Las rabietas de Donald Trump son una oportunidad para España

¿Podrá mejorar sus relaciones con sus antiguas colonias?

Conseguir que los líderes latinoamericanos se reúnan en una misma sala es toda una hazaña. Lograr que se pongan de acuerdo en algo es aún más difícil. Solo un presidente de la región acudió a la Cumbre Iberoamericana (una reunión bienal de líderes de España, Portugal y Latinoamérica) cuando se celebró en Ecuador hace dos años, y ese fue el anfitrión. Hay esperanzas de que España lo haga mejor cuando organice la reunión de este año, en Madrid, los días 4 y 5 de noviembre. Los organizadores aspiran a que asistan hasta 18 jefes de Estado, o sus representantes.

 

El momento es propicio. Donald Trump trata cada vez más a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Aunque ha tomado posesión una oleada de presidentes aparentemente alineados con Trump, la región sigue deseosa de protegerse frente a su imprevisibilidad mediante la diversificación del comercio. Los vínculos con China son importantes, pero también problemáticos. "Nunca he visto tanto interés por Europa", afirma un veterano diplomático latinoamericano.

 

España mantiene unos vínculos con la región que ninguna de las dos superpotencias mundiales puede igualar. Más de cuatro millones de personas nacidas en América Latina viven actualmente en España, muchas de las cuales han llegado en la última década. Ya en las décadas de los 80 y los 90, la transición de España a la democracia sirvió de modelo para algunas de sus antiguas colonias. Felipe González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, se convirtió en asesor de los gobiernos de la región. En 1991, España y México convocaron la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara, sentando las bases de una comunidad de 22 miembros inspirada vagamente en la Commonwealth de los países que en su día estuvieron bajo dominio británico.

 

Desde entonces, la influencia de España ha disminuido. Las empresas españolas siguen siendo importantes inversoras en la región. Sin embargo, han dado un paso atrás, al tiempo que América Latina ha reforzado sus lazos con China. Algunos diplomáticos se quejan de que los gobiernos españoles se han mostrado cada vez menos interesados. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (que ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre) quiere mejorar la situación.

 

Para ello será necesario un cambio de enfoque. Sánchez se lleva mejor con los gobiernos de izquierda. Las relaciones con los líderes de derecha han sido tensas. En 2024, España retiró temporalmente a su embajador de Buenos Aires después de que Javier Milei, presidente de Argentina, insultara a la esposa de Sánchez en un discurso. España aún no ha aceptado al embajador enviado a Madrid por el nuevo presidente de Colombia. Los parlamentarios se quejan de que el emisario haya hecho comentarios groseros sobre Sánchez en las redes sociales.

 

Sin embargo, ni siquiera una visión del mundo compartida ha garantizado unas buenas relaciones. Sobre el papel, Sánchez y Claudia Sheinbaum, la presidenta de izquierdas de México, deberían llevarse de maravilla. Pero el predecesor y mentor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, se enzarzó en una disputa con España por su pasado colonial y exigió una disculpa del rey por la conquista. El Ministerio de Asuntos Exteriores español reaccionó a la defensiva; la disputa se agravó cuando México no invitó al rey a la toma de posesión de Sheinbaum en 2024.

Sheinbaum se ha mostrado más dispuesta a separar los agravios históricos de los intereses actuales. Tiene buenas razones para hacerlo, señala Rafael Ch, de Signum Global Advisors, una consultora. Estados Unidos es el principal socio comercial de México, pero la errática política de Trump está debilitando los lazos. Con un crecimiento económico lento, Sheinbaum tiene poco que ganar permitiendo que se prolongue una disputa diplomática con España.

Es probable que Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, asista a la reunión en Madrid. Rodríguez gobierna con el respaldo de Trump, por lo que es poco probable que los latinoamericanos pongan pegas a su presencia. Sin embargo, en España sí que sería un tema polémico. Los opositores llevan mucho tiempo acusando a la izquierda española de complacer al sombrío régimen de Venezuela. Sería un soplo de aire fresco (y bueno para la imagen de España) que la cumbre reclamara enérgicamente que se acelere la transición democrática del país.

 

Los participantes en la reunión de Madrid debatirán sobre la inteligencia artificial, la preparación ante catástrofes y el reconocimiento mutuo de títulos académicos, como las titulaciones universitarias. Este tipo de temas pueden parecer de poca importancia. Sin embargo, otras organizaciones regionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Organización de los Estados Americanos, atraviesan un momento de declive. Así que quizá lo más importante sea el mero hecho de reunirse.

