El dinero manda

La cruda realidad es que casi toda la clase política se alinea con los ultra ricos en contra del resto.

Mark Zuckerberg, Lauren Sánchez Bezos, Jeff Bezos, Sundar Pichai y Elon Musk asisten a la toma de posesión de Donald Trump, Washington, 20 de enero de 2025. Fotografía: Getty Images

Hay un problema político del que se derivan todos los demás. Es la causa principal de Donald Trump, de Nigel Farage, de la impactante debilidad de sus oponentes, de la polarización que divide a las sociedades, de la devastación del mundo viviente. Se resume de forma sencilla: la riqueza extrema de un pequeño número de personas.

También se puede cuantificar. El Informe sobre la Desigualdad Mundial (WIR) 2026 muestra que unas 56.000 personas, el 0,001% de la población mundial, acumulan tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Afectan a casi todos los países. En el Reino Unido, por ejemplo, 50 familias poseen más riqueza que el 50% de la población en su conjunto.

 

Se puede ver cómo crecen sus fortunas. En 2024, según las cifras de Oxfam, la riqueza de los 2.769 multimillonarios del mundo creció en 2 billones de dólares, es decir, 2.000.000 millones de dólares. El gasto mundial total en ayuda internacional el año pasado se estimó, como máximo, en 186.000 millones de dólares, menos de una décima parte del incremento de su riqueza. Los gobiernos nos dicen que "no pueden permitirse" más. En el Reino Unido, los multimillonarios, en promedio, se han enriquecido más de un 1.000% desde 1990. La mayor parte de su riqueza proviene de propiedades, herencias y finanzas. En otras palabras, se han enriquecido a nuestra costa.

 

La cuestión afecta a todos los aspectos de la política. Trump no está apropiándose de la riqueza petrolera de Venezuela por el bien de los pobres de Estados Unidos. No le importan lo más mínimo, como reveló su "gran y hermosa ley", que consiste en robar a los pobres para dar a los ricos. Codicia Groenlandia en nombre de los mismos intereses de la élite, de la que él es el avatar.

 

Cuando el hombre más rico del mundo, Elon Musk, contribuyó a destruir las vidas de los más pobres del mundo al desmantelar USAID, lo hizo en nombre de su clase. Lo mismo ocurre con los ataques de Trump a la democracia y su guerra contra el mundo viviente. Son los ultra ricos los que más se benefician de la destrucción, al ganar dinero y gastarlo. El WIR muestra que el 1% más rico de la población mundial es responsable del 41% de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la propiedad privada del capital: casi el doble que el 90% más pobre. Y, según otro estudio, a través de su consumo, el 1% produce tantos gases de efecto invernadero como los dos tercios más pobres.

 

La desigualdad perjudica todos los aspectos de nuestras vidas. Décadas de investigación de Kate Pickett y Richard Wilkinson muestran que una mayor desigualdad, independientemente de los niveles absolutos de riqueza, se asocia con un aumento de la delincuencia, un empeoramiento de la salud pública, un aumento de las adicciones, un menor nivel educativo, una mayor ansiedad por el estatus social (que conduce a un mayor consumo de bienes posicionales), un aumento de la contaminación y la destrucción, y una serie de otros males.

 

La desigualdad extrema crea una "clase Epstein" de depredadores globales que explotan al resto económicamente y de otras formas. Crea una ética que ya no reconoce nuestra humanidad común, que ve a otras personas, como dice Musk, como "personajes no jugadores", y cree que "la debilidad fundamental de la civilización occidental es la empatía".

 

Esta es la métrica con la que se puede saber quiénes son tus aliados y quiénes tus enemigos en la política: si apoyan o se oponen a la concentración extrema de la riqueza. De hecho, la cuestión debería ser definitoria. Los que la apoyan (llamémosles Grupo 1) son la derecha. Los que se oponen (Grupo 2) son la izquierda.

