La presidenta y el ático: cómo el Gobierno de la Comunidad de Madrid gastó 6,3 millones de euros en una "oficina" temporal

La polémica en torno a la compra para la controvertida líder regional de derechas, Isabel Díaz Ayuso, no parece tener fin

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que no tenía ni idea de la compra del ático. Fotografía: Europa Press Entertainment/Europa Press/Getty Images

La controvertida líder de la derecha de la Comunidad de Madrid se ve sometida a una presión cada vez mayor para que explique por qué su Gobierno gastó 6,3 millones de euros en un ático residencial que, supuestamente, iba a servir como espacio de trabajo temporal mientras se renovaban sus oficinas.

Isabel Díaz Ayuso, miembro destacado del Partido Popular (PP), el partido conservador de la oposición en España, es presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2019.

Durante ese tiempo, se ha labrado una reputación como política que se enorgullece de decir lo que piensa y de ser una espina clavada para el presidente socialista del país, Pedro Sánchez, cuya familia y Gobierno se han visto envueltos en acusaciones de corrupción durante los últimos dos años.

Aunque Ayuso ha acusado con frecuencia a Sánchez y a su PSOE de corrupción, ella y su administración se enfrentan ahora a crecientes peticiones para que den una explicación transparente sobre la compra del ático.

El País informó a finales de julio de que el Gobierno regional de Madrid había comprado en abril el ático situado en el lujoso barrio del Chamberí, en la capital española. Un portavoz declaró al periódico que la vivienda se había adquirido para que Ayuso la utilizara mientras se renovaban sus oficinas en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. El portavoz no respondió a las preguntas sobre el precio del piso ni sobre si Ayuso tenía intención de vivir en él.

Posteriormente se supo que el piso costó 6,3 millones de euros y que, según la normativa urbanística, solo podía utilizarse con fines residenciales, no como oficina. El País informó esta semana de que el Gobierno de Ayuso había estipulado que la vivienda que buscaba debía tener "entre 250 y 400 metros cuadrados y disponer de una gran terraza", siendo este último un requisito extraño para una oficina.

La presidenta de la Comunidad de Madrid vive con su pareja, Alberto González Amador, un empresario que recientemente ha puesto a la venta dos de los pisos que compartían. González Amador está a la espera de juicio acusado de fraude fiscal y falsificación de documentos. Él niega los cargos.

Ayuso desestimó inicialmente las revelaciones calificándolas de "campaña de desprestigio" e insistió en que el ático no se compró para que ella viviera en él, sino como sede para "reuniones institucionales". También afirmó que no tenía "ni la más mínima idea" de la compra.

El ático que se compró para Ayuso se encuentra en el lujoso barrio madrileño del Chamberí. Fotografía: Alessandro Giamello/Alamy

Posteriormente, el Gobierno regional ha anunciado que el piso se venderá y que los ingresos se donarán a las víctimas de los incendios forestales de este verano cerca de Madrid.

Ayuso declaró recientemente a los periodistas que consideraba el asunto zanjado, expresándose con su característico lenguaje colorido: "Está en venta, chao pescao".

Esta frase ha suscitado comparaciones con aquella ocasión en la que fue pillada en el Congreso describiendo a Sánchez como un "hijo de puta", para luego alegar que se la había entendido mal y que, en realidad, había dicho: "Me gusta la fruta". Se ha convertido en una de sus declaraciones más conocidas, junto con su eslogan electoral "comunismo o libertad".

Sin embargo, la polémica sobre el piso no parece amainar. Un juez de Madrid está investigando cinco denuncias distintas relacionadas con su compra y el propio jefe de Ayuso ha afirmado que aún quedan preguntas por responder. En una entrevista la semana pasada, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló que, aunque estaba satisfecho con sus explicaciones, el departamento competente del Gobierno regional "debería explicar por qué se compró una vivienda que no puede utilizarse como oficina".

Traducción del artículo original publicado el 30 de agosto de 2026 en el diario británico The Guardian.