¿Qué puede aprender Andy Burnham de Pedro Sánchez?

El presidente del Gobierno español se ha reinventado como el principal abanderado de la izquierda europea. ¿Podría su éxito ofrecer al primer ministro del Reino Unido una vía a seguir?

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha convertido en una de las principales voces de la izquierda europea en la escena internacional y sigue adelante tras haber puesto en marcha una serie de políticas progresistas. Fotografía: Yiannis Kourtoglou/Reuters

Buenos días. Para los observadores internacionales, parece que Pedro Sánchez ha logrado lo imposible. Mientras que otros primeros ministros europeos de izquierdas o con tendencia izquierdista han fracasado y se han visto en apuros, el presidente del Gobierno español ha resistido.

 

Desde junio de 2018, Sánchez ha gobernado desde Madrid, poniendo en marcha un sinfín de políticas progresistas. Más recientemente, se ha erigido como una voz destacada (y a menudo solitaria) de la izquierda europea en la escena mundial, adoptando un tono desafiante en todo, desde la guerra de la Administración Trump en Irán ("la cortina de humo de la guerra para ocultar su fracaso") hasta las acciones de Israel en Gaza ("el exterminio de un pueblo indefenso"). El hecho de que la prensa internacional le haya apodado "El Guapo" tampoco le viene mal.

 

En el ámbito nacional, sin embargo, la situación es más compleja. El círculo más cercano a Sánchez se encuentra inmerso en un escándalo de corrupción que le está haciendo mucho daño, y las encuestas indican que su Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tradicionalmente de centroizquierda, está en horas bajas. Mientras tanto, los recientes sucesos en Ceuta y los apocalípticos incendios forestales plantean espinosos retos políticos. Los líderes europeos se han vuelto públicamente contra Sánchez, y todo ello con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina el año que viene.

 

Pero, al igual que el propio primer ministro del Reino Unido, aunque Sánchez se ha labrado un nombre, no siempre fue la figura de izquierdas que se le considera hoy en día.

 

El arte de la reinvención política

 

Andy Burnham y Pedro Sánchez tienen trayectorias similares. Ambos entraron inicialmente en sus respectivos parlamentos y luego los abandonaron tras no haber logrado sus ambiciones; ambos regresaron y, tras una discreta reinvención, acabaron ocupando el cargo más alto.

 

Ya conocemos la historia de Burnham: el exministro blairista perdió las elecciones a la presidencia del Partido Laborista y, en su lugar, se convirtió en alcalde de una de las ciudades más grandes del Reino Unido, donde resurgió transformado gracias a su filosofía vagamente articulada: el "manchesterismo".

 

Sánchez tampoco fue siempre la figura progresista que es hoy. El antiguo profesor de Economía fue elegido por primera vez líder del PSOE en 2014, como un centrista convencido. "Era el candidato de compromiso entre la izquierda y la derecha", afirma Gilmartin. "Al principio, las expectativas sobre él eran escasas".

 

Su primer mandato al frente del partido terminó en 2016, después de que una serie de derrotas electorales y una revuelta interna caótica le obligaran a dimitir ante la presión de los pesos pesados del partido. Y así comenzó su transformación: Sánchez, de 1.90 metros de altura, se metió en su Peugeot y se lanzó a recorrer España en coche. "Me subiré a mi coche y recorreré toda España para escuchar a quienes no han sido escuchados, a las bases y a los votantes de izquierda", afirmó Sánchez.

 

Sánchez entiende que anclar a su partido a la izquierda es la forma en que puede gobernar.

 

Fuera de Madrid, se transformó en una figura antisistema y cercana al pueblo. En el verano de 2017, volvió a ser líder del PSOE. Formó un Gobierno en junio de 2018 y, desde entonces, es presidente del Gobierno.

 

"No es necesariamente un izquierdista convencido", afirma Gilmartin, "pero Sánchez entiende que anclar su partido en la izquierda y posicionarse como líder de un bloque progresista más amplio es la forma en que puede gobernar. Es un pragmático muy impresionante".

 

En 2019, para reforzar el apoyo de la izquierda, Sánchez se comprometió a poner en marcha cientos de políticas progresistas. Y, en líneas generales, ha cumplido con este programa: ha realizado importantes inversiones en energías renovables, ha aumentado el salario mínimo, ha ampliado el derecho al aborto, ha prohibido las denominadas "prácticas de conversión de homosexuales", ha limitado los aumentos de los alquileres y ha subido los impuestos a los más ricos, al tiempo que ha reducido la carga fiscal de las rentas más bajas.

