martes, 14 de abril de 2026

1789, 1945, 2026: tres crisis de deuda

Al igual que muchos otros países, Francia se ha enfrentado anteriormente a crisis de deuda pública. Destacan tres episodios importantes: 1789, 1945 y ahora 2026. La primera lección que se desprende de esta larga historia es que existen varias formas de superar tales crisis, incluso en un plazo de pocos años y con deudas superiores a las actuales. Sin embargo, su resolución siempre ha requerido grandes convulsiones políticas, lo que refleja los intereses profundamente contrapuestos que entran en juego.


Echemos la vista atrás. La primera gran crisis de deuda condujo a la Revolución Francesa. Incapaz de gravar a las clases privilegiadas, el Antiguo Régimen [monarquía prerrevolucionaria] acumuló una deuda enorme —aproximadamente el ingreso nacional de un año, cercana al nivel actual, pero en un contexto en el que la economía apenas estaba monetizada y los impuestos representaban solo un pequeño porcentaje de la producción anual—. Luis XVI acabó convocando a los Estados Generales para salir del punto muerto. El resto es historia: abolición de los privilegios, implantación de un sistema fiscal universal sobre todos los bienes (impuestos sobre la propiedad y la herencia que, lamentablemente, eran proporcionales y no progresivos, a pesar de las innovadoras propuestas que ya se habían presentado en aquel momento) y, sobre todo, la nacionalización sin compensación de los bienes de la Iglesia, subastados para reponer las arcas del Estado. Las clases nobles y burguesas, que poseían títulos de deuda pública, se convirtieron a menudo en los nuevos propietarios de las tierras de la Iglesia. Esto supuso una gran decepción para los campesinos pobres, que habían esperado que la Revolución les permitiera acceder a la tierra y dejar de trabajar para otros.

 

La segunda gran crisis de deuda se produjo tras las guerras mundiales. Tanto en 1920 como en 1945, la deuda pública francesa superó el 200% del PIB, el nivel más alto jamás registrado. En ambos casos, la deuda se redujo casi a cero en tan solo unos años, una vez más mediante una serie de gravámenes excepcionales sobre los más ricos. En 1920, una de las mayorías más derechistas de la República Francesa, el Bloque Nacional, promulgó un tipo impositivo del 72% para los más ricos. Esta coalición, que antes de 1914 se había opuesto incluso a un impuesto sobre la renta del 2%, demostró lo difícil que puede resultar predecir desde la oposición lo que se hará en el poder, y cómo el peso de la historia puede impulsar innovaciones inesperadas. Lamentablemente, el Senado, bajo la Tercera República, ejerció y abusó de su poder de veto sobre toda la legislación y, en 1925, bloqueó una propuesta de gravar con un 10% el capital privado que había sido aprobada por la coalición de izquierdas. Sin embargo, esa era la única forma de resolver la deuda sin recurrir a la inflación, que, al fin y al cabo, no es más que un impuesto injusto y regresivo sobre las clases medias y trabajadoras.

 

En 1945, el equilibrio de poder había cambiado. La deuda volvía a superar el 200% del PIB, pero el Senado había perdido su derecho de veto y la Asamblea Nacional, ahora dominada por la izquierda, aprobó un impuesto de solidaridad nacional (ISN) con un tipo del 20% para los más ricos, que ascendía al 100% para aquellos cuya riqueza nominal había aumentado entre 1938 y 1945. El ISN podía pagarse en valores, que se depositaban en "sociedades de inversión nacionales" (una forma de fondo soberano en aquella época) creadas a tal efecto. En la práctica, la inflación atenuó el impacto del ISN, que resultó menos eficaz que las medidas equivalentes adoptadas en Alemania (con tipos de hasta el 50% sobre las mayores fortunas) y en Japón (90%).

