nuestra responsabilidad de proteger a los niños y de demostrar a nuestros ciudadanos que los tecnoligarcas como Elon Musk o Mark Zuckerberg no están por encima de la ley ni del interés público. Por muy ricos y poderosos que sean estos multimillonarios, no son ellos quienes tienen el control. Son las democracias.

Traducción del artículo original publicado el 17 de abril de 2026 por Pedro Sánchez en el diario británico Financial Times

1789, 1945, 2026: tres crisis de deuda

Al igual que muchos otros países, Francia se ha enfrentado anteriormente a crisis de deuda pública. Destacan tres episodios importantes: 1789, 1945 y ahora 2026. La primera lección que se desprende de esta larga historia es que existen varias formas de superar tales crisis, incluso en un plazo de pocos años y con deudas superiores a las actuales. Sin embargo, su resolución siempre ha requerido grandes convulsiones políticas, lo que refleja los intereses profundamente contrapuestos que entran en juego.

Echemos la vista atrás. La primera gran crisis de deuda condujo a la Revolución Francesa. Incapaz de gravar a las clases privilegiadas, el Antiguo Régimen [monarquía prerrevolucionaria] acumuló una deuda enorme —aproximadamente el ingreso nacional de un año, cercana al nivel actual, pero en un contexto en el que la economía apenas estaba monetizada y los impuestos representaban solo un pequeño porcentaje de la producción anual—. Luis XVI acabó convocando a los Estados Generales para salir del punto muerto. El resto es historia: abolición de los privilegios, implantación de un sistema fiscal universal sobre todos los bienes (impuestos sobre la propiedad y la herencia que, lamentablemente, eran proporcionales y no progresivos, a pesar de las innovadoras propuestas que ya se habían presentado en aquel momento) y, sobre todo, la nacionalización sin compensación de los bienes de la Iglesia, subastados para reponer las arcas del Estado. Las clases nobles y burguesas, que poseían títulos de deuda pública, se convirtieron a menudo en los nuevos propietarios de las tierras de la Iglesia. Esto supuso una gran decepción para los campesinos pobres, que habían esperado que la Revolución les permitiera acceder a la tierra y dejar de trabajar para otros.

 

La segunda gran crisis de deuda se produjo tras las guerras mundiales. Tanto en 1920 como en 1945, la deuda pública francesa superó el 200% del PIB, el nivel más alto jamás registrado. En ambos casos, la deuda se redujo casi a cero en tan solo unos años, una vez más mediante una serie de gravámenes excepcionales sobre los más ricos. En 1920, una de las mayorías más derechistas de la República Francesa, el Bloque Nacional, promulgó un tipo impositivo del 72% para los más ricos. Esta coalición, que antes de 1914 se había opuesto incluso a un impuesto sobre la renta del 2%, demostró lo difícil que puede resultar predecir desde la oposición lo que se hará en el poder, y cómo el peso de la historia puede impulsar innovaciones inesperadas. Lamentablemente, el Senado, bajo la Tercera República, ejerció y abusó de su poder de veto sobre toda la legislación y, en 1925, bloqueó una propuesta de gravar con un 10% el capital privado que había sido aprobada por la coalición de izquierdas. Sin embargo, esa era la única forma de resolver la deuda sin recurrir a la inflación, que, al fin y al cabo, no es más que un impuesto injusto y regresivo sobre las clases medias y trabajadoras.

 

En 1945, el equilibrio de poder había cambiado. La deuda volvía a superar el 200% del PIB, pero el Senado había perdido su derecho de veto y la Asamblea Nacional, ahora dominada por la izquierda, aprobó un impuesto de solidaridad nacional (ISN) con un tipo del 20% para los más ricos, que ascendía al 100% para aquellos cuya riqueza nominal había aumentado entre 1938 y 1945. El ISN podía pagarse en valores, que se depositaban en "sociedades de inversión nacionales" (una forma de fondo soberano en aquella época) creadas a tal efecto. En la práctica, la inflación atenuó el impacto del ISN, que resultó menos eficaz que las medidas equivalentes adoptadas en Alemania (con tipos de hasta el 50% sobre las mayores fortunas) y en Japón (90%).

 

Ahora, de cara a 2026. Nadie sabe con exactitud cuándo se producirá la crisis. Es posible que los tipos de interés reales históricamente bajos de los que disfrutan los países ricos (debido en parte a un exceso de ahorro a nivel mundial y en parte a un sistema financiero que les favorece) persistan durante algún tiempo. Pero es probable que los tipos acaben subiendo, lo que provocará una crisis abrupta. La idea de que el ajuste se producirá de forma silenciosa mediante impuestos a las clases medias y trabajadoras, la inflación o recortes en los servicios públicos y las prestaciones sociales a las que tienen derecho no resiste un análisis.

