¿Es posible que todos los países alcancen algún día una renta nacional del orden de 5.000 euros mensuales por habitante, un nivel cercano al que se observa actualmente en los países más ricos, al tiempo que se preserva un planeta habitable? Desde la publicación del Informe sobre Justicia Global por parte del Laboratorio sobre Desigualdades Globales, se han celebrado múltiples debates que han permitido precisar los términos de la discusión. En resumen, la acogida ha sido muy positiva en los países del Sur, por ejemplo en la India, pero en ocasiones más crítica en el Norte, sobre todo en los medios de comunicación cercanos a los círculos empresariales. No es de extrañar: el nuevo modelo de desarrollo permite una prosperidad sostenible para todos, pero inevitablemente habrá perdedores entre los más ricos y los que más contaminan del mundo actual.
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| La nigeriana Lagos, la urbe más poblada de África con alrededor de 24’5 millones de habitantes |
Para avanzar, habrá que convencer a las clases populares y medias del Norte y del Sur de que el statu quo es insostenible y conduce a un infierno climático, social y migratorio. Tras un verano marcado por fenómenos extremos y destrucción, quizá las conciencias empiecen a evolucionar, pero la batalla intelectual y política será dura. Para salir de las contradicciones actuales, hay que replantearse la prosperidad respetando los límites planetarios, al tiempo que se pone en marcha un verdadero programa de acción a escala local, nacional y mundial. |
Primer punto: hay que tomar conciencia de la inmensidad de las necesidades de inversión en energías renovables a escala mundial. Si los países del Sur se enriquecen consumiendo tanta energía fósil como se ha hecho en el Norte, el planeta se quemará.
Segundo punto: aunque se lleve a cabo a muy gran escala, la transformación de los sistemas energéticos no será suficiente. Limitar el calentamiento a menos de 2 grados exige sobriedad, definida como una transformación estructural de la economía destinada a reducir su huella material.
Esto pasa por continuar con la reducción histórica de la jornada laboral, un cambio en los hábitos alimenticios que permita una reforestación a gran escala y una fuerte disminución del peso de los sectores materiales en la economía. Nadie necesita, para ser feliz, pasar el tiempo renovando su ropa desechable o su smartphone de última generación.
La educación, la salud y la cultura aportan un bienestar a la vez más real y más sostenible: tres veces menos insumos materiales y emisiones de carbono por euro de PIB que la industria, la construcción o la agricultura intensiva. Y, contrariamente a una creencia muy extendida, la desmaterialización de la economía no se producirá por sí sola: expresada en volumen, la cuota de los sectores materiales en el PIB mundial se ha mantenido estable en el 53% entre 1970 y 2025. Al igual que las energías, los volúmenes de bienes materiales se amontonan y se acumulan, sin sustituirse unos a otros.
Para cambiar de rumbo y llevar a cabo las transformaciones necesarias (energía, educación, salud), los recursos que hay que movilizar son considerables: alrededor del 10% del PIB mundial al año hasta 2050. Será necesario que los más ricos contribuyan y reducir drásticamente las desigualdades, con una escala de ingresos que podría oscilar entre 1 y 5 dentro de cada país (por ejemplo, de 2.000 a 10.000 euros mensuales, con una renta media de 5.000 euros al mes por habitante), y una escala de patrimonio que vaya del 1 al 10 (de 100.000 euros a 1 millón, con una media de 200.000 euros por habitante). La experiencia histórica demuestra que estas diferencias podrían reducirse aún más gracias a la movilización sindical y ciudadana, lo que permitiría aumentar la participación de todas y todos.
Lo esencial es que dicha transformación debe ir de la mano de la democracia económica, la autogestión, la igualdad política y territorial y la desmercantilización. En particular, los 5.000 euros mensuales por habitante no deben considerarse como una renta puramente monetaria. También incluyen el valor de los servicios no comerciales accesibles para todos, de forma gratuita o a bajo coste: educación, sanidad, cultura, transporte y, quizás en el futuro, la alimentación procedente de la producción local y sostenible, tal y como proponen numerosas asociaciones y colectividades reunidas en torno a la idea de la seguridad alimentaria social.
Sin duda, este es el punto más importante: cada país puede avanzar desde ya en esta dirección, tanto a escala local como nacional, sin esperar a que haya unanimidad entre los países. Por ejemplo, Francia podría decidir, a partir de 2027, la creación de un fondo soberano que permita reorientar la inversión y poner en marcha un amplio plan de desarrollo de los servicios públicos, todo ello financiado mediante un impuesto de solidaridad nacional que grave a los más ricos (a semejanza del impuesto de solidaridad nacional de 1945).
Al forjar coaliciones más amplias con países del Norte y del Sur, los recursos movilizados podrían ser aún mayores y permitir financiar la descarbonización y el desarrollo a escala mundial, al tiempo que se incrementan los recursos disponibles a escala local y nacional. En los últimos años se han formulado numerosas propuestas concretas en favor de la justicia social y climática, en particular procedentes de Brasil y Sudáfrica. La iniciativa de Bridgetown, respaldada entre otros por la Comunidad del Caribe y la Unión Africana, se basa también en propuestas de reforma del sistema monetario internacional para financiar el desarrollo.
Los países ricos deben comprender que estas propuestas no se oponen a sus propias iniciativas, sino que, por el contrario, pueden servir para complementarlas y avanzar juntos más allá. Una cosa es segura: nada se podrá lograr si no se sitúa por fin la cuestión de las desigualdades y las clases sociales en el centro de las políticas climáticas y del nuevo modelo de desarrollo.
Traducción del artículo original publicado el 15 de septiembre de 2026 en el blog oficial de Thomas Piketty.
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