Berlín no es España

El Senado aumenta las sanciones por destruir viviendas. Sin embargo, a diferencia de España, no se ven medidas contra los apartamentos turísticos.

En Berlín, donde la falta de viviendas y su elevado precio serán probablemente el tema más importante de las elecciones al Parlamento regional del 20 de septiembre, se calcula que hay 10.000 apartamentos turísticos ilegales. Esta cifra la dio a conocer el senador de Urbanismo, Christian Gaebler (SPD), el martes tras la reunión del Gobierno regional de coalición entre conservadores y socialdemócratas. En ella se aumentaron en torno a un 12% las multas por apartamentos demolidos o utilizados para otros fines —con permiso— sin crear viviendas de sustitución adecuadas.

Según el senador, las estimaciones anteriores de más de 30.000 apartamentos vacacionales ilegales se basaban en cálculos erróneos, ya que no se habían sumado los apartamentos, sino las camas. Pero incluso 10.000 apartamentos siguen representando la mitad del objetivo anual de nuevas construcciones que se ha fijado el Senado para crear más espacio habitable.

Gaebler considera que, debido a la falta de datos, es muy difícil responsabilizar a los propietarios de viviendas presuntamente ilegales y evitar en el futuro un uso indebido. Hasta ahora, las plataformas de intermediación como Airbnb no proporcionan suficiente información, por ejemplo, sobre la duración del alquiler. Sin embargo, sin ella, Gaebler considera que es difícil tomar medidas. Y es que el alquiler temporal está totalmente permitido y resulta difícil demostrar cuándo se supera el plazo permitido.

En España, las autoridades parecen estar logrando combatir de manera más eficaz el uso indebido de viviendas. El año pasado, el Gobierno acordó con Airbnb identificar y eliminar de la plataforma las viviendas que no tuvieran un número de registro válido. De este modo, el país se convierte en el primero en aplicar las nuevas normas de la UE sobre alquileres a corto plazo, aprobadas en marzo de 2024.

En él se regula el intercambio de datos entre las plataformas de alquiler y los Estados miembros, con el fin de que las autoridades locales puedan realizar un seguimiento de las actividades de alquiler. Según la UE, el reglamento entrará en vigor en marzo de 2026.

Cuestión de voluntad política

Para Niklas Schenker, diputado del partido Die Linke y portavoz de su grupo parlamentario en materia de alquileres y vivienda, actuar con la misma coherencia es también una cuestión de voluntad política. "Simplemente tienen leyes más estrictas", declara. La ley berlinesa que prohíbe el uso indebido de viviendas facilita el incumplimiento de las normas. "Nadie puede controlar realmente cuánto tiempo alquila alguien su vivienda", opina Schenker.

En España, Airbnb se había comprometido a enviar mensualmente a las autoridades información sobre los apartamentos y habitaciones anunciados. Los alojamientos a los que se les denegara el registro estatal debían eliminarse en un plazo de 48 horas. Poco después de la entrada en vigor del acuerdo, se anunció que se eliminarían de la plataforma más de 50.000 apartamentos vacacionales ilegales. Sin embargo, al parecer, esto no está funcionando tan bien como se esperaba. En diciembre, España impuso a Airbnb una multa de 64 millones de euros por 65.000 apartamentos sin la licencia necesaria.

El aumento de las indemnizaciones aprobado por el Senado el martes tiene como objetivo garantizar que, efectivamente, se construyan nuevas viviendas para sustituir a las que se han demolido o se han destinado a otros usos autorizados. "No debe ser más barato pagar una multa que crear viviendas", afirmó Gaebler. La indemnización asciende ahora a 4.600 euros por metro cuadrado, 500 euros más que hasta ahora. Este aumento tiene por objeto compensar el incremento de los costes de construcción.

Como medida adicional para mantener la vivienda asequible, el senador anunció la prohibición de las viviendas temporales en las aproximadamente 80 zonas protegidas de la ciudad. En estas zonas se aplican normas especiales para proteger a los inquilinos contra el desalojo.

Traducción del artículo original publicado el 20 de enero de 2026 en el diario alemán TAZ