 

Al igual que en 1789 y 1945, los líderes no tendrán más remedio que recurrir a los más ricos, y esto deberá hacerse con tipos más elevados que el mínimo 2% de impuesto a los ultra-ricos que se debatió en el otoño de 2025 y que debería haberse aprobado por unanimidad. Quienes afirman que incluso un gravamen tan pequeño sería confiscatorio solo demuestran su rechazo a un debate sereno, racional y fundamentado en la historia. Al invertir tanta energía en defender los intereses de los poderosos, contribuyen a redirigir la ira social hacia la política identitaria y la retórica antimigrante y antipobre. Esto no resolverá nada. Los miles de millones no se encuentran ahí y solo retrasarán el momento de la verdad. Sin embargo, puede distraer la atención política durante algún tiempo, causando un daño considerable. Más allá de los omnipresentes juegos de roles, la realidad es que los nacionalistas y los liberales del libre mercado son cómplices y nos están llevando hacia el desastre.

 

Terminemos con una nota optimista. Francia nunca ha sido tan próspera como lo es hoy, gracias en gran medida a la igualdad de condiciones, a las infraestructuras colectivas y a la amplia democratización social y educativa que se ha producido a lo largo de muchos años. El patrimonio privado está en auge, a diferencia de lo que ocurría en 1945. Los fundamentos económicos son mucho más sólidos que en crisis pasadas. Si logramos superar el conservadurismo político imperante, unas soluciones colectivas justas y eficaces podrán impulsarnos hacia adelante.

Tradución del artículo original publicado el 14 de abril de 2026 en el blog de Thomas Piketty.

Gibraltar se resigna a estrechar lazos con España

Un nuevo acuerdo sobre el enclave británico cambia las dificultades a corto plazo por beneficios a largo plazo

Las calles del casco antiguo de Gibraltar son una mezcla de Gran Bretaña y España: pubs y locales de apuestas junto a cafeterías al aire libre que sirven tapas. Entre el Tratado de Utrecht de 1713, cuando Gibraltar pasó oficialmente a manos británicas, y el Brexit, el territorio mantuvo un equilibrio entre su identidad británica y sus vínculos económicos con España. Un nuevo tratado, a punto de entrar en vigor, pondrá esto a prueba.

 

Gibraltar no estaba incluido en el acuerdo comercial de 2021 entre el Reino Unido y la UE, y este limbo supuso un quebradero de cabeza para los residentes y los 15.000 trabajadores que cruzan la frontera cada día. La fecha límite del 10 de abril, que obligaba a la recogida de datos biométricos en las fronteras de la UE, habría complicado los cruces, lo que impulsó a los negociadores a alcanzar un acuerdo. Ralentizar los cruces en la frontera terrestre era la "forma en que España nos recordaba su poder cuando las negociaciones no iban bien", afirma Nick Pecino, un corredor de seguros local.

 

Gibraltar suscribirá un acuerdo aduanero que permitirá la libre circulación de personas y mercancías a través de la frontera terrestre. La policía española controlará a las personas que entren por el aeropuerto de Gibraltar, de una forma que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha comparado con los controles que Francia realiza a los viajeros del Eurostar en St Pancras. En el marco de una unión aduanera "a medida", los funcionarios de la UE se encargarán del despacho de aduana de las mercancías importadas que entren en Gibraltar. El tipo cero del IVA del enclave será sustituido por un impuesto sobre las transacciones que aumentará a lo largo de tres años hasta alcanzar el tipo mínimo del IVA de la UE, del 17%.

 

España llama a la frontera "la verja", tiene previsto derribarla. Las autoridades británicas y españolas gestionarán el aeropuerto. España podrá denegar las solicitudes de residencia de los gibraltareños.

 

Los gibraltareños afirman que el acuerdo evita una disputa desastrosa con su vecino. Los residentes de más edad recuerdan el bloqueo de 13 años iniciado por el dictador español Francisco Franco en 1969, que puso a prueba la economía. El acuerdo es "una buena noticia, comparado con la alternativa", afirma John Isola, de la Cámara de Comercio. Menos satisfechos están los conservadores británicos, que lo ven como un golpe al orgullo nacional. Reform UK denuncia "otra humillante rendición más de territorio británico".

