La extrema derecha impone la "prioridad nacional" en las comunidades autónomas españolas

La idea de reservar determinados servicios y prestaciones sociales a las personas de nacionalidad española se está introduciendo en los acuerdos regionales en España, impulsada por el partido de extrema derecha Vox y aceptada por los conservadores del Partido Popular.

Santiago Abascal, presidente del partido de extrema derecha Vox, en campaña para las elecciones autonómicas andaluzas que se celebrarán el próximo 17 de mayo. (Foto: Europa Press/Abaca)

Las fuerzas de derecha españolas estrechan lazos y allanan el terreno para un futuro gobierno de coalición. Las negociaciones llevadas a cabo a nivel regional entre los conservadores del Partido Popular (PP) y los ultraderechistas de Vox, tras las elecciones celebradas en los últimos meses en Extremadura, Aragón y Castilla y León, están marcando la pauta.

El resultado ha causado estupor en España, ya que, en los acuerdos firmados entre ambas formaciones, acaba de irrumpir el concepto de "prioridad nacional". Una noción exigida por Vox, cuyo impacto intentan minimizar los dirigentes del PP. Los firmantes reconocen la prioridad de las personas con nacionalidad española a la hora de la asignación de servicios o prestaciones sociales por parte de las administraciones regionales (vivienda social, primera infancia, dependencia…).

 

El líder de Vox, Santiago Abascal, se regocija y proclama a los cuatro vientos la importancia de anteponer "los españoles primero". "Es un concepto de sentido común y justicia que cuenta con el apoyo mayoritario de los españoles, voten a Vox, al PP o al Partido Socialista", afirma. "Tarde o temprano se hará. Nadie entiende que se discrimine a los españoles en el acceso a las ayudas o a las viviendas sociales".

 

Incómodo silencio y perfil bajo en el PP

 

Por parte del PP, que ya había tenido roces con Vox en torno a la cuestión de los migrantes, reina la incomodidad y se opta por mantener un perfil bajo. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, intenta restar importancia al concepto de "prioridad nacional" vinculándolo no a la nacionalidad de las personas, sino a su vínculo con la región en la que viven y a su tiempo de residencia en el lugar.

 

"Nos sentimos cómodos con el término "prioridad nacional" si se entiende como el arraigo en el lugar que hay que tener para acceder a determinados servicios públicos, ¡pero hay muchas cuestiones en las que no compartimos la postura de Vox!», explica.

 

El debate se produce en un momento en el que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez puso en marcha, el mes pasado, un proceso de regularización excepcional para al menos 500.000 trabajadores indocumentados que ya se encuentran en territorio español.

 

Se trata de «legalizar lo real", justificó el presidente del Gobierno al presentar esta medida, que había sido reclamada tanto por la Iglesia por razones humanitarias como por las organizaciones empresariales, preocupadas por la escasez crónica de mano de obra en determinados sectores como la hostelería, la logística, la construcción, la agricultura o los servicios a las personas.

 

"Esta prioridad nacional resuena como un eco de la "preferencia nacional” de Jean-Marie Le Pen en Francia, pero es una expresión que nadie había utilizado hasta ahora en España», señala Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, especializado en el estudio de la extrema derecha europea.

 

"Al principio, la cuestión de la inmigración ni siquiera formaba parte de las principales preocupaciones de Vox, que comenzó movilizándose en torno a la patria y la unidad del país, amenazada por el riesgo separatista", explica. "La cuestión identitaria no surgió hasta más tarde, cuando el líder de Vox se acercó a los Patriotas de Viktor Orbán y a la extrema derecha europea".

 

Un proyecto inconstitucional

 

En el Gobierno, la ministra de Seguridad Social e Inclusión, Elma Saiz, se apresuró a denunciar un proyecto "inconstitucional", rechazando la imagen de unos servicios sociales saturados y recordando que, por el contrario, los trabajadores inmigrantes son contribuyentes netos a las finanzas públicas españolas.

 

Los obispos también han reaccionado con dureza: "La dignidad de las personas es intocable y no negociable", afirmó su secretario general, César García Magán, mientras que el líder de Vox acusa a algunas asociaciones cercanas a la Iglesia de "sacar provecho de la inmigración ilegal".

 

Curiosamente, las comunidades autónomas de Extremadura y Aragón, donde los pactos de gobierno entre el PP y Vox incluyen la preferencia nacional, se encuentran entre las menos afectadas por los retos que plantea la inmigración.

 

Pertenecen a la "España vacía", más preocupada por cuestiones como el declive demográfico o el envejecimiento de la población. Pero sea cual sea el resultado del debate, "Vox ha dado en el clavo", opina Guillermo Fernández Vázquez. "Ha introducido el concepto en la conversación y lo más preocupante es que el Partido Popular ha demostrado que sería capaz de sumarse a él para gobernar".

Traducción del artículo original publicado el 4 de mayo de 2026 en el diario francés Les Echos.