 

En cuanto se entiende la política desde esta perspectiva, se observa algo extraordinario. Casi toda la población pertenece al Grupo 2. Una encuesta realizada en 36 países por el Pew Research Center reveló que el 84% considera que la desigualdad económica es un gran problema, y el 86% considera que la influencia política de los ricos es una de las principales causas de la misma. En 33 de estos países, la mayoría cree que el sistema económico de su país necesita "cambios importantes" o "una reforma completa". En el Reino Unido, una encuesta de YouGov reveló que el 75% apoya un impuesto sobre el patrimonio para las fortunas superiores a 10 millones de libras, mientras que solo el 13% se opone a él. Pero —y aquí está lo sorprendente— casi toda la clase política pertenece al grupo 1. Se pueden buscar los programas electorales de los principales partidos que en su día pertenecieron a la izquierda y no se encuentra ninguna propuesta para acabar con los multimillonarios.

 

De hecho, es todo lo contrario. Incluso cuando los políticos se ven obligados a responder a las peticiones de un impuesto sobre el patrimonio, lo descartan, como han hecho los ministros del Reino Unido, con dos excusas. La primera es que no generará muchos ingresos. Quizás sí, quizás no: hay una amplia gama de pruebas al respecto. Pero la recaudación de ingresos es la menor de sus ventajas. Hay otras dos cuestiones mucho más importantes. Una es la equidad. Como informa el WIR, "los tipos impositivos efectivos sobre la renta aumentan de forma constante para la mayoría de la población, pero disminuyen drásticamente para los multimillonarios y los centimillonarios". Esto socava la confianza en el sistema fiscal y en la política en general. La otra es reducir el poder de los ultra ricos sobre nuestras vidas. Para restaurar la democracia y crear un mundo más justo, seguro y ecológico, debemos someter a los ultra ricos, recortando sus fortunas hasta que ya no puedan intimidarnos.

 

La segunda excusa es que los súper ricos huirán del país. Hay tres posibles respuestas a esta afirmación. La primera es que no hay pruebas que la respalden. La segunda es que, si fuera cierta, ¡mejor así!: nos hacen más daño que bien. La tercera es decir: entonces la solución obvia es una medida global contra la evasión fiscal. ¿Y adivinen qué? Mientras que 125 naciones apoyaron este enfoque, el gobierno de Keir Starmer fue uno de los nueve que se opusieron. Nuestro gobierno no grava lo suficiente a los ultra ricos, no porque no pueda, sino porque no quiere.

 

No se trata solo de los políticos. Casi todos los medios de comunicación pertenecen al Grupo 1. A medida que la riqueza y el poder de la clase propietaria se hacen cada vez mayores y más difíciles de justificar, las opiniones expresadas en sus medios se vuelven cada vez más descabelladas. Inmigrantes, solicitantes de asilo, musulmanes, mujeres, personas transgénero, personas con discapacidad, estudiantes, manifestantes: todos y cada uno deben ser culpados de nuestras disfunciones, excepto aquellos que las causan. Hay que librar "guerras culturales" cada vez más extremas (un eufemismo para dividir y gobernar).

 

Por eso también hay que inventar constantemente amenazas imaginarias (Venezuela, "marxistas culturales", "terroristas nacionales"). No se puede tener un mercado libre en la propiedad de los medios de comunicación y un mercado libre en la información y las ideas. Los oligarcas que dominan el sector reprimen los pensamientos inconvenientes y promueven las políticas que protegen sus fortunas.

 

Nadie diría que enfrentarse a la riqueza extrema es fácil. Pero la batalla comienza cuando los partidos políticos expresan este objetivo de forma clara e inequívoca. O representan a la gran mayoría o representan a la pequeña minoría: no pueden hacer ambas cosas. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿dónde están nuestros representantes?

Traducción del artículo de opinión original publicado en The Guardian por George Monbiot el 16 de enero de 2026.

El poder judicial español se ve envuelto en una encarnizada batalla política

El Gobierno tacha las acusaciones de corrupción de ”lawfare”

Hay tantos casos judiciales pendientes contra los aliados de Pedro Sánchez, el presidente socialista de España, que un artículo periodístico publicado en Nochevieja pronosticaba que 2026 sería su “calvario judicial”. Entre ellos se incluyen media docena de investigaciones sobre acusaciones de corrupción contra sus aliados políticos más cercanos. Además, es probable que el Tribunal Constitucional del país examine un recurso contra la condena y destitución por parte del Tribunal Supremo de Álvaro García Ortiz, el antiguo fiscal general, por filtrar los problemas fiscales de la pareja sentimental del presidente de la Comunidad de Madrid. Y los jueces han acusado a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y a su hermano de conflicto de intereses (ambos se declaran inocentes).

