España estalla en una ola de indignación por la situación de la vivienda tras el desahucio de una mujer de 87 años

Miles de personas salen a la calle después de que Maricarmen Abascal se viera obligada a abandonar el piso de Madrid en el que había vivido durante siete décadas.

Un grupo de jóvenes ha montado un campamento de protesta en el centro de Madrid para manifestarse contra la crisis de la vivienda © Susana Vera/Reuters

El desahucio de una mujer de 87 años ha desatado una indignación generalizada por la crisis de la vivienda en España, lo que ha llevado a miles de manifestantes a salir a las calles y ha aumentado la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que tome medidas.

El aumento vertiginoso de los precios de la vivienda y de los alquileres está avivando el descontento en toda Europa, pero el desahucio esta semana de Maricarmen Abascal (que se vio obligada a abandonar el piso de Madrid en el que había vivido durante 71 años) ha dado un nuevo impulso al tema.

Sánchez afirmó el domingo que su Gobierno minoritario de izquierdas estaba "trabajando contrarreloj" para presentar una nueva legislación en materia de vivienda antes de la reunión del Consejo de Ministros del martes.

Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en Madrid en apoyo a Maricarmen, y un grupo de activistas más comprometidos montó un campamento de protesta durante la noche en una plaza céntrica. Muchos de ellos eran jóvenes que se consideran a sí mismos las principales víctimas de la crisis.

La oposición conservadora ha criticado a Sánchez por no haber hecho más en materia de vivienda durante sus ocho años en el poder, un periodo en el que el crecimiento de la demanda ha superado con creces a la oferta debido a una política de inmigración de puertas abiertas y a las trabas burocráticas en el sector de la construcción.

El Gobierno socialista de Sánchez replica que en 2023 aprobó una ley de vivienda de amplio alcance que incluía nuevos controles sobre los alquileres, pero se queja de que los gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular (PP) no han aplicado las medidas destinadas a ayudar a los inquilinos.

El padre de Abascal alquiló su piso por primera vez en 1956. El contrato de alquiler pasó a su nombre tras el fallecimiento de sus padres y, debido a un límite máximo de alquiler que se remontaba a aquella época, ella pagaba unos 500€ al mes.

Sin embargo, cuando una pequeña empresa española llamada Urbagestión compró el piso en 2018, intentó subir el alquiler a un nivel que Abascal no podía permitirse con su pensión estatal.

El Sindicato de Inquilinas, una organización de inquilinos, ha afirmado que Urbagestión pidió inicialmente unos 2.650 € al mes y luego rebajó su petición a 1.650 €. Urbagestión ha rebatido esas cifras y ha rechazado que se la califique de "fondo buitre", pero no ha negado su intención de desalojar a Abascal.

La batalla legal en torno a este caso se ha prolongado durante años, y los tribunales han bloqueado tres intentos anteriores de desalojar a Maricarmen. Tras una orden judicial, la octogenaria, que tiene una discapacidad, fue finalmente obligada a abandonar el edificio en silla de ruedas el miércoles.

En los últimos cinco años, los alquileres en la capital española se han disparado un 61%, según la web inmobiliaria Idealista.

El objetivo de Sánchez de proponer nueva legislación en el Consejo de Ministros del martes ha suscitado expectativas de nuevas medidas contra los desahucios. Sin embargo, el presidente del Gobierno ha tenido dificultades constantes para sacar adelante leyes importantes en el Parlamento y no ha conseguido aprobar un presupuesto desde que fue reelegido en 2023.

Dado que su única vía para alcanzar la mayoría parlamentaria pasa por conseguir el apoyo de antiguos aliados ahora divididos, les suplicó el domingo que "hicieran un último esfuerzo", y añadió: "Es una cuestión de humanidad".

El Sindicato de Inquilinas afirmó que no se daría por satisfecho a menos que los legisladores aprobaran una ley para crear contratos de alquiler "indefinidos". "Mientras un arrendador pueda decidir que alguien tiene que abandonar su vivienda simplemente porque ha vencido su contrato de alquiler, podría haber otra Maricarmen", señaló.