 

En casa y fuera

 

Esto no quiere decir que el mandato de Sánchez haya sido un camino de rosas. Han salido a la luz una serie de escándalos de corrupción en los que se ven implicados su hermano, su esposa y su predecesor, muchos de los cuales el presidente del Gobierno ha tachado de "campañas de desprestigio con motivaciones políticas". Otros colaboradores de confianza también han sido acusados de recibir sobornos. Mientras tanto, su gobierno de coalición minoritaria no consigue reunir mucho apoyo; no han logrado aprobar un nuevo presupuesto desde 2023. El PSOE ha perdido una serie de elecciones locales recientes.

 

Siempre pragmático, Sánchez cambió su enfoque hacia la escena internacional. En el último año más o menos, Sánchez se enfrentó abiertamente a Trump. Se negó a autorizar el uso militar por parte de EE. UU. de las bases operadas conjuntamente para atacar Irán, afirmando: "No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como comienzan las grandes catástrofes de la humanidad". España reconoció oficialmente al Estado palestino en 2024, y Sánchez calificó las acciones de Israel en Gaza de "genocidio" y describió la respuesta general de Europa como un "fracaso".

 

"Su política exterior ha adquirido un papel mucho más importante, lo que demuestra que (lidera) un gobierno con vida", afirma Gilmartin. A pesar de ser socialdemócrata, ha asumido su reputación como la voz y la conciencia de la izquierda internacional, organizando, en abril, un encuentro de la izquierda repleto de figuras destacadas en Barcelona para revitalizar la política progresista internacional.

 

Todo ello ha contribuido a consolidar el apoyo a su país, aunque todavía no ha reforzado significativamente su popularidad a nivel nacional.

 

Una fórmula ganadora

 

Tras ocho años en el cargo, no es ninguna sorpresa que la popularidad de Sánchez esté en declive. Pero merece la pena analizar su éxito electoral de 2023. En la recta final hacia esas elecciones, se encontraba al borde de la derrota. El Partido Popular, de derechas, lideraba las encuestas, mientras que Vox, de extrema derecha, se perfilaba para quedar en tercer lugar. Parecía que se avecinaba una coalición entre la derecha y la extrema derecha. Pero, según Gilmartin, "al plantear las elecciones como un enfrentamiento entre él y la extrema derecha", Sánchez logró cambiar el rumbo de la campaña, señalando todos los logros políticos y las protecciones sociales que, de lo contrario, se verían amenazados.

 

Starmer también lo intentó en su discurso en el congreso del Partido Laborista de 2025. Pero su visión de "una renovación nacional patriótica bajo el Partido Laborista… o la tóxica polarización y división de Reform" no caló. Starmer no supo transmitir una visión coherente. No logró señalar las políticas que los votantes echarían de menos.

 

"La polarización frente a la derecha funciona para el centroizquierda si se cumplen las promesas en materia de coste de la vida y otras cuestiones materiales", afirma Gilmartin. De lo contrario, uno se queda con el progresismo vacío de, por ejemplo, Hillary Clinton enfrentándose a Trump. "Se ha demostrado que eso no es suficiente".

Andy Burnham, primer ministro y exalcalde del Gran Mánchester, dio un giro a su carrera política cuando abandonó Westminster. Fotografía: Kirsty Wigglesworth/AP

Entonces, ¿qué lecciones puede extraer Burnham?

 

Burnham sabe que tiene que cumplir con las expectativas, a menos de tres años de las próximas elecciones generales. Al principio parecía que podría mostrarse audaz en materia de políticas: anunció su intención de acabar con la falta de vivienda desde el primer día.

 

Pero desde entonces (y, para ser justos, hay que tener en cuenta que Burnham asumió el cargo justo antes de las vacaciones de verano), se ha mantenido bastante callado. Y tanto en materia de inmigración como de medio ambiente (dos grandes puntos de discordia entre los progresistas y gran parte de la derecha), apenas ha dicho nada.

 

Sánchez adoptó un enfoque diferente. Una de sus primeras medidas como presidente del Gobierno fue permitir que el Aquarius atracara en Valencia: el barco que transportaba a 629 personas rescatadas frente a las costas de Libia y al que Italia y Malta habían denegado el acceso. Desde entonces, Sánchez ha tomado medidas para regularizar a los migrantes indocumentados en España. Después de que 72.000 personas, en su mayoría marroquíes, cruzaran a Ceuta el mes pasado, Sánchez no cedió ante la derecha ni se plegó a la presión paneuropea. Los resultados son claros: a pesar de los recientes aumentos, los españoles siguen relativamente poco preocupados por la inmigración. En enero, solo el 3,9% de los españoles consideraba que la inmigración era el principal problema al que se enfrentaba España; en junio, el porcentaje era del 4,8%.