 

El presidente del Gobierno y sus aliados consideran que se trata de una campaña de acoso judicial destinada a derrocar al Gobierno. En septiembre, Sánchez se quejó de que "hay jueces que hacen política. Son una minoría, pero causan un daño inmenso a la justicia". Varios ministros también han criticado las decisiones judiciales. La oposición sostiene que los tribunales están aplicando el estado de derecho y exigiendo responsabilidades al primer ministro de una manera que ni su partido ni sus aliados parlamentarios están haciendo. Pero como sabe que carece de los votos necesarios en el Parlamento para censurar a Sánchez, el Partido Popular (PP), de tendencia conservadora, parece confiar a menudo en que el poder judicial haga su trabajo.

 

El problema más amplio para la democracia española es que el poder judicial se ha convertido en un arma arrojadiza política. Algunos españoles piensan que los jueces siempre han estado influenciados por la política y que ahora simplemente se ha hecho más explícito. Pero parece que las cosas han empeorado. Los medios de comunicación suelen identificar a los jueces como conservadores o progresistas, algo poco habitual en Europa occidental (aunque bastante común en América). En este marco, el Tribunal Supremo tiene una mayoría conservadora, mientras que el Tribunal Constitucional es predominantemente progresista. A menudo están en desacuerdo.

 

También es inusual el sistema español de múltiples asociaciones judiciales. Hay cuatro para los jueces y tres para los fiscales, divididas según criterios políticos. El pasado mes de julio, cinco de las asociaciones se declararon en huelga durante tres días, una medida sin precedentes, en protesta por unos proyectos de ley que, según ellas, amenazan la independencia judicial. Una de las medidas reduciría el carácter memorístico de la formación de los jueces (menos exhaustiva, según las asociaciones). Otra alinearía a España con la mayoría de las prácticas europeas, trasladando las investigaciones de los jueces a los fiscales.

 

Un tercer proyecto de ley del Gobierno restringiría las "denuncias populares", otra peculiaridad española por la que los ciudadanos y los grupos políticos pueden presentar denuncias que los jueces están obligados a investigar. Esto ha dado lugar a juicios mediáticos en casos que finalmente se archivan. Pero dado que el Gobierno elige al fiscal general, muchos consideran que el sistema de denuncias populares es necesario para garantizar que no se ignoren los casos políticamente delicados.

 

La ruptura de la confianza entre políticos y jueces tiene varias causas. La primera fue una batalla política por el Consejo General del Poder Judicial, que se encarga de los nombramientos judiciales. Sus miembros son nombrados por los jueces, pero deben ser aprobados por el Parlamento (un legado de la reforma de los años 80, cuando los políticos democráticos arrebataron los tribunales a los jueces que quedaban de la dictadura de Franco). En el pasado, el consejo se renovaba periódicamente por acuerdo entre los socialistas y el PP. Pero ese acuerdo se ha roto. Un intento en 2018 fracasó cuando un senador del PP se jactó de que su partido controlaría la sala principal del Tribunal Supremo "por la puerta trasera". Finalmente, en 2024 se eligió un nuevo consejo tras la mediación de la Comisión Europea.

 

Un segundo hito fue el acuerdo entre el Partido Socialista y los separatistas catalanes para permitir que Sánchez siguiera gobernando tras perder las últimas elecciones generales, a cambio de una amnistía general para los implicados en la votación inconstitucional sobre la secesión de 2017. El Tribunal Supremo consideró la amnistía, a la que Sánchez y su partido se habían opuesto anteriormente, como una bofetada: había impuesto duras penas de cárcel a nueve líderes separatistas. Para echar más leña al fuego, el antiguo asesor político del presidente del Gobierno, Santos Cerdán (que se enfrenta a cargos de corrupción no relacionados con este asunto, que él niega), prometió investigaciones parlamentarias sobre casos de "lawfare", un término que hace referencia a la judicialización partidista de la política. El tribunal respondió excluyendo al líder separatista Carles Puigdemont de la amnistía por motivos cuestionables.

