Es ingenuo pensar que la escalada del conflicto en Irán conducirá a algo bueno, escribe el presidente del Gobierno español.
España tuvo su propia versión de ese momento. Nuestro entonces presidente, José María Aznar, dijo al público: "Pueden estar seguros... de que digo la verdad: el régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva". Pocos le creyeron. Solo el 5% de los españoles apoyaba una intervención. De hecho, millones de personas salieron a la calle para oponerse a una guerra que consideraban ilegal, inmoral e innecesaria. Pero Aznar nos arrastró a ella de todos modos.
El resto es historia. Una historia triste. La guerra de Irak duró ocho años. Se cobró la vida de 300.000 personas, la mayoría de ellas civiles inocentes, y sumió a todo Oriente Medio en una inestabilidad cada vez mayor. También desencadenó la peor ola de inseguridad que había sufrido Europa desde la caída del muro de Berlín, lo que contribuyó a un aumento masivo del terrorismo, una crisis migratoria y subidas de precios que erosionaron el poder adquisitivo de millones de hogares. Una guerra presentada como una misión para difundir la democracia y la paz provocó exactamente lo contrario.
Hoy nos enfrentamos a una situación similar, y la posición de mi Gobierno es la misma que la sociedad española expresó hace dos décadas: NO A LA GUERRA. No a la violación unilateral del derecho internacional. No a repetir los errores del pasado. No a la idea de que los problemas del mundo se pueden resolver con bombas.
Esta postura no se deriva de ninguna antipatía hacia la Administración estadounidense, y menos aún de simpatía por el brutal régimen iraní. Mi Gobierno siempre ha apoyado el vínculo transatlántico y ha condenado de forma reiterada e inequívoca el terrible daño que los ayatolás han infligido a su propio pueblo —en particular a las mujeres— y a muchos países de la región.
Nuestra postura se basa en el hecho de que esta guerra es ilegal, supone una grave amenaza para el orden internacional basado en normas y es contraria a los intereses de la humanidad. Nadie sabe si contribuirá a la caída del régimen de línea dura. Lo que sí sabemos es que sus costes serán enormes y que no los soportarán solo los ayatolás. Los civiles iraníes los sufrirán de manera desproporcionada. Y el resto del mundo les seguirá con trastornos en el transporte, precios más altos, mayor inseguridad y mayor incertidumbre económica.
Un análisis previo del Banco Central Europeo estimaba que un bloqueo parcial del estrecho de Ormuz podría provocar que la zona euro perdiera 0,7 puntos porcentuales de crecimiento del PIB y ganara casi un punto de inflación en solo un año. Y ese análisis no contemplaba un conflicto militar de la magnitud que podría desarrollarse ahora.
La guerra contra Irán puede servir para aumentar los beneficios de las industrias relacionadas con el sector militar y para encubrir los problemas y deficiencias internos en determinados lugares. Pero no servirá para que Israel sea más seguro ni para promover una solución justa para Gaza. No debilitará a Vladimir Putin ni facilitará la paz en Ucrania. No ayudará a erradicar la pobreza en el Sur Global ni a combatir el cambio climático. Y, desde luego, no proporcionará salarios más altos, servicios públicos más sólidos y una vida mejor a nuestros ciudadanos en nuestro país.
Por todas estas razones, hemos decidido no autorizar a los Estados Unidos a utilizar las bases militares situadas en nuestro territorio para esta operación. Es nuestro derecho como país soberano y una posibilidad contemplada en nuestros acuerdos bilaterales. También es nuestra responsabilidad como guardianes del bienestar del pueblo español. Y es nuestro deber como miembros de la ONU y firmes defensores del derecho internacional. Los verdaderos aliados se deben apoyo mutuo en tiempos de dificultad, pero no obediencia ciega en un camino imprudente.
La guerra no es la respuesta. Por eso estamos trabajando con nuestros socios europeos y varios países de la región para forjar un consenso que permita rebajar la tensión, garantizar un alto el fuego y reabrir la vía de la diplomacia y la paz.
Algunos dirán que nuestra aspiración es ingenua. Pero lo verdaderamente ingenuo es creer que un intercambio cada vez más intenso de drones y misiles, como el que estamos presenciando, conducirá a algo bueno. Lo ingenuo es pensar que la democracia y la estabilidad surgirán de las cenizas. La historia ya ha puesto a prueba esa fórmula, y no funciona.
Afortunadamente, no estamos solos en esta forma de pensar. Muchos países han defendido una opinión similar en los últimos días, y espero que muchos otros sigan su ejemplo. Ha llegado el momento de elegir qué principio guiará nuestro futuro común en este siglo: el imperio de la fuerza o la fuerza de las normas. España siempre estará del lado del derecho internacional, la cooperación entre naciones y la protección de la vida humana. Ese es el mandato que nos dan los ciudadanos cuando nos eligen. Y es el único camino que permitirá a la humanidad avanzar y construir prosperidad para todos.
Traducción del artículo original publicado el 6 de marzo de 2026 en el diario británico The Economist.
