El recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en torno al abastecimiento de materias primas y la competencia china están llevando a numerosos Estados a intentar recuperar el control de empresas consideradas esenciales para su soberanía.
Desde hace algunos años, se observan intervenciones de los Estados para acudir en ayuda de sectores en dificultades, en particular aquellos que, en Europa, sufren de lleno la competencia china. En febrero de 2024, Italia puso bajo tutela la planta siderúrgica de Tarento del grupo ArcelorMittal, amenazada de cierre, en nombre del "interés estratégico nacional". En Francia, los diputados de La Francia insumisa defienden un proyecto de ley para transferir al sector público la filial francesa de ArcelorMittal, aprobado en junio en la Asamblea Nacional tras haber sido rechazado en el Senado en febrero, con el objetivo de proteger la "soberanía industrial de Francia", salvar puestos de trabajo e invertir en la descarbonización.
Esta tendencia no se limita al sector siderúrgico. En el Reino Unido, Andy Burnham abogó, en un discurso pronunciado el 29 de junio, por que el Estado "recupere el control de servicios esenciales como el agua, la vivienda, la energía y el transporte", y defiende la nacionalización de Thames Water, el mayor distribuidor de agua del país, que atraviesa dificultades financieras. En Bélgica, el Gobierno reveló en abril su intención de volver a incorporar a su ámbito de control las centrales nucleares de Engie, mientras que en Francia, EDF fue renacionalizada en 2023.
En la revista F & D del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nicholas Mulder, autor de "The Age of Confiscation" ("La era de la confiscación", Allen Lane, 2026, sin traducir), constata que "los Estados están tomando el control de empresas privadas y recursos a un ritmo que no se había registrado en los últimos cincuenta años". Este profesor de Historia de la Universidad de Cornell (Estados Unidos) cuantifica estas adquisiciones de control entre 207.000 y 472.000 millones de euros durante la última década.
Hasta en la India
Incluso en Estados Unidos, el Partido Republicano ha dado la espalda al liberalismo de la época de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989. Donald Trump explicó, a principios de junio, que no descartaba que el Gobierno estadounidense adquiriera participaciones en el capital de empresas de inteligencia artificial (IA). "Sería, en cierto modo, una asociación con el pueblo estadounidense", declaró, y añadió que este, "al beneficiarse del éxito de la IA, la apreciaría más".
OpenAI estaría dispuesta a ceder un 5% de su capital al Gobierno estadounidense, según el diario británico Financial Times, que ofrece la siguiente explicación: "Vender una participación al Estado permitiría mantener buenas relaciones con él, y compartir la riqueza generada por la inteligencia artificial con la población permitiría calmar ciertas críticas". En Estados Unidos, se acusa a los gigantes de la IA de destruir puestos de trabajo y de construir centros de datos que consumen enormes cantidades de agua y electricidad.
Estas nacionalizaciones tienen eco incluso en la India, que había iniciado un proceso de liberalización en 1991 tras décadas de una economía gestionada en gran medida por el Estado. En el diario económico Mint, el columnista Rajrishi Singhal señala que "la gestión de los servicios públicos por parte del sector privado parece haber fracasado, y la opinión pública se muestra ahora ampliamente a favor de que los Estados recuperen el control de los mismos".
De hecho, si bien la gestión de sectores enteros de la economía por parte de la administración ha sido durante mucho tiempo sinónimo de sobornos y trabas burocráticas, la India ha descubierto, cuatro décadas más tarde, que el sector privado, por sí solo, no garantiza la transparencia ni la eficacia, con casos de manipulación de las cotizaciones bursátiles que sacuden regularmente sus mercados financieros. Y aunque el Estado indio ya no controla la economía, favorece a determinadas empresas, como lo demuestra el ascenso de Gautam Adani, cuyo imperio no ha dejado de expandirse gracias a las concesiones otorgadas por el Gobierno desde la llegada al poder de Narendra Modi en 2014.
Cuarta ola
El mundo atraviesa, por tanto, su cuarta ola de nacionalizaciones en un siglo, según analiza Nicholas Mulder. La primera se remonta a la Gran Depresión, en la década de 1930, con la toma de conciencia de que el libre mercado no puede autorregularse y que requiere la intervención del Estado. Contribuyó entonces a una "reducción de las inversiones y del comercio en el mundo" y es, según el historiador, el "síntoma de una desintegración económica y financiera a nivel mundial".
