Miriam González Durántez funda un nuevo partido de centro en España

La esposa del exviceprimer ministro británico Nick Clegg promete una alternativa liberal al PP y a los socialistas antes de las elecciones anticipadas

Miriam González Durántez en la presentación de Democracia21. El nuevo partido promete una «limpieza política radical», que incluye una mayor transparencia política. Fotografía: Alejandro Martínez Vélez/Reuters

La abogada española Miriam González Durántez ha fundado un nuevo partido liberal y de centro, con el compromiso de sanear la política y ofrecer a los votantes una alternativa a los partidos socialistas y conservadores dominantes, mientras el país se prepara para las elecciones generales anticipadas del próximo mes.

 

González Durántez, exasesora de la UE y esposa del exviceprimer ministro británico Nick Clegg, afirma que su nuevo partido, Democracia21, ofrecerá un tipo de política moderna y transparente que "no se alimenta del miedo, los insultos ni la nostalgia".

 

El programa electoral de Democracia21 acusa tanto al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), actualmente en el poder, como al Partido Popular (PP), de derecha, de malgastar décadas de gobierno en aras de fines políticos a corto plazo.

 

"Mientras tanto: la vivienda se volvió inasequible, los jóvenes se marcharon, la burocracia creció como una religión y las disputas sustituyeron al gobierno", afirma. "La política de la vieja escuela convirtió cada problema en una narrativa, y cada solución en una amenaza electoral".

 

Teniendo en cuenta los escándalos de corrupción que acabaron por derrocar al último Gobierno del PP (y las acusaciones de corrupción que salpican al Gobierno y al círculo más cercano del presidente socialista, Pedro Sánchez), el nuevo partido promete "una limpieza política radical", que incluye una transparencia mucho mayor por parte de los partidos.

Nick Clegg (en el centro) y González Durántez en un acto de campaña celebrado en Sheffield en 2015. Fotografía: Jon Super/AP

González Durántez, que ha anunciado que Democracia21 se presentará en Madrid y Barcelona en las elecciones del 29 de noviembre, también se ha pronunciado sobre dos de los principales temas que preocupan a los votantes: la crisis de la vivienda y la inmigración.

El desahucio el mes pasado de una mujer de 87 años en Madrid desencadenó una oleada de manifestaciones por toda España, provocó la instalación de un campamento de protesta en el centro de la capital y llevó al Gobierno en minoría de Sánchez a proponer medidas de emergencia para intentar que el mercado del alquiler fuera más equitativo. Cuando dichas medidas fueron rechazadas por los partidos de derecha y de extrema derecha a principios de octubre, el presidente del Gobierno convocó elecciones generales anticipadas.

En su intervención durante la presentación de su partido el fin de semana, González Durántez acusó tanto al PSOE como al PP de ignorar la crisis de la vivienda.

"Unos llevan ocho años en el Gobierno y los otros controlan el 80% de los gobiernos autonómicos de España", afirmó. "Lo que ocurre aquí es que solo se acuerdan de la vivienda cuando se acercan las elecciones y toda la gente sale a la calle".

González Durántez propuso eliminar los impuestos sobre la vivienda para los menores de 35 años y argumentó que un joven que gane 1.300 € al mes no debería pagar más de 350€ al mes de alquiler.

También defendió las ventajas de una inmigración controlada y del lugar que ocupa España en el proyecto europeo, que calificó de "absolutamente existencial" para el país.

"La inmigración es un activo y una ventaja competitiva esencial para España en este momento", afirmó. "Tenemos que acabar con todo el discurso xenófobo, pero el Estado debe controlar la inmigración. Tenemos que decidir quién entra, cómo entra, cuándo entra y, si tiene que marcharse, también decidiremos cuándo se marcha. Nada de esto es contradictorio. Tenemos que hacer todo eso al tiempo que nos aseguramos de que Europa no caiga en las trampas de aquellas fuerzas políticas que no han venido a reformar Europa, sino a destruirla".

Democracia21 no es el primer partido de centro que ha intentado romper el tradicional duopolio entre socialistas y conservadores. El partido liberal Ciudadanos, fundado en 2006, pareció por un momento que iba a superar tanto al PSOE como al PP, pero su decisión de dar un giro hacia la derecha y su negativa a respaldar la moción de censura que expulsó a los conservadores del Gobierno en 2018 resultaron fatales. El apoyo a Ciudadanos se había mermado tanto para las últimas elecciones generales de julio de 2023 que decidió no participar en los comicios.

La decisión de Sánchez de convocar elecciones anticipadas es otra apuesta arriesgada del pragmático e impredecible presidente del Gobierno español. Las encuestas sugieren que el PP superará holgadamente al PSOE y se alzará con el primer puesto, pero es poco probable que consiga la mayoría absoluta, lo que le obligaría a contar con el apoyo de Vox para gobernar.