 

Un tercer tema polémico han sido los casos contra la familia del Sr. Sánchez. Su esposa ha sido perseguida por un juez auxiliar de edad avanzada, que actuó a instancias de grupos de extrema derecha. Este juez ha encontrado algunos comportamientos aparentemente poco éticos: la Sra. Gómez obtuvo un puesto en la universidad para el que no estaba claramente cualificada y recomendó que un colaborador obtuviera contratos gubernamentales. Pero pocos consideran que esto constituya un delito. El juez ha prolongado su investigación durante casi dos años y parece disfrutar de la atención mediática.

 

Los observadores jurídicos afirman que estos jueces son una pequeña minoría. "Los jueces no están haciendo lo que dicen los partidos", argumenta Tomás de la Quadra-Salcedo, exministro de Justicia socialista. Pero le preocupa que, en el clima actual, los propios prejuicios de los jueces puedan desviarlos de su camino.

 

Nadie cuestiona seriamente las demás investigaciones judiciales sobre corrupción. "No es cierto que el poder judicial sea [parcial] contra el Gobierno", afirma Elisa de la Nuez, activista por el Estado de derecho. Pero la reacción es preocupante, añade. "Por primera vez, los jueces se sienten amenazados por el poder político". A largo plazo, eso no beneficia a nadie. Corresponde a los políticos dar el primer paso, dejando de intentar judicializar la política. Pero, dada la polarización que se ha producido en España, quizá eso sea pedir demasiado.

Traducción del artículo original publicado el 14 de enero de 2026 en The Economist.

Isidro Fainé, el poderoso y reservado hombre de negocios que ejerce un férreo control sobre las empresas españolas

Isidro Fainé dirige la Fundación Caixa, pero la edad y el poder de este hombre de 83 años están causando inquietud.

Isidro Fainé, un austero octogenario y uno de los hombres más poderosos de España, llevó un secreto a una reunión del consejo de administración de Telefónica un viernes del pasado mes de enero.

Fainé, consejero del grupo de telecomunicaciones, sabía que José María Álvarez-Pallete sería destituido como presidente esa tarde, pero no le dijo nada al hombre al que conocía desde hacía años, según personas familiarizadas con el asunto.

Este hombre de 83 años dirige la Fundación Caixa, un gigante inversor poco ortodoxo con 37.000 millones de euros que, al igual que el Estado español, posee el 10% de Telefónica, y el día anterior habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para discutir el despido de Álvarez-Pallete.

Su conversación marcó el inicio de la mayor explosión corporativa del año en España, pero Fainé se retiró entonces a las sombras. Después de ignorar a Álvarez-Pallete el viernes por la mañana, fue un lugarteniente de Caixa quien asistió a una reunión a las 5 de la tarde en la que un asesor de Sánchez comunicó la noticia al presidente de Telefónica.

Fue una operación de manual para este introvertido ávido de poder, que inspira reverencia y temor en España.

Fainé es presidente de una de las fundaciones filantrópicas más grandes de Europa, una institución con 121 años de antigüedad que solo está por detrás del Wellcome Trust y la Fundación Novo Nordisk en cuanto a activos. En ese cargo, persigue dos objetivos incongruentes: ayudar a los más vulnerables de la sociedad y, al mismo tiempo, mantener el control sobre los puestos de trabajo y los acuerdos de algunas de las empresas más grandes de la cuarta economía de la UE.

"Está utilizando este vehículo altruista para asumir un nivel desproporcionado de poder corporativo", afirmó un inversor de Cataluña, la región donde tiene su sede la fundación. "Hay un interrogante al respecto".

La influencia de Fainé no solo proviene de su control sobre 37.000 millones de euros, sino también del poder de las empresas de las que la fundación es copropietaria en materia de préstamos, publicidad y contratación. La principal de ellas es CaixaBank, en la que tiene una participación del 31%, pero también están Naturgy, un grupo energético dedicado al gas, y Telefónica.

 

Tras el despido del presidente de Telefónica, el Gobierno español afirmó que todos los principales accionistas de la empresa, incluida la Fundación Caixa, habían respaldado la medida. Sin embargo, un responsable de la fundación afirmó que "en ningún momento" de la conversación con el presidente del Gobierno "el Sr. Fainé expresó su acuerdo con esa decisión". El responsable añadió que Fainé informó a Álvarez-Pallete "en privado" de que iba a ser destituido. Álvarez-Pallete se negó a hacer comentarios.