 

Del mismo modo, en materia climática, Sánchez no se ha echado atrás. Mientras Burnham prohibía las barbacoas, Sánchez declaraba que "el cambio climático mata". Está invirtiendo miles de millones en la transición ecológica, mientras que Burnham vacila ante las perforaciones en el Mar del Norte. "Aquí no se considera que haya que disculparse por ser proactivo y progresista en materia climática", afirma Gilmartin.

 

Al ocupar este espacio, Sánchez se ha hecho con el voto de la izquierda. Sumar, el socio de coalición de Sánchez situado a la izquierda del PSOE, ha caído en las encuestas. Cuando Sánchez asumió por primera vez la dirección del PSOE, Podemos (más a la izquierda) alcanzaba en las encuestas hasta un 26%; hoy en día, ronda el 3%.

 

A Burnham le convendría aprender de esto: porque, aunque Starmer hizo de los ataques a la izquierda una característica definitoria de su mandato, el Partido Laborista perdió casi cuatro veces más votantes a favor de los Verdes que a favor de Reform UK en las elecciones locales de 2026.

 

Por ahora, sigue la espera para ver si Burnham demostrará ser un primer ministro progresista o, al menos, un pragmático impresionante.

Traducción del artículo original publicado el 17 de agosto de 2026 en el diario británico The Guardian.

Francia prohibirá las llamadas de telemarketing no solicitadas a partir del 11 de agosto

Tras un llamamiento conjunto de 11 asociaciones de consumidores, el Parlamento francés ha aprobado una ley para imponer multas a las personas o empresas que realicen llamadas de marketing no solicitadas, que podrán denunciarse a través de una página web pública.

Francia prohibirá las llamadas de telemarketing no solicitadas a partir de la próxima semana, en virtud de una nueva ley destinada a proteger a los consumidores de las técnicas de venta intrusivas y a salvaguardar a las personas vulnerables frente a las prácticas comerciales fraudulentas. La ley, respaldada por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron, entrará en vigor el martes 11 de agosto.

 

El Gobierno afirma que la ley es una respuesta a años de quejas de los consumidores. Las autoridades estiman que alrededor de tres cuartas partes de la población francesa recibe al menos una llamada comercial no solicitada cada semana, y muchos reciben más. En 2024, once organizaciones de consumidores hicieron un llamamiento conjunto a favor de la prohibición, denunciando "el acoso implacable a los consumidores a través de innumerables llamadas de telemarketing no deseadas, tanto a teléfonos fijos como a móviles, una intromisión que se ha convertido en algo habitual en su vida cotidiana".

 

Ahora "se prohíbe a las empresas ponerse en contacto con los consumidores sin su consentimiento previo", afirmó Alice Vilcot, jefa de gabinete de la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude. "Ese consentimiento puede retirarse en cualquier momento".

 

Los ciudadanos pueden denunciar las llamadas no solicitadas a través de Internet

 

El Parlamento aprobó la ley el año pasado. Las llamadas no solicitadas pueden acarrear multas de hasta 375.000 €. Las personas que realicen llamadas ilegales pueden ser multadas con hasta 75.000 € por llamada. Las empresas pueden enfrentarse a multas de hasta 375.000 € por llamada. Los ciudadanos pueden denunciar las llamadas no solicitadas a través de una página web del Gobierno.

 

Hay excepciones. Los consumidores pueden dar su consentimiento para recibir llamadas comerciales, por ejemplo, marcando una casilla de consentimiento en un formulario. Las empresas pueden ponerse en contacto con los clientes para ofrecerles nuevas ofertas comerciales si ya mantienen una relación contractual con ellos.

 

Anteriormente, en Francia, las personas que deseaban evitar las llamadas comerciales tenían que registrar su número en un servicio gestionado por el Gobierno, pero las asociaciones de consumidores señalaron que algunos centros de llamadas ignoraban dicha lista. Vilcot señaló que el año pasado se multó a una empresa con sede en Irlanda con 6 millones de euros por infringir la normativa francesa anterior sobre telemarketing al llamar a personas que figuraban en la lista de exclusión.

 

La ley suscita inquietud en Marruecos

 

Otros países han intentado limitar las llamadas. La vecina Alemania cuenta con una prohibición similar desde 2009.

 

Muchos otros países recurren a sistemas de exclusión voluntaria. En Estados Unidos, los ciudadanos pueden inscribirse en el registro nacional "Do Not Call", que reduce las llamadas comerciales no deseadas; Canadá cuenta con su propia lista "Do Not Call", mientras que el Reino Unido dispone del "Telephone Preference Service". En Gran Bretaña, las empresas que llaman a personas que se han dado de baja pueden ser multadas con casi 600.000 euros por llamada.