Sánchez, por su parte, esperará que la decisión del PP de aliarse con Vox y con el partido independentista catalán de derecha Junts para torpedear las propuestas en materia de vivienda movilice a los votantes de izquierda y moderados.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ya se enfrenta a un revés electoral después de que el Tribunal Supremo de España decidiera mantener la suspensión del derecho al voto de decenas de miles de electores residentes en el extranjero que se beneficiaron de una ley aprobada por su Gobierno en 2022, que ofrecía la ciudadanía española a los descendientes de los exiliados durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de Franco.

La medida ha enfurecido al PP y a Vox, que han acusado a Sánchez de intentar crear más votantes socialistas más allá de las fronteras de España. Aunque parece que la suspensión se mantendrá vigente para las elecciones, el tribunal ha señalado que su fallo no afectará a quienes puedan demostrar que sus padres o abuelos "sufrieron el exilio por razones políticas o ideológicas, o por motivos de creencia u orientación sexual".

El PSOE ha denunciado la presión política que subyace a la decisión como una afrenta a la democracia.

"Los nietos del régimen franquista podrán votar, pero no los de los exiliados, tal y como querían el PP y Vox", publicó en X la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró. "Su agenda fascista ha golpeado la piedra angular de la democracia: el derecho al voto. No dejaremos de denunciar esta atrocidad".

Traducción del artículo original publicado el 13 de octubre de 2026 en el diario británico The Guardian.

Una oportunidad que los partidos progresistas de Europa no deben desperdiciar

Tras unas elecciones tremendamente reñidas en Suecia, los votantes han rechazado la posibilidad de que la extrema derecha llegue al Gobierno. Una posible coalición de centroizquierda debe aprovechar el momento.

Votantes en un colegio electoral situado en el interior del Parlamento sueco, en Estocolmo, el 13 de septiembre de 2026. Fotografía: Zuma Press/Shutterstock

A los progresistas europeos que buscan motivos para el optimismo les ha costado encontrarlos este otoño. En Alemania, el espectacular auge del partido "Alternativa para Alemania" (AfD) amenaza los valores liberales que sustentan la identidad del país. En Francia, las encuestas siguen apuntando a una probable victoria de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales, que se celebrarán dentro de unos meses. En toda Europa continental, los partidos de centroizquierda no logran dar una respuesta adecuada a los movimientos nativistas que se han adueñado de amplios sectores del apoyo de la clase trabajadora en los que antes confiaban.

 

En un panorama político tan ominoso, el resultado de unas reñidas elecciones suecas supone una fuente de optimismo muy necesaria, aunque con importantes salvedades. Antes de las elecciones del domingo pasado, el primer ministro saliente, Ulf Kristersson, dejó claro que, si su alianza de derecha obtenía el mayor número de escaños, invitaría a miembros del partido de extrema derecha Demócratas de Suecia (SD) a formar parte del próximo Gobierno como ministros.

 

Eso habría supuesto el fin oficial de la condición de paria del SD en la política sueca, tras cuatro años en los que sus votos parlamentarios han sostenido al Gobierno en minoría del Sr. Kristersson. En una Europa en la que las barreras y los cordones sanitarios contra la extrema derecha nunca han parecido menos seguros, se habría superado otro umbral significativo.

 

En cambio, los votantes parecen haber otorgado una victoria por un estrecho margen a la líder socialdemócrata, Magdalena Andersson, y al bloque progresista de partidos. La cuota de votos del SD cayó por primera vez desde que inició su andadura política como partido abiertamente neonazi a finales de la década de 1980, y pasó del segundo al tercer puesto, por detrás de los conservadores Moderados.

 

Hasta aquí las buenas noticias. Al igual que en Alemania y Francia, la extrema derecha sueca no ha necesitado llegar al poder para que su agenda se normalizara y se aplicara parcialmente. La dependencia del Sr. Kristersson respecto al SD dio lugar a un Gobierno que se comportó con una crueldad ostentosa hacia los migrantes y que puso en práctica gran parte de su draconiano programa en materia de deportaciones y restricciones a la ciudadanía. La Sra. Andersson ha respondido ofreciendo una versión más moderada del mismo enfoque en materia de inmigración y asilo. Como esto le hizo perder apoyo en la izquierda, su partido registró su porcentaje de votos más bajo en más de un siglo.