 

La libertad en la frontera podría traer más delincuencia a este enclave, que es notablemente seguro, teme Pecino. También podría perjudicar a los comercios minoristas, que se han beneficiado de un IVA del 0%. Menos claro está el impacto en los servicios de Gibraltar. Un tercio de los coches británicos se matriculan a través de sus aseguradoras, señala Pecino.

 

El ministro principal, Fabián Picardo, admite que Gibraltar está cambiando "un sacrificio a corto plazo por una ganancia a largo plazo". En cuanto a la soberanía, se muestra más cauteloso. "No nos acerca a España más de lo que siempre hemos querido estar", afirma.

Traducción del artículo original publicado el 9 de abril de 2026 en la revista británica The Economist.

Dos juicios por corrupción ensombrecen a los principales partidos españoles en vísperas de unas elecciones clave

Con antiguos ministros y figuras destacadas de los partidos llevados ante los tribunales, el país se enfrenta una vez más al legado sin resolver de la corrupción política y los acuerdos turbios a puerta cerrada

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz llega al juzgado para su juicio. Fotografía: Javier Lizón/EPA

La Semana Santa no habrá sido precisamente un momento de celebración para los dos principales partidos políticos de España. En una ironía del destino judicial, tanto el PSOE, actualmente en el poder, como el PP, de tendencia conservadora, se preparan para afrontar dos juicios de gran repercusión mediática en los que están implicados antiguos dirigentes de ambos partidos y que han dado comienzo esta semana en Madrid.

 

Aunque muy diferentes entre sí, ambos casos pueden socavar gravemente las afirmaciones de ambos partidos de tener tolerancia cero con la corrupción, justo cuando los votantes de Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, se preparan para las elecciones autonómicas del mes que viene. A estas les seguirán las elecciones generales del año que viene.

 

¿De qué se tratan estos casos? ¿Y por qué son importantes? La cúpula del PSOE, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguirá muy de cerca los acontecimientos en el Tribunal Supremo, donde ayer por la mañana comenzó el llamado "caso Koldo" (apodado así por uno de los acusados, pero también conocido como el "caso mascarillas").

 

El antiguo mano derecha de Sánchez, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, está acusado (junto con su antiguo colaborador Koldo García y el empresario Víctor de Aldama) de recibir comisiones ilegales en contratos públicos de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19. Ábalos y García, que niegan todos los cargos, se enfrentan a penas de 24 y 19 años respectivamente, mientras que Aldama, que ya ha admitido su participación en la presunta trama, se enfrenta a una pena de siete años.

 

El juicio es uno de los varios escándalos que han salpicado al Gobierno de Sánchez y a su círculo más cercano en los últimos meses. Aunque el propio presidente no ha sido acusado de ningún delito, tanto su esposa, Begoña Gómez, como su hermano, David Sánchez, han sido investigados a raíz de denuncias presentadas por el grupo de presión Manos Limpias, un autodenominado sindicato con vínculos de extrema derecha que tiene un largo historial de utilizar los tribunales para perseguir objetivos políticos.

 

Gómez está a la espera de juicio por acusaciones de que utilizó su influencia como esposa del presidente del Gobierno para conseguir patrocinadores para un máster universitario que dirigía y de que utilizó fondos públicos para pagar a su asistente por ayudarla en asuntos personales. David Sánchez se enfrentará a juicio el próximo mes por las acusaciones de que el ayuntamiento de Badajoz, de gobierno socialista, le concedió un puesto a medida en julio de 2017, cuando su hermano era el líder nacional del PSOE pero aún no era presidente del Gobierno. Gómez y David Sánchez han negado cualquier irregularidad. El presidente del Gobierno (quien ha afirmado que su familia ha sido víctima de una "operación de acoso e intimidación") ha insistido en que ninguno de los dos ha cometido delito alguno.

 

Sin embargo, cualquier insinuación de corrupción y amiguismo resulta perjudicial para un presidente del Gobierno que asumió el cargo prometiendo "acabar con este thriller de corrupción en el que el Partido Popular ha sumido a nuestra política".

El exministro José Luis Ábalos se enfrenta a un juicio por presunta corrupción. Fotografía: JJ Guillen/EPA

Fue precisamente el tema de la corrupción lo que aupó a Sánchez al poder hace casi ocho años. Consciente de la magnitud de la indignación pública tras descubrirse que el PP se había beneficiado de un sistema ilegal de sobornos a cambio de contratos en el llamado caso Gürtel, Sánchez apostó por una moción de censura para derrocar al Gobierno del PP de Mariano Rajoy. La apuesta dio sus frutos y Sánchez ha desafiado las expectativas al permanecer en la Moncloa desde entonces.