Traducción del artículo original publicado el 29 de octubre de 2026 en el semanario británico The Economist.

Miles de personas se manifiestan en Portugal, Italia, España y Albania

En Tirana, la policía utiliza cañones de agua y balas de goma; en Portugal se desmantela un campamento de tiendas de campaña. También hay manifestaciones en Bélgica.

Esta mañana, la policía ha desalojado un campamento de protesta contra la crisis de la vivienda en Lisboa. © Ana Brigida/​AP/​dpa

No solo en Francia la gente sale a la calle. También en otros países europeos hay manifestaciones contra el alto coste de la vida, la corrupción y la guerra en Gaza, así como a favor de una mayor inversión en el sistema educativo. En muchos lugares se han producido enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes. 

Albania

 

En Tirana, la policía albanesa ha intervenido contra los manifestantes utilizando gas lacrimógeno, cañones de agua y balas de goma. Los manifestantes habían lanzado piedras contra los agentes y habían provocado un incendio en la entrada del Ministerio de Agricultura. Las protestas, encabezadas por estudiantes, se dirigen contra la presunta corrupción en el Gobierno, la falta de empleo y los bajos niveles educativos. Exigen la dimisión del primer ministro Edi Rama, que ocupa el cargo desde 2013.

 

Ya en las últimas semanas se habían producido disturbios en los que, entre otras cosas, se incendiaron edificios gubernamentales. Los disturbios actuales se producen tras unas protestas mayoritariamente pacíficas celebradas en verano. Estas se dirigían contra un polémico proyecto de construcción de lujo en la costa, impulsado por Jared Kushner, yerno del presidente de EE. UU., Donald Trump.

 

Italia

 

En Italia se ha detenido a 380 personas durante las manifestaciones, 371 de ellas en prisión preventiva, según informa la agencia de noticias AFP citando a la policía italiana. En 110 casos se trata de menores de edad. No obstante, las manifestaciones a nivel nacional han sido esta vez más tranquilas y de menor envergadura que la semana anterior. En Roma y Milán se manifestaron unas 3.000 personas en cada ciudad. Solo se produjeron enfrentamientos aislados entre los manifestantes y la policía. Por temor a que se repitieran los disturbios del fin de semana anterior, las fuerzas de seguridad de varias ciudades italianas se prepararon con un gran despliegue de efectivos.

 

En Milán, Turín y Bolonia se volvieron a producir tensiones. En Bolonia, la policía llegó a utilizar gas lacrimógeno y cañones de agua para impedir que los manifestantes llegaran a la estación central. En Milán se produjeron nuevos enfrentamientos, en los que la policía detuvo una marcha de manifestantes. Para ello se utilizaron porras. Por temor a los disturbios, muchas tiendas de lujo se habían atrancado y más de 1.400 agentes controlaban el territorio municipal, según informa el periódico italiano Corriere della Sera.

 

La semana anterior, las manifestaciones se habían centrado principalmente en el elevado coste de la vida. En esta ocasión, los temas de las protestas abarcaron un abanico más amplio. Por ejemplo, algunos colectivos se manifestaron en contra del rearme y en apoyo a Palestina.

 

España

 

Según la Prefectura de Madrid, 25 000 personas se manifestaron en la capital para defender el sistema público de pensiones. En Barcelona, según las informaciones, protestaron cientos de adolescentes y jóvenes. La policía detuvo a unos 100 manifestantes tras los disturbios. Aproximadamente una cuarta parte de los detenidos eran menores de edad, según informó el diario español El País.

 

El 29 de noviembre se celebrarán en España elecciones generales anticipadas. La protesta masiva vino precedida de una advertencia del Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez sobre una posible victoria electoral del Partido Popular (PP), de carácter conservador: Los conservadores querían eliminar la indexación de las pensiones a la inflación. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechazó esta acusación. Aseguró que revalorizaría las pensiones de acuerdo con la ley si su partido ganaba las elecciones parlamentarias del 29 de noviembre.