La segunda oleada tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial: las nacionalizaciones se pusieron al servicio de la planificación económica, primero para organizar el esfuerzo bélico y, después, para reconstruir Europa. La tercera oleada fue desencadenada por la subida de los precios de las materias primas y la crisis del petróleo de 1973. Para aprovechar esta bonanza, los países productores de hidrocarburos pusieron en marcha una oleada de expropiaciones y nacionalizaciones. Entre 1971 y 1980, se nacionalizaron en los países en desarrollo 26.000 millones de dólares en activos propiedad de empresas extranjeras, lo que representaba el 11% de su stock de inversión extranjera directa.
A finales de la década de 1980, las recomendaciones conocidas como "el consenso de Washington", acordadas entre Estados Unidos y las grandes instituciones internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, reactivaron las privatizaciones con el objetivo de reducir la deuda pública y promover la liberalización.
Siguiendo esta tendencia, Francia privatizó el BNP en 1993, así como la aseguradora UAP y el gigante petrolero Elf Aquitaine en 1994. "Este credo liberal se puso en tela de juicio por primera vez durante la crisis financiera de 2008-2009, cuando se rescató a las empresas de la quiebra gracias al dinero público", afirma Ha-Joon Chang, economista de la Universidad SOAS de Londres (especializada en el estudio de África, Asia y Oriente Medio). Empresas emblemáticas estadounidenses como General Motors o Bank of America fueron entonces nacionalizadas temporalmente. "Este credo se vio posteriormente sacudido durante la pandemia de la COVID-19, cuando los países tomaron conciencia de que dependían de cadenas de suministro globalizadas demasiado frágiles".
Instrumentos de soberanía
La actual ola de nacionalizaciones es fruto de "la inestabilidad geopolítica, las perturbaciones en los mercados de materias primas y el desarrollo de las energías renovables", añade el historiador Nicholas Mulder. En un mundo en el que las economías se ven atrapadas por las rivalidades (como demuestra el uso que hace Pekín de las restricciones a las exportaciones de tierras raras para presionar a sus rivales), los Estados intentan recuperar el control de activos indispensables para su "seguridad nacional".
"Si el argumento geopolítico se utiliza cada vez más en Occidente para justificar las nacionalizaciones, es porque este se siente amenazado por el auge de China", señala Ha-Joon Chang. Este auge de China está estrechamente relacionado con el uso masivo de subvenciones públicas, en forma de préstamos bancarios a tipos de interés preferenciales, desgravaciones fiscales o cesión de terrenos.
Tras décadas de liberalización, las empresas vuelven a convertirse en instrumentos de soberanía y palancas de poder al servicio de los Estados. En el verano de 2025, el Gobierno estadounidense anunció que había adquirido una participación del 10% en Intel, un fabricante de chips electrónicos, y del 15% del capital de MP Materials, el gigante de las tierras raras. El acuerdo prevé inversiones de varios miles de millones de dólares en la empresa minera, la compra de su producción a un precio mínimo garantizado y la construcción de una fábrica de imanes en Estados Unidos, utilizados en misiles, radares, aerogeneradores o incluso coches eléctricos.
En las fases iniciales de las cadenas de valor, algunos países productores de minerales estratégicos también intentan recuperar el control de sus recursos, con la esperanza de reforzar su soberanía (especialmente frente a China, que ha ampliado su influencia sobre numerosas explotaciones para garantizar su abastecimiento). Pero también para convertirlos en palancas de desarrollo e influencia.
Así, en 2025, Mali recuperó el control de dos minas de oro, Yatela y Morila, y en 2026, Mozambique aprobó una ley que establece una participación mínima del 15% del Estado en todos los proyectos mineros, lo que también debe limitar la exportación de minerales en bruto o semitransformados. "A juzgar por las anteriores oleadas de nacionalizaciones del siglo XX, este movimiento va a transformar el panorama económico mundial", predice Nicholas Mulder.
Traducción del artículo original publicado el 8 de agosto de 2026 en el diario francés Le Monde.
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