Fallece a los 87 años María del Carmen Abascal, símbolo de las protestas por la vivienda en España

El desahucio de Maricarmen de su piso en Madrid, tras más de siete décadas viviendo en él, desencadenó una ola de protestas contra la crisis de la vivienda.

Maricarmen en Madrid, en octubre de 2025. Fotografía: Europa Press News/Europa Press/Getty Images

María del Carmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio desencadenó una ola de protestas a nivel nacional contra la crisis de la vivienda en España, ha fallecido.

 

La noticia de su fallecimiento se conoció dos semanas después de que Maricarmen, como se la conocía en toda España, fuera desahuciada del piso de Madrid en el que había vivido durante más de siete décadas.

 

Esta jubilada, cuyo piso había sido adquirido por una empresa de inversiones que pretendía aumentar su alquiler en un 230%, se convirtió rápidamente en un símbolo de las muchas personas que se han quedado atrás ante el auge del mercado inmobiliario español.

 

Las imágenes del desahucio, en el que la policía utilizó varias ráfagas de gas lacrimógeno mientras ejecutaba la orden, acapararon los titulares en toda España. Las impactantes imágenes (en las que se veía a Abascal siendo sacada a la fuerza de su casa en una camilla, flanqueada por manifestantes y policías) se tradujeron rápidamente en indignación.

 

Unas 10.000 personas salieron a las calles de Madrid horas más tarde, enarbolando pancartas con lemas como "¡Qué vergüenza!" y "Todos somos Maricarmen". Desde el norte hasta el sur de España, la gente se congregó en las plazas para protestar contra el sufrimiento provocado por unos alquileres que se habían disparado un 80% en el espacio de una década, mientras que los precios de la vivienda habían subido un 63%.

En una vigilia celebrada en Madrid el 7 de octubre se ve un folleto con una imagen de María del Carmen Abascal. Fotografía: Thomas Coex/AFP/Getty Images

Desde el hospital donde estaba siendo tratada por agotamiento grave, la mujer animó al movimiento incipiente. "Me gustaría estar allí con todos vosotros", dijo en un vídeo grabado desde su cama del hospital. "Pero no tengo tanta suerte. Así que, desde aquí, os pido a todos que tengáis valor y que luchéis y defendáis lo que es vuestro".

 

A medida que empezaban a surgir campamentos por todo el país, la empresa de inversiones que había comprado la vivienda de Abascal le comunicó que podía volver. El acuerdo no sirvió de mucho para apaciguar la ira que se había desatado tras el desahucio.

 

Esta semana, la ola de indignación llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales anticipadas después de que los partidos de derecha y de extrema derecha rechazaran dos decretos de emergencia que su Gobierno había propuesto para hacer frente a la crisis de la vivienda.

 

El sindicato de inquilinos de Madrid afirmó que la solución había llegado demasiado tarde para la octogenaria. "Se trataba de una situación totalmente evitable tras una agonizante odisea", señaló en un comunicado en el que anunciaba que Maricarmen había fallecido en el hospital, al parecer horas antes de que tuviera previsto firmar un nuevo contrato de alquiler con la empresa de inversiones que la había desahuciado.

"Los acontecimientos desencadenados por la injusticia de su desahucio marcan, sin duda, un punto de inflexión en la historia de este país: manifestaciones masivas, acampadas en las plazas, unas elecciones anticipadas y la convocatoria de una huelga general", añadió. "El debate sobre la vivienda está en el centro de todo ello, pero el coste de llegar hasta aquí ha sido demasiado alto".

 

Sánchez expresó sus condolencias a la familia y los amigos de Abascal. "Un abrazo también a todos los que hoy sienten esta pérdida como propia", escribió en las redes sociales. "Que descanse en paz".

La ministra de Sanidad española, Mónica García, afirmó que la situación de la anciana había "servido para despertar la conciencia en toda España, encendiendo una mecha que ya no se va a apagar", y añadió que su "dignidad y coraje" habían marcado el camino.

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, fue más contundente. "Esto no es una muerte; es un asesinato", escribió en las redes sociales. "Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Maricarmen".

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, que votó en contra de las medidas de emergencia en materia de vivienda aprobadas la semana pasada, también expresó sus condolencias.