 

En la campaña electoral, el aumento del coste de la vida, incluidos los alquileres, en algunos casos elevados, es un tema central. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no consiguiera una mayoría suficiente en el Parlamento para su paquete de medidas contra la crisis de la vivienda en el país, disolvió el Parlamento y provocó así la convocatoria de nuevas elecciones. Esto vino precedido por protestas en todo el país a finales de septiembre y principios de octubre, que se desencadenaron a raíz del desahucio de la vivienda de Maricarmen Abascal, de 87 años. Se ha convocado una huelga general en todo el país para el 11 de noviembre, dos semanas antes de las elecciones parlamentarias, en defensa de una vivienda asequible.

 

Portugal

 

La policía portuguesa ha desalojado, en las primeras horas de la mañana, un campamento de protesta contra la crisis de la vivienda en el centro de Lisboa. Según la agencia de noticias Reuters, se han producido varias detenciones. Al parecer, ha habido heridos leves, aunque de momento no se disponía de cifras exactas. Los agentes de policía acudieron al lugar acompañados, entre otras cosas, de perros.

 

El trasfondo es la crisis de la vivienda en Portugal, una de las más graves de Europa. Los precios inmobiliarios se han más que duplicado desde 2017, y los alquileres de los nuevos contratos han subido casi en la misma proporción. Los jóvenes son los más afectados. Los manifestantes habían montado más de 100 tiendas de campaña tras una marcha de protesta en la que participaron miles de personas el sábado. El martes, la policía ya había desalojado un campamento similar en el mismo lugar.

 

"Tenemos el deber de luchar por aquello en lo que creemos", afirmó Vitor Gomes, un manifestante de 21 años. La especulación inmobiliaria, la concentración de la riqueza y la creciente desigualdad le hacían ver el futuro con pesimismo. Los manifestantes exigen al Gobierno que rechace un proyecto de ley destinado a facilitar los desahucios y que limite los alquileres en los nuevos contratos.

 

Bélgica

 

Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, han salido a las calles de Bruselas para manifestarse a favor de mejores condiciones y más fondos para el sistema educativo. La policía belga utilizó gas lacrimógeno y spray de pimienta en los enfrentamientos con los manifestantes, quienes acusaron a los agentes de emplear una violencia desproporcionada. Testigos presenciales declararon a la agencia de noticias Reuters que los manifestantes huyeron ante la llegada de las fuerzas de seguridad. Algunos cayeron al suelo y los agentes golpearon a uno de los manifestantes.

 

Según la información disponible, las protestas fueron considerablemente más reducidas y menos violentas que manifestaciones similares celebradas la semana pasada en Bélgica y en la vecina Francia.

Traducción del artículo original publicado el 24 de octubre de 2026 en el diario alemán Die Zeit.

En cuanto al derecho a la vivienda, que la izquierda elija de qué lado está

España, Berlín, Roma, Nueva York: la crisis de la vivienda ya no puede dejarse en manos de un mercado sin reglas.

"¿Debo dejarme intimidar por estas denuncias penales que carecen de fundamento jurídico (y mucho menos moral) o debo seguir, y de hecho con mayor energía, defendiendo como pueda a la gente pobre sin hogar y sin trabajo? (…) Un alcalde que, por miedo a los ricos y a los poderosos, abandona a los pobres (desahuciados, despedidos, desempleados, etc.) es como un pastor que, por miedo al lobo, abandona a su rebaño".

 

Giorgio La Pira, alcalde de Florencia, escribía así en 1953 en el "Giornale del Mattino" de Florencia, dirigido por Ettore Bernabei. Había expropiado inmuebles desocupados, amparándose en una norma de 1865, ante el aumento de los desahucios, y había sido denunciado. Era un católico ferviente, un democristiano de izquierdas que se preocupaba por "la gente". El derecho a la vivienda había sido reconocido explícitamente en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El artículo 2 de nuestra Constitución, relativo a los derechos inviolables del hombre, y el artículo 3, relativo a la eliminación de los obstáculos que limitan la libertad y la igualdad, tal y como ha aclarado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, consagran este derecho. Por otra parte, entre los años 50 y 70 del siglo pasado se llevó a cabo, gracias a la convergencia de las grandes fuerzas populares, un gran programa de vivienda pública. Amintore Fanfani, con el Plan INA-Casa, no era comunista. Era, al igual que La Pira, un democristiano que se preocupaba por los problemas sociales.