 

A menos que los partidos tradicionales más influyentes de la socialdemocracia europea sean más valientes a la hora de intentar cambiar el rumbo del debate político, la extrema derecha seguirá marcando las reglas del juego. El eslogan elegido por el SD para su campaña fue "Hagamos de Suecia Suecia de nuevo" (una variación del habitual lema "Make America Great Again" para subrayar el mensaje etnocéntrico fundamental). Desde la periferia, su retórica se volverá aún más extrema, y la derrota del bloque de derecha ya se está atribuyendo de forma injusta a los votantes nacidos en el extranjero.

 

Si la Sra. Andersson lograra finalmente formar un gobierno de coalición de centroizquierda, debería contrarrestar las fuerzas de la división recurriendo a lo mejor de las tradiciones de su propio partido. El Partido Socialdemócrata dominó históricamente la política sueca a través de la idea del “Folkhemmet”, o “Hogar del Pueblo”, que encarnaba el espíritu inclusivo de una sociedad del bienestar admirada en todo el mundo. Encontrar los recursos y la ambición necesarios para desarrollar una política del bien común igualmente atractiva para el siglo XXI es la tarea urgente de los progresistas, tanto en Suecia como fuera de ella.

Traducción del artículo original publicado el 16 de septiembre de 2026 en el diario británico The Guardian.

Un político experto en sobrevivir se arriesga a dar un paso al frente

Los decretos sobre vivienda de su coalición de izquierdas han fracasado, por lo que el jefe del Gobierno español convoca ahora elecciones anticipadas. Hay grandes dudas sobre si esto le servirá.

Cuando el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, se presenta el lunes por la mañana ante la sede del Gobierno en Madrid, ya se encuentra en modo de campaña electoral. Le bastan nueve minutos para presentar los últimos ocho años como una historia de éxito universal de su Gobierno. En un clima político extremadamente polarizado y en la lucha contra "tiranos, tecnoligarcas y genocidas", su Gobierno ha logrado convertir a España en un modelo mundial en materia de paz, feminismo y prosperidad, con los mejores resultados económicos y medioambientales que jamás haya obtenido un Gobierno democrático en España. El 29 de noviembre, en unas elecciones anticipadas, los españoles y españolas tendrían ahora la oportunidad de decidir si querían sumarse a la "ola de extrema derecha" o seguir siendo un baluarte de la apertura social y la justicia social. En resumen: si querían estar en el lado correcto de la historia.

 

Para un jefe de Gobierno que recientemente ha sido objeto de duras críticas, incluso a nivel internacional, por su errática gestión de la crisis en Ceuta y cuya actuación, según una encuesta, solo cuenta con el respaldo de apenas un 27 por ciento de la población, se trata de unas palabras que denotan mucha seguridad en sí mismo. ¿Se trata de arrogancia o de la hábil estrategia de un superviviente político que siempre ha sabido sacar partido de las crisis?

 

Desde hacía días se especulaba en España sobre la posibilidad de convocar elecciones anticipadas. El viernes, el Parlamento rechazó los decretos del Gobierno sobre vivienda. Para la coalición de izquierdas, esto supuso un duro revés: la falta de vivienda es, desde hace meses, una de las mayores preocupaciones de los españoles y las españolas.

 

Las imágenes de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad grave, a la que sacaban en camilla del piso en el que había vivido durante más de siete décadas, habían desatado una ola de indignación. Tras el cambio de propietario del edificio, el alquiler superó el importe de su pensión: Maricarmen se convirtió en un símbolo de la gentrificación en las grandes ciudades. Decenas de miles de personas salieron a la calle en todo el país en su nombre. En Madrid, Barcelona y Sevilla surgieron campamentos de protesta. Las escenas recordaban al movimiento de los Indignados de hace 15 años.

 

El Gobierno reaccionó y negoció con sus aliados en el Parlamento un paquete de medidas de compromiso: mediante decreto, se suspenderían los desahucios en casos de emergencia social hasta 2030, se prorrogarían dos años los contratos de alquiler que vencieran a finales de 2028 y se prohibiría a los fondos inmobiliarios la compra de edificios por menos del 70% de su valor. Los propietarios que redujeran el alquiler serían recompensados con desgravaciones fiscales. Sin embargo, las medidas fracasaron no solo por la oposición del Partido Popular (PP), de tendencia conservadora, y de Vox, de extrema derecha, sino también por el sorprendente "no" del partido burgués y separatista Junts, del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. El acuerdo, que se daba por seguro, se vino abajo. Y, de nuevo, decenas de miles de personas salieron a la calle durante el fin de semana.