 

"Ni campaña, ni partidos políticos, ni fines partidistas, no más piedras en el muro", escribió en las redes sociales. "Cuando muere una persona, no debería haber nada más que respeto".

Su muerte se produjo un día después de que el Gobierno de Sánchez aprobara dos nuevos decretos de vivienda destinados a "mantener el espíritu" de los dos decretos anteriores que fueron rechazados en el Parlamento la semana pasada por el PP, el partido de extrema derecha Vox y el partido independentista catalán de derecha Junts.

 

Las 21 medidas incluyen facilitar el alquiler o la compra de una nueva vivienda; ampliar las protecciones contra los desahucios para los residentes vulnerables; regular el alquiler de habitaciones; imponer un nuevo impuesto sobre los alquileres de temporada; prohibir las compras inmobiliarias especulativas; y conceder desgravaciones fiscales a los propietarios y a los inquilinos que paguen puntualmente.

 

Tras la disolución de las Cámaras Baja y Alta del Parlamento a raíz de la convocatoria de elecciones anticipadas, los decretos serán sometidos a votación por el Consejo Permanente del Congreso, un órgano especial que actúa cuando el Parlamento no está reunido.

 

Los 69 miembros de este órgano se distribuyen proporcionalmente entre los distintos grupos parlamentarios para reflejar la composición de la Cámara Baja, lo que significa que Sánchez probablemente contará con el apoyo suficiente para que se apruebe al menos uno de los decretos.

María del Carmen Abascal en Madrid, el 2 de junio. Fotografía: Francesco Militello Mirto/NurPhoto/Getty Images

En el centro de Madrid, donde los activistas han montado un gigantesco campamento de protesta, la noticia de la muerte de Maricarmen fue recibida con un minuto de silencio. Poco después, cientos de personas marcharon desde el campamento hasta el Parlamento coreando: "Maricarmen sigue viva, la lucha continúa".

Traducción del artículo original publicado el 7 de octubre de 2026 en el diario británico The Guardian.

Pedro Sánchez apuesta por unas elecciones anticipadas

El presidente del Gobierno español hace un último intento por defender a la izquierda europea.

Pedro Sánchez durante el anuncio de la convocatoria electoral.

El talento de Pedro Sánchez para aprovechar con audacia las oportunidades le ha servido de mucho, ayudándole a mantenerse durante ocho años como presidente del Gobierno al frente de gobiernos en minoría. Pero su decisión del 5 de octubre de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre, meses antes de lo previsto, es una apuesta a última hora. Espera sacar partido de la ola de indignación provocada por el desahucio de una anciana de su vivienda, un símbolo de la crisis de la vivienda en España. Sánchez, el último abanderado importante de la izquierda en la Unión Europea, planteará las elecciones en términos populistas, como una contienda entre la vivienda asequible y las prestaciones sociales, por un lado, y los privilegios de las élites de derechas, por otro. Será todo un reto: desde hace más de un año, las encuestas de opinión muestran un apoyo mayoritario a la oposición de derechas.

El presidente del Gobierno lleva meses a la defensiva. Su Gobierno gestionó de forma deficiente la oleada de migrantes procedentes de Marruecos que llegó al enclave español de Ceuta en julio. Los líderes de su Partido Socialista se enfrentan a acusaciones de corrupción; su esposa está a la espera de juicio por tráfico de influencias (tanto ella como él insisten en su inocencia). Pero el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que el 23 de septiembre fue desalojada por la fuerza de la vivienda en la que había vivido durante 71 años, le permitió cambiar de tema. Con manifestantes de grupos de extrema izquierda acampados en la Puerta del Sol de Madrid, Sánchez desempolvó una propuesta de decreto de vivienda de emergencia presentada a principios de este año. Esto habría prohibido los desahucios de personas "vulnerables" hasta 2030, prorrogado los contratos de alquiler vigentes e impedido que los "fondos buitre" (es decir, los grandes propietarios inmobiliarios) compraran inmuebles ya existentes, en ambos casos hasta 2028. 

