En medio de las peticiones a Rachel Reeves (Ministra de Hacienda británica) para que introduzca en Reino Unido un nuevo impuesto a los súper ricos, Madrid ofrece lecciones a los legisladores.
Con su cortina verde de jardines colgantes, el edificio Planeta es uno de los bloques de oficinas más reconocibles de Barcelona. A principios de este verano, fue adquirido como parte de una ola de compras al estilo Monopoly por parte del hombre más rico de España, el fundador de la marca de moda Zara, Amancio Ortega.
A través de Pontegadea, que invierte su patrimonio personal, Amancio Ortega también acaba de adquirir el hotel de cinco estrellas Hotel Banke en París, un edificio de apartamentos en Florida y la mitad de las acciones del operador de Teesport, en el noreste de Inglaterra, lo que se suma a una cartera inmobiliaria valorada en 20.000 millones de euros. ¿A qué se debe tanta prisa?
Ortega está a punto de recibir este año un dividendo récord de 3.100 millones de euros por sus acciones en Inditex, la matriz de Zara. Según informaciones, está apresurándose a gastar esta ganancia inesperada, que de otro modo estaría sujeta a impuestos sobre el patrimonio. Fuentes cercanas a Pontegadea han declarado a The Guardian que no se trata de una inversión para eludir impuestos, sino que se ajusta a su mandato de “crear riqueza a partir de los activos originales, mantenerla, hacerla crecer y consolidarla a lo largo de generaciones”.
Invierte todos los dividendos de Inditex “y cualquier otro ingreso procedente de sus propias actividades económicas anualmente, independientemente de la cantidad”, afirmaron.
Sea cual sea el motivo, la cartera inmobiliaria de Ortega ha crecido rápidamente en los últimos años, lo que ha convertido a Pontegadea en uno de los mayores propietarios inmobiliarios de Europa.
Mientras los ministros de Hacienda de toda Europa buscan formas de reparar el daño causado a las finanzas públicas por las sucesivas crisis mundiales, crece la demanda de métodos más eficaces para gravar las grandes fortunas privadas.
España es uno de los tres únicos países europeos (junto con Suiza y Noruega) que aún recauda impuestos sobre el patrimonio, y los legisladores miran hacia Madrid en busca de lecciones sobre lo que funciona y lo que no.
En Reino Unido, el exlíder laborista Neil Kinnock y la exministra de Hacienda en la sombra del partido, Anneliese Dodds, se han sumado a quienes piden a Rachel Reeves que introduzca un impuesto sobre el patrimonio cuando presente su presupuesto en otoño. Mientras la ministra de Hacienda estudia las opciones, que también podrían incluir cambios en el impuesto de sucesiones, los miembros de su propio partido están presionando para que se celebre un debate en el Parlamento sobre la introducción de un impuesto anual del 2% a quienes tengan activos superiores a unos 11 millones de euros, lo que, según ellos, podría recaudar unos 27.000 millones de euros. En Francia, una propuesta similar dirigida directamente a los ultra ricos con activos superiores a 100 millones de euros fue aprobada por la Cámara Baja pero rechazada después por el Senado.
Los impuestos sobre el patrimonio están diseñados para gravar cada año un porcentaje de los activos de una persona. Aunque antes eran bastante comunes, han ido cayendo en desuso y han sido sustituidos por gravámenes que se aplican cuando el dinero cambia de manos, por ejemplo, a través del pago de dividendos, herencias y ventas de acciones o propiedades.
Llega el impuesto solidario
El impuesto sobre el patrimonio en España se remonta a 1978, año que marcó la transición de la dictadura de Franco a la democracia. Los gobiernos autonómicos reciben los ingresos recaudados por este impuesto, un sistema que funcionó bien hasta que, tras una breve pausa durante la crisis financiera, se restableció en 2011. Una vez implantado de nuevo, el gobierno conservador de Madrid respondió reduciendo el tipo impositivo a cero. La medida benefició a los futbolistas con altos ingresos del Real Madrid y atrajo a nuevos residentes de otras regiones e inmigrantes de Venezuela y otros países latinoamericanos, lo que subió el precio de los inmuebles.
En 2022, el gobierno del PP en Andalucía, anunció que también reduciría el tipo impositivo a cero. En un juego de palabras con el término español “paraíso fiscal”, el líder regional de Madrid publicó en X: “Andaluces: bienvenidos al paraíso”. Luego, Galicia, donde Amancio Ortega reside a efectos del impuesto sobre el patrimonio, se sumó a la contienda ofreciendo un descuento del 50%.
Una fuente de ingresos que había venido proporcionando cientos de millones de euros al año para financiar los servicios locales, incluida la sanidad, se vio amenazada. La batalla para salvarla se convirtió en una lucha entre el Gobierno central socialista, encabezado por Pedro Sánchez, y los gobiernos autonómicos del PP.
A finales de diciembre de 2022, Sánchez tomó medidas con el impuesto solidario sobre las grandes fortunas. Inicialmente previsto para dos años, con el fin de ayudar al gasto público tras la pandemia, ahora se ha prorrogado hasta que se revise la financiación autonómica, lo que no parece que vaya a suceder pronto. Se diseñó de tal manera que los ingresos que perdieran las regiones se recaudaran de forma centralizada. El tipo impositivo comienza en el 1,7% para quienes tengan un patrimonio neto de 3 millones de euros, y asciende al 3,5% para las fortunas superiores a 10 millones de euros. Se aplica a los activos a nivel mundial.