 

Ahora, de cara a 2026. Nadie sabe con exactitud cuándo se producirá la crisis. Es posible que los tipos de interés reales históricamente bajos de los que disfrutan los países ricos (debido en parte a un exceso de ahorro a nivel mundial y en parte a un sistema financiero que les favorece) persistan durante algún tiempo. Pero es probable que los tipos acaben subiendo, lo que provocará una crisis abrupta. La idea de que el ajuste se producirá de forma silenciosa mediante impuestos a las clases medias y trabajadoras, la inflación o recortes en los servicios públicos y las prestaciones sociales a las que tienen derecho no resiste un análisis.

 

Al igual que en 1789 y 1945, los líderes no tendrán más remedio que recurrir a los más ricos, y esto deberá hacerse con tipos más elevados que el mínimo 2% de impuesto a los ultra-ricos que se debatió en el otoño de 2025 y que debería haberse aprobado por unanimidad. Quienes afirman que incluso un gravamen tan pequeño sería confiscatorio solo demuestran su rechazo a un debate sereno, racional y fundamentado en la historia. Al invertir tanta energía en defender los intereses de los poderosos, contribuyen a redirigir la ira social hacia la política identitaria y la retórica antimigrante y antipobre. Esto no resolverá nada. Los miles de millones no se encuentran ahí y solo retrasarán el momento de la verdad. Sin embargo, puede distraer la atención política durante algún tiempo, causando un daño considerable. Más allá de los omnipresentes juegos de roles, la realidad es que los nacionalistas y los liberales del libre mercado son cómplices y nos están llevando hacia el desastre.

 

Terminemos con una nota optimista. Francia nunca ha sido tan próspera como lo es hoy, gracias en gran medida a la igualdad de condiciones, a las infraestructuras colectivas y a la amplia democratización social y educativa que se ha producido a lo largo de muchos años. El patrimonio privado está en auge, a diferencia de lo que ocurría en 1945. Los fundamentos económicos son mucho más sólidos que en crisis pasadas. Si logramos superar el conservadurismo político imperante, unas soluciones colectivas justas y eficaces podrán impulsarnos hacia adelante.


Tradución del artículo original publicado el 14 de abril de 2026 en el blog de Thomas Piketty.

jueves, 9 de abril de 2026

Gibraltar se resigna a estrechar lazos con España

Un nuevo acuerdo sobre el enclave británico cambia las dificultades a corto plazo por beneficios a largo plazo


Las calles del casco antiguo de Gibraltar son una mezcla de Gran Bretaña y España: pubs y locales de apuestas junto a cafeterías al aire libre que sirven tapas. Entre el Tratado de Utrecht de 1713, cuando Gibraltar pasó oficialmente a manos británicas, y el Brexit, el territorio mantuvo un equilibrio entre su identidad británica y sus vínculos económicos con España. Un nuevo tratado, a punto de entrar en vigor, pondrá esto a prueba.

 

Gibraltar no estaba incluido en el acuerdo comercial de 2021 entre el Reino Unido y la UE, y este limbo supuso un quebradero de cabeza para los residentes y los 15.000 trabajadores que cruzan la frontera cada día. La fecha límite del 10 de abril, que obligaba a la recogida de datos biométricos en las fronteras de la UE, habría complicado los cruces, lo que impulsó a los negociadores a alcanzar un acuerdo. Ralentizar los cruces en la frontera terrestre era la "forma en que España nos recordaba su poder cuando las negociaciones no iban bien", afirma Nick Pecino, un corredor de seguros local.

 

Gibraltar suscribirá un acuerdo aduanero que permitirá la libre circulación de personas y mercancías a través de la frontera terrestre. La policía española controlará a las personas que entren por el aeropuerto de Gibraltar, de una forma que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha comparado con los controles que Francia realiza a los viajeros del Eurostar en St Pancras. En el marco de una unión aduanera "a medida", los funcionarios de la UE se encargarán del despacho de aduana de las mercancías importadas que entren en Gibraltar. El tipo cero del IVA del enclave será sustituido por un impuesto sobre las transacciones que aumentará a lo largo de tres años hasta alcanzar el tipo mínimo del IVA de la UE, del 17%.