 

Las encuestas sitúan al bloque de derechas a la cabeza

 

No es de extrañar que Sánchez intente ahora aprovechar este descontento en su beneficio. Tras unos últimos meses marcados por la crisis migratoria y las acusaciones de corrupción, la política de vivienda es el único tema en el que la coalición de izquierdas ha podido dar un impulso positivo (y en el que puede contar con un amplio apoyo). La protección de los inquilinos no es un tema exclusivamente de izquierdas: según una encuesta del instituto 40dB, más de la mitad de los votantes del PP y de Vox también están a favor de limitar los precios de los alquileres, aunque ello reduzca la rentabilidad. También en lo que respecta al aplazamiento de los desahucios en situaciones de emergencia, predomina el apoyo en ambos bandos. El malestar por el fracaso de los decretos supone una oportunidad para Sánchez.

 

Sin embargo, eso no garantiza el éxito. Y es que Pedro Sánchez tiene un problema de credibilidad, ya que, al fin y al cabo, lleva ocho años gobernando el país. Su Gobierno ha declarado en repetidas ocasiones que la crisis de la vivienda es su máxima prioridad. Ya en 2023, la coalición de izquierdas reformó la ley de alquileres y permitió la aplicación de un freno a los alquileres en zonas con un mercado inmobiliario especialmente tenso. Estas medidas se aplican sobre todo en el País Vasco y en Cataluña. Grandes ciudades como Madrid, Sevilla y Málaga quedan al margen. En abril de 2026, el Gobierno aprobó un plan de vivienda de siete mil millones de euros para aumentar la oferta de viviendas públicas. Sin embargo, el programa de construcción avanza con lentitud.

 

El hecho de que medidas como el freno al alquiler no surtan efecto en muchos lugares, porque son boicoteadas por las comunidades autónomas (responsables de la política de vivienda y gobernadas en su mayoría por partidos conservadores), no tiene importancia para muchos votantes. Quien, cada vez que vence su contrato de alquiler, tiene que vivir con el temor de no poder hacer frente económicamente a la próxima subida, se preocupa poco por el reparto de competencias entre el Estado central y las regiones. A esto se suman el malestar por los escándalos de corrupción en el partido de Sánchez y la crisis de Ceuta, que sigue latente. Miles de migrantes siguen aguantando en el enclave español. El margen de maniobra del jefe de Gobierno es escaso: todas las encuestas sitúan a la cabeza al bloque de la derecha, formado por conservadores y extremistas de derecha.

 

"La lucha por la vivienda se decide en la calle"

 

Pero Pedro Sánchez es un experto en la economía de la atención. Con giros inesperados, siempre ha logrado desviar el interés público a su favor. Cuando en 2024 se iniciaron las investigaciones preliminares contra su esposa, Begoña Gómez, escribió una carta muy emotiva a la ciudadanía y se retiró para tomarse cinco días de reflexión. El país debatía sobre el estado de la justicia y el futuro de su jefe de Gobierno. Cuando, al año siguiente, se investigó por corrupción a personas de su más estrecha confianza dentro de la dirección del partido, Sánchez se erigió en antitrumpista y rechazó el objetivo del 5% de la OTAN. La política internacional acaparó los titulares españoles.

 

Si por Sánchez fuera, la política de vivienda desplazaría ahora a la crisis de Ceuta de la campaña electoral. El hecho de que el bloque de derecha apenas tenga propuestas propias, salvo más suelo para la construcción y menos regulación, le ha resultado ventajoso. Ya ha encontrado el instrumento adecuado: uno de los decretos sobre vivienda que fracasó el viernes entrará finalmente en vigor, gracias a una artimaña. Es cierto que, tras el anuncio de las elecciones, el Parlamento ha quedado disuelto, pero la Diputación Permanente, una especie de comisión permanente, sigue siendo capaz de funcionar y votar. Allí, los partidos que votaron a favor el pasado viernes cuentan con mayoría.

 

Se trata de un regalo anticipado de campaña electoral y de un intento de ganarse el apoyo de los jóvenes (en su mayoría) que han montado sus tiendas de campaña en los campamentos de protesta. Sin embargo, el movimiento liderado por la asociación "Sindicato de Inquilinas" no se deja llevar por esa lógica electoral y convoca una huelga general. "La lucha por la vivienda se decide en la calle", afirmó la portavoz de la asociación, Alicia del Río, en el campamento de protesta de la Puerta del Sol de Madrid.

Traducción del artículo original publicado el 5 de octubre de 2026 en el diario alemán Die Zeit.

Repensar la prosperidad dentro de los límites planetarios

¿Es posible que todos los países alcancen algún día una renta nacional del orden de 5.000 euros mensuales por habitante, un nivel cercano al que se observa actualmente en los países más ricos, al tiempo que se preserva un planeta habitable? Desde la publicación del Informe sobre Justicia Global por parte del Laboratorio sobre Desigualdades Globales, se han celebrado múltiples debates que han permitido precisar los términos de la discusión. En resumen, la acogida ha sido muy positiva en los países del Sur, por ejemplo en la India, pero en ocasiones más crítica en el Norte, sobre todo en los medios de comunicación cercanos a los círculos empresariales. No es de extrañar: el nuevo modelo de desarrollo permite una prosperidad sostenible para todos, pero inevitablemente habrá perdedores entre los más ricos y los que más contaminan del mundo actual.