 

Por otra parte, la nueva ley francesa ha suscitado preocupación en Marruecos, donde el ministro de Empleo, Younes Sekkouri, afirmó en marzo que entre 40.000 y 50.000 puestos de trabajo estaban en peligro en los centros de atención telefónica del país. Sekkouri señaló que el mercado francés representa más del 80% de los ingresos del sector.

Traducción del artículo original publicado el 6 de agosto de 2026 en el diario francés Le Monde.

¿Por qué las nacionalizaciones de empresas están volviendo con fuerza en todo el mundo?

El recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en torno al abastecimiento de materias primas y la competencia china están llevando a numerosos Estados a intentar recuperar el control de empresas consideradas esenciales para su soberanía.

Todo un símbolo. En el Reino Unido, la empresa siderúrgica British Steel, privatizada en 1988 por la muy liberal Margaret Thatcher, fue renacionalizada el 16 de julio de 2026. Una decisión tomada para "garantizar el futuro de la producción de acero en el Reino Unido, proteger los puestos de trabajo cualificados y preservar una capacidad nacional vital", según justificó el primer ministro Keir Starmer, unos días antes de que el exalcalde laborista de Mánchester, Andy Burnham, le sucediera en el cargo. Sectores estratégicos clave como el automovilístico, la fabricación de tuberías, la industria ferroviaria o la de defensa dependen, en efecto, del acero.

Desde hace algunos años, se observan intervenciones de los Estados para acudir en ayuda de sectores en dificultades, en particular aquellos que, en Europa, sufren de lleno la competencia china. En febrero de 2024, Italia puso bajo tutela la planta siderúrgica de Tarento del grupo ArcelorMittal, amenazada de cierre, en nombre del "interés estratégico nacional". En Francia, los diputados de La Francia insumisa defienden un proyecto de ley para transferir al sector público la filial francesa de ArcelorMittal, aprobado en junio en la Asamblea Nacional tras haber sido rechazado en el Senado en febrero, con el objetivo de proteger la "soberanía industrial de Francia", salvar puestos de trabajo e invertir en la descarbonización.

 

Esta tendencia no se limita al sector siderúrgico. En el Reino Unido, Andy Burnham abogó, en un discurso pronunciado el 29 de junio, por que el Estado "recupere el control de servicios esenciales como el agua, la vivienda, la energía y el transporte", y defiende la nacionalización de Thames Water, el mayor distribuidor de agua del país, que atraviesa dificultades financieras. En Bélgica, el Gobierno reveló en abril su intención de volver a incorporar a su ámbito de control las centrales nucleares de Engie, mientras que en Francia, EDF fue renacionalizada en 2023.

 

En la revista F & D del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nicholas Mulder, autor de "The Age of Confiscation" ("La era de la confiscación", Allen Lane, 2026, sin traducir), constata que "los Estados están tomando el control de empresas privadas y recursos a un ritmo que no se había registrado en los últimos cincuenta años". Este profesor de Historia de la Universidad de Cornell (Estados Unidos) cuantifica estas adquisiciones de control entre 207.000 y 472.000 millones de euros durante la última década.

 

Hasta en la India

 

Incluso en Estados Unidos, el Partido Republicano ha dado la espalda al liberalismo de la época de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989. Donald Trump explicó, a principios de junio, que no descartaba que el Gobierno estadounidense adquiriera participaciones en el capital de empresas de inteligencia artificial (IA). "Sería, en cierto modo, una asociación con el pueblo estadounidense", declaró, y añadió que este, "al beneficiarse del éxito de la IA, la apreciaría más".

 

OpenAI estaría dispuesta a ceder un 5% de su capital al Gobierno estadounidense, según el diario británico Financial Times, que ofrece la siguiente explicación: "Vender una participación al Estado permitiría mantener buenas relaciones con él, y compartir la riqueza generada por la inteligencia artificial con la población permitiría calmar ciertas críticas". En Estados Unidos, se acusa a los gigantes de la IA de destruir puestos de trabajo y de construir centros de datos que consumen enormes cantidades de agua y electricidad.

 

Estas nacionalizaciones tienen eco incluso en la India, que había iniciado un proceso de liberalización en 1991 tras décadas de una economía gestionada en gran medida por el Estado. En el diario económico Mint, el columnista Rajrishi Singhal señala que "la gestión de los servicios públicos por parte del sector privado parece haber fracasado, y la opinión pública se muestra ahora ampliamente a favor de que los Estados recuperen el control de los mismos".