 

España llama a la frontera "la verja", tiene previsto derribarla. Las autoridades británicas y españolas gestionarán el aeropuerto. España podrá denegar las solicitudes de residencia de los gibraltareños.

 

Los gibraltareños afirman que el acuerdo evita una disputa desastrosa con su vecino. Los residentes de más edad recuerdan el bloqueo de 13 años iniciado por el dictador español Francisco Franco en 1969, que puso a prueba la economía. El acuerdo es "una buena noticia, comparado con la alternativa", afirma John Isola, de la Cámara de Comercio. Menos satisfechos están los conservadores británicos, que lo ven como un golpe al orgullo nacional. Reform UK denuncia "otra humillante rendición más de territorio británico".

 

La libertad en la frontera podría traer más delincuencia a este enclave, que es notablemente seguro, teme Pecino. También podría perjudicar a los comercios minoristas, que se han beneficiado de un IVA del 0%. Menos claro está el impacto en los servicios de Gibraltar. Un tercio de los coches británicos se matriculan a través de sus aseguradoras, señala Pecino.

 

El ministro principal, Fabián Picardo, admite que Gibraltar está cambiando "un sacrificio a corto plazo por una ganancia a largo plazo". En cuanto a la soberanía, se muestra más cauteloso. "No nos acerca a España más de lo que siempre hemos querido estar", afirma.


Traducción del artículo original publicado el 9 de abril de 2026 en la revista británica The Economist.

miércoles, 8 de abril de 2026

Dos juicios por corrupción ensombrecen a los principales partidos españoles en vísperas de unas elecciones clave

Con antiguos ministros y figuras destacadas de los partidos llevados ante los tribunales, el país se enfrenta una vez más al legado sin resolver de la corrupción política y los acuerdos turbios a puerta cerrada

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz llega al juzgado para su juicio. Fotografía: Javier Lizón/EPA

La Semana Santa no habrá sido precisamente un momento de celebración para los dos principales partidos políticos de España. En una ironía del destino judicial, tanto el PSOE, actualmente en el poder, como el PP, de tendencia conservadora, se preparan para afrontar dos juicios de gran repercusión mediática en los que están implicados antiguos dirigentes de ambos partidos y que han dado comienzo esta semana en Madrid.

 

Aunque muy diferentes entre sí, ambos casos pueden socavar gravemente las afirmaciones de ambos partidos de tener tolerancia cero con la corrupción, justo cuando los votantes de Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, se preparan para las elecciones autonómicas del mes que viene. A estas les seguirán las elecciones generales del año que viene.

 

¿De qué se tratan estos casos? ¿Y por qué son importantes? La cúpula del PSOE, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguirá muy de cerca los acontecimientos en el Tribunal Supremo, donde ayer por la mañana comenzó el llamado "caso Koldo" (apodado así por uno de los acusados, pero también conocido como el "caso mascarillas").

 

El antiguo mano derecha de Sánchez, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, está acusado (junto con su antiguo colaborador Koldo García y el empresario Víctor de Aldama) de recibir comisiones ilegales en contratos públicos de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19. Ábalos y García, que niegan todos los cargos, se enfrentan a penas de 24 y 19 años respectivamente, mientras que Aldama, que ya ha admitido su participación en la presunta trama, se enfrenta a una pena de siete años.

 

El juicio es uno de los varios escándalos que han salpicado al Gobierno de Sánchez y a su círculo más cercano en los últimos meses. Aunque el propio presidente no ha sido acusado de ningún delito, tanto su esposa, Begoña Gómez, como su hermano, David Sánchez, han sido investigados a raíz de denuncias presentadas por el grupo de presión Manos Limpias, un autodenominado sindicato con vínculos de extrema derecha que tiene un largo historial de utilizar los tribunales para perseguir objetivos políticos.