El poder de Fainé también proviene de los cientos de millones de euros en donaciones anuales que la fundación destina a "programas sociales", entre los que se incluyen la lucha contra la pobreza infantil, la formación laboral para exconvictos y la investigación médica. La financiación de cuidados paliativos para enfermos terminales es una de las prioridades emblemáticas de Fainé.

En España, Fainé es sinónimo de la Fundación Caixa. "Es extraño que una entidad tan grande dependa de una sola persona", afirma una figura destacada del entorno de Caixa que le conoce desde hace años. "Eso debería preocuparnos a todos".

La edad y la salud de Fainé han provocado rumores sobre cuánto tiempo podrá mantener su influencia, ya que su mandato como presidente de la fundación está a punto de renovarse. Aunque esa decisión recae oficialmente en manos del consejo de la fundación, hay tanto en juego que se está convirtiendo en un campo de batalla político.

Acero y espiritualidad

Este relato sobre Fainé se basa en entrevistas con más de veinte directores y ejecutivos actuales y antiguos de Caixa, funcionarios gubernamentales, inversores y líderes empresariales de Cataluña, la mayoría de los cuales hablaron bajo condición de anonimato para evitar posibles repercusiones.

Todos ellos describen a un talentoso descubridor de talentos y mentor que ha imbuido a generaciones de ejecutivos con su sabiduría popular sobre el liderazgo "humanista". La mayoría coincide en que Fainé es un fanático con una prodigiosa ética de trabajo, un hombre decidido a obtener dividendos de las inversiones de la fundación para maximizar sus donaciones benéficas.

"El objetivo de su vida es ayudar a los demás", afirma Jordi Gual, expresidente de CaixaBank y actualmente profesor en la escuela de negocios Iese. "Es el cumplimiento de su misión". El propio Fainé estudió en el Iese, que cuenta con el respaldo del hermético grupo católico Opus Dei.

Otros lo describen como un hombre despiadado y desconfiado. Fainé ejercía un control "absoluto" en la fundación a pesar de tener que rendir cuentas ante un consejo de administración y estar sujeto a un reglamento de gobernanza, según una persona que ha trabajado con él. Los lugartenientes que se percibían como una amenaza para su estatus han sido expulsados, según personas familiarizadas con los despidos.

El valor bruto de los activos de la Fundación Caixa ha aumentado hasta los 37.300 millones de euros.

La Fundación Caixa calificó estas descripciones de Fainé como "declaraciones subjetivas y opiniones sin fundamento ni veracidad alguna". Afirmó que él cumplía "escrupulosamente" la legislación española sobre fundaciones bancarias y que la Fundación Caixa "no depende de una sola persona". Las sugerencias en sentido contrario mostraban "una falta de respeto por la dignidad del consejo de administración en su conjunto", añadió, señalando que entre los 15 miembros del consejo se encuentra Pablo Isla, expresidente de Inditex y nuevo presidente de Nestlé.

Fainé es mucho más que puro poder financiero. En la España moderna y clubística, su historia pone de relieve la implicación de los negocios no solo con la política, sino también con algo más trascendental: la religión.

Católico devoto, padre de ocho hijos y miembro, según se cree, del Opus Dei, Fainé asiste a misa casi todos los días, ha nombrado a Jesucristo como su inspiración y abraza el lema de que "una hora de trabajo es una hora de oración".

Es "muy comedido, algo tenso", afirma una figura destacada que ha estado en la órbita de Caixa. "Se percibe una personalidad muy intensa... Se da cuenta de que no le quedan muchos años y eso le motiva aún más".

Fainé es el único miembro de una generación que reformó las finanzas españolas que sigue ocupando un puesto de alto nivel. Como presidente entre 2007 y 2016 de lo que hoy es CaixaBank, la mayor entidad crediticia de España, fue compañero del difunto Emilio Botín, que globalizó el banco familiar Santander, y de Francisco González, que transformó el BBVA.

Los ingresos por dividendos de la Fundación Caixa han aumentado considerablemente desde 2022.