 

Se trata de un enfoque en materia de vivienda que cuenta con el apoyo de la izquierda mundial, desde Berlín hasta Nueva York. Estas políticas se centran en proteger a los inquilinos actuales, pero han provocado una disminución de la oferta de viviendas en alquiler. El decreto fue rechazado por un estrecho margen en el Parlamento el 2 de octubre, cuando Junts, un partido nacionalista que representa a la clase media catalana, se unió a otros partidos de derecha para votar en contra. Sánchez había perdido la volátil mayoría parlamentaria que había logrado reunir entre la izquierda y los nacionalistas regionales.

 

Al anunciar las elecciones, el presidente del Gobierno se quejó de una oposición obstruccionista y de "élites económicas y sociales muy poderosas… que quieren seguir controlando nuestro país". Se jactó de haberse negado a aceptar la exigencia de Donald Trump de destinar el 5% del PIB a defensa, y de haber luchado contra "los tecnoligarcas y los especuladores". Afirmó que, bajo su mandato, España se ha convertido en "un referente mundial de paz, feminismo y prosperidad". También se jactó de la tasa de crecimiento económico, que se prevé que alcance el 2,5% este año, más del doble de la media de la zona del euro.

 

Este llamamiento está pensado para movilizar a los votantes de izquierdas desilusionados. Puede que tenga cierto éxito en este sentido: una encuesta reciente sugiere que los controles de alquiler gozan de popularidad. Con el país dividido en dos bloques políticos, las elecciones españolas ya no se ganan en el centro, sino que dependen de qué bando consiga una mayor participación.

 

Las encuestas de opinión otorgan al Partido Popular (PP), de centro-derecha, un 33%, y a los socialistas un 26% (cinco puntos porcentuales menos que en las últimas elecciones generales de 2023). El mayor beneficiario del descontento ha sido Vox, un partido populista de derecha, que se sitúa en el 18% en las encuestas, frente al 12% de 2023. La izquierda populista, que obtuvo un 12% en las últimas elecciones, carece de líder y está dividida. Sánchez puede aspirar a hacerse con parte de sus votos.

 

"Por fin", dijo Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en respuesta al anuncio de las elecciones. Su partido obtuvo la mayoría de escaños en el Parlamento en 2023. La derecha nunca ha perdonado a Sánchez por impedirle gobernar al aliarse con Junts, a cambio de conceder una amnistía a los líderes separatistas catalanes implicados en un intento ilegal de independencia en 2017. Muchos juristas consideraban que la amnistía era inconstitucional, tal y como el propio Sánchez afirmó hasta que la necesitó para mantenerse en el cargo.

 

El PP hará campaña contra la corrupción y la supuesta incompetencia del Gobierno, señalando Ceuta y las infraestructuras deterioradas. Feijóo acusó a Sánchez de no haber resuelto el problema de la vivienda ni de haber mejorado la educación y la sanidad a pesar de unos ingresos fiscales récord. "Si ocho años no han sido suficientes, ¿por qué quieren cuatro más?", preguntó. Vox señalará que el apoyo de Sánchez a la inmigración a gran escala ha contribuido en gran medida a la crisis de la vivienda. España solo construye 80.000 viviendas nuevas al año, pero hay al menos 700.000 hogares más que en 2023.

 

El señor Sánchez es, con diferencia, el candidato más eficaz de la política española. En las elecciones anticipadas de 2023 se mantuvo en el poder contra todo pronóstico, en parte avivando el miedo a Vox. Las encuestas sugieren que, si el PP forma gobierno, ahora dependerá más de Vox de lo que podría haberlo hecho entonces. Pero ambos gobiernan juntos en varias comunidades autónomas, y la opinión pública parece haber aceptado que el partido populista no puede quedar excluido para siempre.

 

Es muy posible que el presidente del Gobierno reduzca la distancia con la derecha, pero le resultará difícil cerrarla por completo. Feijóo da la impresión de ser un poco torpe en público (aunque en privado es más carismático), y su partido es conocido por su propensión a cometer errores en las campañas. No obstante, es él quien tiene todas las de perder en estas elecciones. Si derrotara a Sánchez, la izquierda europea perdería a uno de sus pocos defensores que aún le quedan.

Traducción del artículo original publicado el 5 de octubre de 2026 en el diario británico The Economist.

Decenas de miles de personas se manifiestan contra la crisis de la vivienda en España

Decenas de miles de personas han salido a las calles de Madrid y otras ciudades españolas para intensificar sus demandas de medidas que aborden la creciente crisis de la vivienda, después de que la oposición rechazara las medidas del Gobierno.