 

Gómez está a la espera de juicio por acusaciones de que utilizó su influencia como esposa del presidente del Gobierno para conseguir patrocinadores para un máster universitario que dirigía y de que utilizó fondos públicos para pagar a su asistente por ayudarla en asuntos personales. David Sánchez se enfrentará a juicio el próximo mes por las acusaciones de que el ayuntamiento de Badajoz, de gobierno socialista, le concedió un puesto a medida en julio de 2017, cuando su hermano era el líder nacional del PSOE pero aún no era presidente del Gobierno. Gómez y David Sánchez han negado cualquier irregularidad. El presidente del Gobierno (quien ha afirmado que su familia ha sido víctima de una "operación de acoso e intimidación") ha insistido en que ninguno de los dos ha cometido delito alguno.

 

Sin embargo, cualquier insinuación de corrupción y amiguismo resulta perjudicial para un presidente del Gobierno que asumió el cargo prometiendo "acabar con este thriller de corrupción en el que el Partido Popular ha sumido a nuestra política".


El exministro José Luis Ábalos se enfrenta a un juicio por presunta corrupción. Fotografía: JJ Guillen/EPA

Fue precisamente el tema de la corrupción lo que aupó a Sánchez al poder hace casi ocho años. Consciente de la magnitud de la indignación pública tras descubrirse que el PP se había beneficiado de un sistema ilegal de sobornos a cambio de contratos en el llamado caso Gürtel, Sánchez apostó por una moción de censura para derrocar al Gobierno del PP de Mariano Rajoy. La apuesta dio sus frutos y Sánchez ha desafiado las expectativas al permanecer en la Moncloa desde entonces.

 

La oposición en el punto de mira

 

Aunque el PP ha intentado sacar partido de la sucesión de escándalos y recordar a los españoles la antigua cercanía de Sánchez con Ábalos, su regodeo se ha visto frenado por el hecho de que es probable que también tenga que pasar por un momento embarazoso ante los tribunales en los próximos días.

 

El lunes, Jorge Fernández Díaz, que fue ministro del Interior de Rajoy entre 2011 y 2016, compareció ante la Audiencia Nacional, el máximo tribunal penal de España, acusado de espiar presuntamente a Luis Bárcenas, un antiguo tesorero del PP que había amenazado con sacar a la luz la corrupción dentro del partido.

 

Fernández Díaz, que niega tener conocimiento alguno de un complot para espiar a Bárcenas, está acusado de delitos que incluyen malversación, ocultación y violación de la intimidad, y se enfrenta a una pena de 15 años de prisión si es declarado culpable.

 

Fernández Díaz y otros antiguos altos cargos del Ministerio del Interior están acusados de llevar a cabo una operación extrajudicial para espiar a Bárcenas con el fin de garantizar que los detalles de la financiación ilegal del PP no salieran a la luz después de que este fuera puesto en prisión preventiva en 2013 acusado de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

 

Bárcenas, un estrecho colaborador de Rajoy que ocupó el cargo de tesorero del PP hasta 2009, fue finalmente condenado en 2018 a 33 años de cárcel por fraude y blanqueo de capitales. Ha afirmado en repetidas ocasiones que altos cargos del partido tenían conocimiento de las aportaciones ilegales al PP. En una entrevista concedida a El Mundo este fin de semana, Bárcenas afirmó que, en su opinión, una operación de espionaje "de esta naturaleza no podría haberse llevado a cabo sin el conocimiento de las más altas instancias del partido".

 

En julio de 2017, Rajoy se convirtió en el primer presidente del Gobierno en ejercicio en testificar en un proceso penal, cuando fue llamado a declarar en el juicio de Gürtel sobre su etapa como vicesecretario general del PP. Rajoy negó rotundamente tener conocimiento alguno de una trama de financiación ilegal dentro del PP y afirmó que sus funciones durante el periodo en cuestión eran exclusivamente políticas y no financieras. Está previsto que declare en el juicio contra Fernández Díaz, al igual que María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP.

 

Como era de esperar, el PP espera mantener la atención centrada en Ábalos y compañía, mientras que el Gobierno busca hacer alarde de sus logros.

 

"Esta va a ser una semana muy larga para [el Gobierno]", declaró el lunes un portavoz del PP. "Este es un juicio que demostrará quién es el culpable de un caso de corrupción que los españoles vivimos en tiempo real".