La nigeriana Lagos, la urbe más poblada de África con alrededor de 24’5 millones de habitantes

Para avanzar, habrá que convencer a las clases populares y medias del Norte y del Sur de que el statu quo es insostenible y conduce a un infierno climático, social y migratorio. Tras un verano marcado por fenómenos extremos y destrucción, quizá las conciencias empiecen a evolucionar, pero la batalla intelectual y política será dura. Para salir de las contradicciones actuales, hay que replantearse la prosperidad respetando los límites planetarios, al tiempo que se pone en marcha un verdadero programa de acción a escala local, nacional y mundial.

Primer punto: hay que tomar conciencia de la inmensidad de las necesidades de inversión en energías renovables a escala mundial. Si los países del Sur se enriquecen consumiendo tanta energía fósil como se ha hecho en el Norte, el planeta se quemará.

Segundo punto: aunque se lleve a cabo a muy gran escala, la transformación de los sistemas energéticos no será suficiente. Limitar el calentamiento a menos de 2 grados exige sobriedad, definida como una transformación estructural de la economía destinada a reducir su huella material.

Esto pasa por continuar con la reducción histórica de la jornada laboral, un cambio en los hábitos alimenticios que permita una reforestación a gran escala y una fuerte disminución del peso de los sectores materiales en la economía. Nadie necesita, para ser feliz, pasar el tiempo renovando su ropa desechable o su smartphone de última generación.

La educación, la salud y la cultura aportan un bienestar a la vez más real y más sostenible: tres veces menos insumos materiales y emisiones de carbono por euro de PIB que la industria, la construcción o la agricultura intensiva. Y, contrariamente a una creencia muy extendida, la desmaterialización de la economía no se producirá por sí sola: expresada en volumen, la cuota de los sectores materiales en el PIB mundial se ha mantenido estable en el 53% entre 1970 y 2025. Al igual que las energías, los volúmenes de bienes materiales se amontonan y se acumulan, sin sustituirse unos a otros.

Para cambiar de rumbo y llevar a cabo las transformaciones necesarias (energía, educación, salud), los recursos que hay que movilizar son considerables: alrededor del 10% del PIB mundial al año hasta 2050. Será necesario que los más ricos contribuyan y reducir drásticamente las desigualdades, con una escala de ingresos que podría oscilar entre 1 y 5 dentro de cada país (por ejemplo, de 2.000 a 10.000 euros mensuales, con una renta media de 5.000 euros al mes por habitante), y una escala de patrimonio que vaya del 1 al 10 (de 100.000 euros a 1 millón, con una media de 200.000 euros por habitante). La experiencia histórica demuestra que estas diferencias podrían reducirse aún más gracias a la movilización sindical y ciudadana, lo que permitiría aumentar la participación de todas y todos.

 

Lo esencial es que dicha transformación debe ir de la mano de la democracia económica, la autogestión, la igualdad política y territorial y la desmercantilización. En particular, los 5.000 euros mensuales por habitante no deben considerarse como una renta puramente monetaria. También incluyen el valor de los servicios no comerciales accesibles para todos, de forma gratuita o a bajo coste: educación, sanidad, cultura, transporte y, quizás en el futuro, la alimentación procedente de la producción local y sostenible, tal y como proponen numerosas asociaciones y colectividades reunidas en torno a la idea de la seguridad alimentaria social.

 

Sin duda, este es el punto más importante: cada país puede avanzar desde ya en esta dirección, tanto a escala local como nacional, sin esperar a que haya unanimidad entre los países. Por ejemplo, Francia podría decidir, a partir de 2027, la creación de un fondo soberano que permita reorientar la inversión y poner en marcha un amplio plan de desarrollo de los servicios públicos, todo ello financiado mediante un impuesto de solidaridad nacional que grave a los más ricos (a semejanza del impuesto de solidaridad nacional de 1945).

 

Al forjar coaliciones más amplias con países del Norte y del Sur, los recursos movilizados podrían ser aún mayores y permitir financiar la descarbonización y el desarrollo a escala mundial, al tiempo que se incrementan los recursos disponibles a escala local y nacional. En los últimos años se han formulado numerosas propuestas concretas en favor de la justicia social y climática, en particular procedentes de Brasil y Sudáfrica. La iniciativa de Bridgetown, respaldada entre otros por la Comunidad del Caribe y la Unión Africana, se basa también en propuestas de reforma del sistema monetario internacional para financiar el desarrollo.