Una portavoz del Sindicato de Inquilinas señaló que la culpa del desahucio de Abascal recae tanto en el Gobierno nacional de Sánchez como en el Gobierno regional liberal de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, del PP, defensora del libre mercado. En España, los gobiernos regionales suelen tener más competencias en materia de vivienda que el Gobierno central.

Esther Villardón, traductora de libros de 38 años: "Quiero que (el Gobierno) se tome en serio la vivienda" © Carmen Muela/FT

Esther Villardón, traductora y editora de libros de 38 años, montó una tienda de campaña en el campamento de protesta situado en la céntrica Puerta del Sol de Madrid tras haber cancelado un viaje a Berlín el domingo para mostrar su apoyo a Maricarmen.

"Quiero que (el Gobierno) se tome en serio la vivienda", afirmó. "Creo que llevan ocho años prometiendo algo y nunca llega. Luego se pasan todo el tiempo echándose la culpa unos a otros (el PP y los socialistas), pero nadie hace nada nunca", añadió 

"Sé que la culpa recae tanto a nivel autonómico como nacional. Por eso quiero que nos tomen en serio de una vez por todas".

Entre 2021 y 2025, España construyó 750.000 viviendas menos de las que necesitaba su población, lo que equivale al 3,7% de todos los hogares del país el año pasado, según un estudio del Banco de España.

Traducción del artículo original publicado el 27 de septiembre de 2026 en el diario británico Financial Times.

Los líderes se suman a la iniciativa para crear un organismo de la ONU que aborde la "terrible realidad" de la desigualdad

El organismo seguiría el modelo del panel sobre el clima y reconocería la desigualdad como un reto global que amenaza la seguridad mundial.

El barrio marginal de Kibera, en Nairobi (Kenia). Según los líderes, el comité propuesto reconocería la desigualdad como un reto que amenaza la seguridad mundial. Fotografía: Donwilson Odhiambo/Getty Images

Es probable que en los próximos meses se propongan, en una sesión de la Asamblea General de la ONU, planes para crear un organismo mundial de la ONU sobre la desigualdad, siguiendo el modelo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

En un acto celebrado al margen de la Asamblea General en Nueva York, líderes de izquierdas de Brasil, Noruega y España afirmaron que estaba cobrando impulso la demanda de un panel internacional permanente sobre la desigualdad que reconociera este problema como un reto global que amenaza la seguridad mundial. Dos países del G7 (Alemania y Japón) han dado su respaldo público.

Joseph Stiglitz, economista ganador del Premio Nobel, recomendó la creación de este nuevo organismo en un informe encargado por Sudáfrica con motivo de su presidencia del G20 el pasado mes de noviembre. La desestabilización provocada por la desigualdad fue también el tema central de la reunión del G20 de 2024, presidida por Brasil.

Sin embargo, es probable que la propuesta tenga poco recorrido político durante el G20 de este año, que estará presidido por Donald Trump, y algunos países se muestran recelosos ante las conversaciones sobre nuevos impuestos impuestos a nivel mundial o ante las afirmaciones de que el análisis económico puede compararse con la ciencia del clima.

Es probable que en los próximos meses se propongan, en una sesión de la Asamblea General de la ONU, planes para crear un organismo mundial de la ONU sobre la desigualdad, siguiendo el modelo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

En un acto celebrado al margen de la Asamblea General en Nueva York, líderes de izquierdas de Brasil, Noruega y España afirmaron que estaba cobrando impulso la demanda de un panel internacional permanente sobre la desigualdad que reconociera este problema como un reto global que amenaza la seguridad mundial. Dos países del G7 (Alemania y Japón) han dado su respaldo público.

Joseph Stiglitz, economista ganador del Premio Nobel, recomendó la creación de este nuevo organismo en un informe encargado por Sudáfrica con motivo de su presidencia del G20 el pasado mes de noviembre. La desestabilización provocada por la desigualdad fue también el tema central de la reunión del G20 de 2024, presidida por Brasil.