Los manifestantes llenan Cibeles durante una protesta por la vivienda celebrada el sábado. Fotografía: Juan Barbosa/Reuters

Los manifestantes ondearon el sábado pancartas en las que pedían una huelga general, después de que el viernes se rechazaran en el Parlamento las medidas elaboradas para dar respuesta a la indignación popular por el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid y otros problemas relacionados con la vivienda.

"Es una pena", declaró a Reuters Nando de Angulo, de 26 años, que se sumó a la protesta en Madrid. "Esto solo demuestra que somos nosotros, el pueblo, quienes tenemos que adaptarnos a los partidos políticos, y no los políticos a lo que quiere la gente, y esto no puede seguir así".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, podría convocar elecciones anticipadas para noviembre tras el fracaso de la ley, según informaron el viernes los medios españoles, y estaría pendiente de la intensidad de las protestas del sábado antes de tomar una decisión. 

Las manifestaciones han acaparado el debate nacional, dando un nuevo impulso al gobierno de Sánchez, que se encontraba en una situación delicada, y desviando la atención del impacto que aún persiste de los recientes acontecimientos en Ceuta.

Las manifestaciones del sábado transcurrieron de forma pacífica en 50 ciudades españolas. En la ciudad de Valencia, al sureste del país, los manifestantes se enfrentaron a la policía, que disparó balas de goma y lanzó gases lacrimógenos para dispersar las protestas.

Unas 30 personas lograron entrar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un emblemático edificio cultural de la ciudad, antes de que la policía las desalojara.

Un manifestante de Madrid, Marcos Sainz, bibliotecario de 26 años, explicó que solía alquilar un piso de dos habitaciones con unos amigos por un alquiler mensual de 900 euros, pero que ahora un piso de una habitación suele costar 1.000 euros, es decir, la mitad del salario medio mensual de la capital.

Declaró a la AFP que protestaría contra la subida de los alquileres "hasta que alguien se atreva a regularlo todo, ya que (de lo contrario) todos tendremos que irnos de Madrid y eso sería una pena, ya que soy de aquí".

Javier, de 31 años, instalador de paneles solares, afirmó: "Exigimos un derecho fundamental: una vivienda digna, estabilidad y condiciones que nos permitan construir un proyecto de vida digno". Añadió: "Me gasto la mitad de mi sueldo en una habitación minúscula".

"Lo que estamos sintiendo en las calles es una nueva energía que no veíamos desde hacía mucho tiempo, una energía que está demostrando que ocho días de poder popular pueden lograr más que ocho años de gobierno progresista", afirmó en un comunicado Valeria Racu, una de las portavoces de la Unión de Inquilinos que organiza la protesta.

"Ahora comienza la política de verdad: la política que siempre ha pertenecido al pueblo y que volverá de una vez por todas a las calles", añadió.

A última hora del sábado, grupos de manifestantes de extrema derecha, algunos de los cuales realizaban saludos nazis, intentaron llegar al campamento de Madrid, pero fueron bloqueados por la policía.

Un manifestante sostiene un cartel en la Plaza de España de Madrid. Fotografía: Javier Soriano/AFP/Getty Images

Un vídeo publicado en la página web del diario español El País mostraba a la policía persiguiendo a algunos miembros del grupo por las calles, y el periódico también informó de que los agentes habían detenido a tres personas.

El viernes, la coalición liderada por los socialistas de Sánchez presentó dos decretos que incluían una serie de medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda, desde la prohibición de los desahucios hasta 2030 hasta la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones.

A pesar de la indignación de los manifestantes frente al Parlamento, el Partido Popular (PP), de centro-derecha, Vox, de extrema derecha, y el partido independentista catalán Junts votaron en contra de ambos decretos.

El Partido Popular afirmó que había votado de acuerdo con su convicción de que construir, en lugar de regular, era la mejor forma de abordar la crisis. "La vivienda no se vuelve más asequible mediante decretos; se vuelve más asequible construyendo más viviendas", afirmó el diputado Juan Bravo.

La noticia del rechazo del paquete fue recibida con abucheos y gritos de "¡qué vergüenza!" en el exterior. "Vuestros beneficios, nuestra miseria", coreaban los manifestantes.

