El ejecutivo socialista de Pedro Sánchez va a integrar en una economía en pleno auge a cerca de 500.000 indocumentados. La medida, nacida de una iniciativa ciudadana, une a la izquierda fragmentada y aterroriza a la derecha y la extrema derecha.
Veinte años después de la última gran ola de regularizaciones, el Gobierno español da un gran golpe que, en el mundo occidental, parece totalmente a contracorriente. En 2005, el socialista José Luis Zapatero legalizó a más de medio millón de personas, y su sucesor ideológico, Pedro Sánchez, ha dado luz verde para que el mismo número de inmigrantes indocumentados regularicen su residencia en España. Aprobada este martes por el Consejo de Ministros español, la medida se aprueba mediante un decreto ley, similar al 49.3 en Francia. Esto evita una votación en el Senado, donde la derecha, mayoritaria, se opone a la decisión y muestra su furia.
Sentido común
Fruto de una iniciativa legislativa popular, respaldada por 700.000 firmas, la idea fue aprobada en 2024 por todos los partidos, excepto la extrema derecha, y se le otorgó “plena legitimidad”, según el Gobierno, que estima que al menos 500.000 inmigrantes indocumentados podrían beneficiarse de ella, en su mayoría procedentes de América Latina.
Para las personas inmigrantes que cumplen los criterios, es una muy buena noticia, ya que, según prometen las autoridades, los obstáculos administrativos serán mínimos: a partir de abril, bastará con aportar pruebas de haber residido en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 durante al menos cinco meses y no tener antecedentes penales. Los contratos de alquiler, los billetes de transporte o incluso los justificantes de envíos de dinero al extranjero servirán para acreditar la residencia. Los expedientes se tramitarán en un plazo de tres meses, asegura el ejecutivo.
Por espectacular que sea, la medida parece tener sentido. Según la fundación española Funcas, el número de personas indocumentadas en el país se ha multiplicado por ocho desde 2017 y hoy en día alcanzaría las 840.000. En el diario El País, el economista Gonzalo Fanjul estima que "la situación de los indocumentados es devastadora desde el punto de vista social, legal y profesional. El Estado pierde cada año una fortuna por las contribuciones fiscales no recaudadas".
Los principales sindicatos, que se muestran a favor de la medida, subrayan que esta se inscribe en el marco de una economía en crecimiento (+2,9% en 2025), con una tasa de desempleo por debajo del 10% (una primicia desde 2008) y que ha creado, otro récord: 600.000 puestos de trabajo el año pasado. Según Funcas, desde 2022 se instalan cada año en España 127.000 personas en situación irregular que "participan fuertemente en el crecimiento económico del país".
Sin embargo, además de estas consideraciones, la coyuntura también obliga a interpretar la decisión de Pedro Sánchez desde una perspectiva política. Últimamente, todo apuntaba a la vuelta de un jefe de Gobierno en minoría en el Parlamento, pero que tiene la intención de terminar su mandato, en el verano de 2027, en buenas condiciones. Sin embargo, tras una serie de escándalos sexuales que han salpicado a miembros de su partido y sospechas de corrupción que pesan sobre su pareja y su hermano David, ahora se ve cuestionado por la oposición en materia de seguridad ferroviaria tras tres accidentes recientes, entre ellos el de Adamuz, cerca de Córdoba, que se cobró 45 vidas el 18 de enero.
En este contexto, la regularización masiva decidida por Sánchez le permite cambiar las reglas del juego. "Desbarata el panorama político al introducir un tema que refuerza a su bando, muy fragmentado, y contribuye a dividir aún más a la derecha", destaca el analista Alberto Pérez Giménez. El presidente del Gobierno debilita así a su principal adversario, el Partido Popular (PP), que las encuestas sitúan en cabeza. Favorable a la regularización hace dos años, el líder conservador Feijóo ha cambiado de opinión y endurecido su discurso: "La nacionalidad y el derecho de residencia se ganan, no se regalan [...]. Conceder los papeles sin garantizar un futuro es una irresponsabilidad [...], ya que eso agrava la fractura social".
El PP se alinea así cada vez más con las posiciones de Vox, el partido xenófobo cuyo avance se confirma en cada nueva votación. Como en las recientes elecciones regionales en Extremadura y, sin duda, en las de Aragón este domingo. A favor de las expulsiones y de la «remigración» tan querida por Eric Zemmour, el jefe de Vox, Santiago Abascal, proclamó: "¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español y quiere reemplazarlo". Sin embargo, para completar su mandato sin arriesgarse a una moción de censura fatídica y para llegar reforzado a las elecciones legislativas del año que viene, el líder socialista necesita blindar sus alianzas. Cuando no se trata de sellarlas de nuevo, como es el caso de Podemos, el turbulento aliado de la izquierda radical que lleva reclamando desde 2024 esta regularización masiva.
Traducción del artículo original publicado el 28 de enero de 2026 en el diario francés Libération.
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