 

¿Y luego? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a un año 2026 en el que una habitación para un estudiante en Milán cuesta nada menos que 700 u 800 euros, y cincuenta metros cuadrados para una pareja joven en Roma cuestan 1.000 euros? Lo que ha pasado es que la ideología liberalista ha convertido este derecho (como otros) en una mercancía, dejándolo en manos de un mercado sin reglas que se ha tragado las ciudades. Lo peor es que las fuerzas que debían representar el trabajo y los derechos sociales (los herederos de La Pira y Fanfani, o de Pietro Nenni, o de Enrico Berlinguer) se han sumado a esta ideología. Durante décadas (como ha reconocido el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, que ha puesto en marcha políticas innovadoras en materia de vivienda) se ha renunciado a cualquier programa de construcción pública, dejando que el antiguo parque de viviendas sociales y municipales se degradara, y abandonando a la gran mayoría de la gente a su suerte en la jungla de los alquileres.

 

El problema, como se ve, afecta a toda Europa, y no solo a ella. El levantamiento juvenil y popular en España, tras el desahucio y posteriormente la muerte de Maricarmen Abascal, contra esta ideología y las políticas que ha generado, ha llegado incluso a provocar la caída del Gobierno y a llevar al país a unas elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre. La vivienda será el campo de batalla (junto con la inmigración) de esta contienda. Así ocurrió en Berlín, donde ganó las elecciones municipales Elif Eralp, de Die Linke, proponiendo una política radical en materia de vivienda (similar a la que aplicaba La Pira en Florencia en los años 50). Y así ocurrió en Nueva York, donde Zohran Mamdani construyó su coalición ganadora en torno a algunas grandes cuestiones sociales, y ante todo la vivienda.

 

La extraordinaria movilización del pasado verano en Roma, tras el desalojo de Spin Time llevado a cabo por el Gobierno mediante engaños, precedió a la movilización española. Se trata de movimientos sociales, de base, en los que debería fundamentarse una nueva política, no ideológica, sino concreta. Olvídate de las primarias. Hoy en día, el conflicto social se libra en las ciudades, entre el derecho a la vivienda y las grandes propiedades inmobiliarias. Una izquierda popular debe elegir de qué lado estar, para alcanzar un nuevo pacto social que, por fin, ponga freno al poder desmesurado de los promotores inmobiliarios.

Traducción del artículo original publicado el 19 de octubre de 2026 en el diario italiano L'Espresso.

La ola de protestas une ahora a la educación, la sanidad y la vivienda en España

El país está alborotado también ante las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre. Los estudiantes siguen en la calle y habrá una huelga general unitaria el día 11. La dimisión de Sánchez influye en las encuestas: los socialistas recortan distancias con la derecha. Pero la candidata Colau amenaza: “Estoy dispuesta a retirarme si no estamos unidos”. Algo se está moviendo: Podemos está cerrando acuerdos territoriales con el Frente Amplio en casi todas las comunidades autónomas.

"Una profesora también enseña manifestándose y luchando". Desde Maricarmen, la anciana desahuciada que falleció en el hospital y que se ha convertido en símbolo de las protestas por la vivienda, las manifestaciones en España ya no se detienen. Con una participación del 70%, según el sindicato, ayer comenzó en las calles de Madrid la primera jornada de protesta de la "marea verde" de docentes y estudiantes, que en pocas horas llegó al corazón de las protestas: el campamento por la vivienda que se encuentra en la plaza de la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre. Mientras tanto, otros cientos de estudiantes ocupaban la Universidad Complutense de Madrid, donde, en los enfrentamientos con la policía, resultaron heridos ocho manifestantes y cinco fueron detenidos. La "marea verde", que hoy ha vuelto a salir a la calle con una participación superior al 60%, continuará con la huelga indefinida convocada por los principales sindicatos españoles para exigir, entre otras medidas, la reducción de las horas lectivas presenciales, del número de alumnos por profesor, el aumento del personal especializado y de apoyo, el incremento de los salarios, así como la mejora de las instalaciones educativas.

Las reivindicaciones, más que al Gobierno central, van dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), quien ha deslegitimado la protesta acusando a los manifestantes de estar manipulados: "La izquierda (ha dicho Ayuso ante el Parlamento regional) cuando pierde las elecciones se vuelve violenta porque no acepta las reglas democráticas".