La ira que llevaba tiempo gestándose por el aumento vertiginoso de los costes de la vivienda estalló a finales del mes pasado, cuando Maricarmen Abascal, de 87 años y en silla de ruedas, fue desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante 70 años. La octogenaria afirmó que no podía permitirse el aumento del 230% en el alquiler exigido por el fondo de inversión que había comprado su piso.

Traducción del artículo original publicado el 3 de octubre de 2026 en el diario británico The Guardian.

Cómo la crisis de la vivienda en Europa está impulsando un nuevo movimiento

A medida que el aumento vertiginoso de los alquileres y los precios de la vivienda en toda Europa se va incorporando al discurso político, los activistas creen que tienen una oportunidad única para situar la vivienda como prioridad en la agenda política.

Personas de todos los ámbitos de la sociedad madrileña se han reunido para protestar contra unas políticas que nos afectan a todos. Fotografía: Rodrigo Jiménez/EPA

Se anunciaba como uno de los mayores eventos inmobiliarios de Europa, con una afluencia de hasta 15.000 personas, desde empresas de inversión hasta promotores inmobiliarios. Sin embargo, cuando la feria y cumbre "District" dio comienzo la semana pasada en Madrid, se presentaron activistas por la vivienda de 140 organizaciones de todo el mundo, decididos a celebrar su propia "contracumbre" para oponerse a la idea de la vivienda como activo financiero.

 

Muchos de los activistas llegaron a la capital española justo cuando Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que se desplaza en silla de ruedas, era desahuciada del piso en el que había vivido durante siete décadas. A medida que la indignación por el desahucio daba paso a días de protestas y a un campamento en pleno centro de Madrid, la presencia de activistas procedentes de países tan diversos como Italia e Irlanda sirvió como un conmovedor recordatorio de la dimensión global de la crisis.

 

El desahucio puso de manifiesto lo difícil que se ha vuelto el acceso a la vivienda para tantas personas en todo el mundo, afirmó Teresa Mamede, una activista por el derecho a la vivienda de Lisboa que viajó a Madrid para asistir a la contracumbre. "Ninguno de nosotros está a salvo de que esto nos ocurra".

 

The Guardian lleva mucho tiempo informando sobre la gravedad de la crisis de la vivienda en toda Europa. Dentro de la UE, los precios se dispararon un 53% entre 2010 y 2024, según Eurostat, mientras que los alquileres aumentaron un 25% durante el mismo periodo.

 

No todos los países se han visto afectados por igual; mientras que Viena sigue siendo un caso positivo gracias a su amplio parque de viviendas públicas, que ha moderado los costes de los alquileres, Estonia ha registrado un aumento de los alquileres del 208% en el mismo periodo, mientras que Irlanda y Hungría han experimentado subidas de más del 100%.

 

Parte de este aumento vertiginoso de los costes puede atribuirse al "experimento social cada vez más intenso" que se está llevando a cabo en Europa, señaló el investigador Tim White el año pasado, mientras las autoridades comprueban si las maquinaciones del capitalismo financiero pueden satisfacer la necesidad fundamental de vivienda. "Las pruebas parecen ahora abrumadoras: no".

 

En cambio, las personas vulnerables y las minorías se han visto afectadas de forma desproporcionada por las deficiencias del mercado, mientras que otros advierten de que la crisis podría empujar a los votantes a los brazos de la extrema derecha. "No podemos quedarnos estancados en la retórica de la defensa de la democracia, las sociedades inclusivas y la igualdad de oportunidades si el nivel de vida de la gente está empeorando", me dijo el año pasado Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.

 

Los votantes de Berlín, sin embargo, optaron recientemente por otro camino. En una ciudad donde los alquileres se habían disparado casi un 70% en la última década, una cuarta parte de los votantes respaldó al partido de izquierdas Die Linke en las elecciones regionales de este mes, convirtiéndolo en el partido más fuerte de Berlín. La estrategia que hay detrás de su éxito no era nada del otro mundo, según la columnista de The Guardian Europa, Fatma Aydemir. "Porque, más que ningún otro partido en esta campaña, Die Linke hizo suyo de forma inequívoca este tema (de la vivienda): la cuestión de quién puede vivir en Berlín y a qué precio".

