Un referéndum por un nuevo modelo de desarrollo

Francia se dispone a tomar decisiones políticas decisivas durante el próximo año. Por un lado, se encuentra una derecha nacionalista en auge, cada vez más alineada con los intereses empresariales, que aspira a hacerse con el poder estigmatizando la inmigración y a los extranjeros. Entre sus artimañas: referéndums contra la inmigración que prometen "devolver la voz al pueblo". Ante esto, la izquierda vacila, duda, está dividida y titubea. Para aclarar su propia postura y unir sus filas, la izquierda debe proponer un referéndum para aprobar un impuesto de solidaridad nacional dirigido a multimillonarios y centimillonarios. Dada la situación actual del debate y lo que está en juego, esta es la mejor manera de resolver la cuestión. La derecha quiere dar al pueblo más control sobre las cuestiones de identidad e inmigración. La izquierda debería hacer lo mismo, pero centrándose en la solidaridad y la justicia. Al hacerlo, demostraría que la retórica antiinmigrante de Agrupación Nacional es una cortina de humo destinada a desviar la ira social y proteger a los ricos.

Desde la izquierda, el presidente de Chega!, André Ventura; el líder del Partido por la Libertad, Geert Wilders; la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen; el líder de Vox, Santiago Abascal; el entonces primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el líder de Liga, Matteo Salvini, en la cumbre de Patriots, en Madrid en febrero de 2025. Ricardo Rubio (Europa Press)

Una propuesta de este tipo aclararía las opciones en juego y situaría la cuestión democrática en el centro de las elecciones presidenciales. En Francia no se ha celebrado ningún referéndum desde 2005 (algo inédito desde 1945). El movimiento de los Chalecos Amarillos debería haber sido una oportunidad para organizar un auténtico referéndum ciudadano. No se hizo nada. Ha llegado el momento de volver a confiar en los ciudadanos y darles voz en un tema que ha sido fundamental para Francia desde la Revolución de 1789: la igualdad y el fin de los privilegios.

 

Este cuerpo legislativo, sometido a referéndum, podría inspirarse en el impuesto de solidaridad nacional (ISN) establecido por la ordenanza del 15 de agosto de 1945. El ISN tenía dos componentes principales: un impuesto sobre las mayores fortunas en 1945, con tipos que alcanzaban el 20% para los más ricos; y un gravamen excepcional sobre el aumento de la riqueza entre 1938 y 1945, con tipos que llegaban al 100% para las ganancias más sustanciales.

 

La versión de 2027 del ISN, que la izquierda podría proponer para su aprobación mediante referéndum, también podría constar de dos componentes: en primer lugar, un impuesto único del 50% sobre las ganancias que superen los 100 millones de euros entre 2017 y 2027; y, en segundo lugar, un impuesto anual permanente del 5% sobre los activos superiores a 100 millones de euros y del 10% sobre los que superen los 1.000 millones de euros. Los ingresos previstos rondarían los 800.000 millones de euros (400.000 millones procedentes del componente excepcional y 400.000 millones a lo largo de diez años procedentes del impuesto permanente), lo que equivale aproximadamente al 30% del PIB.

 

Esta cifra sigue siendo modesta en comparación con el "Lastenausgleich" alemán de 1952, un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas cuyos ingresos ascendieron al 60% del PIB alemán de la época, cuando la riqueza privada era mucho menos significativa que en la Francia actual (el 250% del PIB entonces, frente a más del 500% en la actualidad). Para evitar la evasión fiscal, el ISN se pagaría en proporción al número de años de residencia en Francia, por lo que el exilio fiscal supondría un coste muy reducido para el Estado (un contribuyente que abandonara Francia tras 60 años seguiría pagando 60/61 del impuesto de un residente durante el primer año, 60/62 durante el segundo, y así sucesivamente).

 

Estos 800.000 millones de euros serían aportados por multimillonarios y centimillonarios en forma de acciones y participaciones, y se destinarían a un fondo soberano, lo que permitiría a las autoridades públicas reorientar la inversión de acuerdo con las prioridades estratégicas del país, en particular en materia de energía. A partir de estos nuevos activos, Francia podría emitir un bono excepcional de 400.000 millones de euros para financiar un ambicioso plan de inversión y contratación en los ámbitos de la educación, la investigación y la sanidad.

 

Este referéndum daría paso a un nuevo contrato social, un modelo de desarrollo diferente y más soberano; un modelo más justo y sostenible (véase el Informe sobre Justicia Global: Un plan para la igualdad y la prosperidad dentro de los límites planetarios). Contrastaría claramente con el modelo defendido por los multimillonarios y los tecnonacionalistas, cuya única agenda consiste en llenar el mundo de centros de datos y acumular una riqueza cada vez mayor, sin tener en cuenta las preocupaciones sociales ni medioambientales.

 

Habrá quien argumente que un impuesto de solidaridad nacional de este tipo sería legalmente imposible o inconstitucional. Este argumento carece de fundamento histórico, ya que en 1945 se aplicó un impuesto similar en Francia, así como en muchos otros países europeos y en Japón. Estos países implantaron dichos impuestos para hacer frente a los retos de la posguerra, un período marcado por una elevada deuda y unas importantes necesidades de inversión pública. Esta situación es similar a la que vivimos hoy en día. Ninguna modificación constitucional desde entonces ha prohibido o limitado la tributación progresiva del patrimonio. Además, el artículo 11 de la Constitución francesa permite al presidente someter a referéndum cualquier proyecto de ley relativo a "la política económica o social de la nación" (sin necesidad de aprobación parlamentaria previa). El artículo 34 especifica que la fijación de los tipos y las bases impositivas de todo tipo es competencia exclusiva de la ley, y de nadie más. Si un presidente electo sometiera a referéndum una propuesta de este tipo en virtud del artículo 11 al asumir el cargo, sería imposible oponerse a ella por motivos democráticos.

 

Por supuesto, se puede oponerse al ISN por motivos políticos, argumentando que las enormes desigualdades de riqueza actuales son esenciales para hacer frente a los retos futuros o que dicho impuesto es deseable en principio, pero fácil de eludir en la práctica. Estos argumentos no resultan convincentes a la luz de los datos históricos, pero el debate en sí mismo es legítimo. Lo que es seguro es que debemos dejar de escondernos tras argumentos pseudojurídicos y aceptar que este debate pertenece al ámbito político, histórico, social y económico. Este es el debate democrático al que tienen derecho los votantes.

Traducción del artículo original publicado el 23 de junio de 2026 en el blog oficial de Thomas Piketty.