MADRID – Cuando cae la noche al otro lado del Atlántico, su prima de 32 años, que limpia casas en Nueva York, se apiña en un tenue apartamento de un sótano aterrorizada por las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Sin embargo, en un barrio en expansión de la capital española, donde los restaurantes atendidos por inmigrantes agasajan a los recién llegados con chicharrones dominicanos y empanadas venezolanas, Edith Chimbo se sienta al sol y reflexiona acerca del sueño español.
“Mi prima me lo dijo: vete a España”, cuenta Chimbo, de 22 años, que llegó a Madrid a principios de año proveniente del altiplano ecuatoriano. Armada con un título universitario pero sin permiso de trabajo, está limpiando casas en negro, igual que su prima en Estados Unidos. Sin embargo, cuenta con algo para las próximas semanas con lo que su pariente casi seguro no podrá contar: la legalización.
“Aquí”, dice, “tenemos esperanza”.
Mientras que la mano dura de la administración Trump contra inmigrantes y solicitantes de asilo lleva gases lacrimógenos, protestas y redadas a las calles de Estados Unidos, España se coloca como contrapunto: una nueva tierra de oportunidades.
En esta nación de 48 millones de habitantes con amplios vínculos coloniales con el Nuevo Mundo, la llegada de inmigrantes principalmente sudamericanos está ayudando a impulsar su economía, una de las que presenta un crecimiento más rápido en Europa. La transformación económica española se está produciendo en un momento en el que el gobierno de centro-izquierda del presidente Pedro Sánchez ha simplificado las normas de inmigración, ofreciendo estatus legal a unos 700.000 inmigrantes irregulares desde 2021.
Un proyecto de ley histórico que se está negociando en el Congreso de los Diputados podría conceder la amnistía legal a cientos de miles más, la mayoría de ellos hispanohablantes procedentes de países latinoamericanos predominantemente católicos. Estos recién llegados suelen disfrutar de la exención de visado para viajar a España, aun cuando Madrid colabora de forma controvertida con Marruecos, Mauritania y otros países para bloquear las llegadas irregulares desde la costa africana. Sin embargo, Sánchez también ha pedido tolerancia hacia los inmigrantes que huyen de la pobreza y la violencia en África.
El enfoque de España está atrayendo al menos a algunos inmigrantes rechazados o vetados en Estados Unidos, incluidos los venezolanos que ahora están sujetos a la prohibición de viajar del presidente Trump.
El número de venezolanos que solicitaron protección humanitaria en España ascendió a 36.923 entre enero y mayo, un 36,4% más que en el mismo periodo del año pasado. Sin requisitos de visado, todo lo que necesitan los venezolanos es un pasaporte válido y un billete de avión. En mayo, el período más reciente disponible, los solicitantes disfrutaron de una tasa de aceptación del 98,6%.
“Mis esperanzas y planes en Estados Unidos se acabaron de la noche a la mañana”, afirma Alexander Salazar, venezolano de 34 años residente en Perú que en febrero se enteró de que su visado estadounidense, por motivos humanitarios como migrante LGTBI, había sido cancelado. Su plan ahora es unirse a otros familiares y amigos que ya se han marchado a España.
"Ahí es donde me lleva mi camino", declaró por teléfono desde Lima.
Sira Rego, ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, se alegra de que los inmigrantes elijan España. "Me hace sentir cierto orgullo porque representa el tipo de país que queremos construir: un país acogedor y con derechos".
Pedro Sánchez encuentra ahora a su partido envuelto en un escándalo de corrupción política que ha encendido las alarmas de convocatoria de nuevas elecciones.
Sin embargo, los legisladores españoles de todo el espectro político han adoptado un enfoque menos demonizador hacia la inmigración (al menos de algunos países) que muchos de sus homólogos estadounidenses y europeos. Incluso el partido de extrema derecha Vox se ha mostrado moderadamente acogedor con algunos inmigrantes hispanohablantes y culturalmente similares procedentes de Sudamérica.
España, que como la mayoría de los países europeos tiene una población envejecida, fue durante décadas más una fuente de emigración que un destino para inmigrantes. Se erigió por primera vez como un objetivo tentador para los extranjeros en busca de empleo durante su auge económico de la década de 2000. Más recientemente ha experimentado un repunte histórico tras la pandemia, con la llegada de 2,67 millones de personas nacidas fuera de la Unión Europea entre 2021 y 2023, un aumento del 85% en comparación con los tres años anteriores.