Hay exenciones: los primeros 700.000 euros están exentos, al igual que 300.000 euros para la residencia principal. Un límite máximo para ayudar a los ricos en activos y pobres en efectivo significa que la suma de los impuestos sobre la renta y el patrimonio no puede superar el 60% de los ingresos.
Las cifras facilitadas al diario The Guardian por el Ministerio de Hacienda muestran que, en el primer año, 2023, las comunidades autónomas recaudaron 1.250 millones de euros y el Gobierno central, 630 millones, lo que supone un total de 1.880 millones de euros. En 2024, las comunidades autónomas dieron el paso lógico de quedarse con los ingresos. La recaudación total ascendió a 2.000 millones de euros.
"El impuesto solidario no es una herramienta para recaudar ingresos para el Gobierno central, sino una forma de obligar a las comunidades autónomas a recaudar más", afirma Dirk Foremny, profesor asociado de Economía en la Universidad de Barcelona. En este sentido, ha funcionado a la perfección. Como fuente de ingresos, es limitado. El enfoque de Madrid ha sido moderado, aunque las leyes podrían modificarse para recaudar más.
Las sumas recaudadas están a la par con el impuesto de sucesiones, muy rebajado por las comunidades autonómas, que recauda alrededor de 3.000 millones de euros al año. Por el contrario, los impuestos sobre la renta aportan 130.000 millones de euros. Pero Foremny afirma que el impuesto de solidaridad tiene un valor social.
"Este impuesto es una herramienta para lograr una distribución más equitativa de la riqueza entre las personas. Hay buenos argumentos para no querer que haya una gran concentración de riqueza en manos de unos pocos. La riqueza está relacionada con la influencia política y el poder". Señala a Estados Unidos y a sus multimillonarios magnates tecnológicos como advertencia de lo que puede suceder cuando la balanza se inclina demasiado.
Lo que está claro es que, dos años después, el éxodo de los ricos que se había vaticinado y que se anunciaba en interminables titulares alarmistas no se ha materializado. Forbes contabilizó 26 multimillonarios españoles en 2021. Este año, la lista incluye a 34, con un patrimonio neto combinado que supera ampliamente los 200.000 millones de dólares.
"Las grandes fortunas se quedaron en su mayoría donde estaban, presentaron recursos de protección y contrataron mejores equipos de estructuración", afirma Marc Debois, fundador de FO-Next, que asesora a family offices. “Un puñado se trasladó a Lisboa, Dubái o cualquier otro lugar, lo suficiente para aparecer en los titulares de los periódicos, pero no lo suficiente para calificarlo de desbandada”.
La exención familiar en el punto de mira
¿Se podría obligar a los multimillonarios a pagar más? Los expertos señalan una importante exención: la de las “empresas familiares”. Diseñadas originalmente para fomentar las pymes, estas estructuras también están siendo utilizadas por las mayores fortunas para gestionar sus activos.
Existen restricciones. El contribuyente debe demostrar que los activos se utilizan para actividades económicas, es decir, para el comercio o los negocios. El efectivo y las acciones que se mantienen simplemente con fines de inversión están sujetos a impuestos. Los bienes inmuebles que generan rentas no lo están.
Si se elimina la exención familiar, Debois afirma que los multimillonarios no se irán necesariamente. Es más probable que contraten abogados, reduzcan sus ganancias mediante el apalancamiento (asumiendo deudas) y creen sociedades de cartera en jurisdicciones con bajos impuestos, como Luxemburgo. "Parte del dinero que ya está a medias en el extranjero completaría su traslado", afirma. "El problema más grave es que decenas de miles de empresas medianas familiares dependen de la misma ley por lo que eliminarla sería políticamente muy controvertido".
Las estimaciones de Julio López Laborda, profesor de economía pública en la Universidad de Zaragoza, sugieren que el 80% de los activos del 1% más rico no están sujetos al impuesto sobre el patrimonio. Afirma que la exención para las empresas familiares podría suponer una pérdida de unos 2.000 millones de euros, mientras que el límite máximo del impuesto en proporción a los ingresos, mencionado anteriormente, podría suponer otros 2.500 millones de euros no recaudados.
Susana Ruiz, responsable de políticas de justicia fiscal de Oxfam, que está colaborando con López Laborda en un próximo informe sobre los impuestos sobre el patrimonio, afirma: "Podríamos recaudar al menos entre dos y tres veces más de lo que recaudamos actualmente".
Recortar los servicios públicos para financiar exenciones fiscales, o simplemente equilibrar las cuentas, puede crear un círculo vicioso, ya que reduce la calidad de los servicios y socava el consenso en el que se basa la fiscalidad. En Madrid, el deterioro de la sanidad pública alimentó el resentimiento entre los trabajadores y creó la sensación de que la sanidad privada era más eficiente, afirma Susana Ruiz. Ella cree que el impuesto solidario ha ayudado a recuperar la confianza. “Cuenta con un gran apoyo entre los ciudadanos. Contribuye a alimentar la percepción de que el sistema es justo”.
Hasta ahora, no hay indicios de que haya afectado al crecimiento. España fue la economía avanzada de mayor crecimiento del mundo el año pasado, superando incluso a Estados Unidos, con un aumento del PIB del 3,2 %. Al contrario, el crecimiento en Reino Unido y Francia el año pasado apenas superó el 1%. En los balcones del edificio Planeta, y en toda España, los brotes verdes están vivos y gozan de buena salud.
Traducción del artículo original publicado el 16 de agosto de 2025 en The Guardian.