Sin embargo, es probable que la propuesta tenga poco recorrido político durante el G20 de este año, que estará presidido por Donald Trump, y algunos países se muestran recelosos ante las conversaciones sobre nuevas tasas impuestas a nivel mundial o ante las afirmaciones de que el análisis económico puede compararse con la ciencia del clima.

El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, ha afirmado que quiere que la desigualdad forme parte de la agenda del G-20 de 2027, presidido por el Reino Unido, pero ningún diplomático británico intervino en el acto de alto nivel celebrado esta semana sobre este tema.

Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, declaró en la reunión de esta semana que la desigualdad era "la nueva frontera multilateral". "La desigualdad no es inevitable, sino un problema que puede resolverse con datos, análisis y acción política", afirmó.

El grupo de expertos no solo haría un seguimiento de las tendencias, sino que propondría soluciones, aunque es probable que muchas de ellas se enfrenten a la oposición de las multinacionales y los multimillonarios.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, argumentó: "La desigualdad no es un concepto abstracto, sino una terrible realidad. Se trata de la desafección y de si la gente siente que el sistema juega en su contra".

Pedro Sánchez intervino este miércoles ante la Asamblea General de la ONU. Fotografía: Stephani Spindel/UPI/Shutterstock

Añadió: "Pensad en lo que ha hecho el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en relación con el cambio climático: reunir los mejores conocimientos disponibles, evaluar de forma independiente las pruebas y proporcionar a los gobiernos de todo el mundo una base científica sobre la que actuar. Necesitamos algo similar para la desigualdad, y tenemos que hacerlo ahora. No ideología, sino conocimiento. No otra capa de burocracia, sino una herramienta para una mejor formulación de políticas".

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, afirmó que los sistemas fiscales progresivos y una mejor cooperación fiscal eran necesarios para prevenir la evasión fiscal.

La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, declaró en la reunión: "Observamos niveles asombrosos de desigualdad de ingresos y riqueza, el 10% más rico acapara el 75% de toda la riqueza. Esta situación de emergencia podría empeorar, y rápidamente. La vertiginosa aparición de tecnologías de vanguardia y la concentración de estas en muy pocas manos podrían desencadenar una desigualdad global a una escala mucho mayor de lo que jamás hayamos visto. Un mundo en el que solo unos pocos países poderosos sean ricos es una bomba de relojería".

Stiglitz, defensor de un impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios en California, afirmó: "La desigualdad dentro de las naciones y entre ellas supone una amenaza colectiva para el funcionamiento de nuestras economías y para nuestra capacidad de defender la dignidad humana. Este tipo de tensión global, similar a la crisis del cambio climático, debe comprenderse y estudiarse mucho mejor, de la misma manera".

Mia Mottley, primera ministra de Barbados, señaló que era urgente una resolución pionera de la Asamblea General para crear dicho grupo de expertos. Y preguntó: "¿Quién participa realmente en el crecimiento, quién es dueño de los activos y quién establece las normas?".

Mia Mottley, en el centro, en una sesión de la Asamblea General de la ONU celebrada esta semana. Fotografía: Bianca Otero/Zuma Press/Shutterstock

Refiriéndose a una resolución de la ONU de marzo en la que se condenaba el comercio transatlántico de esclavos como el "crimen más grave contra la humanidad" y se reclamaba justicia reparadora, añadió: "Si condenamos la esclavitud, condenamos la idea de que unas personas exploten a otras con el fin de obtener beneficios, pero la esclavitud no es más que la forma más extrema de esta práctica y, tal y como he ido reflexionando cada vez más, la mens rea (intención delictiva) que subyace a la esclavitud, lamentablemente, sigue existiendo en el mundo moderno".

