viernes, 27 de febrero de 2026

"Casa 47": España lanza un gran programa de viviendas sociales para contrarrestar la crisis inmobiliaria

Mientras el país acumula un déficit de 700.000 viviendas, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez lanza el programa "Casa 47" para crear un parque de viviendas sociales y asequibles. Sin embargo, su puesta en marcha se presenta complicada.

En Cataluña, el gobierno regional se ha comprometido a construir 50 000 viviendas sociales. (Foto: Eric Renom/Lapresse/Sipa)


En 2025 se firmaron más de 700.000 transacciones inmobiliarias en España. Así lo indican las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicadas el pasado viernes. Este volumen récord, con exactamente 714.237 firmas de compra, un 11,5% más que en 2024, es vertiginoso, ya que iguala el pico del boom inmobiliario de 2007, justo antes de que estallara la burbuja, lo que provocó una cascada de quiebras entre los promotores y hizo tambalearse al sistema financiero, arrastrando consigo a la economía española.

 

Pero esta vez, el auge inmobiliario no es solo especulativo. Según los expertos, existe una necesidad real y urgente de viviendas. Según el Banco de España, el país ha acumulado un déficit de 700.000 viviendas en los últimos diez años. Y la escasez sigue aumentando, ya que, según el INE, cada año se forman unas 200.000 nuevas familias.

 

Por un lado, se ha producido un fuerte aumento de la población desde el final de la pandemia debido a la inmigración, el desplazamiento hacia las grandes ciudades y el hecho de que la tipología de los hogares españoles ha cambiado, con más parejas o personas que viven solas, mientras que antes convivían varias generaciones, explica el economista José García-Montalvo, profesor de la Universidad Pompeu Fabra. El experto destaca que la oferta de alquiler no solo es muy reducida, sino que además tiene precios inaccesibles para un salario medio.

 

Rehabilitaciones y nuevas construcciones

 

Ante esta situación, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez ha tomado el toro por los cuernos con el lanzamiento de un gran plan de vivienda, cuyo eje principal será el desarrollo de un parque de viviendas sociales, bautizado como "Casa 47", en referencia al artículo 47 de la Constitución española, que garantiza el derecho a la vivienda.

 

El objetivo es rehabilitar lo antes posible los edificios existentes para comenzar a asignar los primeros apartamentos, al tiempo que se amplía el parque público de alquiler mediante la compra de inmuebles. Además, se están movilizando terrenos públicos en desuso, como antiguos almacenes ferroviarios o cuarteles abandonados.

 

Es el caso de Madrid, donde se ha iniciado la construcción de 10.700 viviendas en antiguos terrenos militares, para alquileres a precios asequibles, es decir, por debajo del 30% de la renta media en los municipios afectados. Pedro Sánchez prevé facilitar la construcción de 15.000 viviendas al año, gracias a una cofinanciación público-privada que movilizará hasta 23.000 millones de euros, activada a través del nuevo fondo soberano España Crece.

 

Cambio en la política de vivienda

 

Se trata de un gran cambio, ya que durante décadas la política de vivienda se ha basado principalmente en incentivos fiscales para la compra, señala la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Según ella, lo urgente es reorientar la acción pública en este ámbito para desarrollar una oferta de alquiler destinada a los jóvenes que no tienen acceso al mercado privado, pero también a las clases medias con viviendas precarias. "No nos engañemos, esto avanzará lentamente", advierte, "pero queremos dotarnos de un parque público similar a la media europea, en torno al 9%" del parque total, es decir, bastante más que el 2% que se registra actualmente en España.

 

Si el diagnóstico es correcto según los expertos, el margen de maniobra del Gobierno es reducido. El gran plan de vivienda de Pedro Sánchez llega tarde, tras años de tanteos. Sin una mayoría parlamentaria estable que lo respalde y, sobre todo, sin influencia sobre la realidad, cuando gran parte de las competencias en materia de política de vivienda están en manos de las administraciones regionales. La cuestión es saber si estas últimas van a seguir el juego invirtiendo a su vez para aumentar la oferta de alquiler.


Traducción del artículo original publicado el 24 de febrero de 2026 en el diario francés Les Echos.

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