Miles de personas salen a la calle después de que Maricarmen Abascal se viera obligada a abandonar el piso de Madrid en el que había vivido durante siete décadas.
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| Un grupo de jóvenes ha montado un campamento de protesta en el centro de Madrid para manifestarse contra la crisis de la vivienda © Susana Vera/Reuters |
El desahucio de una mujer de 87 años ha desatado una indignación generalizada por la crisis de la vivienda en España, lo que ha llevado a miles de manifestantes a salir a las calles y ha aumentado la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que tome medidas.
El aumento vertiginoso de los precios de la vivienda y de los alquileres está avivando el descontento en toda Europa, pero el desahucio esta semana de Maricarmen Abascal (que se vio obligada a abandonar el piso de Madrid en el que había vivido durante 71 años) ha dado un nuevo impulso al tema.
Sánchez afirmó el domingo que su Gobierno minoritario de izquierdas estaba "trabajando contrarreloj" para presentar una nueva legislación en materia de vivienda antes de la reunión del Consejo de Ministros del martes.
Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en Madrid en apoyo a Maricarmen, y un grupo de activistas más comprometidos montó un campamento de protesta durante la noche en una plaza céntrica. Muchos de ellos eran jóvenes que se consideran a sí mismos las principales víctimas de la crisis.
La oposición conservadora ha criticado a Sánchez por no haber hecho más en materia de vivienda durante sus ocho años en el poder, un periodo en el que el crecimiento de la demanda ha superado con creces a la oferta debido a una política de inmigración de puertas abiertas y a las trabas burocráticas en el sector de la construcción.
El Gobierno socialista de Sánchez replica que en 2023 aprobó una ley de vivienda de amplio alcance que incluía nuevos controles sobre los alquileres, pero se queja de que los gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular (PP) no han aplicado las medidas destinadas a ayudar a los inquilinos.
El padre de Abascal alquiló su piso por primera vez en 1956. El contrato de alquiler pasó a su nombre tras el fallecimiento de sus padres y, debido a un límite máximo de alquiler que se remontaba a aquella época, ella pagaba unos 500€ al mes.
Sin embargo, cuando una pequeña empresa española llamada Urbagestión compró el piso en 2018, intentó subir el alquiler a un nivel que Abascal no podía permitirse con su pensión estatal.
El Sindicato de Inquilinas, una organización de inquilinos, ha afirmado que Urbagestión pidió inicialmente unos 2.650 € al mes y luego rebajó su petición a 1.650 €. Urbagestión ha rebatido esas cifras y ha rechazado que se la califique de "fondo buitre", pero no ha negado su intención de desalojar a Abascal.
La batalla legal en torno a este caso se ha prolongado durante años, y los tribunales han bloqueado tres intentos anteriores de desalojar a Maricarmen. Tras una orden judicial, la octogenaria, que tiene una discapacidad, fue finalmente obligada a abandonar el edificio en silla de ruedas el miércoles.
En los últimos cinco años, los alquileres en la capital española se han disparado un 61%, según la web inmobiliaria Idealista.
El objetivo de Sánchez de proponer nueva legislación en el Consejo de Ministros del martes ha suscitado expectativas de nuevas medidas contra los desahucios. Sin embargo, el presidente del Gobierno ha tenido dificultades constantes para sacar adelante leyes importantes en el Parlamento y no ha conseguido aprobar un presupuesto desde que fue reelegido en 2023.
Dado que su única vía para alcanzar la mayoría parlamentaria pasa por conseguir el apoyo de antiguos aliados ahora divididos, les suplicó el domingo que "hicieran un último esfuerzo", y añadió: "Es una cuestión de humanidad".
El Sindicato de Inquilinas afirmó que no se daría por satisfecho a menos que los legisladores aprobaran una ley para crear contratos de alquiler "indefinidos". "Mientras un arrendador pueda decidir que alguien tiene que abandonar su vivienda simplemente porque ha vencido su contrato de alquiler, podría haber otra Maricarmen", señaló.
Una portavoz del Sindicato de Inquilinas señaló que la culpa del desahucio de Abascal recae tanto en el Gobierno nacional de Sánchez como en el Gobierno regional liberal de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, del PP, defensora del libre mercado. En España, los gobiernos regionales suelen tener más competencias en materia de vivienda que el Gobierno central.
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| Esther Villardón, traductora de libros de 38 años: "Quiero que (el Gobierno) se tome en serio la vivienda" © Carmen Muela/FT |
Esther Villardón, traductora y editora de libros de 38 años, montó una tienda de campaña en el campamento de protesta situado en la céntrica Puerta del Sol de Madrid tras haber cancelado un viaje a Berlín el domingo para mostrar su apoyo a Maricarmen.
"Quiero que (el Gobierno) se tome en serio la vivienda", afirmó. "Creo que llevan ocho años prometiendo algo y nunca llega. Luego se pasan todo el tiempo echándose la culpa unos a otros (el PP y los socialistas), pero nadie hace nada nunca", añadió
"Sé que la culpa recae tanto a nivel autonómico como nacional. Por eso quiero que nos tomen en serio de una vez por todas".
Entre 2021 y 2025, España construyó 750.000 viviendas menos de las que necesitaba su población, lo que equivale al 3,7% de todos los hogares del país el año pasado, según un estudio del Banco de España.
Traducción del artículo original publicado el 27 de septiembre de 2026 en el diario británico Financial Times.
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