 

De hecho, si bien la gestión de sectores enteros de la economía por parte de la administración ha sido durante mucho tiempo sinónimo de sobornos y trabas burocráticas, la India ha descubierto, cuatro décadas más tarde, que el sector privado, por sí solo, no garantiza la transparencia ni la eficacia, con casos de manipulación de las cotizaciones bursátiles que sacuden regularmente sus mercados financieros. Y aunque el Estado indio ya no controla la economía, favorece a determinadas empresas, como lo demuestra el ascenso de Gautam Adani, cuyo imperio no ha dejado de expandirse gracias a las concesiones otorgadas por el Gobierno desde la llegada al poder de Narendra Modi en 2014.

 

Cuarta ola

 

El mundo atraviesa, por tanto, su cuarta ola de nacionalizaciones en un siglo, según analiza Nicholas Mulder. La primera se remonta a la Gran Depresión, en la década de 1930, con la toma de conciencia de que el libre mercado no puede autorregularse y que requiere la intervención del Estado. Contribuyó entonces a una "reducción de las inversiones y del comercio en el mundo" y es, según el historiador, el "síntoma de una desintegración económica y financiera a nivel mundial".

 

La segunda oleada tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial: las nacionalizaciones se pusieron al servicio de la planificación económica, primero para organizar el esfuerzo bélico y, después, para reconstruir Europa. La tercera oleada fue desencadenada por la subida de los precios de las materias primas y la crisis del petróleo de 1973. Para aprovechar esta bonanza, los países productores de hidrocarburos pusieron en marcha una oleada de expropiaciones y nacionalizaciones. Entre 1971 y 1980, se nacionalizaron en los países en desarrollo 26.000 millones de dólares en activos propiedad de empresas extranjeras, lo que representaba el 11% de su stock de inversión extranjera directa.

 

A finales de la década de 1980, las recomendaciones conocidas como "el consenso de Washington", acordadas entre Estados Unidos y las grandes instituciones internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, reactivaron las privatizaciones con el objetivo de reducir la deuda pública y promover la liberalización.

 

Siguiendo esta tendencia, Francia privatizó el BNP en 1993, así como la aseguradora UAP y el gigante petrolero Elf Aquitaine en 1994. "Este credo liberal se puso en tela de juicio por primera vez durante la crisis financiera de 2008-2009, cuando se rescató a las empresas de la quiebra gracias al dinero público", afirma Ha-Joon Chang, economista de la Universidad SOAS de Londres (especializada en el estudio de África, Asia y Oriente Medio). Empresas emblemáticas estadounidenses como General Motors o Bank of America fueron entonces nacionalizadas temporalmente. "Este credo se vio posteriormente sacudido durante la pandemia de la COVID-19, cuando los países tomaron conciencia de que dependían de cadenas de suministro globalizadas demasiado frágiles".

 

Instrumentos de soberanía

 

La actual ola de nacionalizaciones es fruto de "la inestabilidad geopolítica, las perturbaciones en los mercados de materias primas y el desarrollo de las energías renovables", añade el historiador Nicholas Mulder. En un mundo en el que las economías se ven atrapadas por las rivalidades (como demuestra el uso que hace Pekín de las restricciones a las exportaciones de tierras raras para presionar a sus rivales), los Estados intentan recuperar el control de activos indispensables para su "seguridad nacional".

 

"Si el argumento geopolítico se utiliza cada vez más en Occidente para justificar las nacionalizaciones, es porque este se siente amenazado por el auge de China", señala Ha-Joon Chang. Este auge de China está estrechamente relacionado con el uso masivo de subvenciones públicas, en forma de préstamos bancarios a tipos de interés preferenciales, desgravaciones fiscales o cesión de terrenos.

 

Tras décadas de liberalización, las empresas vuelven a convertirse en instrumentos de soberanía y palancas de poder al servicio de los Estados. En el verano de 2025, el Gobierno estadounidense anunció que había adquirido una participación del 10% en Intel, un fabricante de chips electrónicos, y del 15% del capital de MP Materials, el gigante de las tierras raras. El acuerdo prevé inversiones de varios miles de millones de dólares en la empresa minera, la compra de su producción a un precio mínimo garantizado y la construcción de una fábrica de imanes en Estados Unidos, utilizados en misiles, radares, aerogeneradores o incluso coches eléctricos.

 

En las fases iniciales de las cadenas de valor, algunos países productores de minerales estratégicos también intentan recuperar el control de sus recursos, con la esperanza de reforzar su soberanía (especialmente frente a China, que ha ampliado su influencia sobre numerosas explotaciones para garantizar su abastecimiento). Pero también para convertirlos en palancas de desarrollo e influencia.

