Proteger a los niños de los oligarcas tecnológicos es un deber legal y moral, y otros gobiernos deberían seguir el ejemplo de España
En 1910, el fotógrafo Lewis Hine se infiltró en una fábrica de algodón de Vermont y fotografió a una niña frente a una máquina de hilar. Como pie de foto, escribió las palabras “pequeña hilandera anémica”. La niña tenía 12 años y trabajaba jornadas de 12 horas por un salario tan bajo que apenas le alcanzaba para comer.
Ser niño en aquella época era duro. Las enfermedades y la desnutrición se veían agravadas por las terribles condiciones de trabajo en los campos, las minas y las fábricas. En el siglo XIX, algunos líderes progresistas intentaron regular esta situación, pero los industriales presionaron en contra, argumentando que las pruebas de los daños no eran concluyentes, que la aplicación de la ley sería imperfecta y que las familias necesitaban los ingresos. Algunos incluso afirmaron que prohibir el trabajo infantil infringía los derechos fundamentales de los niños, ya que el Estado no podía negarles la libertad de trabajar.
La historia no ha sido benévola con esos argumentos. Hoy en día, los derechos de los niños se aceptan como un pilar fundamental de nuestras democracias. Protegerse no es opcional. Es un deber legal y moral. Y, sin embargo, cuando mi Gobierno anunció nuestra intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y de procesar a los multimillonarios del sector tecnológico que no cumplieran con la normativa, resurgieron esos mismos argumentos erróneos.
Hay quien podría argumentar que el daño que sufrían los niños en las fábricas no tiene nada que ver con el daño que sufren en el espacio digital. Pero se equivocan. Cada vez hay más estudios que demuestran que casi dos de cada cinco adolescentes pasan demasiado tiempo en las redes sociales y que cada hora aumenta en un 13% el riesgo de que padezcan depresión. Las investigaciones también sugieren que la mayoría de los niños han visto contenido sexual no solicitado en Internet; solo en X se publicaron más de 3 millones de desnudos falsos en los primeros 11 días tras el lanzamiento de Grok.
Las empresas de redes sociales eran conscientes de estos daños. Innumerables informes internos, sacados a la luz a través de diversos procedimientos legales, muestran no solo el conocimiento del daño, sino también un grado de complicidad.
Hasta ahora, los gobiernos han tenido dificultades para regular el espacio de las redes sociales, lo que ha permitido que se convierta en un "salvaje oeste" donde las leyes apenas se aplican y los delitos rara vez se persiguen. Pero ya no podemos permitirnos fracasar porque están en juego la salud, la seguridad y la dignidad de nuestros hijos. Todas nuestras regulaciones nacionales e internacionales funcionan bajo el mismo principio: ningún producto puede salir al mercado sin haber sido sometido a pruebas exhaustivas. Ningún medicamento llega a los pacientes sin ensayos clínicos. Ningún coche sale de fábrica sin las características de seguridad obligatorias. En la industria del juguete, basta con que se demuestre un solo riesgo de asfixia para retirar toda una línea de productos de las estanterías. En cambio, en lo que respecta a las redes sociales, hemos normalizado algo que nunca toleraríamos en ningún otro ámbito: Niños que crecen en un entorno en el que los daños no son meras especulaciones, sino hechos documentados.
Esto debe acabar ya. Debemos prohibir las redes sociales para los niños, una medida que cuenta con el apoyo de más del 70% de los adultos del Reino Unido y de los cinco países más grandes de la UE. España no está sola en esto. Esta semana, junto con Francia y otros 12 países, estamos impulsando una iniciativa coordinada a nivel de la UE. En España, hemos dado el paso definitivo para someter a votación una ley de protección de la infancia que incluirá esta prohibición, junto con medidas más amplias. Debemos obligar a empresas como X, Instagram y TikTok a eliminar de sus algoritmos todos los elementos que fomentan la adicción, la ansiedad y el odio. Y debemos garantizar que quienes no cumplan con la ley rindan cuentas ante la justicia.
Mi Gobierno es plenamente consciente de las complejidades que conlleva una prohibición de este tipo. No será fácil hacerla cumplir y habrá intentos de eludirla. Pero ninguno de estos retos supera nuestra responsabilidad de proteger a los niños y de demostrar a nuestros ciudadanos que los tecnoligarcas como Elon Musk o Mark Zuckerberg no están por encima de la ley ni del interés público. Por muy ricos y poderosos que sean estos multimillonarios, no son ellos quienes tienen el control. Son las democracias.
Traducción del artículo original publicado el 17 de abril de 2026 por Pedro Sánchez en el diario británico Financial Times

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