 

Los países ricos deben comprender que estas propuestas no se oponen a sus propias iniciativas, sino que, por el contrario, pueden servir para complementarlas y avanzar juntos más allá. Una cosa es segura: nada se podrá lograr si no se sitúa por fin la cuestión de las desigualdades y las clases sociales en el centro de las políticas climáticas y del nuevo modelo de desarrollo.

Traducción del artículo original publicado el 15 de septiembre de 2026 en el blog oficial de Thomas Piketty.

España consigue una mejora de su calificación crediticia gracias a la solidez de su economía

Scope Ratings ha mejorado la calificación de España, lo que supone el último reconocimiento al destacado rendimiento económico del país.

La agencia elevó el viernes su calificación crediticia un escalón, de A a A+, la quinta calificación más alta dentro del grado de inversión.

La mejora refleja "un rendimiento económico sostenido, respaldado por una fuerte demanda interna y una disminución de las vulnerabilidades externas", señaló Scope en un comunicado, añadiendo que "los indicadores fiscales de España han seguido mejorando, lo que contribuye a reducir la carga de la deuda pública".

La cuarta economía más grande de la zona del euro ha superado continuamente a las demás economías de la región. La producción creció un 0,7% en el segundo trimestre, muy por delante de Alemania, Italia y Francia, y el Gobierno prevé un crecimiento del 2,6% para este año, casi el triple del ritmo que el Banco Central Europeo espera para el conjunto de la zona del euro.

La solidez de la economía ha dado lugar a mejoras en las calificaciones por parte de las cinco agencias de calificación que utiliza el BCE para evaluar las garantías.

"Las agencias de calificación internacionales, los mercados y los inversores han reconocido la fortaleza y la modernización de la economía española», afirmó el Ministerio de Economía en un comunicado a Bloomberg.

España puede ahora financiarse a un coste menor que Francia (una situación históricamente inusual) y también que Italia.

Las últimas emisiones de deuda sindicada del Tesoro han suscitado una fuerte demanda. Las solicitudes para un bono a 10 años emitido en mayo alcanzaron los 138.000 millones de euros, más de diez veces el importe vendido, según el ministerio.

Problemas políticos

El continuo buen comportamiento económico de España ofrece poco consuelo al presidente Pedro Sánchez, cuyo mandato se ha visto empañado por la falta de mayoría parlamentaria, las repetidas acusaciones de corrupción y una sucesión de crisis.

El país no ha aprobado un presupuesto desde 2023, y es poco probable que lo haga antes de las elecciones del año que viene.

"La elevada fragmentación parlamentaria de España y la debilidad del Gobierno en minoría provocan una gran incertidumbre política, lo que lastra el impulso reformista y la capacidad del Gobierno para responder con rapidez a las crisis", señaló Scope.

El verano político del país ha estado marcado por la crisis migratoria en Ceuta, una de las dos ciudades españolas situadas en el norte de África. El Gobierno sigue lidiando con las consecuencias del cruce ilegal de la frontera desde Marruecos por parte de unas 80.000 personas durante la última semana de julio. Aunque la mayoría de los migrantes regresaron en los primeros días, miles de ellos permanecen en la ciudad.

Scope destacó que la crisis de Ceuta "está debilitando aún más la posición del Gobierno".

Traducción del artículo original publicado el 11 de septiembre de 2026 en el diario estadounidense Bloomberg.

¿Qué puede aprender Andy Burnham de Pedro Sánchez?

El presidente del Gobierno español se ha reinventado como el principal abanderado de la izquierda europea. ¿Podría su éxito ofrecer al primer ministro del Reino Unido una vía a seguir?

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha convertido en una de las principales voces de la izquierda europea en la escena internacional y sigue adelante tras haber puesto en marcha una serie de políticas progresistas. Fotografía: Yiannis Kourtoglou/Reuters

Buenos días. Para los observadores internacionales, parece que Pedro Sánchez ha logrado lo imposible. Mientras que otros presidentes europeos de izquierdas o con tendencia izquierdista han fracasado y se han visto en apuros, el presidente del Gobierno español ha resistido.

 

Desde junio de 2018, Sánchez ha gobernado desde Madrid, poniendo en marcha un sinfín de políticas progresistas. Más recientemente, se ha erigido como una voz destacada (y a menudo solitaria) de la izquierda europea en la escena mundial, adoptando un tono desafiante en todo, desde la guerra de la Administración Trump en Irán ("la cortina de humo de la guerra para ocultar su fracaso") hasta las acciones de Israel en Gaza ("el exterminio de un pueblo indefenso"). El hecho de que la prensa internacional le haya apodado "El Guapo" tampoco le viene mal.