 

Pero la cuestión no afecta solo a Madrid, ni solo a los profesores, ni únicamente a los sindicatos de inquilinos. A finales de este mes, también se sumarán a las protestas los médicos y el personal sanitario, que inicialmente, tras el anuncio del dimitido Pedro Sánchez de convocar elecciones anticipadas, habían suspendido temporalmente la huelga. Pero que, de hecho, acompañarán la movilización en la gran huelga general unitaria prevista para el 11 de noviembre. A menos de 20 días de la fecha prevista para las elecciones del 29.

 

Según las encuestas, quien se beneficiaría de esta movilización sería la izquierda, cuyos votantes se estarían movilizando para acudir a las urnas, sobre todo después de que Sánchez (que ya había presentado su dimisión) lograra que la Comisión Permanente, que sustituye a las Cámaras, aprobara los dos decretos sobre la Vivienda que la derecha y los catalanes de Junts per Catalunya habían rechazado, lo que le llevó a convocar elecciones anticipadas.

 

La encuesta del CIS (Centro de Investigación Sociológica), que ayer situaba al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en alza respecto a las encuestas previas a la dimisión, con un 34% frente al 22% del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, es la que ofrece las primeras cifras (de las que Sánchez se beneficiaría tras esta enésima jugada de póquer). De hecho, esto da la vuelta a lo que se perfilaba como una derrota de los socialistas frente a la derecha, convirtiéndola en una victoria.

 

En realidad, los datos del CIS, según han declarado comentaristas y expertos a los medios de comunicación españoles, no se consideran fiables, ya que sobrerrepresentarían a los votantes del PSOE. A medio camino entre la conquista de España por parte de la extrema derecha y la remontada de Sánchez, se sitúan los datos de "Ateneo de Dato", que, según un cálculo alternativo basado en los datos del CIS, sitúan al PP y al PSOE en un empate técnico, pero con una ventaja del 0,3% para Sánchez (28,6 %) sobre Feijóo (28,3%).

 

Sin embargo, otra cuestión sería la gobernabilidad. Porque, mientras los socialistas estarían recuperando votos y la extrema derecha de Vox se situaría en torno al 17% (un punto menos que en las últimas encuestas, que situaban a la formación neofranquista de Santiago Abascal por encima del 18%), los que no logran despegar son los partidos a la izquierda de Sánchez, que se mantienen estancados en un 9% en un margen estimado de hasta el 12%. Se trata de un Frente Amplio que podría abarcar desde Podemos (fundado por Pablo Iglesias al final de la época de los indignados) hasta Sumar, de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pasando por Izquierda Unida y llegando hasta la Esquerra Republicana de Cataluña de Gabriel Rufián. Una paradoja, dado que el movimiento por la vivienda que, con la historia de Maricarmen, abrió las fisuras del terremoto político en España procedía precisamente de la época de los indignados.

 

Lo que perjudica a la izquierda son las divisiones internas y la incapacidad para cohesionar el Frente Amplio, al frente del cual se ha designado a Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y una de las políticas más activas en materia de vivienda en España. Sin embargo, en estas últimas horas parece que algo se está moviendo, en parte debido al ultimátum de Colau, dispuesta a retirar su candidatura en caso de que no haya unidad. De hecho, Podemos está ultimando acuerdos territoriales con el Frente Amplio en casi todas las comunidades autónomas, excepto en Madrid y Barcelona. "Parece difícil, pero es fácil unirse en torno a un proyecto común", reza el llamamiento de Colau. En sus palabras parece resonar el dilema de la izquierda italiana.

Traducción del artículo original publicado el 15 de octubre de 2026 en el diario italiano Il Fatto Quotidiano.

Miriam González Durántez funda un nuevo partido de centro en España

La esposa del exviceprimer ministro británico Nick Clegg promete una alternativa liberal al PP y a los socialistas antes de las elecciones anticipadas

Miriam González Durántez en la presentación de Democracia21. El nuevo partido promete una «limpieza política radical», que incluye una mayor transparencia política. Fotografía: Alejandro Martínez Vélez/Reuters

La abogada española Miriam González Durántez ha fundado un nuevo partido liberal y de centro, con el compromiso de sanear la política y ofrecer a los votantes una alternativa a los partidos socialistas y conservadores dominantes, mientras el país se prepara para las elecciones generales anticipadas del próximo mes.

 

González Durántez, exasesora de la UE y esposa del exviceprimer ministro británico Nick Clegg, afirma que su nuevo partido, Democracia21, ofrecerá un tipo de política moderna y transparente que "no se alimenta del miedo, los insultos ni la nostalgia".