España y Alemania son los países de la UE que más inmigrantes de países no europeos han acogido en los últimos años
Inmigrantes de países no europeos por año. No hay datos disponibles para Alemania antes de 2020 ni para Francia entre 2018 y 2019.
Muchos de sus inmigrantes, sobre todo sudamericanos, llegan legalmente, ya sea con permisos de trabajo o estudio ya sea como turistas, y más tarde intentan cambiar su estatus. Sin embargo, el país sigue albergando una masa oculta de inmigrantes sin permiso legal para trabajar. El Gobierno no tiene una cifra oficial de cuántos podrían legalizarse con el nuevo proyecto de ley, pero los cálculos apuntan a entre 600.000 y 1 millón.
Algunos críticos señalan la tasa de desempleo de España (superior al 10%, la más alta de la Unión Europea, aunque menos de la mitad que hace una década) como prueba de que acoger inmigrantes es un error. Sostienen que suprime el crecimiento salarial, aumenta la competencia por los trabajadores españoles y amenaza la identidad española. Algunas encuestas de opinión muestran también una oposición por parte de los ciudadanos hacia la inmigración.
Sin embargo, el impulso legislativo a la amnistía no surgió de un plan gubernamental, sino de un esfuerzo comunitario respaldado por agentes civiles, como alcaldes de pequeñas ciudades, empresas, defensores de los inmigrantes y la Iglesia católica. España también presenta un historial de normalización de inmigrantes irregulares que puedan demostrar un trabajo estable. Un ejemplo fue la última amnistía a gran escala bajo el gobierno de centro-izquierda de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005.
Si Sánchez sobrevive a la crisis de corrupción (y la economía española sigue prosperando), sus políticas podrían convertir a este país en la antítesis de los Estados Unidos de Trump: un paraíso progresista favorable a los inmigrantes.
Con Sánchez, España se ha inclinado como pocas naciones por la diversidad, la equidad y la inclusión. Una nueva ley, en vigor desde el 1 de mayo, obliga a las empresas con más de 50 empleados a promulgar políticas antidiscriminatorias que protejan a los trabajadores LGTBI. El Gobierno también está forjando una estrecha relación económica con Pekín, generando inversiones a gran escala, como la primera fábrica del gigante automovilístico chino Chery en Europa.
Ninguna política ha sido tan transformadora para la sociedad española como la postura ante la inmigración, que según funcionarios y economistas está contribuyendo a invertir el declive demográfico y a aumentar la financiación de las prestaciones sociales en un momento en que los baby boomers se jubilan. La inmigración también está contribuyendo a impulsar el mayor período de crecimiento económico desde el boom de la construcción en España a mediados de la década de 2000. Entre 2022 y 2024, el PIB per cápita medio aumentó un 2,9%, el mayor de las cuatro mayores economías de la UE. Un informe publicado este año por el Banco de España estima que hasta el 25% de ese crecimiento estuvo vinculado a la llegada de trabajadores extranjeros que pagan impuestos, ocupan puestos de trabajo, alquilan viviendas y adquieren bienes y servicios.
“España es una completa anomalía, un país en el que el Gobierno está facilitando la llegada de inmigrantes, y éstos han sido absolutamente fundamentales para el dinamismo de la economía», afirmó Gonzalo Fanjul, cofundador de la Fundación porCausa, un grupo de investigación sobre cuestiones relacionadas con los inmigrantes.
Expertos y funcionarios afirman que la llegada de un gran número de inmigrantes sudamericanos, que hablan español y son mayoritariamente católicos, ha provocado menos divisiones sociales en cuanto a la asimilación que en países como Suecia o Alemania, que han experimentado una gran afluencia de musulmanes.
“Realmente dudo que haya otro país en el mundo en el que la inmigración esté desempeñando un papel tan importante en el crecimiento económico como en España”, afirma Juan Cerruti, inmigrante argentino en España y actual economista jefe del Banco Santander, con sede en Madrid.
Los inmigrantes cubren las carencias de mano de obra no sólo en los sectores del turismo, la construcción y la agricultura, sino también en los más cualificados de la tecnología y la medicina. En un parque de oficinas a las afueras de Valencia, empresas como Avantio, proveedora de servicios digitales y software para el sector turístico, han aprovechado la dinamización de las leyes de inmigración españolas para contratar extranjeros y hacer crecer su negocio.