 

Mientras tanto, el presidente del Gobierno (cuya firme oposición a la guerra de Donald Trump en Irán le ha valido elogios en todo el mundo) ha aprovechado la ocasión para destacar que España acaba de superar los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social por primera vez en su historia.

 

"Sois vosotros quienes impulsáis, conducís y construís este país", afirmó. "Sois un equipo que está haciendo historia".

 

Sin embargo, los mensajes políticos tienen un alcance limitado, y hay mucho en juego en los veredictos que finalmente dicten el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Como demostraron los acontecimientos de 2018, tanto el PP como el PSOE saben muy bien lo mucho que puede influir el resultado de un solo proceso judicial.

 


Traducción del artículo original publicado el 8 de abril de 2026 en el diario británico The Guardian.

martes, 31 de marzo de 2026

Un líder europeo que rechaza a Trump

Sánchez, de España, es el abanderado de la resistencia política al presidente de Estados Unidos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha adoptado una postura de "simplemente decir no" ante Trump

La guerra en Irán ni siquiera había comenzado, y el presidente del Gobierno español ya se había decidido a oponerse a ella.

 

En el centro neurálgico del Gobierno español, ubicado en un complejo de Madrid, los asesores del presidente del Gobierno Pedro Sánchez leían el pasado diciembre informes de inteligencia que evaluaban que el presidente Trump estaba trazando un rumbo hacia la guerra con Irán.

 

Mientras analizaban las consecuencias para el suministro energético y la economía de Europa, sabían que su jefe se opondría enérgicamente a ella, fuera cual fuera la reacción de Trump. Durante el último año, la mayor parte de Europa ha andado con pies de plomo con Trump.

 

Sánchez ha estado elaborando una táctica alternativa: la teoría del “simplemente di no” en la diplomacia con Trump. Apuesta por que la alianza occidental será más sólida si los aliados de Estados Unidos expresan con franqueza sus desacuerdos con el presidente, en lugar de andar de puntillas a su alrededor.

 

Mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán sacude la economía mundial, Sánchez, un carismático socialista de 54 años, ha adoptado el sencillo lema de "no a la guerra".

 

A diferencia de otros líderes europeos, se ha negado a permitir que el ejército estadounidense utilice las bases aéreas de su país para la guerra, a pesar de la ira de Trump. España, que rara vez ha sido el centro de gravedad de los asuntos europeos, se ha convertido en el abanderado de los europeos frustrados por el temor del continente a plantarle cara a un presidente estadounidense.

 

Las amenazas de Trump sobre Groenlandia y la impopularidad de la guerra contra Irán entre los votantes han llevado a más europeos a sumarse a su postura. "Los buenos aliados son como los buenos amigos. Nos decimos la verdad pase lo que pase", dijo Sánchez. "En mi opinión, esta guerra en Irán es un gran error para el mundo y, por lo tanto, para Estados Unidos. En este mundo en el que las decisiones se toman cada vez más por impulso, desde España ofrecemos lo contrario: ofrecemos previsibilidad", afirmó.


En consonancia con ese espíritu, los españoles se manifestaron recientemente contra la guerra en Irán.

La mayoría de los líderes europeos han pasado el último año intentando ganarse la atención de Trump mediante la deferencia y la adulación, solo para ver cómo sus preocupaciones eran ignoradas, ya que la Casa Blanca toma decisiones con graves consecuencias globales.

 

Su moderación parece ser una de las víctimas de la guerra con Irán. Algunos de ellos se están decantando por el enfoque de Sánchez, rechazando la presión de Trump para que los aliados de la OTAN ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz.

 

"Alemania no forma parte de esta guerra, y tampoco queremos formar parte de ella", declaró recientemente el canciller alemán Friedrich Merz. "Italia no participa y no tiene intención de hacerlo", afirmó la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Ambos líderes conservadores son considerados entre los amigos más cercanos de Trump en Europa.