"Esto no ha hecho más que empezar"

Los manifestantes en Madrid exigen medidas políticas para detener los desahucios y paliar la crisis de la vivienda. Fotografía: Susana Vera/Reuters

Algunos han buscado soluciones comunes para esta crisis común. En la contracumbre de Madrid, los activistas pusieron en marcha una alianza paneuropea para exigir contratos de alquiler indefinidos y el control de los alquileres en todo el continente.

 

A principios de este mes, decenas de organizaciones lanzaron la Iniciativa Ciudadana Europea, en la que se insta a la ciudadanía a firmar su petición para que se adopten medidas a nivel de la UE destinadas a proteger a los inquilinos, frenar la especulación y convertir los edificios vacíos en viviendas. "En todos los países europeos, en todas las encuestas importantes y en todos los grupos de edad, la vivienda se perfila como la principal preocupación de los ciudadanos", señala la iniciativa. "Lo vemos y lo sentimos cada día: trabajadores que ya no pueden permitirse vivir en la ciudad que construyen, jóvenes que no pueden independizarse de sus padres, inquilinos expulsados de sus barrios tras las reformas, edificios vacíos mientras hay gente durmiendo en la calle".

 

En España, donde el acampamiento de varios días en Madrid ha dado lugar a acampadas similares en ciudades como Barcelona, Sevilla y Palma de Mallorca, las protestas ya han comenzado a surtir efecto.

 

Maricarmen, la octogenaria desahuciada, podrá volver a su piso, según se confirmó el martes. Su alquiler se mantendrá en torno a los 500€ al mes que había pagado durante años, una cantidad considerablemente inferior a los 2.650€ que la empresa inversora propietaria de su piso había exigido inicialmente.

 

Esta semana, el Gobierno español también ha anunciado que ha aprobado dos decretos sobre vivienda que incluyen reformas como la prohibición de los desahucios hasta 2030 y la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones. Sin embargo, estas medidas tendrán ahora que obtener la aprobación del fragmentado Parlamento español.

 

Nadie sabe a ciencia cierta qué le depara el futuro al movimiento por la vivienda que ha sacudido España en los últimos días. Con el fantasma de las elecciones generales acechando y la coalición liderada por los socialistas luchando por reforzar su base de votantes progresistas, los activistas han detectado una oportunidad única para abordar una cuestión que los españoles llevan mucho tiempo considerando uno de los mayores problemas del país.

 

"Los próximos días serán cruciales", afirmó el martes la Unión de Inquilinos de Madrid al convocar nuevas protestas para este fin de semana. "Se ha abierto una ventana de oportunidad histórica para revertir décadas de mercantilización de la vivienda. Por eso debemos intensificar la presión".

 

O, como lo expresó la Unión de Inquilinos de Málaga en una publicación en línea: "Esto no ha hecho más que empezar".

Traducción del artículo original publicado el 30 de septiembre de 2026 en el diario británico The Guardian.

España estalla en una ola de indignación por la situación de la vivienda tras el desahucio de una mujer de 87 años

Miles de personas salen a la calle después de que Maricarmen Abascal se viera obligada a abandonar el piso de Madrid en el que había vivido durante siete décadas.

Un grupo de jóvenes ha montado un campamento de protesta en el centro de Madrid para manifestarse contra la crisis de la vivienda © Susana Vera/Reuters

El desahucio de una mujer de 87 años ha desatado una indignación generalizada por la crisis de la vivienda en España, lo que ha llevado a miles de manifestantes a salir a las calles y ha aumentado la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que tome medidas.

El aumento vertiginoso de los precios de la vivienda y de los alquileres está avivando el descontento en toda Europa, pero el desahucio esta semana de Maricarmen Abascal (que se vio obligada a abandonar el piso de Madrid en el que había vivido durante 71 años) ha dado un nuevo impulso al tema.

Sánchez afirmó el domingo que su Gobierno minoritario de izquierdas estaba "trabajando contrarreloj" para presentar una nueva legislación en materia de vivienda antes de la reunión del Consejo de Ministros del martes.

Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en Madrid en apoyo a Maricarmen, y un grupo de activistas más comprometidos montó un campamento de protesta durante la noche en una plaza céntrica. Muchos de ellos eran jóvenes que se consideran a sí mismos las principales víctimas de la crisis.