 

Así, en 2025, Mali recuperó el control de dos minas de oro, Yatela y Morila, y en 2026, Mozambique aprobó una ley que establece una participación mínima del 15% del Estado en todos los proyectos mineros, lo que también debe limitar la exportación de minerales en bruto o semitransformados. "A juzgar por las anteriores oleadas de nacionalizaciones del siglo XX, este movimiento va a transformar el panorama económico mundial", predice Nicholas Mulder.

Traducción del artículo original publicado el 8 de agosto de 2026 en el diario francés Le Monde.

¿Puede desaparecer la Unión Europea? Desde los misiles sobre Lublin hasta las "bombas humanas" sobre Gibraltar, ¿por qué nunca hemos tenido tantos enemigos?

Quizá nunca como en estos últimos años la Unión Europea se ha visto "rodeada" por tantos enemigos: por Rusia, que sigue poniendo a prueba la paciencia de Bruselas, por la Administración Trump y por cierta derecha estadounidense así como también por "figuras internas" que desearían que la UE se disolviera, como ocurrió con la URSS en 1991.

El ambiente vacacional, sumado a la vorágine de la actualidad, me anima a proponer a los lectores un nuevo juego de acertijos en el primer lunes de agosto. Encontrad los puntos en común entre la foto de abajo...

...esta otra foto de abajo...

 

...y esta tercera foto de abajo.

No hace falta decirlo, pero la primera foto, la de arriba, tiene tres días y muestra el asalto desesperado a las costas de Ceuta, en España, en el que participaron 60.000 personas y que causó al menos cien muertos. La segunda foto tiene cinco días y muestra el cráter de unos diez metros de diámetro abierto cerca de Lublin (este de Polonia), provocado con toda probabilidad por un misil balístico ruso. La tercera, en cambio, es del 8 de diciembre de 1991 y capta el momento de la disolución de la Unión Soviética: la firma del acta de divorcio por parte de los líderes de Rusia (Boris Yeltsin), Bielorrusia (Stanislaŭ Šuškevič) y Ucrania (Leonid Kravchuk), seguida de una larga cena a base de vodka y una sauna en el bosque bielorruso de Belaveža.

 

Me cuesta imaginar a Giorgia Meloni, al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, al alemán Friedrich Merz o a Ursula von der Leyen en una velada a base de bebidas fuertes con sauna al final. Pero lo que las tres fotos tienen en común es el objetivo: nunca ha habido tantas potencias externas, ni tantas fuerzas en ascenso en el interior, que deseen para la Unión Europea el equivalente a esa foto de Belaveža; ni tampoco ha habido nunca tantas acciones de guerra híbrida concebidas o, al menos, utilizadas desde el exterior con un propósito similar. Entre ellas hay que contar sin duda el asalto a Ceuta, así como la creciente presión de actos hostiles (misiles, drones, propaganda, fondos ocultos) que Rusia lanza contra el territorio europeo para sondear dónde está nuestra línea roja y hasta cuándo seguiremos tolerándolo.

 

No estoy proponiendo declarar la guerra a Moscú, claro está. Pero ninguna de las crisis que se suceden en las fronteras de la Unión Europea es puramente local. Ninguna de ellas se refiere únicamente a su problema específico: lo que está en juego en los acontecimientos de Ceuta no es solo la inmigración irregular. Lo que está en juego somos nosotros, nuestra forma de vida, la sociedad abierta. La Unión Europea y su democracia social de mercado estarán llenas de defectos, pero siguen siendo, con diferencia, mejores que las alternativas. Y nuestro modelo nunca ha tenido tantos enemigos externos (e internos) que desean su disolución: si no con una firma solemne en una dacha en el bosque, al menos con un debilitamiento gradual, pero radical, de sus valores y principios, de sus leyes y sus instituciones. Si eso ocurre, entonces los muchos que, incluso en Italia, han alimentado este desmoronamiento de Europa imaginándose pequeñas ventajas en las encuestas del próximo mes se darán cuenta de lo grande que era su ilusión. No pueden (y no podemos) tenerlo todo: una Unión que funcione como mercado para nuestras exportaciones, pero que esté políticamente hecha pedazos. Ya veremos.

