El Gobierno ha solicitado la retirada de casi 66.000 propiedades de los listados de la plataforma de alquiler Airbnb al considerar que incumplen la normativa sobre alojamientos turísticos.
La medida llega en un momento en el que comienzan las protestas contra el exceso de turismo de cara a la temporada estival. Las manifestaciones del domingo en las Islas Canarias reunieron a miles de personas.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, declaró que las viviendas de alquiler en cuestión habían "infringido varias normas relativas a las viviendas de uso turístico".
El anuncio se produjo después de que un Juzgado de Madrid dictaminara que Airbnb debe retirar del mercado inmediatamente 4.984 propiedades citadas por el ministerio.
Los inmuebles se encuentran en seis comunidades autónomas: Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco e Islas Baleares.
El ministerio de Bustinduy se encuentra ahora a la espera de nuevas resoluciones judiciales sobre los cerca de 60.000 inmuebles restantes considerados ilegales.
Según el ministerio, las propiedades identificadas no proporcionaban un número de licencia; proporcionaban un número erróneo o no especificaban el estatus legal del propietario con el que demostrar si alquilaban de forma profesional o como particular.
El ministro describió la decisión del Juzgado como "una clara victoria para quienes luchan por proteger el derecho a la vivienda".
Bustinduy añadió que "es posible que ningún interés económico tenga prioridad sobre la vivienda y que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, esté por encima de la ley".
La vivienda se ha convertido en los últimos meses en la mayor preocupación de los españoles, debido a la escalada de los precios de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades.
El coste de un alquiler medio se ha duplicado en la última década, mientras que los salarios no han mantenido el mismo ritmo.
Los apartamentos turísticos han sido señalados por muchos como una de las principales causas del problema, al privar de alojamiento a los residentes locales.
España es el segundo destino turístico más popular del mundo después de Francia, con 94 millones de visitantes extranjeros en 2024, un 13% más que el año anterior.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró a principios de año que "hay demasiados Airbnbs y pocas viviendas", y prometió impedir la expansión "descontrolada" del uso de propiedades para el turismo.
Algunos gobiernos locales también han empezado a actuar contra Airbnb.
El Ayuntamiento de Barcelona ya ha declarado que eliminará los 10.000 apartamentos turísticos de corta estancia que hay en la ciudad para finales de 2028.
Otros han adoptado un enfoque diferente. En los últimos meses, Airbnb ha llegado a acuerdos con las autoridades locales de las Islas Canarias, Ibiza y Murcia con el fin de garantizar que los propietarios cumplan las leyes de alquiler turístico.
Airbnb respondió a la sentencia judicial y al anuncio de Bustinduy recurriendo las decisiones relacionadas con este caso y afirmando que no se habían aportado pruebas suficientes acerca del incumplimiento de las leyes por parte de los arrendatarios.
También citó una sentencia del Tribunal Supremo español de 2022, según la cual la responsabilidad de la información de los anuncios recaía en el arrendatario de cada propiedad, no en Airbnb, que es un «intermediario neutral» y no un proveedor inmobiliario.
Además, la empresa realizó una consideración más amplia sobre el problema de la vivienda en España.
"La causa fundamental de la crisis de la vivienda asequible en España es la falta de oferta para satisfacer la demanda", declaró un portavoz. "Los gobiernos de todo el mundo están viendo que regular Airbnb no alivia los problemas de vivienda ni devuelve viviendas al mercado: solo perjudica a las familias locales que dependen del alojamiento para poder pagar sus casas y los crecientes costes".
El verano pasado, España fue testigo de una oleada de protestas contra el exceso de turismo en muchos destinos populares, siendo su impacto en el precio de la vivienda su mayor reclamación.
Con un número de turistas extranjeros que se aproxima rápidamente a los 100 millones al año, se espera que el malestar continúe este verano.
El domingo, varios miles de personas salieron a la calle en las Islas Canarias bajo el lema "Canarias tiene un límite".
En Mallorca, un grupo llamado Menys Turisme, Més Vida (Menos turismo, más vida) prepara acciones similares con una protesta prevista para el 15 de junio.
Traducción del artículo original publicado en la BBC el 20 de mayo de 2025.