 

En el ámbito nacional, sin embargo, la situación es más compleja. El círculo más cercano a Sánchez se encuentra inmerso en un escándalo de corrupción que le está haciendo mucho daño, y las encuestas indican que su Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tradicionalmente de centroizquierda, está en horas bajas. Mientras tanto, los recientes sucesos en Ceuta y los apocalípticos incendios forestales plantean espinosos retos políticos. Los líderes europeos se han vuelto públicamente contra Sánchez, y todo ello con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina el año que viene.

 

Pero, al igual que el propio primer ministro del Reino Unido, aunque Sánchez se ha labrado un nombre, no siempre fue la figura de izquierdas que se le considera hoy en día.

 

El arte de la reinvención política

 

Andy Burnham y Pedro Sánchez tienen trayectorias similares. Ambos entraron inicialmente en sus respectivos parlamentos y luego los abandonaron tras no haber logrado sus ambiciones; ambos regresaron y, tras una discreta reinvención, acabaron ocupando el cargo más alto.

 

Ya conocemos la historia de Burnham: el exministro blairista perdió las elecciones a la presidencia del Partido Laborista y, en su lugar, se convirtió en alcalde de una de las ciudades más grandes del Reino Unido, donde resurgió transformado gracias a su filosofía vagamente articulada: el "manchesterismo".

 

Sánchez tampoco fue siempre la figura progresista que es hoy. El antiguo profesor de Economía fue elegido por primera vez líder del PSOE en 2014, como un centrista convencido. "Era el candidato de compromiso entre la izquierda y la derecha", afirma Gilmartin. "Al principio, las expectativas sobre él eran escasas".

 

Su primer mandato al frente del partido terminó en 2016, después de que una serie de derrotas electorales y una revuelta interna caótica le obligaran a dimitir ante la presión de los pesos pesados del partido. Y así comenzó su transformación: Sánchez, de 1.90 metros de altura, se metió en su Peugeot y se lanzó a recorrer España en coche. "Me subiré a mi coche y recorreré toda España para escuchar a quienes no han sido escuchados, a las bases y a los votantes de izquierda", afirmó Sánchez.

 

Sánchez entiende que anclar a su partido a la izquierda es la forma en que puede gobernar.

 

Fuera de Madrid, se transformó en una figura antisistema y cercana al pueblo. En el verano de 2017, volvió a ser líder del PSOE. Formó un Gobierno en junio de 2018 y, desde entonces, es presidente del Gobierno.

 

"No es necesariamente un izquierdista convencido", afirma Gilmartin, "pero Sánchez entiende que anclar su partido en la izquierda y posicionarse como líder de un bloque progresista más amplio es la forma en que puede gobernar. Es un pragmático muy impresionante".

 

En 2019, para reforzar el apoyo de la izquierda, Sánchez se comprometió a poner en marcha cientos de políticas progresistas. Y, en líneas generales, ha cumplido con este programa: ha realizado importantes inversiones en energías renovables, ha aumentado el salario mínimo, ha ampliado el derecho al aborto, ha prohibido las denominadas "prácticas de conversión de homosexuales", ha limitado los aumentos de los alquileres y ha subido los impuestos a los más ricos, al tiempo que ha reducido la carga fiscal de las rentas más bajas.

 

En casa y fuera

 

Esto no quiere decir que el mandato de Sánchez haya sido un camino de rosas. Han salido a la luz una serie de escándalos de corrupción en los que se ven implicados su hermano, su esposa y su predecesor, muchos de los cuales el presidente del Gobierno ha tachado de "campañas de desprestigio con motivaciones políticas". Otros colaboradores de confianza también han sido acusados de recibir sobornos. Mientras tanto, su gobierno de coalición minoritaria no consigue reunir mucho apoyo; no han logrado aprobar un nuevo presupuesto desde 2023. El PSOE ha perdido una serie de elecciones locales recientes.

 

Siempre pragmático, Sánchez cambió su enfoque hacia la escena internacional. En el último año más o menos, Sánchez se enfrentó abiertamente a Trump. Se negó a autorizar el uso militar por parte de EE. UU. de las bases operadas conjuntamente para atacar Irán, afirmando: "No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como comienzan las grandes catástrofes de la humanidad". España reconoció oficialmente al Estado palestino en 2024, y Sánchez calificó las acciones de Israel en Gaza de "genocidio" y describió la respuesta general de Europa como un "fracaso".

 

"Su política exterior ha adquirido un papel mucho más importante, lo que demuestra que (lidera) un gobierno con vida", afirma Gilmartin. A pesar de ser socialdemócrata, ha asumido su reputación como la voz y la conciencia de la izquierda internacional, organizando, en abril, un encuentro de la izquierda repleto de figuras destacadas en Barcelona para revitalizar la política progresista internacional.