Sí, somos una superpotencia

 

Hay que dejar claro que, a pesar de las dificultades sobre las que yo mismo he escrito a menudo, no hay que creerse la retórica de Trump. Las cifras cuentan otra historia. La Unión Europea sigue siendo, sin lugar a dudas, una superpotencia económica, la única del mundo además de Estados Unidos y China. A veces, incluso por delante de Estados Unidos o de China. El gráfico anterior, extraído del boletín informativo del economista Paul Krugman, muestra que seguimos siendo los segundos del mundo, después de Estados Unidos, en cuanto al tamaño del producto interior bruto expresado en euros o dólares, a valor corriente. El gráfico de abajo muestra, además, cómo también el valor añadido manufacturero de la Unión Europea (es decir, el valor creado en el producto final de la industria manufacturera, una vez descontadas las aportaciones de materias primas y otros elementos) ocupa el segundo puesto mundial, por delante de Estados Unidos. Si, además, se analiza el llamado "producto interior bruto en paridad de poder adquisitivo" (es decir, ajustado a los precios internos, con el fin de medir los volúmenes producidos), la Unión Europea se sitúa prácticamente a la par con Estados Unidos: alrededor de 30 billones de dólares al año de PIB para ambos, mientras que China se sitúa muy por encima.

 

Pero hay otro dato que da una idea de lo engañosa que es la retórica trumpista sobre el Viejo Continente que se ha venido repitiendo en estos últimos años. Desde 2022, el crecimiento de la Unión Europea ha sido del 23%, si se mide por habitante; el de Estados Unidos, en cambio, ha sido solo del 15,4% (según datos del Banco Mundial). Per cápita, los europeos crecemos más que los estadounidenses. La mayor tasa de crecimiento en términos absolutos de Estados Unidos respecto a la Unión Europea (entre 2022 y 2026 se prevé un 9% frente al 4% de la Unión Europea, según datos de Bruselas) se explica principalmente por el hecho de que en EE.UU. la población crece más rápidamente. Y esto, a su vez, se debe a los mayores flujos de inmigrantes, incluidos los irregulares, durante la administración de Joe Biden. Ya estaba claro al menos desde 2024 y en su momento lo comenté aquí. En la práctica, estos días Donald Trump critica ferozmente al Gobierno español solo porque Madrid está gestionando el mismo fenómeno que subyace al crecimiento estadounidense desde hace años: el mismo al que él se opone.

La sociedad abierta y sus adversarios

 

En el fondo, detrás de los ataques de la Casa Blanca podría no haber solo un complejo de superioridad hacia nosotros, los europeos. No os lo creáis. También está la mentalidad de Trump. Para él, la vida no es una dinámica de cooperación y beneficios recíprocos, sino un juego de suma cero: para que Estados Unidos pueda ganar, Europa tiene que perder necesariamente. Esta es, por lo demás, la visión del mundo que le inculcó desde la infancia su padre, un despiadado promotor inmobiliario de la jungla del mercado inmobiliario neoyorquino de la posguerra (a este respecto, resultan esclarecedoras las memorias familiares de su sobrina Mary Trump).

 

Esto es lo que tienen en común los acontecimientos que se están produciendo estos días en las fronteras de la Unión Europea, desde Lublin, a lo largo de la frontera con Ucrania, hasta el estrecho de Gibraltar, 3.600 kilómetros al suroeste. Nunca sabremos si la Administración estadounidense estaba al corriente de lo ocurrido en Ceuta, si dio su consentimiento tácito o si impulsó de alguna manera las acciones de Marruecos. Solo podemos enumerar los indicios que suscitan sospechas. Sin embargo, sabemos que la Casa Blanca se apresuró a intentar convertir esta crisis migratoria en un arma indebida contra sus adversarios en la Unión Europea: en este caso, contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, culpable de haber discrepado con Trump sobre Irán, las grandes tecnológicas y la OTAN, y, sobre todo, culpable de seguir su propia política de acercamiento a China. En este sentido, el uso político que hace Trump de las oleadas de refugiados en otros países recuerda la forma en que Rusia y Bielorrusia empujan a los migrantes hacia las fronteras de Polonia y Finlandia: solo quieren desestabilizar (aunque, en el caso de Ceuta, las responsabilidades de EE.UU. aún están por demostrar).

 

La cuestión es que la Unión Europea nunca había tenido tantos enemigos externos, que intentan llevarla a la parálisis y la fragmentación. El viernes se reunió el "Integrated Political Crisis Response", el organismo de Bruselas creado para compartir información y decisiones ante acontecimientos graves. Allí, el Servicio Exterior de la Comisión Europea (el equipo de política exterior que colabora con los servicios de inteligencia de las capitales y responde ante la vicepresidenta Kaja Kallas) transmitió un mensaje a los gobiernos: la oleada de migrantes hacia Ceuta fue un ataque selectivo (por lo tanto, hay una dirección) y fue amplificado por el ejército digital ruso, que hizo rebotar el eco de la crisis en las redes sociales. Ha difundido ese eco dentro de la propia Unión Europea, en América Latina y en África. El objetivo político es siempre el mismo, según han informado los colaboradores de Kallas: alimentar una sensación de caos en Europa y agravar las divisiones.