 

La oposición en el punto de mira

 

Aunque el PP ha intentado sacar partido de la sucesión de escándalos y recordar a los españoles la antigua cercanía de Sánchez con Ábalos, su regodeo se ha visto frenado por el hecho de que es probable que también tenga que pasar por un momento embarazoso ante los tribunales en los próximos días.

 

El lunes, Jorge Fernández Díaz, que fue ministro del Interior de Rajoy entre 2011 y 2016, compareció ante la Audiencia Nacional, el máximo tribunal penal de España, acusado de espiar presuntamente a Luis Bárcenas, un antiguo tesorero del PP que había amenazado con sacar a la luz la corrupción dentro del partido.

 

Fernández Díaz, que niega tener conocimiento alguno de un complot para espiar a Bárcenas, está acusado de delitos que incluyen malversación, ocultación y violación de la intimidad, y se enfrenta a una pena de 15 años de prisión si es declarado culpable.

 

Fernández Díaz y otros antiguos altos cargos del Ministerio del Interior están acusados de llevar a cabo una operación extrajudicial para espiar a Bárcenas con el fin de garantizar que los detalles de la financiación ilegal del PP no salieran a la luz después de que este fuera puesto en prisión preventiva en 2013 acusado de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

 

Bárcenas, un estrecho colaborador de Rajoy que ocupó el cargo de tesorero del PP hasta 2009, fue finalmente condenado en 2018 a 33 años de cárcel por fraude y blanqueo de capitales. Ha afirmado en repetidas ocasiones que altos cargos del partido tenían conocimiento de las aportaciones ilegales al PP. En una entrevista concedida a El Mundo este fin de semana, Bárcenas afirmó que, en su opinión, una operación de espionaje "de esta naturaleza no podría haberse llevado a cabo sin el conocimiento de las más altas instancias del partido".

 

En julio de 2017, Rajoy se convirtió en el primer presidente del Gobierno en ejercicio en testificar en un proceso penal, cuando fue llamado a declarar en el juicio de Gürtel sobre su etapa como vicesecretario general del PP. Rajoy negó rotundamente tener conocimiento alguno de una trama de financiación ilegal dentro del PP y afirmó que sus funciones durante el periodo en cuestión eran exclusivamente políticas y no financieras. Está previsto que declare en el juicio contra Fernández Díaz, al igual que María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP.

 

Como era de esperar, el PP espera mantener la atención centrada en Ábalos y compañía, mientras que el Gobierno busca hacer alarde de sus logros.

 

"Esta va a ser una semana muy larga para [el Gobierno]", declaró el lunes un portavoz del PP. "Este es un juicio que demostrará quién es el culpable de un caso de corrupción que los españoles vivimos en tiempo real".

 

Mientras tanto, el presidente del Gobierno (cuya firme oposición a la guerra de Donald Trump en Irán le ha valido elogios en todo el mundo) ha aprovechado la ocasión para destacar que España acaba de superar los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social por primera vez en su historia.

 

"Sois vosotros quienes impulsáis, conducís y construís este país", afirmó. "Sois un equipo que está haciendo historia".

 

Sin embargo, los mensajes políticos tienen un alcance limitado, y hay mucho en juego en los veredictos que finalmente dicten el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Como demostraron los acontecimientos de 2018, tanto el PP como el PSOE saben muy bien lo mucho que puede influir el resultado de un solo proceso judicial.

 

Traducción del artículo original publicado el 8 de abril de 2026 en el diario británico The Guardian.

Un líder europeo que rechaza a Trump

Sánchez, de España, es el abanderado de la resistencia política al presidente de Estados Unidos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha adoptado una postura de "simplemente decir no" ante Trump

La guerra en Irán ni siquiera había comenzado, y el presidente del Gobierno español ya se había decidido a oponerse a ella.

 

En el centro neurálgico del Gobierno español, ubicado en un complejo de Madrid, los asesores del presidente del Gobierno Pedro Sánchez leían el pasado diciembre informes de inteligencia que evaluaban que el presidente Trump estaba trazando un rumbo hacia la guerra con Irán.

 

Mientras analizaban las consecuencias para el suministro energético y la economía de Europa, sabían que su jefe se opondría enérgicamente a ella, fuera cual fuera la reacción de Trump. Durante el último año, la mayor parte de Europa ha andado con pies de plomo con Trump.