Basándose en el informe de Stiglitz para el G-20 del año pasado, señaló que, entre 2000 y 2024, el 1% más rico acaparó el 41% de toda la nueva riqueza mundial, mientras que el 50% de la población mundial recibió apenas el 1%. "Por lo tanto, el mismo esfuerzo no garantiza la igualdad de oportunidades", afirmó.

Sarah Colenbrander, directora del programa de clima y sostenibilidad del think tank ODI Global, con sede en Londres, declaró: "El IPCC ha demostrado de forma sistemática el abrumador consenso científico sobre la importancia de reducir las emisiones y las consecuencias de no hacerlo. Un grupo de expertos sobre la desigualdad podría, del mismo modo, acallar las voces detractoras y defender la reducción de la pobreza y la redistribución de la riqueza".

Sin embargo, advirtió: "Hemos visto que los resúmenes del IPCC destinados a los responsables políticos se han diluido sistemáticamente en manos de los países con intereses en los combustibles fósiles. En la misma línea, cuesta imaginar que los multimillonarios (y los líderes mundiales que se encuentran entre ellos o que están en su bolsillo) participen de forma constructiva".

Traducción del artículo original publicado el 24 de septiembre de 2026 en el diario británico The Guardian.

Mamdani y Sánchez forjan alianzas con la izquierda internacional para hacer frente al auge de la extrema derecha

Algunos demócratas estadounidenses están buscando aliados con ideas afines en el extranjero en su lucha por contrarrestar el populismo de derechas.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, estrecha la mano del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en Gracie Mansion, en Nueva York. (Herbert Villarraga/Reuters)

Dos de las figuras clave de la izquierda en cargos electos, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunieron el miércoles en un acto económico celebrado en Manhattan, mientras los líderes mundiales se dan cita en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU.

Su reunión es la última de una serie de encuentros entre políticos estadounidenses de izquierdas y figuras afines del extranjero, en un intento por forjar alianzas para contrarrestar el auge del populismo de derechas.

Los organizadores de estas reuniones, tanto formales como informales, afirman que los esfuerzos por reunir a los demócratas estadounidenses de izquierdas que ocupan cargos públicos y a sus homólogos ideológicos tienen como objetivo hacer frente al movimiento internacional de populistas, bien organizado y en auge, que va de la mano de la administración del presidente Donald Trump, en un momento en el que el partido antiinmigrante y nacionalista Alternativa para Alemania gana terreno, y Marine Le Pen y su partido, Agrupación Nacional, lideran las encuestas de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

El acto del miércoles en Gracie Mansion, la residencia de Mamdani, se presentó como centrado en "construir una economía para la mayoría". Sánchez destacó el éxito de las subidas del salario mínimo en España como "prueba de que otro modelo económico es posible".

"Por eso nos temen los poderosos. Porque día tras día demostramos que es posible seguir un camino diferente, y que funciona", afirmó Sánchez en el acto, al que también asistieron la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, antiguo primer ministro socialista de Portugal.

Mamdani se mostró de acuerdo con los esfuerzos por colaborar con líderes afines y dijo a los asistentes: "Es un verdadero privilegio poder aprender unos de otros, emular los éxitos de los demás y desarrollar estrategias que imiten los grandes avances que han logrado los presentes en esta sala".

De cara a la Asamblea General de la ONU, Mamdani acogió este fin de semana a alcaldes de izquierdas de París, Barcelona, Roma, Ámsterdam, Ciudad de México y otras ciudades para celebrar una cumbre sobre vivienda, migración y cambio climático. Además, se reunió esta semana con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, un socialdemócrata que sigue la misma línea general que Sánchez.

En abril, políticos y líderes mundiales se reunieron en Barcelona con motivo de la primera conferencia de la Movilización Progresista Global, que los organizadores presentaron como una "alternativa a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha".