 

Mostrarse amable con Trump se está volviendo cada vez más impopular en el continente. Una encuesta de Polling Europe publicada en febrero reveló que el 25% de los europeos considera ahora a EE. UU. una potencia amiga, frente al 61% de hace dos años. En España, el 77% de los votantes en una encuesta de YouGov realizada en diciembre desaprobó a Trump, quien amenazó con imponer un embargo a España si no aumentaba el gasto militar. "España se ha portado fatal", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca a principios de marzo. "Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España". La disputa ha sido positiva para Sánchez, cuya popularidad interna se había disminuido tras ocho años en el cargo.

 

Más allá de Trump, se ha enfrentado a Elon Musk, prometiendo hacer que el propietario de X y otros líderes de las redes sociales rindan cuentas "si sus algoritmos envenenan nuestra sociedad". Es uno de los críticos más abiertos de Europa respecto a las guerras de Israel en Gaza y el Líbano. Funcionarios de varios otros gobiernos europeos afirmaron en privado el año pasado que el español no estaba colaborando, especialmente por su negativa a aumentar el gasto militar. España fue el único miembro de la OTAN que rechazó la exigencia de Trump de aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB.

 

En capitales como Berlín y París, los funcionarios afirmaron que Sánchez estaba poniendo en peligro los minuciosos esfuerzos de Europa por evitar un enfrentamiento con Trump que pudiera incitarlo a desatar una guerra comercial, abandonar a Ucrania o hacer saltar por los aires la OTAN.

 

Otros líderes europeos lo excluyeron de los chats grupales en los que debatían cómo lidiar con Trump. Los responsables españoles han restado importancia a la amenaza de Trump de castigar al país, confiados en que no puede imponer un embargo a un solo miembro de la Unión Europea, que comercia como un bloque. La sensación entre el personal de La Moncloa, en su mayoría millennials, es que Trump no tiene tantas cartas en la mano como cree.

 

Estados Unidos exporta más a España de lo que importa, señala Sánchez. "Tenemos un desacuerdo temporal, pero creo que la relación entre Estados Unidos y España es más estrecha que nunca", dijo Sánchez. "A los estadounidenses les encanta España".


Traducción del artículo original publicado el 28 de marzo de 2026 en el diario estadounidense Wall Street Journal.

miércoles, 25 de marzo de 2026

Aprovechando el tirón de Sánchez

En su lucha por recuperar relevancia, la izquierda de centro griega no ha tardado en sumarse al presidente del Gobierno español, tal y como ya hizo con el alcalde de Nueva York, Mamdani


"Pedro Sánchez, elegido para interpretar al próximo James Bond, abandonará la política", escribió en 2022 la popular columna satírica de Bruselas Le Chou, reafirmando así su fascinación por el presidente del Gobierno español. Unos meses más tarde, en noviembre de 2023, "Perro" —como se le conoce, por el apodo que le da el español— fue elegido por tercera vez. Habiendo pasado a ser uno de los críticos europeos más acérrimos del presidente estadounidense Donald Trump, Sánchez se encuentra en una posición similar a la del expresidente francés Jacques Chirac, quien desafió a los estadounidenses al oponerse a su invasión de Irak en 2003. Al hacerlo, Sánchez también ha inspirado a la izquierda de toda Europa, que lucha por recuperar el impulso perdido. Grecia no es una excepción. Con la escena política de izquierdas aún en busca de una figura en torno a la que aglutinarse, el presidente del Gobierno español está siendo invocado (algunos podrían incluso decir "apropiado") como paradigma en los últimos días.

 

Capacidad de adaptación

 

Este carismático político de 54 años inició su trayectoria ascendente como una figura marginal dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), recorriendo España de punta a punta en su Peugeot para recabar apoyos en 2015, y ahora cumple su octavo año como presidente del Gobierno. Su capacidad para adaptar su ideología se ha ganado su propio apodo, el "sanchismo", que sus rivales utilizan para insinuar una falta de principios y una sed de poder a cualquier precio, y que sus seguidores ven como una estrategia de gobierno pragmática, progresista y resiliente. En su primer mandato, formó una coalición con el partido de centro-derecha Ciudadanos; cuando eso dejó de funcionar, recurrió al partido de izquierda Podemos para su segundo mandato y ahora colabora con Sumar, una agrupación de pequeños partidos de izquierda y ecologistas. "Sánchez está haciendo lo que Andreas [Papandreou] hizo entre 1977 y 1985, convirtiendo la izquierda-derecha en derecha-antiderecha», afirma Elias Dinas, profesor de ciencias políticas y catedrático suizo en el Instituto Universitario Europeo de Florencia.