 

En este sentido, el cráter de Lublin y los demás ataques híbridos rusos (los drones sobre los aeropuertos europeos, las invasiones del espacio aéreo, el propio uso de los migrantes) forman parte de la misma estrategia que ya tiene más de diez años. Sin embargo, en torno a Ceuta se ha observado una novedad: por primera vez, Moscú y cierto sector de la derecha estadounidense intentaban aprovechar el mismo terremoto europeo. Ambos se han movido para exacerbar la situación. No solo Trump en persona ha echado inmediatamente la culpa al Gobierno español, la galaxia de la derecha estadounidense no ha tardado en seguirle el juego. Elon Musk, con sus 241 millones de seguidores en X, difundió un vídeo creado con inteligencia artificial (imágenes repugnantes, por su brutalidad y violencia) de un supuesto asalto a Ceuta. El influencer de Maga, Jack Posobiec, con 3,2 millones de seguidores en X, comenzó a invocar el regreso del dictador Francisco Franco, fallecido en 1975 (imagen inferior).

Síntomas de fragmentación

No nos encontramos aquí simplemente ante una crisis migratoria. Si se tratara solo de eso, habría que ponerla en perspectiva de todos modos. Según la agencia europea Frontex, las llegadas de migrantes irregulares a la Unión Europea se han reducido a más de la mitad, pasando de 380.000 en 2023 a 178.000 en 2025, y luego han descendido un 40% adicional en los primeros cinco meses de 2026 (en comparación con el mismo periodo del año pasado). Y no solo eso. Tanto este año como desde 2021, Italia ha recibido un número de migrantes irregulares que ha sido constantemente el doble, o casi, que el de España; por lo tanto, suspender Schengen y proponer aislar al Gobierno de España equivale, para la propia Italia, a legitimar la suspensión de la libre circulación de sus propios ciudadanos en Europa y el rechazo de toda solidaridad por parte de los demás Gobiernos cuando se produzca la próxima oleada de desembarcos en Lampedusa. Un autogol previsible.

 

Pero, precisamente, esto no es solo una crisis migratoria. Es un acto de guerra híbrida contra un país europeo, de origen incierto pero con consecuencias y un contexto claros: nunca antes se había visto a tantos actores externos dispuestos a aprovecharlo para sus propios fines, sembrando la discordia en Europa.

 

Por eso, la reacción de Italia y de los otros 21 gobiernos que ahora sitúan a Pedro Sánchez en el banquillo de los acusados (independientemente de la opinión que se tenga sobre sus políticas) parece en sí misma un síntoma de la fragmentación de la Unión Europea. Un pequeño paso hacia nuestra versión occidental de la dacia de Belaveža, quizá sin vodka, saunas ni ceremonias. No sería el único síntoma, a decir verdad. Otro es la ausencia total de liderazgo de Ursula von der Leyen, una presidenta de la Comisión que, sin embargo, no deja de centralizar el poder y la información en Bruselas: ha dejado de lado deliberadamente el fondo de las recomendaciones de Mario Draghi para la reactivación de la economía. Mientras tanto, en lo que respecta a Rusia, la Unión Europea parece dividirse cada vez más en dos bloques: los países bálticos, nórdicos, Polonia, los Países Bajos y, en parte, Alemania están innovando en materia de defensa, desarrollando tecnologías y dando forma a una entidad geopolítica y militar bien diferenciada y reconocible; otros gobiernos, en cambio, no parecen realmente interesados.

 

En cuanto a Italia, este mes ha presentado en Bruselas un documento confidencial en el que (en esencia) solicita más flexibilidad y menos automatismos por parte de Bruselas en la supervisión del respeto al Estado de derecho en cada país. Es posible que se trate solo de un reflejo "gollista" del Gobierno italiano; lo cierto, sin embargo, es que ese documento habría hecho las delicias de un defensor del antiliberalismo como Viktor Orbán. Que un país fundador llegue a tal extremo es, en sí mismo, un síntoma más de la posible fragmentación o el vaciamiento de la Unión Europea. Mientras tanto, nos esperan las elecciones presidenciales francesas dentro de nueve meses, con Marine Le Pen a la cabeza de las encuestas, al igual que en Alemania lo está la extrema derecha de Alternative für Deutschland.

 

A veces me pregunto si no es que simplemente estamos malacostumbrados. Damos por sentados hasta tal punto los logros de los últimos 70 años, que ni siquiera nos planteamos que podamos perder. No sería la primera vez en Europa que los líderes, y la opinión pública, actúan como sonámbulos.

Traducción del artículo original publicado el 3 de agosto de 2026 en el diario italiano Corriere Della Sera.