 

El programa electoral de Democracia21 acusa tanto al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), actualmente en el poder, como al Partido Popular (PP), de derecha, de malgastar décadas de gobierno en aras de fines políticos a corto plazo.

 

"Mientras tanto: la vivienda se volvió inasequible, los jóvenes se marcharon, la burocracia creció como una religión y las disputas sustituyeron al gobierno", afirma. "La política de la vieja escuela convirtió cada problema en una narrativa, y cada solución en una amenaza electoral".

 

Teniendo en cuenta los escándalos de corrupción que acabaron por derrocar al último Gobierno del PP (y las acusaciones de corrupción que salpican al Gobierno y al círculo más cercano del presidente socialista, Pedro Sánchez), el nuevo partido promete "una limpieza política radical", que incluye una transparencia mucho mayor por parte de los partidos.

Nick Clegg (en el centro) y González Durántez en un acto de campaña celebrado en Sheffield en 2015. Fotografía: Jon Super/AP

González Durántez, que ha anunciado que Democracia21 se presentará en Madrid y Barcelona en las elecciones del 29 de noviembre, también se ha pronunciado sobre dos de los principales temas que preocupan a los votantes: la crisis de la vivienda y la inmigración.

El desahucio el mes pasado de una mujer de 87 años en Madrid desencadenó una oleada de manifestaciones por toda España, provocó la instalación de un campamento de protesta en el centro de la capital y llevó al Gobierno en minoría de Sánchez a proponer medidas de emergencia para intentar que el mercado del alquiler fuera más equitativo. Cuando dichas medidas fueron rechazadas por los partidos de derecha y de extrema derecha a principios de octubre, el presidente del Gobierno convocó elecciones generales anticipadas.

En su intervención durante la presentación de su partido el fin de semana, González Durántez acusó tanto al PSOE como al PP de ignorar la crisis de la vivienda.

"Unos llevan ocho años en el Gobierno y los otros controlan el 80% de los gobiernos autonómicos de España", afirmó. "Lo que ocurre aquí es que solo se acuerdan de la vivienda cuando se acercan las elecciones y toda la gente sale a la calle".

González Durántez propuso eliminar los impuestos sobre la vivienda para los menores de 35 años y argumentó que un joven que gane 1.300 € al mes no debería pagar más de 350€ al mes de alquiler.

También defendió las ventajas de una inmigración controlada y del lugar que ocupa España en el proyecto europeo, que calificó de "absolutamente existencial" para el país.

"La inmigración es un activo y una ventaja competitiva esencial para España en este momento", afirmó. "Tenemos que acabar con todo el discurso xenófobo, pero el Estado debe controlar la inmigración. Tenemos que decidir quién entra, cómo entra, cuándo entra y, si tiene que marcharse, también decidiremos cuándo se marcha. Nada de esto es contradictorio. Tenemos que hacer todo eso al tiempo que nos aseguramos de que Europa no caiga en las trampas de aquellas fuerzas políticas que no han venido a reformar Europa, sino a destruirla".

Democracia21 no es el primer partido de centro que ha intentado romper el tradicional duopolio entre socialistas y conservadores. El partido liberal Ciudadanos, fundado en 2006, pareció por un momento que iba a superar tanto al PSOE como al PP, pero su decisión de dar un giro hacia la derecha y su negativa a respaldar la moción de censura que expulsó a los conservadores del Gobierno en 2018 resultaron fatales. El apoyo a Ciudadanos se había mermado tanto para las últimas elecciones generales de julio de 2023 que decidió no participar en los comicios.

La decisión de Sánchez de convocar elecciones anticipadas es otra apuesta arriesgada del pragmático e impredecible presidente del Gobierno español. Las encuestas sugieren que el PP superará holgadamente al PSOE y se alzará con el primer puesto, pero es poco probable que consiga la mayoría absoluta, lo que le obligaría a contar con el apoyo de Vox para gobernar.

Sánchez, por su parte, esperará que la decisión del PP de aliarse con Vox y con el partido independentista catalán de derecha Junts para torpedear las propuestas en materia de vivienda movilice a los votantes de izquierda y moderados.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ya se enfrenta a un revés electoral después de que el Tribunal Supremo de España decidiera mantener la suspensión del derecho al voto de decenas de miles de electores residentes en el extranjero que se beneficiaron de una ley aprobada por su Gobierno en 2022, que ofrecía la ciudadanía española a los descendientes de los exiliados durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de Franco.