 

El presidente del Gobierno español se encuentra actualmente sometido a una gran presión, después de que algunos de sus aliados más cercanos en el PSOE dimitieran por su implicación en escándalos económicos. Hace apenas unas semanas, por otra parte, el partido sufrió una grave derrota electoral en Aragón (una región considerada un barómetro político) al perder frente al conservador PP y ver cómo la extrema derecha de Vox quedaba en tercer lugar.

 

"No pasarán"

 

Sánchez es también el único líder europeo que ha cuestionado abiertamente la decisión del presidente estadounidense de iniciar una guerra con Irán, calificando el conflicto de injustificado, peligroso e ilegal, y cerrando las bases conjuntas de España a los aviones militares estadounidenses. Trump ha reaccionado calificando al Gobierno de Madrid de "terrible" y "hostil", y amenazando con romper todos los lazos comerciales. También ha afirmado que, si quisiera utilizar las bases españolas, simplemente lo haría.

 

"Ha logrado unificar a un amplio sector del electorado, que abarca desde el centroizquierda y los socialdemócratas hasta la izquierda radical, grupos que son especialmente sensibles a las cuestiones relacionadas con el derecho internacional y la diplomacia multilateral", afirma Kostis Kornetis, profesor adjunto de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid y asesor del Gobierno español en materia de memoria histórica. Sin embargo, señala que el atractivo de la postura de Sánchez no se limita a ese ámbito político concreto. Según una importante encuesta reciente realizada por el diario El País, alrededor del 70% de los españoles está de acuerdo con su gestión de la guerra.

 

Al fin y al cabo, no fue hasta 2003 cuando el Gobierno de derecha de José María Aznar llevó a España a la guerra de Irak como parte de la "coalición de voluntarios", alineándose con George W. Bush, de Estados Unidos, y Tony Blair, del Reino Unido. Los atentados terroristas de Al Qaeda perpetrados en Madrid en 2004, que se saldaron con casi 200 muertos, y el intento inicial del Gobierno de culpar a los vascos, dejaron profundas cicatrices en el país. "El lema 'No a la guerra', que dominó las protestas masivas de 2003, sigue teniendo un peso significativo en la memoria colectiva española", afirma Kornetis.

 

"Cualquier participación en la guerra de Oriente Medio que pudiera exponer a España a un peligro es, históricamente, una cuestión muy politizada para el Partido Socialista", señala Evangelos Liaras, profesor de relaciones internacionales en la IE University de Madrid. "No hay muchos líderes europeos que se atreverían a hacer lo que ha hecho Sánchez. Dicho esto, España se encuentra en una situación en la que su economía va bien y no depende de Estados Unidos de forma tan directa, lo que le ha dado a Sánchez margen para desarrollar este perfil". Aparte de su política exterior, el presidente del Gobierno español también ha adoptado políticas para redistribuir la riqueza y aumentar el salario mínimo.

 

Siguiendo el ejemplo


Tras el efímero destello de esperanza que supuso la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, la izquierda y el centroizquierda intentan ahora aprovechar la popularidad de Sánchez y sacarle partido. Su retórica antibélica encuentra eco (entre otros y en distintos grados) en el ex primer ministro Alexis Tsipras, el presidente de Nueva Izquierda, Alexis Haritsis, el dirigente del PASOK y alcalde de Atenas, Haris Doukas, e incluso en la jefa de planificación política del PASOK, Anna Diamantopoulou. Y cuanto más se esfuerzan las fuerzas opositoras por acusarle de falsa bravuconería (porque España no tiene que lidiar con el tipo de vecinos que tiene Grecia) y de inconstancia (porque España envió un buque de guerra para ayudar a defender Chipre), más intensamente se polarizan los aliados y rivales de "Perros".