El acto incluyó intervenciones pregrabadas de los socialistas democráticos Mamdani y el senador Bernie Sanders (independiente por Vermont), quien revitalizó esa tradición en la política estadounidense. Pero también amplió el abanico para incluir discursos del gobernador de Minnesota, Tim Walz (el candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024 que ejerció como demócrata moderado del grupo "Blue Dog" en el Congreso) y del senador Chris Murphy (demócrata por Connecticut), quien ha abrazado el populismo económico y ha instado a su partido a conectar con los votantes que perdió en 2024.

Giacomo Filibeck, que formó parte del comité organizador de la conferencia celebrada en abril, declaró a "The Washington Post" que la participación de los demócratas estadounidenses fue "fundamental" para demostrar cómo el movimiento progresista mundial puede trabajar en conjunto.

"En pocas palabras, hemos vuelto a descubrir nuestro internacionalismo, que quizá en los últimos años había quedado un poco relegado a un segundo plano", añadió.

Los demócratas llevan mucho tiempo buscando aliados en el extranjero. Como presidente de Estados Unidos, especialmente durante su primer mandato, Barack Obama se ganó una amplia simpatía internacional. Sin embargo, forjó un vínculo especial con Angela Merkel, de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, un partido de centro-derecha, al menos en términos europeos (un segmento del espectro político occidental distinto al que Mamdani está tratando de atraer).

Los socialistas y otros activistas de izquierda también llevan mucho tiempo organizándose a nivel internacional. La campaña presidencial de Sanders estableció vínculos con movimientos equivalentes en Europa. La sección de Nueva York de los Socialistas Democráticos de América, de la que surgió Mamdani, acogió el año pasado a Jean-Luc Mélenchon, el eterno candidato presidencial francés y fundador del partido de extrema izquierda La France Insoumise.

Pero a medida que se consolida el impulso en el ala izquierda del Partido Demócrata (con el éxito electoral de algunos candidatos alineados con la DSA o respaldados por ella, entre los que destaca Mamdani), la construcción de puentes a nivel mundial ha adquirido una nueva urgencia.

Johan Hassel, investigador principal y director de Global Progress Action (GPA) en el Center for American Progress, un centro de estudios de tendencia izquierdista con sede en Washington, afirmó que la reelección de Trump en 2024 supuso "un punto de inflexión" que contribuyó a unificar a los progresistas de todo el mundo.

GPA ha organizado reuniones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y líderes de centroizquierda del extranjero. Su encuentro público más reciente, celebrado en Toronto el pasado mes de mayo, contó con la participación de la senadora Elissa Slotkin (demócrata por Míchigan), el exsecretario de Transporte de EE. UU. y posible candidato en 2028 Pete Buttigieg, y el primer ministro canadiense Mark Carney.

"Tradicionalmente, la izquierda ha visto más sus diferencias… que sus similitudes. Creo que esto está cambiando", afirmó Hassel. "Se está empezando a ver un bloque democrático más amplio formado por liberales de centroizquierda y verdes. Una izquierda que entiende que hay algo… más importante en juego".

Según él, estos políticos y movimientos, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, "se inspiran mutuamente" gracias a sus alianzas. Entre los ejemplos, citó el apoyo de Mamdani a la inversión social en el cuidado infantil y la vivienda, similar a las políticas adoptadas desde hace tiempo por los socialdemócratas europeos.

Por su parte, miembros de partidos de izquierda europeos viajaron a Nueva York para hacer campaña a favor de Mamdani en las últimas semanas de su campaña.

Miembros del partido anticapitalista alemán Die Linke (La Izquierda) viajaron a Nueva York para conocer mejor la iniciativa de Mamdani y se reunieron con sus asesores.

Die Linke, cuya plataforma se centra en reducir el coste de la vida y en recurrir a intervenciones estatales para abordar la escasez de viviendas en la capital alemana, logró el domingo una victoria histórica en las elecciones regionales de Berlín.

Traducción del artículo original publicado el 24 de septiembre de 2026 en el diario estadounidense The Washington Post.