La medida ha enfurecido al PP y a Vox, que han acusado a Sánchez de intentar crear más votantes socialistas más allá de las fronteras de España. Aunque parece que la suspensión se mantendrá vigente para las elecciones, el tribunal ha señalado que su fallo no afectará a quienes puedan demostrar que sus padres o abuelos "sufrieron el exilio por razones políticas o ideológicas, o por motivos de creencia u orientación sexual".

El PSOE ha denunciado la presión política que subyace a la decisión como una afrenta a la democracia.

"Los nietos del régimen franquista podrán votar, pero no los de los exiliados, tal y como querían el PP y Vox", publicó en X la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró. "Su agenda fascista ha golpeado la piedra angular de la democracia: el derecho al voto. No dejaremos de denunciar esta atrocidad".

Traducción del artículo original publicado el 13 de octubre de 2026 en el diario británico The Guardian.

Un político experto en sobrevivir se arriesga a dar un paso al frente

Los decretos sobre vivienda de su coalición de izquierdas han fracasado, por lo que el jefe del Gobierno español convoca ahora elecciones anticipadas. Hay grandes dudas sobre si esto le servirá.

Cuando el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, se presenta el lunes por la mañana ante la sede del Gobierno en Madrid, ya se encuentra en modo de campaña electoral. Le bastan nueve minutos para presentar los últimos ocho años como una historia de éxito universal de su Gobierno. En un clima político extremadamente polarizado y en la lucha contra "tiranos, tecnoligarcas y genocidas", su Gobierno ha logrado convertir a España en un modelo mundial en materia de paz, feminismo y prosperidad, con los mejores resultados económicos y medioambientales que jamás haya obtenido un Gobierno democrático en España. El 29 de noviembre, en unas elecciones anticipadas, los españoles y españolas tendrían ahora la oportunidad de decidir si querían sumarse a la "ola de extrema derecha" o seguir siendo un baluarte de la apertura social y la justicia social. En resumen: si querían estar en el lado correcto de la historia.

 

Para un jefe de Gobierno que recientemente ha sido objeto de duras críticas, incluso a nivel internacional, por su errática gestión de la crisis en Ceuta y cuya actuación, según una encuesta, solo cuenta con el respaldo de apenas un 27 por ciento de la población, se trata de unas palabras que denotan mucha seguridad en sí mismo. ¿Se trata de arrogancia o de la hábil estrategia de un superviviente político que siempre ha sabido sacar partido de las crisis?

 

Desde hacía días se especulaba en España sobre la posibilidad de convocar elecciones anticipadas. El viernes, el Parlamento rechazó los decretos del Gobierno sobre vivienda. Para la coalición de izquierdas, esto supuso un duro revés: la falta de vivienda es, desde hace meses, una de las mayores preocupaciones de los españoles y las españolas.

 

Las imágenes de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad grave, a la que sacaban en camilla del piso en el que había vivido durante más de siete décadas, habían desatado una ola de indignación. Tras el cambio de propietario del edificio, el alquiler superó el importe de su pensión: Maricarmen se convirtió en un símbolo de la gentrificación en las grandes ciudades. Decenas de miles de personas salieron a la calle en todo el país en su nombre. En Madrid, Barcelona y Sevilla surgieron campamentos de protesta. Las escenas recordaban al movimiento de los Indignados de hace 15 años.

 

El Gobierno reaccionó y negoció con sus aliados en el Parlamento un paquete de medidas de compromiso: mediante decreto, se suspenderían los desahucios en casos de emergencia social hasta 2030, se prorrogarían dos años los contratos de alquiler que vencieran a finales de 2028 y se prohibiría a los fondos inmobiliarios la compra de edificios por menos del 70% de su valor. Los propietarios que redujeran el alquiler serían recompensados con desgravaciones fiscales. Sin embargo, las medidas fracasaron no solo por la oposición del Partido Popular (PP), de tendencia conservadora, y de Vox, de extrema derecha, sino también por el sorprendente "no" del partido burgués y separatista Junts, del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. El acuerdo, que se daba por seguro, se vino abajo. Y, de nuevo, decenas de miles de personas salieron a la calle durante el fin de semana.