Los responsables de la empresa afirman que han recurrido a mano de obra extranjera para cubrir puestos que, de otro modo, podrían tardar hasta un año en cubrirse. Casi el 73% de las contrataciones de la empresa en 2024 nacieron fuera de España, la mayoría en Sudamérica.
“Contratamos a gente de fuera porque la necesitamos, no diferenciamos en función de su procedencia”, declara Rebeca Jorge, directora de recursos humanos de Avantio.
Porcentaje de extranjeros entre la población activa española por año
En 2025, más de 3 millones de extranjeros formaban parte de la población activa española, en un país con una población de 48 millones de habitantes.
España también ha modificado sus leyes para ayudar a legalizar la situación de los inmigrantes con trabajo de larga duración, facilitar el acceso de los nuevos inmigrantes a los visados de trabajo, suavizar las restricciones laborales para los titulares de visados de estudiante y simplificar las normas de reagrupación familiar.
Estas leyes simplificadas podrían ayudar a Chimbo, cuya madre emigró de Ecuador a España hace una década y obtuvo la nacionalidad. Chimbo llegó a España en abril con un visado de tres meses y ahora solicita un estatus legal de larga duración y el derecho a trabajar por reagrupación familiar. Confía en que, si no lo consigue, la ley de amnistía pueda ayudarla.
Antes de llegar, consideró la posibilidad de seguir a su prima a Estados Unidos, un camino que el padre de Chimbo intentó antes de ser detenido y deportado de Texas el año pasado. Hablando por vídeollamada desde su oscuro apartamento en un sótano de un suburbio de Nueva York, su prima Cristina advirtió a Chimbo que se alejara de Estados Unidos.
“Ahora tengo miedo todo el tiempo... siempre que salgo, cuando cojo el autobús para ir a trabajar... tengo miedo”, dijo Cristina, que está intentando solicitar asilo pero teme por sus posibilidades.
"He visto los vídeos. He visto lo que les hacen a los inmigrantes en Estados Unidos", afirma Chimbo. “Aquí, mi mayor miedo son los lunes, cuando tengo que ir a trabajar”.
A trescientos veinticinco kilómetros al este de Madrid, en el aire teñido de azahar de Valencia, hombres de Colombia, Ecuador, Marruecos, Senegal y otros muchos países trabajan en cuadrillas de reconstrucción de infraestructuras y en la construcción de nuevos apartamentos tras las devastadoras inundaciones que asolaron la región en octubre.
Este año, España ofreció estatus legal a más de 22.000 inmigrantes irregulares en la zona afectada, ayudando a poblar un ejército de trabajadores de la construcción y ocupando otros puestos de trabajo clave en las labores de reconstrucción. Fue una decisión motivada por la preocupación humanitaria de los inmigrantes que no podían acceder a la ayuda pública tras la catástrofe. Pero también por pragmatismo.
“Se lo pedí al gobierno español”, afirma José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. "Necesitábamos que estas personas tuvieran un número de identificación, el número para poder existir en España. Había un cuello de botella en los trámites y necesitábamos trabajadores".
La región se ha convertido ahora en la demostración de los esfuerzos de legalización en España. Tras las inundaciones, Gerardo López Mateu, alcalde de la localidad cercana de Real, se esforzó por encontrar trabajadores dispuestos a colaborar en las labores de limpieza. Tenía cuatro puestos vacantes, tres de ellos fueron ocupados por inmigrantes.
“Todavía no hemos podido cubrir el cuarto”, afirma. Hay algunos trabajos que “los españoles sencillamente no quieren hacer”.
Uno de sus trabajadores es Ibra Bayane, un senegalés de 24 años que llegó a España por mar en 2021, y que, desde entonces, ha vivido de la precaria economía sumergida. Recogía naranjas o repartía comida. En el mejor de los casos, dice, ganaba el equivalente a unos 30 euros al día.
Como inmigrante con papeles, ha podido sacarse por primera vez el carné de conducir y acceder a atención médica básica. Ahora, además, puede viajar a Senegal para visitar a su familia sin correr riesgos. Su salario no es ninguna fortuna: 60 euros al día por un trabajo de limpieza bajo el caluroso sol del sur de España.
Pero es el doble de lo que ganaba antes, y suficiente para permitirse una pequeña habitación con un jarrón de flores frescas sobre el escritorio y una gran ventana que trae una brisa refrescante.
“Mi vida es mejor ahora”, afirma. “Ahora puedo vivir”.
Traducción del artículo original publicado el 20 de junio de 2025 en The Washington Post.