 

Sánchez ha estado elaborando una táctica alternativa: la teoría del “simplemente di no” en la diplomacia con Trump. Apuesta por que la alianza occidental será más sólida si los aliados de Estados Unidos expresan con franqueza sus desacuerdos con el presidente, en lugar de andar de puntillas a su alrededor.

 

Mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán sacude la economía mundial, Sánchez, un carismático socialista de 54 años, ha adoptado el sencillo lema de "no a la guerra".

 

A diferencia de otros líderes europeos, se ha negado a permitir que el ejército estadounidense utilice las bases aéreas de su país para la guerra, a pesar de la ira de Trump. España, que rara vez ha sido el centro de gravedad de los asuntos europeos, se ha convertido en el abanderado de los europeos frustrados por el temor del continente a plantarle cara a un presidente estadounidense.

 

Las amenazas de Trump sobre Groenlandia y la impopularidad de la guerra contra Irán entre los votantes han llevado a más europeos a sumarse a su postura. "Los buenos aliados son como los buenos amigos. Nos decimos la verdad pase lo que pase", dijo Sánchez. "En mi opinión, esta guerra en Irán es un gran error para el mundo y, por lo tanto, para Estados Unidos. En este mundo en el que las decisiones se toman cada vez más por impulso, desde España ofrecemos lo contrario: ofrecemos previsibilidad", afirmó.

En consonancia con ese espíritu, los españoles se manifestaron recientemente contra la guerra en Irán.

La mayoría de los líderes europeos han pasado el último año intentando ganarse la atención de Trump mediante la deferencia y la adulación, solo para ver cómo sus preocupaciones eran ignoradas, ya que la Casa Blanca toma decisiones con graves consecuencias globales.

 

Su moderación parece ser una de las víctimas de la guerra con Irán. Algunos de ellos se están decantando por el enfoque de Sánchez, rechazando la presión de Trump para que los aliados de la OTAN ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz.

 

"Alemania no forma parte de esta guerra, y tampoco queremos formar parte de ella", declaró recientemente el canciller alemán Friedrich Merz. "Italia no participa y no tiene intención de hacerlo", afirmó la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Ambos líderes conservadores son considerados entre los amigos más cercanos de Trump en Europa.

 

Mostrarse amable con Trump se está volviendo cada vez más impopular en el continente. Una encuesta de Polling Europe publicada en febrero reveló que el 25% de los europeos considera ahora a EE. UU. una potencia amiga, frente al 61% de hace dos años. En España, el 77% de los votantes en una encuesta de YouGov realizada en diciembre desaprobó a Trump, quien amenazó con imponer un embargo a España si no aumentaba el gasto militar. "España se ha portado fatal", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca a principios de marzo. "Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España". La disputa ha sido positiva para Sánchez, cuya popularidad interna se había disminuido tras ocho años en el cargo.

 

Más allá de Trump, se ha enfrentado a Elon Musk, prometiendo hacer que el propietario de X y otros líderes de las redes sociales rindan cuentas "si sus algoritmos envenenan nuestra sociedad". Es uno de los críticos más abiertos de Europa respecto a las guerras de Israel en Gaza y el Líbano. Funcionarios de varios otros gobiernos europeos afirmaron en privado el año pasado que el español no estaba colaborando, especialmente por su negativa a aumentar el gasto militar. España fue el único miembro de la OTAN que rechazó la exigencia de Trump de aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB.

 

En capitales como Berlín y París, los funcionarios afirmaron que Sánchez estaba poniendo en peligro los minuciosos esfuerzos de Europa por evitar un enfrentamiento con Trump que pudiera incitarlo a desatar una guerra comercial, abandonar a Ucrania o hacer saltar por los aires la OTAN.

 

Otros líderes europeos lo excluyeron de los chats grupales en los que debatían cómo lidiar con Trump. Los responsables españoles han restado importancia a la amenaza de Trump de castigar al país, confiados en que no puede imponer un embargo a un solo miembro de la Unión Europea, que comercia como un bloque. La sensación entre el personal de La Moncloa, en su mayoría millennials, es que Trump no tiene tantas cartas en la mano como cree.

 

Estados Unidos exporta más a España de lo que importa, señala Sánchez. "Tenemos un desacuerdo temporal, pero creo que la relación entre Estados Unidos y España es más estrecha que nunca", dijo Sánchez. "A los estadounidenses les encanta España".

Traducción del artículo original publicado el 28 de marzo de 2026 en el diario estadounidense Wall Street Journal.