Comienzan las obras de la mayor planta de hidrógeno verde del sur de Europa

En Andalucía se inician las obras de una planta que suministrará 50.000 toneladas anuales de hidrógeno verde, utilizando electricidad procedente de la energía eólica y solar, y agua procedente de aguas residuales tratadas.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (centro), el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (izquierda), y el director general de la empresa energética Moeve, el neerlandés Maarten Wetselaar, han colocado simbólicamente la primera piedra de la que actualmente es la mayor planta del sur de Europa para la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovables, situada en la provincia de Huelva. Foto: Rocío Ruz/EUROPA PRESS/dpa

Palos de Frontera. La empresa energética española Moeve ha iniciado en Palos de Frontera, en Andalucía, la construcción de la mayor planta de producción de lo que se conoce como "hidrógeno verde" a partir de fuentes de energía renovables del sur de Europa. El proyecto "Onuba", situado en la provincia de Huelva, prevé en una primera fase una inversión de mil millones de euros y una potencia de 300 megavatios, con la que se pretende producir 50.000 toneladas de hidrógeno al año mediante la electrólisis del agua. Según datos del Gobierno, esto supone un ahorro de 250.000 toneladas de dióxido de carbono.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el proyecto como una importante contribución a la lucha contra el cambio climático, así como a la autonomía energética y al futuro industrial del país y de Europa. La planta, que recibe una subvención de 304 millones de euros del programa de recuperación "Next Generation EU", podría comenzar a producir, según lo previsto, a partir de finales de 2027 o principios de 2028. En Emden (Alemania) se está construyendo una planta ligeramente más grande.

 

Se prevé que la electricidad en España proceda exclusivamente de fuentes renovables, como la eólica y la solar, y que la enorme demanda de agua se cubra mediante el tratamiento de las aguas residuales domésticas y de la industria. En una segunda fase de ampliación del proyecto global, denominada "El Valle del Hidrógeno Verde de Andalucía", según datos de la empresa, está prevista una ampliación de la planta de Palos de Frontera y una segunda planta de producción en San Roque, en la provincia de Cádiz, también en Andalucía.

 

La potencia total ascenderá entonces a 2.000 megavatios y permitirá una producción anual de 300.000 toneladas de hidrógeno verde. A largo plazo, España pretende suministrar este hidrógeno a través de gasoductos también a industrias con un alto consumo energético, entre otras, en Alemania.

Traducción del artículo original publicado el 17 de septiembre de 2026 en el diario alemán Handelsblatt.

España impulsa un impuesto de la UE sobre el petróleo y el gas para financiar la respuesta al cambio climático

El aumento de los costes derivados de los fenómenos meteorológicos extremos impulsa la campaña de cara a la nueva estrategia de resiliencia

España declaró el estado de emergencia en la Comunidad de Madrid mientras los incendios forestales se propagaban sin control durante el verano más caluroso jamás registrado en Europa occidental. © César Manso/AFP/Getty Images

España quiere que la UE grave los beneficios de las empresas petroleras y gasísticas para financiar medidas de adaptación al cambio climático, después de que la sequía y los incendios forestales asolaran Europa occidental durante el verano más caluroso jamás registrado en la región.

La ministra española de Transición Ecológica (y tercera vicepresidenta), Sara Aagesen Muñoz, instó a la UE a crear un fondo de adaptación climática, financiado mediante medidas como un impuesto permanente sobre los beneficios del petróleo y el gas y la emisión de más deuda común, para ayudar a financiar las medidas de protección frente a los fenómenos extremos provocados por el cambio climático.

 

El Gobierno español formuló estas recomendaciones en una carta y un documento de políticas, a los que ha tenido acceso el FT, dirigidos al comisario de Acción por el Clima de la UE, Wopke Hoekstra, quien presentará este otoño una nueva estrategia sobre adaptación climática y resiliencia.

"Muchos Estados miembros están muy expuestos, como han demostrado claramente los acontecimientos recientes", afirmó Aagesen Muñoz. La estrategia debería hacer que Europa sea "capaz de anticiparse y responder de forma colectiva a los riesgos climáticos" y de "movilizar los recursos necesarios para realizar las inversiones requeridas".