 

Todo ello ha contribuido a consolidar el apoyo a su país, aunque todavía no ha reforzado significativamente su popularidad a nivel nacional.

 

Una fórmula ganadora

 

Tras ocho años en el cargo, no es ninguna sorpresa que la popularidad de Sánchez esté en declive. Pero merece la pena analizar su éxito electoral de 2023. En la recta final hacia esas elecciones, se encontraba al borde de la derrota. El Partido Popular, de derechas, lideraba las encuestas, mientras que Vox, de extrema derecha, se perfilaba para quedar en tercer lugar. Parecía que se avecinaba una coalición entre la derecha y la extrema derecha. Pero, según Gilmartin, "al plantear las elecciones como un enfrentamiento entre él y la extrema derecha", Sánchez logró cambiar el rumbo de la campaña, señalando todos los logros políticos y las protecciones sociales que, de lo contrario, se verían amenazados.

 

Starmer también lo intentó en su discurso en el congreso del Partido Laborista de 2025. Pero su visión de "una renovación nacional patriótica bajo el Partido Laborista… o la tóxica polarización y división de Reform UK" no caló. Starmer no supo transmitir una visión coherente. No logró señalar las políticas que los votantes echarían de menos.

 

"La polarización frente a la derecha funciona para el centroizquierda si se cumplen las promesas en materia de coste de la vida y otras cuestiones materiales", afirma Gilmartin. De lo contrario, uno se queda con el progresismo vacío de, por ejemplo, Hillary Clinton enfrentándose a Trump. "Se ha demostrado que eso no es suficiente".

Andy Burnham, primer ministro y exalcalde del Gran Mánchester, dio un giro a su carrera política cuando abandonó Westminster. Fotografía: Kirsty Wigglesworth/AP

Entonces, ¿qué lecciones puede extraer Burnham?

 

Burnham sabe que tiene que cumplir con las expectativas, a menos de tres años de las próximas elecciones generales. Al principio parecía que podría mostrarse audaz en materia de políticas: anunció su intención de acabar con la falta de vivienda desde el primer día.

 

Pero desde entonces (y, para ser justos, hay que tener en cuenta que Burnham asumió el cargo justo antes de las vacaciones de verano), se ha mantenido bastante callado. Y tanto en materia de inmigración como de medio ambiente (dos grandes puntos de discordia entre los progresistas y gran parte de la derecha), apenas ha dicho nada.

 

Sánchez adoptó un enfoque diferente. Una de sus primeras medidas como presidente del Gobierno fue permitir que el Aquarius atracara en Valencia: el barco que transportaba a 629 personas rescatadas frente a las costas de Libia y al que Italia y Malta habían denegado el acceso. Desde entonces, Sánchez ha tomado medidas para regularizar a los migrantes indocumentados en España. Después de que 72.000 personas, en su mayoría marroquíes, cruzaran a Ceuta el mes pasado, Sánchez no cedió ante la derecha ni se plegó a la presión paneuropea. Los resultados son claros: a pesar de los recientes aumentos, los españoles siguen relativamente poco preocupados por la inmigración. En enero, solo el 3,9% de los españoles consideraba que la inmigración era el principal problema al que se enfrentaba España; en junio, el porcentaje era del 4,8%.

 

Del mismo modo, en materia climática, Sánchez no se ha echado atrás. Mientras Burnham prohibía las barbacoas, Sánchez declaraba que "el cambio climático mata". Está invirtiendo miles de millones en la transición ecológica, mientras que Burnham vacila ante las perforaciones en el Mar del Norte. "Aquí no se considera que haya que disculparse por ser proactivo y progresista en materia climática", afirma Gilmartin.

 

Al ocupar este espacio, Sánchez se ha hecho con el voto de la izquierda. Sumar, el socio de coalición de Sánchez situado a la izquierda del PSOE, ha caído en las encuestas. Cuando Sánchez asumió por primera vez la dirección del PSOE, Podemos (más a la izquierda) alcanzaba en las encuestas hasta un 26%; hoy en día, ronda el 3%.

 

A Burnham le convendría aprender de esto: porque, aunque Starmer hizo de los ataques a la izquierda una característica definitoria de su mandato, el Partido Laborista perdió casi cuatro veces más votantes a favor de los Verdes que a favor de Reform UK en las elecciones locales de 2026.

 

Por ahora, sigue la espera para ver si Burnham demostrará ser un primer ministro progresista o, al menos, un pragmático impresionante.

Traducción del artículo original publicado el 17 de agosto de 2026 en el diario británico The Guardian.