La oposición conservadora ha criticado a Sánchez por no haber hecho más en materia de vivienda durante sus ocho años en el poder, un periodo en el que el crecimiento de la demanda ha superado con creces a la oferta debido a una política de inmigración de puertas abiertas y a las trabas burocráticas en el sector de la construcción.

El Gobierno socialista de Sánchez replica que en 2023 aprobó una ley de vivienda de amplio alcance que incluía nuevos controles sobre los alquileres, pero se queja de que los gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular (PP) no han aplicado las medidas destinadas a ayudar a los inquilinos.

El padre de Abascal alquiló su piso por primera vez en 1956. El contrato de alquiler pasó a su nombre tras el fallecimiento de sus padres y, debido a un límite máximo de alquiler que se remontaba a aquella época, ella pagaba unos 500€ al mes.

Sin embargo, cuando una pequeña empresa española llamada Urbagestión compró el piso en 2018, intentó subir el alquiler a un nivel que Abascal no podía permitirse con su pensión estatal.

El Sindicato de Inquilinas, una organización de inquilinos, ha afirmado que Urbagestión pidió inicialmente unos 2.650 € al mes y luego rebajó su petición a 1.650 €. Urbagestión ha rebatido esas cifras y ha rechazado que se la califique de "fondo buitre", pero no ha negado su intención de desalojar a Abascal.

La batalla legal en torno a este caso se ha prolongado durante años, y los tribunales han bloqueado tres intentos anteriores de desalojar a Maricarmen. Tras una orden judicial, la octogenaria, que tiene una discapacidad, fue finalmente obligada a abandonar el edificio en silla de ruedas el miércoles.

En los últimos cinco años, los alquileres en la capital española se han disparado un 61%, según la web inmobiliaria Idealista.

El objetivo de Sánchez de proponer nueva legislación en el Consejo de Ministros del martes ha suscitado expectativas de nuevas medidas contra los desahucios. Sin embargo, el presidente del Gobierno ha tenido dificultades constantes para sacar adelante leyes importantes en el Parlamento y no ha conseguido aprobar un presupuesto desde que fue reelegido en 2023.

Dado que su única vía para alcanzar la mayoría parlamentaria pasa por conseguir el apoyo de antiguos aliados ahora divididos, les suplicó el domingo que "hicieran un último esfuerzo", y añadió: "Es una cuestión de humanidad".

El Sindicato de Inquilinas afirmó que no se daría por satisfecho a menos que los legisladores aprobaran una ley para crear contratos de alquiler "indefinidos". "Mientras un arrendador pueda decidir que alguien tiene que abandonar su vivienda simplemente porque ha vencido su contrato de alquiler, podría haber otra Maricarmen", señaló.

Una portavoz del Sindicato de Inquilinas señaló que la culpa del desahucio de Abascal recae tanto en el Gobierno nacional de Sánchez como en el Gobierno regional liberal de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, del PP, defensora del libre mercado. En España, los gobiernos regionales suelen tener más competencias en materia de vivienda que el Gobierno central.

Esther Villardón, traductora de libros de 38 años: "Quiero que (el Gobierno) se tome en serio la vivienda" © Carmen Muela/FT

Esther Villardón, traductora y editora de libros de 38 años, montó una tienda de campaña en el campamento de protesta situado en la céntrica Puerta del Sol de Madrid tras haber cancelado un viaje a Berlín el domingo para mostrar su apoyo a Maricarmen.

"Quiero que (el Gobierno) se tome en serio la vivienda", afirmó. "Creo que llevan ocho años prometiendo algo y nunca llega. Luego se pasan todo el tiempo echándose la culpa unos a otros (el PP y los socialistas), pero nadie hace nada nunca", añadió 

"Sé que la culpa recae tanto a nivel autonómico como nacional. Por eso quiero que nos tomen en serio de una vez por todas".

Entre 2021 y 2025, España construyó 750.000 viviendas menos de las que necesitaba su población, lo que equivale al 3,7% de todos los hogares del país el año pasado, según un estudio del Banco de España.

Traducción del artículo original publicado el 27 de septiembre de 2026 en el diario británico Financial Times.