Los incendios forestales y la sequía ya han perjudicado a la economía europea; España, por ejemplo, se remite a las estimaciones del banco Triodos, según las cuales el calor extremo podría reducir el PIB de toda la UE en torno a un 1% en 2026 y aproximadamente un 2,3% para 2050.

El sur de Europa, que incluye a España, Francia y Portugal, ha sufrido algunos de los efectos más dramáticos de las olas de calor de este año, entre ellos la escasez de agua y los incendios forestales.

Los economistas estiman que el coste de la sequía en Europa este verano ascendió al menos a 50.000 millones de euros, aunque un banco sitúa el coste total en hasta 180.000 millones de euros.

La perspectiva de veranos cada vez más calurosos ha supuesto un mayor impulso para que Europa invierta en prepararse mejor ante el cambio climático. "Los enfoques reactivos para abordar la vulnerabilidad climática han demostrado ser insostenibles", afirmó Aagesen Muñoz.

Esta iniciativa se produce tras los llamamientos independientes a favor de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras y gasísticas a escala europea, realizados por los ministros de Hacienda de Alemania, Austria, Italia, Portugal, Polonia y España en una carta enviada el mes pasado. La medida se debatirá en una reunión informal de ministros de Hacienda que tendrá lugar en Dublín los días 18 y 19 de septiembre.

Sin embargo, la Comisión Europea ha rechazado hasta ahora las presiones para imponer impuestos sobre los beneficios extraordinarios a las empresas petroleras y gasísticas que se benefician de la actual crisis energética, a pesar de haberlo hecho tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Las autoridades han señalado que los Estados miembros podrían introducir sus propios regímenes nacionales si así lo desean, y Portugal ha establecido un impuesto del 33% sobre los beneficios extraordinarios obtenidos en 2026.

Sara Aagesen Muñoz: "Muchos Estados miembros están muy expuestos, como han demostrado claramente los acontecimientos recientes" © Omar Havana/FT

Los directivos del sector del petróleo y el gas han pasado este año intentando rechazar las peticiones de nuevos impuestos sobre los beneficios extraordinarios, a pesar de haber anunciado beneficios récord tras el aumento vertiginoso de los precios provocado por la guerra de Irán.

Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, explicó a los analistas a finales de julio que la desindustrialización del sector del petróleo y el gas en Europa había dejado a la región con un déficit de refinerías, lo que provoca un aumento de los precios cuando surgen situaciones de escasez.

"Existe una enorme tentación [ . . .] de convertir al sector en chivo expiatorio. Penalizar a las empresas que han apoyado a esos países y han seguido suministrando ese producto es una medida muy miope", afirmó. "Cancelamos las inversiones que teníamos previstas para Europa, basándonos en la última vez que aprobaron un impuesto sobre los beneficios extraordinarios. De hecho, hemos presentado una demanda porque no creemos que se trate de una expropiación legal para el sector".

Meg O’Neill, directora ejecutiva de BP, también ha señalado que nuevos impuestos sobre los beneficios extraordinarios serían una "respuesta muy errónea a la situación", mientras que Patrick Pouyanné, director ejecutivo de TotalEnergies, advirtió en mayo de que, si Francia introducía nuevos impuestos, la empresa dejaría de limitar el precio de la gasolina a 1,99€ por litro. "Creo que los franceses preferirían beneficiarse directamente del límite de precios", afirmó.

Aagesen Muñoz también ha pedido que se tengan en cuenta los riesgos climáticos en el diseño de las infraestructuras, de modo que los nuevos proyectos sean resistentes al cambio climático, además de apoyar los planes actuales de la UE para mejorar los recursos compartidos destinados a hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos mediante el aumento de la flota de aviones de extinción de incendios de la UE y otras reservas.

Traducción del artículo original publicado el 4 de septiembre de 2026 en el diario británico Financial Times.