 

Las encuestas sitúan al bloque de derechas a la cabeza

 

No es de extrañar que Sánchez intente ahora aprovechar este descontento en su beneficio. Tras unos últimos meses marcados por la crisis migratoria y las acusaciones de corrupción, la política de vivienda es el único tema en el que la coalición de izquierdas ha podido dar un impulso positivo (y en el que puede contar con un amplio apoyo). La protección de los inquilinos no es un tema exclusivamente de izquierdas: según una encuesta del instituto 40dB, más de la mitad de los votantes del PP y de Vox también están a favor de limitar los precios de los alquileres, aunque ello reduzca la rentabilidad. También en lo que respecta al aplazamiento de los desahucios en situaciones de emergencia, predomina el apoyo en ambos bandos. El malestar por el fracaso de los decretos supone una oportunidad para Sánchez.

 

Sin embargo, eso no garantiza el éxito. Y es que Pedro Sánchez tiene un problema de credibilidad, ya que, al fin y al cabo, lleva ocho años gobernando el país. Su Gobierno ha declarado en repetidas ocasiones que la crisis de la vivienda es su máxima prioridad. Ya en 2023, la coalición de izquierdas reformó la ley de alquileres y permitió la aplicación de un freno a los alquileres en zonas con un mercado inmobiliario especialmente tenso. Estas medidas se aplican sobre todo en el País Vasco y en Cataluña. Grandes ciudades como Madrid, Sevilla y Málaga quedan al margen. En abril de 2026, el Gobierno aprobó un plan de vivienda de siete mil millones de euros para aumentar la oferta de viviendas públicas. Sin embargo, el programa de construcción avanza con lentitud.

 

El hecho de que medidas como el freno al alquiler no surtan efecto en muchos lugares, porque son boicoteadas por las comunidades autónomas (responsables de la política de vivienda y gobernadas en su mayoría por partidos conservadores), no tiene importancia para muchos votantes. Quien, cada vez que vence su contrato de alquiler, tiene que vivir con el temor de no poder hacer frente económicamente a la próxima subida, se preocupa poco por el reparto de competencias entre el Estado central y las regiones. A esto se suman el malestar por los escándalos de corrupción en el partido de Sánchez y la crisis de Ceuta, que sigue latente. Miles de migrantes siguen aguantando en el enclave español. El margen de maniobra del jefe de Gobierno es escaso: todas las encuestas sitúan a la cabeza al bloque de la derecha, formado por conservadores y extremistas de derecha.

 

"La lucha por la vivienda se decide en la calle"

 

Pero Pedro Sánchez es un experto en la economía de la atención. Con giros inesperados, siempre ha logrado desviar el interés público a su favor. Cuando en 2024 se iniciaron las investigaciones preliminares contra su esposa, Begoña Gómez, escribió una carta muy emotiva a la ciudadanía y se retiró para tomarse cinco días de reflexión. El país debatía sobre el estado de la justicia y el futuro de su jefe de Gobierno. Cuando, al año siguiente, se investigó por corrupción a personas de su más estrecha confianza dentro de la dirección del partido, Sánchez se erigió en antitrumpista y rechazó el objetivo del 5% de la OTAN. La política internacional acaparó los titulares españoles.

 

Si por Sánchez fuera, la política de vivienda desplazaría ahora a la crisis de Ceuta de la campaña electoral. El hecho de que el bloque de derecha apenas tenga propuestas propias, salvo más suelo para la construcción y menos regulación, le ha resultado ventajoso. Ya ha encontrado el instrumento adecuado: uno de los decretos sobre vivienda que fracasó el viernes entrará finalmente en vigor, gracias a una artimaña. Es cierto que, tras el anuncio de las elecciones, el Parlamento ha quedado disuelto, pero la Diputación Permanente, una especie de comisión permanente, sigue siendo capaz de funcionar y votar. Allí, los partidos que votaron a favor el pasado viernes cuentan con mayoría.

 

Se trata de un regalo anticipado de campaña electoral y de un intento de ganarse el apoyo de los jóvenes (en su mayoría) que han montado sus tiendas de campaña en los campamentos de protesta. Sin embargo, el movimiento liderado por la asociación "Sindicato de Inquilinas" no se deja llevar por esa lógica electoral y convoca una huelga general. "La lucha por la vivienda se decide en la calle", afirmó la portavoz de la asociación, Alicia del Río, en el campamento de protesta de la Puerta del Sol de Madrid.

Traducción del artículo original publicado el 5 de octubre de 2026 en el diario alemán Die Zeit.