 

Esto fue lo que finalmente provocó una ruptura en el centroizquierda griego, con Odysseas Konstantinopoulos acusando a España de menospreciar las preocupaciones griegas y de vender equipamiento militar a Turquía. Esta fue una de las razones por las que el diputado fue expulsado del PASOK la semana pasada, y fuentes de la sede del partido afirmaron que, en la práctica, adoptó la postura del partido gobernante, Nueva Democracia, "con el único propósito de difuminar el mensaje del PASOK y ofrecer sus servicios al Gobierno, ganándose incluso las felicitaciones del [vicepresidente de ND] Sr. [Adonis] Georgiadis".

 

"No habíamos visto en Europa un interés tan intenso por un líder de izquierdas desde la época de Tsipras", comenta el profesor Dinas. "Ninguna de las figuras políticas de izquierda de Grecia goza del tipo de reconocimiento institucional que tiene Sánchez en este momento. Dicho esto, no hay demasiados ejemplos de personas que tengan éxito definiéndose a través de otra persona. Esto es indicativo de una necesidad de un apoyo o un modelo a seguir más que de una posición estratégica; es una receta para el fracaso. Revela una incapacidad para estar a la altura del peso del mismo paradigma que se intenta emular o en el que se intenta apoyarse".

 

Según Kornetis, lo que hace que tantas personalidades políticas diferentes en Grecia adopten la postura de Sánchez es que, "además de su admiración por la postura de España en la escena política, se dan cuenta de que él encarna un modelo de gobernanza progresista que combina la eficiencia gubernamental con la política social. Demuestra cómo un poder progresista puede gobernar (y no protestar)".

 

Dinas explica que la popularidad tanto de Mamdani como de Sánchez gira en torno a su compromiso con el bienestar social y la reducción de las desigualdades. "En Grecia, el discurso público tiende a centrarse en cuestiones de carácter secundario, en asuntos de identidad, desde las fotografías de Kaisariani [de la ejecución de comunistas durante la Segunda Guerra Mundial] hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, a diferencia de España o Nueva York, el votante medio en Grecia se inclina hacia la derecha en estos temas, por lo que a la izquierda le resulta difícil atraer apoyos a través de ellos. Lo máximo que puede hacer es crear polarización».

 

Los debates sobre las grandes cuestiones nacionales siguen siendo tabú en Grecia y, según Dinas, las distintas partes implicadas en estos temas no están dispuestas a considerar un punto de vista diferente. "Desde el EAM hasta el PASOK, la izquierda siempre ha mantenido una postura patriótica en cuestiones nacionales, lo que, para un observador externo, parecería simplemente una posición nacionalista de línea dura. No es fácil cambiar una realidad que se ha alimentado durante décadas con el mismo discurso por parte de todos los bandos. Al fin y al cabo, incluso el primer ministro griego dio algunos pasos hacia el centro al principio, solo para darse cuenta de que encuentra mucha más resonancia inclinándose hacia la derecha".

 

"Grecia se encuentra, sin duda, en una situación especial debido a su geografía", afirma Kornetis, señalando que no puede pasar por alto la dimensión de la seguridad y la disuasión. "Es natural que la política griega sienta la necesidad de una Europa capaz de protegerse a sí misma. Al mismo tiempo, sin embargo, tiene un interés vital en insistir en el derecho internacional", afirma, y añade: "Si tuviéramos que posicionarnos entre ambas posturas, diría que Grecia tiene todas las razones para sentirse cercana a la postura expresada por Sánchez a favor de una Europa capaz de defenderse, pero que tampoco abandona su fe en las normas, en el derecho internacional y en la idea de que el poder europeo debe seguir anclado en la legitimidad".


Traducción del artículo original publicado el 20 de marzo de 2026 en el diario griego Ekathimerini.