A Botín y González "les gustaba el dinero", afirmó Luis Conde, de Seeliger & Conde, un cazatalentos de Barcelona que conoce a los tres. "A Fainé le gusta la influencia, y utilizarla para ayudar a los demás".

Sus orígenes fueron humildes. Nacido en el seno de una familia campesina catalana analfabeta, comenzó a trabajar en un taller de reparación de bicicletas en Barcelona a los 13 años. Continuó sus estudios y finalmente fue a la universidad, pero no sin antes enseñar a leer y escribir a sus propios padres.

Una serie de puestos en el sector bancario lo llevaron a la cima de La Caixa, una caja de ahorros regional que posteriormente pasó a llamarse CaixaBank, la cual dirigió durante el estallido de la burbuja inmobiliaria española y la crisis económica de la zona euro. Al ser la única caja de ahorros que salió prácticamente indemne de aquellos años, se hizo con el control de varias entidades en dificultades, lo que ayudó al Gobierno en tiempos de crisis y satisfizo el deseo de Fainé de construir un imperio.

En 2014, cuando la ley obligó a la caja de ahorros a convertirse en una entidad de crédito comercial normal, Fainé aprovechó la reorganización para añadir a sus funciones la presidencia de la Fundación Caixa. Dado que la fundación poseía el 59% de CaixaBank, había tomado el control del mayor accionista de su propio banco. Pero eso chocaba con las normas del Banco Central Europeo. En 2016 se le exigió que renunciara a uno de los cargos y optó por dimitir como presidente del banco.

La fundación desciende de una organización cuyos orígenes se remontan a tiempos difíciles: La Caixa se fundó en 1904 con capital de la élite empresarial catalana y del rey de España para prestar asistencia a las familias afectadas por los disturbios civiles. Evolucionó hasta convertirse en un proyecto destinado a fomentar el ahorro entre la clase trabajadora y, en la década de 1970, comenzó a invertir en empresas cotizadas.

Una cartera poco convencional

Sus participaciones accionariales, en manos de una unidad llamada CriteriaCaixa, reflejan la preferencia de Fainé por la estabilidad y los dividendos. "Le gustan las grandes inversiones y las cosas sencillas", afirma la persona que ha trabajado con él. "No le hables de rentabilidad sobre el capital o rentabilidad sobre el capital empleado. No le interesa". Su actitud es: "Quiero dividendos. ¿De dónde vienen los dividendos?".

La respuesta es principalmente empresas de servicios públicos como Telefónica y Naturgy, en las que tiene una participación del 26%, así como la empresa de suministro de agua Aigües de Barcelona, el grupo de residuos y agua Veolia y el operador de aparcamientos Interparking.

Pero los críticos dicen que la cartera está plagada de rarezas en materia de gobernanza. Marc Murtra, a quien Fainé ayudó a instalar como sustituto de Álvarez-Pallete en Telefónica, ocupa un puesto en el consejo de la Fundación Caixa, al igual que Francisco Reynés, presidente y consejero delegado de Naturgy, que también es vicepresidente de CriteriaCaixa. La figura destacada del entorno de Caixa preguntó: "¿Creen que es normal que sean miembros del consejo de la institución que invierte en ellos?".

Las inversiones de la Fundación Caixa se concentran principalmente en España.

La fundación afirmó que la doble función de Murtra y Reynés era "perfectamente normal y legal" y señaló que los estatutos de la fundación regulan la gestión de cualquier posible conflicto de intereses con las empresas que presiden. Murtra y Reynés se negaron a hacer comentarios.

Su cartera está muy concentrada en España, aunque se ha diversificado en los últimos años. Afirma que su exposición internacional directa es de alrededor del 14%, pero que su exposición indirecta al extranjero —incluidas las operaciones en el extranjero de sus negocios españoles— es del 35%.

Aprovechar la mayor tendencia bursátil de los últimos 15 años, el auge de las acciones tecnológicas estadounidenses, nunca fue una prioridad para Caixa. Sin embargo, como parte de su diversificación, ha adquirido participaciones en grupos como Alphabet, Microsoft y Amazon, que a mediados de 2025 tenían un valor total de 500 millones de euros.

Sin embargo, un antiguo ejecutivo de una empresa en la que la fundación es inversora afirmó: "No hay ninguna institución de su tamaño en el mundo que tenga tal concentración de riesgo. Pero eso no es fácil de resolver".

Distribuir los activos de forma más amplia significaría reducir sus mayores participaciones y renunciar a los puestos en los consejos de administración que ello conlleva, algo que Fainé valora mucho. Invertir más fuera de España diluiría la capacidad de la fundación para actuar como lo que algunos denominan un fondo soberano español no oficial.

Después de que el grupo saudí STC anunciara que adquiriría una participación del 10% en Telefónica en 2023, la fundación aumentó su propia participación para servir de contrapeso junto con la sociedad estatal española Sepi. Cuando el grupo energético de Abu Dabi Taqa inició las negociaciones para adquirir una participación en Naturgy a otros accionistas, la insistencia de la fundación en mantener el control español acabó por ahuyentarlo.

La fundación, cuya base de activos es casi cuatro veces mayor que la de Sepi, afirmó que "no tenía la misión de apoyar la economía española", pero añadió que su tamaño significaba que su actividad tenía en última instancia "un impacto positivo en términos de prosperidad y estabilidad para el país".

Una batalla por la supervivencia

La respuesta de Fainé ante las amenazas internas también es inflexible. En abril destituyó a Ángel Simón, consejero delegado de CriteriaCaixa y lugarteniente que asistió al despido de Telefónica, ya que estaba ganando importancia y promoviendo ideas alternativas, según personas familiarizadas con el despido. En 2014 precipitó la dimisión de Juan María Nin, entonces consejero delegado y vicepresidente de CaixaBank, por motivos similares. Los aliados de Fainé dicen que estaba mostrando "valentía".

A finales de 2024, Juan José López Burniol, vicepresidente de la fundación, dimitió tras una discusión en la sala de juntas con Fainé. López Burniol, Nin y Simón se negaron a hacer comentarios.

Fainé exigía lealtad y había fomentado "un ambiente de conspiración en las altas esferas" de la fundación, según la figura destacada del entorno de Caixa. Pide a algunos visitantes que dejen sus teléfonos fuera de su despacho antes de las reuniones y vigila de cerca a las personas que le rodean, según personas que han trabajado con Fainé.

Aunque nunca ha confirmado ni desmentido su pertenencia al Opus Dei, Fainé declaró al periodista José García Abad en un libro publicado en 2020 que había asistido a la beatificación de su fundador y había participado en "algunos retiros espirituales", pero subrayó: "Nadie del Opus me ha ayudado nunca en nada, y desde luego yo no he participado en nada que no fuera estrictamente religioso".

La subida de las acciones de CaixaBank ha impulsado la cartera de la fundación en los últimos dos años, pero Telefónica y Naturgy han tenido un rendimiento inferior.

Con el final del mandato de Fainé a la vuelta de la esquina, personas cercanas a la organización predijeron que los miembros del Opus Dei, tanto dentro como fuera de la fundación, le respaldarían para que conservara su cargo. El objetivo de Fainé era claro, según afirmó un antiguo ejecutivo de una empresa de la cartera de Caixa: "Busca otro mandato. Quiere morir con las botas puestas".

Sin embargo, Fainé es considerado un enemigo por otra facción crucial: aquellos que quieren que Cataluña se separe de España. No le han perdonado que trasladara la sede de la fundación fuera de Cataluña durante la crisis separatista de 2017, una decisión que se revirtió el año pasado. Pero los políticos independentistas ven una fundación post-Fainé como potencialmente útil para su causa.

Luego está el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que supervisa las fundaciones bancarias a través del Ministerio de Economía. La Fundación Caixa ya ha demostrado su valor como ayuda a la política industrial, pero los dirigentes del partido no están satisfechos con su transparencia ni con su gobernanza.

 

Seis horas después de la publicación de esta noticia, la fundación anunció que los miembros de su consejo de administración habían votado el lunes a favor de renovar el mandato de Fainé como presidente por otros cuatro años. El veterano maestro de los juegos de poder se disponía a librar su batalla más importante hasta la fecha.

Traducción del artículo original publicado el 12 de enero de 2026 en el diario británico Financial Times.